Silvio Antonio Herasme Peña

Por Juan Bolívar Díaz

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El Caonabo de Oro del Periodismo entregado al colega Silvio Antonio Herasme Peña por la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores es un acto de justicia a uno de los más relevantes miembros de la generación periodística de los sesenta, que emergió tras la caída de la tiranía de Trujillo, pues es imposible pasar balance al ejercicio de esta profesión del último medio siglo sin registrar sus aportes.

Fue de los primeros que se inscribieron en la escuela de periodismo abierta en la primavera democrática, cuando la Universidad de Santo Domingo obtuvo su autonomía, como parte de los combates contra los remanentes del trujillismo. No necesitó completar los estudios universitarios para mostrar sus credenciales de reportero investigador, incorporado por don Rafael Herrera a la segunda vida del Listín Diario iniciada en 1963.

Silvio Herasme fue de los periodistas que militó en defensa del gobierno constitucional y contra los golpistas del 63, por lo que no sorprendió que estuviera en la trinchera del honor y la dignidad nacional en 1965, aunque tanto el Listín Diario como El Caribe, suspendieron sus ediciones. Laboró en el departamento de prensa del gobierno Constitucionalista de Francisco Caamaño, y le tocó escribir comentarios para la emisora Constitucionalista.

Fue de los primeros diez dominicanos que culminaron la licenciatura en Comunicación Social, en 1966, pues muchos avanzaron pero quedaron esclavos del exigente trabajo periodístico, y otros dilataron la presentación de la tesis profesional. También fue de los primeros que hizo cursos de especialización en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), en Quito, Ecuador. Así mismo fue pionero en especialización en asuntos económicos.

Su explosión profesional la alcanzaría en El Nacional de Ahora, cuando ese periódico y las principales emisoras radiofónicas encarnaron la dura lucha de la sociedad en los sesenta y setenta para evitar que la nación volviera a la noche oscura de la tiranía y la opresión. Pasó de reportero a editor económico y luego a Jefe de Redacción.

Tras el penoso conflicto que rasgó a El Nacional pudo encontrar apoyo y dar a luz al vespertino La Noticia en 1973, que también escribiría relevantes capítulos en defensa de las libertades públicas y los derechos sociales, políticos y económicos de los dominicanos. Durante los 13 años que estuvo como su principal accionista y director, en Silvio siempre pudo más lo profesional que lo empresarial. Allí encontraban cobija todos los reclamos sociales, políticos y y sindicales, y ese periódico, junto a El Sol, que me tocó dirigir entre 1977 y 1980, estuvo vinculado a las luchas por la democracia, a la denuncia de la corrupción, y a la defensa de la soberanía nacional, entonces bien limitada.

Me tocó concertar con Silvio batallas periodísticas, por la libertad de expresión, las libertades públicas y los derechos humanos, por los principios democráticos y el respeto a la voluntad popular, en esos años de la transición democrática. También la recuperación de 38 millones de dólares que la Gulf and Western tuvo que entregar al Estado, a través de una fundación creada al efecto y la que culminó en la nacionalización de la explotación de la mina de oro de Cotuí, por valiente decisión del presidente Guzmán.

Como a tantos periodistas en la historia, la diplomacia sedujo a Herasme, reduciendo su labor profesional, pero la nación ganó un digno representante cuando fue embajador en Haití, Colombia y Uruguay, entre 1997 y 2008, ejerciendo su responsabilidad sin convertiré en sectario propagandista político.

He celebrado este justo reconocimiento en plenitud de vida al compañero Silvio Herasme, quien ha sabido desafiar opresores, represores y concentradores, lo que le costó una abusiva prisión de 7 días en 1974, junto a Huchi Lora. Soldado de una etapa luminosa del periodismo dominicano, que a menudo añoramos.

No pienso morder silencio

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

Debo advertir que no pienso morder el silencio que me aconsejan, algunos de buena fe, para escapar del cerco de acoso, estigmatizaciones y amenazas en que me encuentro junto a otros colegas, por denunciar la corrupción y le iniquidad, por defender derechos humanos y promover relaciones de buena vecindad con los hermanos haitianos. Aunque confieso que por momentos quisiera largarme para la Patagonia, allá bien al sur del continente, donde vacacioné una vez y quedé con la ilusión de pasar unos meses, entre lagos y nevados infinitamente hermosos.

A veces la emoción me conduce a un bote salva vida individual. Pero la razón me dice que es un poco tarde con casi medio siglo en este angustioso oficio. Ya una vez lo abordé por un año, tras dos atentados que procuraban mi silencio eterno. Pero de eso van a cumplirse 45 años y entonces, en 1970, el terrorismo de Estado cobraba una víctima cada 28 horas. Ahora es diferente y albergo la esperanza de que no llegaremos al extremo del asesinato, aunque cada vez es más preocupante la necrófila consigna de “muerte a los traidores”, que grupos extremistas, algunos pagados por entidades gubernamentales, proclaman en plazas públicas y medios de comunicación.

Ya esta semana otro grupito, esta vez en San Francisco de Macorís, duplicó la lista de “traidores disfrazados de periodistas”, merecedores de la muerte. Además de este articulista y de Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, sumaron a Marino Zapete, Alicia Ortega, Fernando Hasbún y Edith Febles. Hay que relevar la responsabilidad de los dirigentes del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad que impidieron el uso de su local para pregonar exterminio.

El asesinato a golpes de un joven haitiano, posteriormente colgado en el parque Ercilia Pepín de Santiago, al día siguiente de que fanáticos encapuchados quemaran allí una bandera de Haití, profundiza las preocupaciones sobre las consecuencias de la siembra de odio y estigmatizaciones. Sin siquiera haber identificado a la víctima, ni a sus presuntos victimarios, la Policía atribuyó el crimen a otros dos haitianos con la supuesta intención de robarle. El Centro de Formación Agraria de Santiago (CEFASA), una institución religiosa, fue más rápida que la policía al identificar a la víctima el jueves como Claude Jean Harris, un pacífico limpiabotas de 22 años, que según su esposa se llevaba bien con todo el mundo.

Hay razones para temer que estemos ante la primera víctima mortal del discurso del odio puesto en marcha en las últimas semanas. Si era para robarle, no se explica que lo ataran de pies y manos y que luego de matarlo a golpes lo colgaran en una plaza pública, frente al principal hospital de Santiago, en una zona de mucho tráfico. Las preocupaciones son tan lógicas que el Jefe de la Policía Nacional acudió al escenario el jueves y dispuso que una comisión especial investigue a fondo.

El general Manuel Castro Castillo ya llevaba una semana investigando personalmente el asalto a la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, ejecutado a media mañana, cuando un grupo de cinco personas golpeó al guardián, amordazó a la trabajadora doméstica y cargó con dos cajas fuertes. No se puede descartar el robo como móvil, pero vale la pregunta de si un solo policía es suficiente para esa residencia.

Debe asumirse que la actuación personal del jefe policial partió de la instancia superior del Gobierno. También porque el canciller Andrés Navarro dijo el jueves que aparentemente hay sectores empeñados en dañar las relaciones con Haití, cuando hace unos meses el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo proclamó una nueva era en los vínculos bilaterales. Y es posible que haya fragmentos sociales empeñados en marchitarlos.

Mientras los investigadores policiales esclarecen suficientemente esos acontecimientos recientes, sigue siendo un imperativo que toda la sociedad, dominicana, encabezada por sus máximas autoridades, y por sus orientadores espirituales, reclame con firmeza un alto al discurso necrófilo, de odios, estigmatizaciones y exclusiones.

 

Un llamado a parar la siembra de odios

Por Juan Bolívar Díaz
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Más que por temor a perder la vida, la denuncia de cuatro periodistas sobre incitaciones a matarlos, expresadas en plazas públicas y por medios de comunicación, es una apelación al Gobierno y a los sectores responsables para concertar un esfuerzo que detenga la siembra de odios y estigmatizaciones que podría generar una gran tragedia.

Es alentadora la respuesta de innumerables instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que han enfrentado a minorías fanatizadas, planteando que lo que está en juego es el respeto a derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a los principios básicos del orden democrático, pero preocupa el silencio de las autoridades.

Ofensiva sin precedente. El periódico HOY lo planteó en su editorial del martes: “Nunca en este país, ni siquiera en épocas de oscurantismo, el fanatismo había llegado al extremo de llamar pública y abiertamente a matar periodistas por estos defender sus criterios con el derecho y la libertad que les garantiza la Constitución”.

La incitación a matar a “los Huchi Lora, Roberto Cavada y Juan Bolívar Díaz”, pronunciada ante cámaras de televisión y en un acto público en ocasión de la festividad del natalicio del fundador de la República, fue una expresión más del fanatismo que se está cultivando a nombre de un extremo nacionalismo, que podría llevar a personas desequilibradas a actos que pueden desembocar no solo en agresiones y asesinatos sino en tragedia de graves repercusiones internacionales.

La agresiva campaña comenzó para la festividad de la Restauración de la República en 2013, cuando ante el Altar de la Patria un grupo encabezado por el escritor Manuel Núñez y la comentarista Consuelo Despradel gritó la consigna de “muerte a los traidores”, identificando a varios de los periodistas que han defendido derechos humanos.

Tres meses después se ordenó la impresión de tres millones de volantes en los que se caricaturizaba a Lora y Díaz, como supuestos traidores a la patria, los que una editora se negó a imprimir.

Se presentó a las autoridades judiciales copias de los volantes que serían lanzados desde el aire y la orden de impresión por 390 mil pesos de la empresa RB Publicidad.

Lo que motivó la denuncia del lunes 2 fue el paso que dieron los promotores de muerte al acosar a los periodistas Amelia Deschamps y Roberto Cavada, a quienes individuos siguieron en dos supermercados diferentes, insultándolos y advirtiéndole que los matarían lo mismo que a Huchi y Juan Bolívar.

Los verdaderos ideólogos. El principal ideólogo de la campaña de muerte es la Fuerza Nacional Progresista, un partido aliado al Gobierno que en la última elección le aportó 0.62 por ciento de los votos, en especial su diputado por herencia Vinicio Castillo Semán, quien a través de un programa diario de televisión, en un periódico digital y por las redes electrónicas difunde calumnias y estigmas contra los que consideran traidores a la patria.

Los Castillo son promotores de una denominada Red por la Defensa de la Soberanía Nacional y una Fundación por la Soberanía, cuyo fervor nacionalista se ha reproducido en algunos núcleos en el interior del país, como el Movimiento Patriótico Independiente (MPI), que convocó la manifestación del 25 de enero en un parque de Santiago a la que asistió una veintena de personas.

En un volante distribuido el viernes en Santiago cuando la procuradora fiscal interrogaba a Díaz Estrella, se sostiene que “la nación está siendo agredida con la complicidad del Gobierno traidor, cobarde y boschista de Danilo Medina”.

Formulan una mezcolanza, afirmando que el Gobierno está “guiado por los imperialismos yanqui y europeo, por la Iglesia Católica-Vaticano y demás sectas religiosas, y los gobiernos cubano, venezolano y argentino”, junto a los comunicadores dominicanos traidores a la patria.

También ante el Altar de la Patria el Día de Duarte, se escucharon gritos de “Danilo traidor a la patria” y de “muerte a los traidores”.

Díaz Estrella, quien arrastra una condena por homicidio involuntario en ejercicio de la medicina, es un viejo militante del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo) al igual que uno de sus abogados, Jorge Mora, y varios de sus miembros. Ese grupo político generó confrontaciones con otros de la izquierda con balance de varios muertos en la década del setenta.

Pero es significativo y preocupante que jerarcas de la categoría del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y el arzobispo cardenal López Rodríguez coincidan con los núcleos nacionalistas en denunciar una supuesta conspiración contra la soberanía nacional, como hicieron el Día de Duarte.

No al discurso del odio. Decenas de organismos nacionales e internacionales, partidos y dirigentes políticos, de periodistas, de derechos humanos, sindicales, religiosas y sociales de todo género se han manifestado en solidaridad con los periodistas amenazados, pero llama la atención el silencio de las autoridades y del partido de Gobierno y sus dirigentes.

El presidente Medina instruyó al Jefe de la Policía Nacional para investigar la denuncia y envió al ministro de Interior y policía y al titular de la Dirección Nacional de Investigaciones a ofrecer protección a los denunciantes.

El periodista Díaz agradeció ambos gestos, pero dijo que prefería ver al Presidente desautorizando y condenando las incitaciones públicas a matar y el discurso del odio, como han hecho recientemente la premier alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Francois Hollande, antes y después del grave atentado terrorista de enero en París, rechazando firmemente los discursos del odio tanto de los fundamentalistas como de grupos ultranacionalistas que promueven la xenofobia.

Al igual que el Papa Francisco, esos mandatarios han defendido los derechos de los inmigrantes y sus descendientes y los aportes que hacen a sus economías. Merkel fue tan lejos como encabezar, junto al presidente alemán, Joachim Gauck, una manifestación contra los odios y exclusiones en la histórica Puerta de Brandeburgo el 13 de enero.

Enlutado por la docena de muertos en París, Hollande, empero, proclamó que “los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo”, desligándolos de responsabilidad en el terrorismo yihadista.

Entre las múltiples muestras de condenas a la incitación a matar periodistas dominicanos, resalta la del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que gastó cientos de miles de pesos para publicar un enérgico comunicado en todos los diarios nacionales dándose por conmocionado por las incitaciones a matar periodistas.

Formuló un “llamado de alerta a las autoridades y la clase política para que pongan en marcha acciones que promuevan la concordia, la unión, la tolerancia y la fraternidad en nuestra sociedad, así como a interponer sus buenos oficios para que se depongan actitudes extremas”.

La fobia antihaitiana

La denuncia de los cuatro periodistas, Deschamps, Lora, Cavada y Díaz advierte de una ofensiva encaminada a callarlos y contra la libertad de prensa, promovida por un grupo político cuyos intereses y negocios ellos han afectado con denuncias como la frustrada estafa de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, los fraudes bancarios y el oneroso contrato de los rayos X para los puertos.

Pero no hay dudas que la fobia antihaitiana es una de sus más fuertes motivaciones, y de ahí los ataques a todos los periodistas, articulistas y dirigentes sociales que han rechazado la desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares que habían sido registrados como dominicanos. En las últimas semanas han puesto en Internet una “galería de mercenarios”, con las fotografías de diez de los dirigentes del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas. Ahí también aparece Díaz y la antropóloga y comentarista de televisión Ana Selman, el director del Centro Bonó, Roque Félix, los economistas Miguel Ceara Hatton y Pavel Isa, el sacerdote Mario Serrano, el artista Víctor Víctor, la sindicalista Eulogia Familia, el sociólogo Wilfredo Lozano y el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez.

En un artículo publicado esta semana titulado “El masacre se pasa a pie; la masacre no”, Melvin Mañón rememora la matanza dominicana de haitianos en 1937 y sostiene que la fobia antihaitiana está promoviendo otra con una serie de acciones y saturación de odio a través de medios de comunicación. Y justo esta misma semana un guardián disparó hiriendo a seis haitianos que reclamaban salarios vencidos en una construcción estatal.

 

Las campanas doblan por todos

Por Juan Bolívar Díaz

Muchos asociarán el título de este artículo con la obra del inmortal Ernest Hemingway “Por quién doblan las campanas” que tiene como escenario la guerra civil española (1936-39) , pero él solo rescató el nombre de un poema escrito más de tres siglos antes por el británico John Donne: Las campanas doblan por ti.

“Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”.

Cuando junto a Huchi Lora decidimos denunciar ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional la impresión de tres millones de panfletos “Boletín aéreo No. 1” por el cual se estaba pagando 390 mil pesos, no estábamos movidos por el temor sino por una preocupación sobre la suerte de esta nación, donde grupos organizados se dedican a pedir la muerte en el altar de la República y en plazas públicas, para quienes consideran traidores a su muy particular concepción de patria y nacionalidad.

Según la información que reunimos, la llamada Red Nacional por la Defensa de la Soberanía se proponía inundar las ciudades del país, lanzando desde avionetas los tres millones de panfletos en los que nos presentaban como traidores a la patria. Dado que acababan de promover una marcha en Santiago con gritos de muerte a los traidores, no hay que hacer mucho esfuerzo para entender que se estaba promoviendo nuestro asesinato, lo que en teoría está penalizado por nuestros códigos, aunque para algunos eso carezca de importancia.

Huchi y yo tenemos muchas cosas en común, entre ellas habernos iniciado juntos en el periodismo en 1968, y haber pasado por períodos de amenazas y muertes por el ejercicio de la libertad de expresión y el combate de la opresión. Somos sobrevivientes de atentados y encarcelamientos, y no porque guardáramos silencio, porque nacimos para la libertad.

También tenemos en común el nunca haber andado con guardaespaldas, ni siquiera de esos que se ofrecen al por mayor pagados por el Estado, especialmente a quienes hacen profesión de la extorsión, el odio, la infamia y la mentira. Porque vivimos de cara al sol, no conocemos el miedo.

Pero la denuncia corresponde porque creemos firmemente que las campanas están doblando por todos los que queremos una sociedad democrática y plural, con la inmensa riqueza derivada de la diversidad.

Esas amenazas pretenden infundir miedo, pero no a quienes hemos demostrado que no somos silenciables, sino a la mayoría, al resto de los que no se han afiliado a la concepción de uniformidad que promueven grupos minoritarios, pero de alta capacidad de chantaje e intimidación, que de ello derivan su poder, con la complicidad y la satisfacción de los otros que los utilizan para hacer el trabajo sucio que sus pruritos les impiden materializar con sus propias identidades.

Hace tiempo que venimos denunciando la progresiva intolerancia y los esfuerzos por uniformar la sociedad dominicana. Lamentablemente hay muchos que guardan silencio porque creen que las campanas no doblan por ellos. Ojalá que no les pese después no haber advertido un tañido fúnebre.

Si es por Huchi y por mí están perdiendo el tiempo y su dinero los empeñados en esta campaña. Y lo mismo se puede decir de los otros ciudadanos y ciudadanas que han sido identificados como traidores a la patria por este grupo desafiante.

Y nos sentimos satisfechos de que nadie nos pueda acusar de promover exclusiones y mucho menos la muerte. Porque hemos sido, somos y seremos siempre promotores y defensores de vida. Por eso nos empeñamos en defender las de las decenas de miles de personas, en su gran mayoría pobres y sin posibilidades de defenderse, a quienes algunos se empeñan en suspenderles la vida.

Sabia rectificación de Danilo Medina

Por Juan Bolívar Díaz
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Al revocar su poder 7-13 (P7-13) que reconocía el 45 por ciento del valor de las parcelas 215 y 40 sobre la Bahía de las Águilas en Pedernales a los beneficiarios de un fraude inmobiliario multimillonario, el presidente Danilo Medina no sólo atendió un inmenso y creciente clamor nacional, sino que se libró de un lastre para su gobierno que con ese proyecto heredó un regalo envenenado.

El olfato político del mandatario le permitió percibir que la sociedad rechazaba la ignominia de premiar a quienes hace 16 años fueron encarcelados por haberse constituido en una asociación de malhechores para apoderarse de una zona protegida de un inmenso valor ecológico y potencialmente económico.

El proyecto de crear un fideicomiso  para dar paso a una supuesta inversión multimillonaria estaba dividiendo hasta el mismo gobierno y sus legisladores, algunos de los cuales no guardaron silencio, como el senador por Peravia, Wilton Guerrero, quien siendo director del Instituto Agrario Dominicano en 1997 motorizó la acción que llevó a prisión a su antecesor en el cargo Jaime Rodríguez Guzmán y varios asociados por la expedición ilegal de títulos de la atractiva Bahía de las Águilas.

Huchi Lora  reivindicaba la última batalla de su hermana Piky, quien ya enferma de cáncer concluyó la investigación que le encomendó el Estado y documentó el fraude de Bahía de las Águilas

Una circunstancia fortuita operó contra el proyecto, ya que el lunes 18 la Suprema Corte de Justicia conocía una instancia relativa a la demanda penal por usurpación de los terrenos. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría General que la iniciaron hace 17 años, tuvieron que sostenerla, dejando al gobierno de espalda a la acción judicial reivindicativa del patrimonio público y en asociación con una mafia de traficantes.

Con el agravante de que el sostener la demanda alejaría  cualquier intento serio de invertir en terrenos en litis con el Estado. Se imponía la revocación, más aún ante la encomienda presidencial de defender el patrimonio público tras proclamar que “el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión”, lo que no hicieron los gobiernos anteriores ni los funcionarios actuales que promovían la transacción.

Una demoledora avalancha

 

El rechazo a la transacción se expandía a velocidad de rayo por las redes sociales, con los periódicos digitales y los programas de radio y televisión a la cabeza,  alcanzaba a casi todos los diarios, y encontraba eco en las organizaciones sociales y ecológicas, con graves admoniciones de la Academia de Ciencias y Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los jóvenes parecían encontrar un nuevo motivo para reanudar las protestas que los enardecieron por el déficit fiscal de Leonel Fernández.

El martes 19, cuando el presidente Medina reunió en el Palacio Nacional a 11 ejecutivos de medios de comunicación pudo contactar el nivel de rechazo a la transacción que validaba lo que tras una minuciosa investigación en 1997 la entonces  directora del Catastro Nacional, Piky Lora Iglesias, catalogara como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional.

Sólo dos de los comunicadores apoyaron el plan gubernamental y advirtieron que la ayuda al desarrollo de la región suroeste no justificaría que se terminara tan abruptamente la luna de miel del gobierno con la ciudadanía y que “le saldría más cara la sal que el chivo”.

Al día siguiente se pondría la tapa al pomo con el comunicado de la Conferencia del Episcopado que llamaba a “defender el patrimonio nacional y los recursos naturales frente a inversionistas extranjeros o nacionales” que atenten contra el mismo, y la advertencia del embajador de Estados Unidos de que antes de cualquier transacción había que “limpiar los títulos”.

Mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana  denunciaban una cadena de violaciones a preceptos constitucionales y legales que podrían generar acciones judiciales como la advertida por el exfiscal Guillermo Moreno  de que el Presidente podría estar incurriendo en el delito de prevaricación.

El gobierno se había quedado apenas con el apoyo de un diario y del presidente titular  del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado, un exitoso empresario inmobiliario, y a medias del Cardenal Nicolás López Rodríguez, cuya opinión quedó reducida por el comunicado del pleno del Episcopado.

La última batalla de Piky

Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Durante el encuentro con el mandatario, los ejecutivos periodísticos Huchi Lora, Persio Maldonado, Osvaldo Santana, Rafael Molina Morillo y Juan Bolívar Díaz fueron tan contundentes en rechazar la transacción con los retenedores de títulos falsos, que luego de tres horas otros consideraron redundante insistir.

Huchi Lora  reivindicaba la última batalla de su hermana Piky, -la única mujer en la insurrección guerrillera de Manolo Tavarez en 1963 contra el golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch- quien ya enferma de cáncer concluyó la investigación que le encomendó el Estado y documentó el fraude de Bahía de las Águilas. La abogada Laura Acosta Lora, hija de Piky, quien encabezó el rechazo la transacción y mantiene copia de las pruebas de la estafa inmobiliaria, sería recibida por el presidente Medina al día siguiente.

En resumen Piky Lora estableció: sin aprobación del consejo directivo del IAD, su titular Rodríguez Guzmán pidió el traspaso de las parcelas 215-A y 40 con 36 mil 197 hectáreas para un supuesto asentamiento campesino en terreno donde solo crece guazábara. El mismo día 5 de diciembre de 1995, el Registrador de Títulos de Barahona transfiere la parcela.

Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, aprueba el traspaso, sin autorización del Poder Ejecutivo. Se entregan títulos a supuestos campesinos, familiares, empleados y relacionados de los funcionarios y hasta a difuntos, que a su vez procederían a “venderlos” en violación a la ley de reforma agraria que lo prohíbe, al senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez, y a otros políticos. Gran parte de los títulos fueron luego revendidos a personas y empresas, “compradores de buena fé”, en una clara maniobra para tratar de legitimar el fraude y complicar su anulación demandada en 1997 ante la justicia. A todos ellos es que el P7-13 le venía a reconocer el 45 por ciento del valor de esos terrenos.

Muchos millones de dólares

Francisco Javier García

En el curso del diálogo con el presidente Medina se preguntó al Ministro de Turismo Francisco Javier García, el nombre de la empresa que según  dijo allí estaba lista para invertir en Bahía de las Águilas más de mil cien millones de dólares para un proyecto turístico. El funcionario sólo mencionaba que era “apellido Land”, por lo que se le requirió el nombre completo de la razón social. Reiteró deletreando la respuesta: “ele-a-ene-de”.

Al parecer el ministro de Turismo no recordaba el nombre de la importante “empresa norteamericana”. Dos días después entregó el proyecto de inversión remitido al presidente Medina el 4 de septiembre del 2012 por el bufete de abogados Pérez-Siragusa Martínez a nombre de una empresa “de capital canadiense” que identifica como Lamb Development Corporation. (Lamb en inglés es ovejo y Land es tierra). La comunicación especifica que el proyecto data del 2006 y fue presentado formalmente al ministerio de Turismo en el 2010 y que ha tenido la cooperación del mismo.

El asesor legal detalla que la empresa de Toronto ya “ha invertido millones de dólares en adquisición de propiedades” pero sin cuantificarlo. Dice que “adquirió los derechos de propiedad y los derechos litigiosos de un grupo de los reclamantes involucrados en la litis que cursa en la Jurisdicción Inmobiliaria”. Aunque se ha negado que involucre la playa, la comunicación firmada por el abogado Cristóbal Pérez-Siraguza precisa que el proyecto “constará de 5 a 7 hoteles, donde cada resort ocupará entre 100 y 300 metros de playa”, con mil quinientas habitaciones.

Según la comunicación, la inversión total en dólares sería de 525 millones para los hoteles, 300 millones para condominios, 280 millones en campo de golf y villas y 40 millones en comercialización, totalizando 1,145 millones de dólares, sin duda un monto impresionante, pero no indica cómo se financiaría.

La página en Internet de la Lamb Development da cuenta en inglés de que fue fundada en el 2001, que ha ejecutado 9 proyectos inmobiliarios en ciudades de Canadá, no en turismo, que tiene en desarrollo o diseño otros seis en ese país, y en el exterior uno en Honduras y “un resort  de 500 acres en Cabo Rojo, en la Costa Suroeste de la República Dominicana”.

En el encuentro citado, el autor del Tema de HOY le dijo al presidente Medina que calculando la totalidad de la parcela 215-A que bordea 14 kilómetros de playa en Bahía de las Águilas y totaliza 361 millones 978 mil 762 metros cuadrados, al precio de 231.30 pesos por metro a que le vendieron 63 mil 500 metros cuadrados al italiano Aldo Meroni, aprobada por el Senado en junio del 2012, el valor total sería de 83 mil 725 millones 402 mil 627 pesos. Convertido a dólares al 40 por uno equivaldrían a 2 mil 93 millones 135 mil dólares.

Eso es ahora con la litis, pues una vez resuelta el valor de los terrenos se multiplicaría, y en la reunión un funcionario habló de 20 a 30 dólares por metro cuadrado, lo que implicaría de 7 mil 239 millones a 10 mil 859 millones de dólares. El fraude implicó sólo una parte de la parcela, pero en cualquier escenario el 45 por ciento del valor que se pretendía reconocer a los usurpadores de los títulos, podría ser la una de las más rentables operaciones inmobiliarias del mundo.

El escándalo ha servido para llamar la atención sobre la necesidad de invertir en el desarrollo de la región sur, pero eso no puede ser aceptando una inmensa estafa ni  que se necesitan 40 o 50 años para que la justicia la revoque y sancione, pues implica proclamar que en el país no hay estado de derecho.

 

 

 

Las Propuestas de los Candidatos

Por Juan Bolívar Díaz
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El Grupo de Comunicaciones Corripio (GCC) inicia este martes 17 de abril una serie de programas televisivos con los seis candidatos que buscan la Presidencia de la República en las elecciones generales del 20 de mayo próximo, prosiguiendo una tradición que iniciamos en Teleantillas en 1996 y que desde entonces ha permitido debatir en vivo y directo las diversas propuestas programáticas.

Entre el martes y el viernes de esta semana se debatirán las propuestas de los candidatos Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Julián Serulle y Max Puig, en horario de 7.30 a 9.00 de la mañana. Para el martes 24 y el miércoles 25 se ha programado la presentación de los dos candidatos que encabezan las encuestas, Danilo Medina e Hipólito Mejía, estos de 8.00 a 10.00 de la noche.

Un panel de ejecutivos de los periódicos Hoy, El Día y El Nacional, de los canales de Teleantillas y Telesistema Dominicano, y de la radioemisora La Nota Diferente cuestionará a los candidatos sobre sus propuestas económico-sociales e institucionales. Aunque serán transmitidos al menos por tres canales de televisión, no se trata de un espectáculo, sino de un escenario adecuado para ayudar a los electores a conocer las diversas propuestas programáticas.

La presentación en días sucesivos le resta el impacto que tienen los debates frente a frente que el GCC, en alianza con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, intentó realizar pero que tropezó con la desconfianza y el poco interés de los equipos designados al efecto por los candidatos de los dos partidos mayoritarios.

Luego de tres meses de gestión pareció obvio que no se daban las condiciones para el debate frente a frente. Aunque los candidatos que encabezan las encuestas proclamaron una y otra vez que estaban dispuestos al debate, referían a sendas comisiones de tres miembros de sus respectivos equipos. Pero estos dilataron o eludieron responder los requerimientos de los organizadores para formalizar acuerdos básicos. Desde enero habíamos propuesto las fechas del 17 y 24 de abril.

No es la primera vez que resulta imposible materializar la modalidad del debate frente a frente, que por cierto resulta poco productivo  con múltiples  candidatos y poco democrático si se limita a los que representan los dos partidos dominantes. Si el objetivo final es que los electores conozcan los diversos planteamientos programáticos, la modalidad a implementar por el GCC puede ser más efectiva, aunque obviamente menos espectacular. Cada candidato tendrá 90 o 120 minutos para exponer.

Las Propuestas de los Candidatos inició en Teleantillas en 1996, cuando José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández y Jacinto Peynado comparecieron durante cinco semanas en programas sucesivos de una hora  para responder sobre sus planteamientos. En el 2000 los candidatos Danilo Medina e Hipólito Mejía comparecieron en días sucesivos durante cuatro semanas consecutivas, del 1 al 22 de marzo. Joaquín Balaguer eludió participar. También por Teleantillas y hasta entonces con la conducción de Juan Bolívar Díaz.

A partir del 2004 Las Propuestas de los Candidatos se amplió a todo el grupo Corripio, y se agregó a Huchi Lora en la conducción,  con transmisión simultánea por Teleantillas, Telesistema y Coral 39, los periódicos Hoy, El Día y El Nacional, y dos radioemisoras. En la primera ocasión participaron los candidatos Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Eduardo Estrella, cada uno en dos fechas seguidas entre el 27 de abril y el 7 de mayo. La última vez, del 7 al 18 de abril del 2008, participaron en dos rondas los  candidatos Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y Amable Aristy Castro. Y en una Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Pedro Candelier y Trajano Santana.