Tag Archives: impuestos

Nuestra baja presión fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
O2

Un nuevo informe vuelve a dejar el país en los últimos escalones en las mediciones internacionales, esta vez en la presión fiscal. En efecto un estudio sobre estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013, presentado esta semana en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), indica que República Dominicana ocupa el penúltimo lugar en contribuciones fiscales, en relación al producto bruto interno (PBI).

Con una presión fiscal del 14 por ciento, sólo Guatemala queda por debajo, con un 13 por ciento, ambos muy lejos del 21.3 por ciento que promedia la región, en la que países como Brasil y Argentina llegan a registrar tasas de 35.7 y 31.2 por ciento de su PBI, lo que se corresponde con las proporciones de las naciones desarrolladas.

El estudio viene a confirmar las persistentes quejas de funcionarios dominicanos del área económica, los cuales casi nunca hurgan en las raíces para determinar las causas de esa baja contribución: un sistema tributario inequitativo, excesivamente dependiente de los gravámenes indirectos, altísima deficiencia de los servicios públicos fundamentales, lo que se relaciona con mala calidad del gasto, así como prevalencia de un fuerte dispendio y corrupción que desincentivan la contribución y fomentan la evasión.

Hay que verificar lo que tiene que gastar una familia promedio de clase media para proporcionar a sus hijos una educación de calidad mínima y unos servicios de salud que no proporciona el Estado, para garantizarse energía eléctrica y agua potable que hace un siglo ya eran expresión de la modernidad, y para el transporte de toda la familia. Si se calcula lo que representa el gasto en estos cinco renglones y se suma a las contribuciones fiscales, seguramente que se duplicaría nuestra presión fiscal y tal vez alcance el nivel de los países desarrollados.

La mayoría de los dominicanos entiende que ya no puede pagar más impuestos, especialmente los que dependen de salarios que según el ministro de Economía tienen ahora mismo un poder de compra menor al 2003, es decir a 12 años atrás. Son tan bajos que nueve de cada diez salarios están exentos del impuesto sobre la renta, y la inmensa mayoría de los trabajadores informales, que a su vez integran el 57 por ciento del empleo, no contribuyen directamente de sus ingresos.

El dispendio y la corrupción, con la rampante impunidad imperante en el país y la mala calidad del gasto y la inversión, relacionado excesivamente con un descarado clientelismo político, desincentivan la contribución fiscal y promueven la evasión.

Estamos ante un círculo vicioso, pues resulta obvio que el Estado requiere mayores contribuciones fiscales para invertir mucho más en los servicios fundamentales y para mejorar los míseros salarios de la mayoría de los servidores públicos. Pero para cultivar un clima que lo haga propicio tiene que comenzarse por una disminución drástica y sanción de la corrupción, del nepotismo y del clientelismo, por una reducción de las campañas electorales y control y transparencia de los ingresos y gastos de los partidos.

De esa forma se irá creando el clima necesario para impulsar una reforma tributaria que promueva la equidad y una mejor distribución del ingreso nacional, con mayores gravámenes sobre la propiedad y los ingresos de los segmentos más altos de la sociedad, extendiendo la contribución a sectores profesionales independientes situados en las capas más elevadas de las clases medias.

Para esas transformaciones y un salto al desarrollo se requiere verdadera voluntad política, una firme decisión de sanear esta sociedad, con austeridad y honradez en el manejo de la cosa pública, reivindicando la dimensión ética y social de la actividad política que no puede seguir siendo el concurso de voracidad, rapacidad y pragmatismo oportunista sin límites en que la hemos convertido.

 

Leonel arroja leña al fuego nacional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/778/460x390/0/5161BA97-4219-4980-B753-BE07494DC3E7.jpeg

El discurso con que el expresidente Leonel Fernández trató de justificar el inmenso déficit fiscal en que terminó su Gobierno constituye una autoincriminación al revelar su desprecio por la Constitución de la República y todo el sistema normativo del manejo de las finanzas públicas.

La pieza fue inoportuna, ya que subestimó la inteligencia de los dominicanos y echó combustible sobre la indignación generada por el déficit estimado en 187 mil millones de pesos y el paquete fiscal que busca conjurarlo, contribuyendo a mantener un movimiento de protestas que afecta el inicio del Gobierno de Danilo Medina.

 Agita la indignación.  Si el doctor Leonel Fernández no subestimara la capacidad de razonar de la mayoría de los dominicanos se habría economizado el discurso que pronunció el martes 13, que solo operó como un balde de combustible sobre el fuego de la indignación nacional por el inmenso abuso de las finanzas públicas implicado en el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos con que entregó el Gobierno.

Fue un discurso inoportuno en momento en que el presidente Danilo Medina salía del país y que solo serviría para incentivar un movimiento de protestas sin precedentes y un rechazo generalizado en todos los sectores sociales que el Gobierno ha manejado con discreción esperando que baje la marea que ha afectado su arranque.

Es que resulta imposible justificar un gasto  que superó más de ocho veces los RD$22,500 millones que el Congreso Nacional le había autorizado como déficit en la Ley de Presupuesto aprobada para el año en curso, criticado por los analistas económicos y políticos, el empresariado y los más variados sectores sociales, además de la dispersa y condicionada oposición política, y cuando su propio ministro de Economía durante ocho años, Temístocles Montás, había proclamado al presentar el ajuste que “las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit”.

Ni un solo economista, articulista o analista independiente, ni tampoco algún  dirigente empresarial o social  había avalado el discurso hasta ayer sábado,  aunque el doctor Fernández había obtenido el apoyo del Comité Político de su partido,  parte del Comité Central y de 105 diputados, mientras indignados manifestantes acosaban “como cuerpo del delito” su Fundación Global. Los reclamos de sanción por el déficit se extendieron en el país y en ciudades de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de importantes medios de comunicación, resaltando la CNN que le ha dedicado horas, cuestionando los niveles de corrupción imperantes, citando el Foro Económico Mundial que le atribuye la peor evaluación entre 144 países.

Múltiples manipulaciones.  El discurso de Leonel Fernández estuvo fundado en múltiples manipulaciones de cifras y circunstancias, al extremo que  el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien lo fuera también en sus 12 años de Gobierno, hubo de precisar que no fueron 49 mil millones de pesos los que recibió esa institución este año para cubrir sus obligaciones financieras,  sino tan solo 11 mil millones, una diferencia de 38 mil millones. Aunque la Ley de Presupuesto le asignó 23 mil 783 millones de pesos.

   Pero la más grosera manipulación fue el tratar de equiparar el déficit fiscal incurrido por Fernández, sin prioridad, planificación ni transparencia y decidido por él solo, con los déficits fiscales de  Estados Unidos, Europa o Japón, que son planificados  y aprobados por el Congreso. Llegó al extremo de citar el riesgo del “abismo fiscal” que afrontaría el Gobierno norteamericano desde enero, justo cuando el presidente Obama negocia acuerdos con el Congreso, porque  él solo no puede pasarse con un dólar sin exponerse a un juicio político. En ningún país donde se respete el orden institucional se le ocurre a un Presidente pasarse ocho veces del déficit aprobado en una ley de presupuesto y menos porque necesite ganar una elección o sembrar para volver.

Por demás, Fernández pretende ignorar que los graves problemas económicos de España, Portugal, Grecia, Italia, son preponderantemente fruto de los déficits fiscales acumulados, los que en los últimos 6 años de su gobierno alcanzan 400 mil millones de pesos. Trató de justificar el déficit en la caída este año de las recaudaciones, cuando las mismas se han elevado en 15% en relación al año pasado, con un incremento de 42 mil millones de pesos, al pasar de 279 mil millones a unos 321 mil millones.  La reducción es en relación a un presupuesto que desde antes de su aprobación fue denunciado como sobrestimado en ese renglón y subestimado en el déficit del sector eléctrico, al que se destinó apenas US$270 millones, cuando en el 2011 pasó de US$900 millones y este año se proyecta en US$1,270 millones.

Leonel se auto incriminó.  El doctor Leonel Fernández se auto incriminó al admitir que incurrió en un déficit de 187 mil millones de pesos, cuando solo  tenía autorización legal para 22,500 millones. Como cuenta con la fidelidad del Ministerio Público y de las cortes judiciales,  se considera por encima de la Constitución y de todo el sistema legal que pauta la disposición y fiscalización de las finanzas públicas. Asume lo público como privado al plantear que “Cuando alguien compra ¨fiao¨ o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda”

Participación Ciudadana recordó que el artículo 236 de la Constitución  establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, y citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.

Entre las leyes que pudieron ser violadas PC señala las Orgánica del Presupuesto,  de Contabilidad Gubernamental, del Sistema de Administración Financiera del Estado, la de Planificación de la Inversión Pública, de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la de la Contraloría General, de Crédito Público y las de los ministerios de Hacienda y de Economía. Además la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la de Función Pública.

El argumento de que el déficit fue por la reducción del ingreso presupuestado (11 por ciento)  se cae cuando se cuantifica un incremento del gasto que según Bernardo Vega montaría a 144 mil millones de pesos, 43 por ciento más que en el 2011, y con 100 mil millones de pesos más de lo presupuestado más de la mitad en inversión para su gloria personal de inaugurar decenas de obras, muchas de las cuales todavía requieren recursos para ponerlas en operación, incluyendo emblemáticas como la segunda línea del Metro, el Merca Santo Domingo, o el Instituto Tecnológico Superior. Hasta agosto, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 145 por ciento de su presupuesto de todo el año, y el de la Presidencia 105 por ciento. La deuda pública se incrementó en 1,278.4 millones de dólares (7.3 por ciento) solo en el trimestre julio-septiembre pasado.

Con el agravante de la premeditación, ya que el doctor Fernández avisó en septiembre de 2011, en Nueva York, que se proponía gastar 40 mil millones de pesos para asegurar el triunfo electoral de su partido este año. Lo que no dijo es cuánto consumiría para volver a la presidencia en el 2016. Se ha documentado que el 60 por ciento del gasto excesivo ocurrió entre el 21 de mayo y el 16 de agosto. En el proceso quedó evidente que se desarrollaban dos campañas electorales del mismo partido de Gobierno.

Fue notable que Leonel Fernández no se refiriera a las acusaciones de malversación y corrupción.

Una penosa subestimación

Ya hace años el presidente Fernández había dicho que su oposición política carecía de capacidad para conceptualizar, pero con el tiempo parece haberlo extendido a la generalidad de los dominicanos, como puso de manifiesto en los siguientes aspectos:

1.- Pretendió justificar el paquete tributario en el consenso nacional de años  sobre la necesidad de una “reforma fiscal integral”, citando los reclamos del CONEP, cuando es precisamente por no reunir integralidad y por considerársele un nuevo parche fiscal, que el empresariado y todos los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) lo han rechazado.

2.- Equiparó el “pacto fiscal” dispuesto por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que, según la misma, debería lograrse por consenso en el desestimado CES, con la imposición al vapor de la mayoría congresual de su partido.

3.- Comparó la presión fiscal dominicana con la de los países desarrollados, donde el estado de bienestar ofrece servicios de calidad en agua potable, energía, educación, salud, pensiones y seguridad ciudadana que el Estado dominicano no ofrece y tienen  costo adicional para los usuarios. Citó el artículo 36 de la END tratando de justificar la celeridad del parche tributario, aunque el mismo indica que “en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria”.

4.- Citó muy parcialmente las recomendaciones del FMI del 13 de diciembre del 2011 que incluían “medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB”, equiparándolo con mayores tributos, cuando puede ser también por vía de la reducción del dispendio y la corrupción como reclama la sociedad.

Algunos datos de gestión económica

• Los ingresos fiscales crecieron de 128 mil a 321 mil millones de pesos entre el 2004 y 2012, un 151 por ciento.

• Del 2006 al 2012 los ingresos crecieron 69 por ciento pero el gasto 150 por ciento.

• La deuda pública total casi se duplica de US$13,322 millones en  2005 a US$25,890 millones en  2012.

• Las exportaciones crecieron 40 por ciento de 2004 al 2011, pero las importaciones se incrementaron en 121 por ciento.

• Entre el 2003 y 2007 se acumuló un déficit fiscal de 18,284 millones de pesos, con promedio anual de 3,657 millones; del 2008 al 2012 fue de 394, 861 millones de pesos, promedio anual de 78,861 millones de pesos.

• La deuda del Banco Central pasó de 85 mil 600 millones de pesos en  2004 a 267 mil millones de pesos en  2012, creciendo en 181 mil 600 millones de pesos, un 212 por ciento.

Fuentes: Fernando Alvarez Bogaert, HOY, 14 de  Noviembre. El último dato es de la Comisión Económica del PRD.

 

¿Podrá Danilo librarse del hoyo de Leonel?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/775/460x390/0/B5CB2034-0C9D-41EE-9521-ED60D062A98E.jpeg

La precipitada aprobación de un nuevo parche tributario, a pesar de la avalancha de oposición de los distintos sectores sociales, dejará al Gobierno de Danilo Medina cada vez más dependiente y con menos posibilidades de diferenciarse de su antecesor y caudillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

Al pagar el costo político inmediato de frustrar el proyecto de pacto fiscal e imponer una reforma tributaria más que agravará las dificultades de amplios sectores sociales, y pendiente de recibir los beneficios económicos de los nuevos tributos, el Gobierno tendrá una mayor dependencia de los responsables del hoyo que busca tapar.

Extraña la precipitación. Muchos de los que han creído en la decisión del presidente Danilo Medina de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho” no logran entender sobre cuál estrategia se podrán alcanzar esos objetivos si el Gobierno escogió un camino que lo distancia abruptamente de los más diversos sectores sociales empeñados en superar el legado de clientelismo, malversación y corrupción que generó un hoyo fiscal sobre 185 mil millones de pesos este año y más de 400 mil en los últimos cinco.

No es solo que Medina centró su discurso electoral en la concertación de los tres pactos que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, fiscal, eléctrico y por la educación, sino que tan pronto se juramentó apeló al escenario constitucional para esos objetivos, representado en el Consejo Económico y Social (CES) y su decisión parecía firme cuando propuso a tres profesionales vinculados a las organizaciones sociales  como relatores del diálogo, Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

¿Qué provocó el cambio de dirección y la abrupta ruptura del diálogo con el CES? es una pregunta que busca respuesta. La dura posición de los sectores sociales al reclamar como cuestión previa la reducción del gasto y la malversación y el cambio de modelo político y económico no era nueva y se fortaleció enormemente cuando el Gobierno transparentó la magnitud del déficit y la indignación creció hasta reclamar sanciones para los responsables, tanto dentro del Consejo como en la opinión pública.

El sector social del CES, con mayor disposición a aceptar una mayor carga fiscal, se quedó petrificado esperando una contraoferta de los negociadores gubernamentales que reclamaban una aprobación inmediata, pretendiendo convertir el organismo en un simple sello gomígrafo, mientras voceros políticos, incluyendo algunos que habían justificado y defendido el desmadre,  hostigaban toda disensión.

Tanto el presidente Medina, como sus funcionarios de mayor credibilidad, que no tuvieron responsabilidad en el desmadre fiscal del último quinquenio, han insistido en que reducirían el gasto y el dispendio hasta en 50 mil millones de pesos. Lo incomprensible es que ante los reclamos y propuestas específicas, dieran la espalda sin  formular una contra propuesta identificando y cuantificando sus reducciones.

El pragmatismo político. Hay quienes creen que la estrategia inicial del Gobierno frente al CES sucumbió en el altar del pragmatismo político. Partieron de que la sociedad no pasará de unos días de protestas que las navidades se encargarán de dispersar y de la necesidad de mayores recursos a corto plazo para que el Gobierno no quedara “de brazos cruzados”. La precipitación tiene otra explicación: la urgencia de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abrir cauce a nuevas posibilidades de financiamiento, confiados en que proseguir el endeudamiento y el gasto, incluyendo otras cien mil tarjetas de ínfimos subsidios, les seguirá rentando política y socialmente.

El objetivo es comprensible, pero podría estar subestimando el estado de indignación y actitud de resistencia que hay en la sociedad, lanzándose contra una alianza casi sin precedente de los sectores sociales, empresariales y sindicales, más una oposición política, que si bien está dispersa y en parte bajo influjo de Leonel Fernández (parte de su éxito, al viejo estilo balaguerista), está obligada a participar en la resistencia.

Como creen domesticado al PRD, los voceros de esa estrategia ahora centran sus ataques contra el alto empresariado, lo que tiene un efecto intimidante, pero también alienta la conformación de un amplio frente. Fue relevante la publicación esta semana en el periódico Acento.com del “Credo tributario del empresario Juan Bautista Vicini Lluberes”, una de las cabezas del mayor grupo empresarial dominicano, quien tras expresar cálido y amplio reconocimiento al presidente Medina, concluye pidiendo al Congreso que “confíen en el mandatario y no le permitan cometer el error de pasar una reforma fiscal fuera del marco de un pacto y un compromiso colectivo, porque el déficit que enfrentamos no es tan solo el fiscal, estamos frente a un déficit estructural, comercial, energético y moral de los cuales solo se sale con demostraciones de credibilidad, generando la confianza de toda una población”.

El pánico como explicación. Pese a la avalancha de críticas y advertencias recibidas por la comisión bicameral que “estudia” el proyecto de reforma tributaria, prosiguiendo la precipitación, el viernes el Senado lo aprobó de urgencia, en dos sesiones consecutivas, tras algunas concesiones cosméticas que le reducirían otros mil millones de pesos sobre los 7 mil que le habían reducido al someterlo al Congreso, dejándolo para el primer año en unos RD$46 mil millones, 9,000 menos que el presentado al CES.

Ningún organismo de la sociedad le dio apoyo, pero eso no va a detener la determinación, que se repetirá cuanto antes en la Cámara de Diputados, dispuesta por el Comité Político del PLD. Algunos analistas la atribuyen al pánico que ocasionó en los ámbitos del expresidente Fernández el rechazo tan generalizado y enfático a la magnitud del déficit fiscal, pero sobre todo a la decisión adoptada por el CES de crear una comisión de expertos económicos y jurídicos para investigar las causas del déficit y determinar las leyes que se violaron y las consecuencias penales. En su quinta edición, del 10 de octubre, la revista “La Lupa sin Trabas” recogió las angustias en un reporte del reportero investigador Panky Corcino con  el elocuente título de “Vientos de Tormenta para Leonel Fernández”.

Hay versiones de que los leonelistas reaccionaron disgustados por la decisión de transparentar el déficit ante el CES, argumentando que dieron armas a la oposición y que harían muy largo el proceso de aprobación de cualquier parche, desgastarían el Gobierno y dejarían mal parado al partido. La vocación de unidad del Comité Político y lo que se ha denominado como el “tigueraje político” se impuso por encima de cualquier consideración. Ante los cuestionamientos externos al principio se chantajeaba a los danilistas, hasta en medios de comunicación, recordándole que si hubo déficit fue para que él fuera Presidente. Pero el argumento perdió fuerza en la medida en que se fue descubriendo que el déficit fue mayor después de las elecciones, en los tres meses de la transición, en aras de la glorificación del nuevo caudillo, en lo que ha sido señalado como inicio de su campaña por el retorno en el año 2016.

En brazos de Leonel

En la lucha interna por la candidatura presidencial, tanto dentro como fuera del PLD se apostaba a que Danilo Medina no sería candidato y hasta se creía que de serlo, no ganaría, simplemente porque el caudillo Fernández no lo quería ni lo permitiría. Una excelente estrategia permitió a Medina ampliar su base fuera del partido, ganar apoyo en todos los sectores y construir la imagen de que podría librar el país del nuevo caudillaje que ponía su grandeza y prolongación por encima de todas las políticas.

Danilo se acercó a múltiples sectores preocupados por la calidad de la democracia, lo que contribuyó a un amplio frente, sin formal concertación, en defensa de la Constitución y la institucionalidad democrática, que obligó a Leonel a aplazar su proyecto continuista, aunque sostuvo al anunciar su decisión que la Constitución le permitía repostularse. Las habilidades mostradas por Medina hasta crearon entusiasmo, mantuvieron la unidad partidaria, y superaron otros intentos de cerrarle el paso con la entonces primera dama Margarita Cedeño de Fernández, y con el vicepresidente Rafael Alburquerque. Y ya candidato, el leonelismo no tuvo alternativa que apoyarlo, ante el peligro que representaba “el loco” de Hipólito Mejía diciendo todos los días que “iban para la cárcel”.

Una “garganta profunda” asegura que desde antes de la juramentación de Medina, los activistas del leonelismo encabezados por Félix Bautista (vean la foto de satisfacción junto al presidente del Senado en la sesión que aprobó el paquete publicada ayer por Acento), juraron que esta vez los danilistas no les pasarían por encima. Asegura que la decisión del Procurador Francisco Domínguez Brito de defender la investigación de los negocios del senador por San Juan disparó las alarmas. Este habría  comenzado por reunir a la mitad de los senadores “para recordarles que ellos fueron electos en el 2010 con el dinero que él les aportó”.

Todo esto en medio de versiones sobre el descubrimiento de cuestiones que “de hacerse públicas dejarían chiquitos” los escándalos de las últimas semanas, de sueldos, liquidaciones, pensiones y auditorías explicativas de los déficits fiscales y reveladores de por qué el país es líder mundial en malversación y corrupción, según el Indice de competitividad del Foro Económico Mundial.

Si en ese panorama, con el caudillo y su gente a la defensiva, el Gobierno tuvo que salir huyendo del escenario del CES, si no pudo ni siquiera comprometerse a suprimir definitivamente la mitad de los 250 vicecónsules o que siquiera la difunta Corporación Dominicana de Empresas Estatales ya inexistente, menos que liquidaría barrilitos, cofrecitos y los “planes sociales” y repartos de casi todos los organismos del Estado, o que sancionaría alguna violación de la Constitución y las leyes, ahora de frente a toda la sociedad le resultará mucho más difícil librarse del hoyo de Leonel. Podría depender cada vez más de la unidad monolítica del PLD y los poderes que controla el líder cuyo objetivo fundamental es volver a la presidencia en el 2016. ¿Algún dominicano inteligente lo duda?

 

El peligroso costo de imponer la reforma

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/773/460x390/0/32953615-C75E-4733-801B-E9F8E36A1E3D.jpeg

La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.

Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.

Una resistencia avisada.  Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.

El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.

El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.

Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar  nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.

Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que  rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.

 Rechazo a otro parche.  Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.

En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.

De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año,  sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).

El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.

Lo que siempre se ha hecho.  Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.

El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.

Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.

Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.

Un camino muy costoso.  El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.

Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal.  La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha  financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.

Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.

 

Un gran parche tributario para el hoyo de Leonel

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/767/460x390/0/31010EFB-E7D6-418C-BE8B-C21097CC92E1.jpeg

El Gobierno decidió jugarse su luna de miel con la población al presentar el mayor proyecto de reforma tributaria de la historia nacional sin atender el reclamo generalizado de que reduzca el enorme dispendio burocrático en organismos inoperantes  en salarios y pensiones de lujo.

 Por lo menos puso sobre la mesa el enorme hoyo fiscal dejado por el Gobierno de Leonel Fernández, que se burló de la Constitución,  la ley y la opinión pública gastando más del 43 por ciento sobre lo presupuestado para este año, con un déficit fiscal mayor de 183 mil millones de pesos, que sobrepasó las peores proyecciones.

La reforma del friquitaqui.  Con excepción de los voceros gubernamentales, hay unanimidad en la opinión pública en considerar el proyecto de reforma tributaria presentado el jueves 4 como el más ambicioso de la historia del país, con elevación de impuestos  de 55 mil millones de pesos en el 2013 y  más de 235 mil millones en cuatro años.

El proyecto ha sido denominado como “el tablazo del siglo”, y se discute si bautizarlo como la reforma del friquitaqui, del conconete, o del cazabe por gravar esos y otros populares comestibles.

 La propuesta superó el proyecto de 44 mil millones que había elaborado el Ministerio de Hacienda del pasado Gobierno, sin dejar de tocar ninguna de las categorías impositivas, a la renta, el patrimonio, transferencia de bienes industrializados (Itbis), selectivos al consumo, y modificando los regímenes de incentivos al turismo, zonas francas, cine, desarrollo fronterizo y eliminando exenciones hasta a las organizaciones sin fines de lucro que tendrán que pagar Itbi.

 Aunque habían prometido que no afectarían a los sectores populares, el paquete les toca indirectamente, pero será más gravoso para las clases medias comenzando por la elevación del Itbis del 16 al 18 por ciento y su extensión a 259 productos básicos con gravamen del 10 por ciento en el 2013, para alcanzar el 16 por ciento en los siguientes tres años.

El 55 por ciento del incremento es indirecto, al consumo, y el 45 por ciento directo,  a la renta y el patrimonio. El Itbis aportaría el 44 por ciento.

El proyecto incluye productos tan básicos como azúcar, sal, café, chocolate, aceites, panes, galletas, mantequilla, margarina, maíz, trigo, avena, maizena, las carnes, refrescos y hasta el agua y el hielo. Es tan abarcador que no dejó fuera ni siquiera renglones tan populares como el friquitaqui, las masitas o conconetes, el frío- frío, cazabe, el gofio, arepas, mondongo y tripitas.

El sector turismo no solo será afectado por eliminación de incentivos, sino también por la elevación y ampliación del Itbis y de impuestos selectivos, y las zonas francas por gravamen a sus beneficios y ventas locales. Gravan el ahorro, los combustibles y hasta las emisiones de gases de los vehículos que sacaría de circulación a millares de cacharros y guaguas destartaladas.

Sin echar leña al fuego.  Al explicar el proyecto gubernamental, el ministro de Economía, Temístocles Montás, dijo que en un primer momento pensaron abordar el déficit fiscal “solamente por el lado de la reducción del gasto”, pero luego comprobaron que el incremento de salarios de los últimos años se concentraba en 85 por ciento en educación, salud, Fuerzas Armadas y policías, y en los otros poderes del Estado, por lo que “descartamos recortes en estas áreas, para no echarle más leña al fuego”.

 Resulta difícil de asimilar que la malversación en gastos de representación, repartos y los desbordamientos de salarios, pensiones, bonificaciones y liquidaciones se escondan tras los sueldos más deprimidos y que no haya nada que hacer frente a los privilegios de los otros poderes del Estado, con sus barrilitos y cofrecitos, ni en los organismos autónomos y descentralizados donde se dan las mayores inequidades e iniquidades. Ahí hay gran celo constitucional y legal, no así en el cumplimiento de la Ley de Presupuesto, por ejemplo.

 Lo de no echarle leña al fuego merecería una explicación. Tal vez porque lo que echa el paquete tributario no es leña sino combustibles líquidos y gaseosos al fuego de la indignación de los contribuyentes frente a un sistema político que ha succionado en su propio beneficio una gran parte de los incrementos tributarios de la última década.

 Echarle leña al fuego parece que es ir contra la apropiación del patrimonio público por parte del sector político, que en los últimos cinco años elevó la nómina del Estado, incluyendo las pensiones, en 70 por ciento, con 35 por ciento de crecimiento tan solo entre el 2011 y agosto de este año, cuando pasó de 577,144 a 777,631 salarios.

Es cierto que las posibilidades de rectificación no son muchas, pero por lo menos para “calmar las graderías” el Gobierno debería buscar la supresión de algunos barrilitos, cofrecitos y nominillas.

Siquiera  para tratar de preservar las buenas voluntades que han generado el discurso y las primeras acciones del presidente Danilo Medina.

Para negociar en el CES

El proyecto presentado sorprendió al no especificar  ningún renglón de reducción del gasto, de la malversación, clientelismo y privilegios, que incluye entidades inoperantes como CORDE, CREP, INESPRE o las duplicidades en organismos asistencialistas, de tránsito y agropecuarios. Tampoco reduce vicecónsules y diplomáticos, ni  sueldos, liquidaciones y pensiones escandalosas que hubiesen compensado  el  “tablazo tributario”.

Economistas colaboradores del Centro Bonó, donde confluye un gran consenso del sector social, al igual que la comisión económica reformista que encabeza Guillermo Caram, han elaborado proyectos de reducción del gasto corriente que no fueron considerados por los planificadores gubernamentales. Aunque el CREES empresarial sugirió reducir el presupuesto del 2013, el proyecto presentado lo elevaría de los 430 mil millones de pesos originalmente aprobados para el 2012, a 458,259 millones.

 Sin embargo, un funcionario consultado fuera de récord recordó que se trata de una propuesta a discutirse en el seno del Consejo Económico y Social. La estrategia gubernamental podría ser apuntar al incremento de 55 mil millones de pesos para luego hacer transacciones. Aunque no faltan quienes se han decantado por una reforma amplia, “para resolver de un solo tiro”, contando con la débil oposición política.

 La pelota está ahora en la cancha del CES, donde los sectores empresariales, sindicales y sociales ya consensuaron sus “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, que insiste en la integralidad de la reforma con reducciones y reorientación del gasto. El proyecto gubernamental cumple el compromiso del 4 por ciento para la educación preuniversitaria y persiste en el combate a la pobreza con programas clientelistas. Extiende el programa Solidaridad a otros 200 mil hogares y eleva en 290 pesos su subsidio mensual, que entonces con 990 pesos, seguiría siendo un calmante que  afianza la dependencia de los pobres de la dádiva gubernamental.

Déficit sería de 183,465 millones de pesos

Desguañangue  de las finanzas

Ni los más críticos de la gestión del presidente Leonel Fernández advirtieron el nivel que alcanzaría este año el déficit fiscal con que operó desde el 2008 cuando logró la reelección, aunque economistas como Fernando Alvarez Bogaert, Apolinar Veloz, Nelson Suárez y Ernesto Selman lo habían proyectado entre 140 y 150 mil pesos. Apenas dos semanas atrás el Gobierno dijo al FMI que el déficit sería del 3.3 por ciento del PIB y ahora se destapa con un 8 por ciento.

 Aunque Temístocles Montás dijo que el déficit del Gobierno central “sería superior a 143 mil millones de pesos, un 6 por ciento del PIB”, en el documento “Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios del 2013”, presentado ante el CES por el director de Presupuesto, Luis Reyes, se eleva a 155 mil 946 millones de pesos, y 6.8 por ciento del PIB.

Sumados los organismos descentralizados y el Banco Central, el ministro dijo que “el déficit del sector público consolidado, o del Estado, será del orden del 8 por ciento del PIB”, precisando que “supera los 170 mil millones de pesos”. Pero el documento de proyección entregado refleja un cálculo de cada punto del PIB en 22,933 millones de pesos, lo que multiplicado por el 8 por ciento del déficit de todo el Estado, arroja un balance de 183 mil 465 millones de pesos.

Esos datos ofrecidos por el Gobierno indican que se triplicó el déficit del año 2011 y que se gastó un 42.6 por ciento por encima del presupuesto originalmente aprobado para el 2012 que ya incluía un déficit de 22 mil millones de pesos, no solo en violación de la Ley de Presupuesto, sino también del artículo 236 de la Constitución, el cual plantea que “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.

El hoyo fiscal que dejó Leonel Fernández superó todas las previsiones porque esta vez, a diferencia de otros años electorales se buscaban dos objetivos a la vez: el triunfo del partido en el 2012 y la base para el retorno del nuevo caudillo nacional en el 2016. Y lo hizo pese a todas las advertencias de economistas, empresarios y comunicadores, que por eso fueron acusados de orquestar “un plan mediático” contra el ilustre estadista.

Se reconoce que por fin el Gobierno transparentó la situación financiera, aunque es penoso que lo hiciera el mismo equipo económico que fue incapaz de parar la megalomanía del doctor Fernández. El ministro Montás concluyó la rueda de prensa del jueves 4 con estas ilustrativas palabras: “Las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit. No había manera de presentarle al país y al mundo un presupuesto con un déficit tan alto… Frente a esa situación entendíamos que no había otra alternativa que ir a una reforma tributaria y así se lo presentamos al CES”.

 

El difícil trance del Pacto Fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El equipo económico del Gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.

Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.

Disyuntiva del Gobierno.  La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.

Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el Gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.

En realidad el Gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.

La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con  los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.

Los impuestos dividen.  Esta semana durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la  calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir dónde elevar las contribuciones.

El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abreu del sector laboral.

Así como es de difícil que el Gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.

La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los  compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009)  pactados e ignorados por el presidente Fernández.

No con las manos vacías. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente,  dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo Gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.

Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo Presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.

Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el Gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar.  Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas  específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.

El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.

Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.

En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo Gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-

El presupuesto para el 2013

La verdadera disyuntiva del Gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.

Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.

 El Gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o  pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del  PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.

Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el Gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el Gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el Gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.

 

El paquetazo busca evitar una explosión

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo paquete impositivo y el aumento de la tarifa energética buscan evitar o por lo menos aplazar la explosión de un modelo económico que se tambalea por los persistentes déficits fiscales y de balanza de pagos, cuando se agota la pista del endeudamiento en que se ha sustentado el crecimiento de los últimos años, lo que hace fundamental rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Incapaces de reducir gastos y malversaciones, los funcionarios han preferido pagar ahora el costo político para evitar un mayor deterioro y hasta una explosión de aquí a las elecciones de 2012, aunque ofenden la población al alegar que buscan invertir más en educación y al culpar al FMI por los tributos.

Gobierno en su laberinto.  El palo se veía venir después de tres años consecutivos con déficits fiscales que han sumado más de 160 mil millones de pesos y de la cuenta corriente de la balanza de pagos proyectado este año otra vez sobre 4 mil millones de dólares, agotándose la pista del endeudamiento en que se ha sustentado la estabilidad y el crecimiento económico de los últimos años.

Ya el Banco Central estimó sobre 16 mil millones de pesos el déficit fiscal en el primer trimestre de este año. Se proyectó en unos 65 mil millones de pesos.

Desde enero el FMI dejó en suspenso el acuerdo de 2009 con el Gobierno dominicano que no pasó las últimas dos revisiones y reclamó una nueva carta de intención con las correspondientes correcciones para reducir el déficit fiscal disparado  por encima de los niveles tolerables.

Mientras se maniobraba para la repostulación del presidente Leonel Fernández se le dio larga al asunto, pero cuando resultó infranqueable el muro constitucional, el Gobierno empezó a poner atención a la crisis. Se reconoció que el subsidio a la electricidad duplicaría los 350 millones de dólares programados para este año, aunque comenzó enero con un incremento tarifario del 11%.

La prueba de que no era ese el único factor perturbador es que la elevación de la tarifa en otro 8% tampoco resulta suficiente para conjurar la crisis. Viene entonces el paquete impositivo que según el Gobierno busca 9 mil 500 millones de pesos adicionales, pero que economistas y opositores políticos estiman muy superior, 25 mil millones de pesos, según el Partido Revolucionario Dominicano.

El mayor gravamen, que por sí solo aportaría alrededor de 8 mil millones de pesos, es el 1% a los activos financieros. Se plantea también elevar los impuestos a los dividendos de las inversiones, a la propiedad inmobiliaria, al telecable, las bancas de apuestas y los juegos telefónicos y de Internet y a los premios y ganancias en cualquier tipo de lotería.

Irritación generalizada.  Tal como se temía la irritación ante el alza tarifaria e impositiva es generalizada, incluyendo opositores y aliados políticos y los más diversos sectores sociales, empresariales, sindicales, y en la opinión pública que cuestionan el nivel y la calidad del gasto de un gobierno que se benefició de 4 reformas tributarias realizadas en el período 2004-07 y de créditos que triplicaron el presupuesto de 89 mil millones de pesos en el 2003 a 267 mil millones en el 2007, año en que tuvo un excedente de recaudaciones de 11 mil millones de pesos. El economista Carlos Despradel estimó que entre el 2004 y 2007 el gasto gubernamental se incrementó en 131%, con una inflación acumulada de 59%, para un crecimiento real del 72%.

Se le cuestiona al Gobierno que nunca ajusta el gasto corriente que crece sin freno hasta en medio de la crisis fiscal (los gastos de personal crecieron en 11.5%  en el primer trimestre según  el economista Nelson Suárez) y los niveles de dispendio y corrupción que han colocado el país como campeón mundial en favoritismo de los funcionarios públicos, en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que incluye 139 naciones.

También en la posición 138 en “despilfarro en el gasto gubernamental”, y en la 134 en “desvío de los fondos públicos”. Mientras está en el escalón 133 en calidad de la educación.

Ya el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la nación señaló la racionalización del gasto público y el desarrollo institucional como iniciativa fundamental para el Gobierno recobrar la confianza de la población.

Planteó controles sobre el patrimonio de los funcionarios, eliminación de barrilitos, subsidios y nominillas, así como limitar por ley el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros, de las delegaciones diplomáticas y consulares y de las entidades gubernamentales en general. Pero el Presidente ha seguido designando paquetes de embajadores, vicecónsules y subsecretarios.

La anterior reforma tributaria fue acompañada de una ley de austeridad para el año 2007 que buscaba reducir el gasto corriente en 20%, lo que no se cumplió y terminó elevándose en 16%. El 17 de marzo pasado el presidente Fernández anunció un programa de austeridad para enfrentar el alza de los precios del petróleo y los alimentos, que incluía una reducción del 12% en el gasto del gobierno, exceptuando educación y salud, y un ahorro energético de al menos 10%. Su cumplimiento generaría este año más de los 9 mil 500 millones de pesos del paquete.

Un palo acechado.  Hasta la semana pasada los altos funcionarios del Gobierno seguían negando la posibilidad de mayores impuestos y atacaban a los dirigentes perredeístas que los denunciaban como inminentes.

Reconocían que ningún sector social estaba en condiciones de aceptarlo sumisamente. Y esta vez no fue precedido de consulta con los sectores productivos, como ocurrió a finales de 2005 y 2006, de lo que se quejó ahora la presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti.

Dos factores adicionales han contribuido al rechazo del paquete impositivo: que el Presidente adujera que buscaba “atender el ardoroso clamor social” que reclama mayor inversión en educación, lo que no asoma por ningún lado en el proyecto de ley, y que se pretenda echar la culpa al FMI, sin reconocer el exceso de gasto y ni siquiera volver a prometer combatir el dispendio y la corrupción.

Sólo el dispendio y la malversación, sino la corrupción,  pueden explicar que la cárcel recién inaugurada en Higüey costara 1,200 millones de pesos, cinco veces el valor de una similar construida por la Procuraduría General en Moca, abierta el año pasado, y que un estacionamiento de vehículos en la Universidad Autónoma, saliera por  mil millones de pesos sin tener que comprar el terreno.

Muy pocos están dispuestos a criticar el incremento de impuestos a las bancas de  apuestas, pero sí al resto  considerados inflacionarios cuando ya la inflación se proyecta en dos dígitos para este año. El sector empresarial resistirá por los problemas estructurales y de competitividad que enfrenta, particularmente el industrial, y por los incrementos del costo de la electricidad, de los combustibles y el transporte, del salario y la seguridad social, y por las repercusiones en las tasas de interés bancarias.

Palo si bogas y palo si no bogas.  No han faltado quienes atribuyan el paquete tributario a un supuesto interés en perjudicar a Danilo Medina el virtual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Sin duda que la sola propuesta y aprobación tendrán costo político cuya dimensión será proporcional a los efectos secundarios de las medidas.

Pero el Gobierno se encontraba en una disyuntiva que en cualquier caso tendría consecuencias de dimensiones impredecibles si mantenía congelado el acuerdo con el FMI, porque el presupuesto de este año se volvería inmanejable y podría desestabilizarse la economía más cerca de las elecciones, con repercusiones catastróficas en términos electorales. El jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos dijo el jueves que sin nuevos impuestos es difícil seguir adelante con la implementación del presupuesto de este año, y “se tendría que hacer un ajuste, incluso mayor, lo que empieza a ser bastante preocupante”.

Del acuerdo con el FMI depende que antes de marzo de 2012 se reciban unos mil 200 millones de dólares, equivalentes a unos 45 mil 200 millones de pesos, directamente de ese organismo o en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.

Esos créditos forman parte del presupuesto nacional de este año, lo mismo que la colocación de 500 millones de dólares en bonos soberanos, que se dificultaría sin el aval del Fondo Monetario.  El presupuesto de 2011 depende de un financiamiento externo e interno de 96 mil millones de pesos. El de 2010 implicó 120 mil millones.

En término de divisas esos 1,700 millones de dólares pueden ser decisivos para mantener una relativa estabilidad cambiaria (con el peso ya a 38 por dólar), dadas las presiones que tiene la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un costo del petróleo y los alimentos que agrava el desequilibrio externo de la economía nacional, que este año generaría un déficit sobre los 4 mil millones de dólares, cercano al de 2008.

Con o sin paquete y más allá de la crisis internacional, el Gobierno es responsable y pagará el costo político del derroche que se inició en la campaña reeleccionista de 2008, con un festival de gastos y subsidios, y que se extendió por las elecciones de 2010, cuando los déficits fiscales batieron récords, pese a que en el 2009 el acuerdo con el FMI aportó dinero para gastar a manos llenas.   El mismo Danilo Medina y algunos de sus voceros congresionales han reconocido el costo político del paquete fiscal, del cual buscarán distanciarse para reducir su impacto, aunque no tanto como para ofender la susceptibilidad del sector hegemónico del Gobierno.