Por Juan Bolívar Díaz

Durante mucho tiempo nos entretuvieron tratando de atribuir el incremento de la criminalidad a los deportados de Estados Unidos, hasta que algunos nos encargamos de demostrar la falsedad de esa consideración. Se ha establecido que no representan ni el uno por ciento de los procesados. No resultó difícil establecerlo, pues hace mucho que los deportados son fichados a su ingreso al país. Cuando pedimos información al Jefe de la Policía sólo 105 fueron involucrados en actos criminales, pero en cinco años.

 A veces parece que los culpables del auge delincuencial son los niños y adolescentes, especialmente después que se descubriera que tres o cuatro de ellos participaban en una banda que cometió la atrocidad de asesinar a numerosos choferes, caso que llevó a muchos a pedir cambiar la legislación que protege a la infancia.  En materia de la delincuencia parece que siempre estamos buscando chivos expiatorios como forma de evadir la realidad.

Mientras tanto, hace tiempo que venimos preguntando cuál es la incidencia de los expolicías y exmilitares dados de baja, la mayoría sin llevarlos a la justicia, por delitos de  todos los calibres, los cuales, a diferencia de los deportados desde Estados Unidos no están fichados ni son objeto de atención.

Sin embargo, se puede decir que casi todos los días aparece un antiguo militar o policía involucrado en asesinatos, o formando parte de bandas de narcotraficantes, de extorsionadores, de ladrones de toda laya y hasta de sicarios, sin que suene la alarma ni se generen políticas preventivas.

En estos días las autoridades descubrieron una banda que se dedicaba a extorsionar a pudientes que eran filmados en moteles y han sometido a la justicia a su tentativo cabecilla, Francisco Carela Castro, quien según reveló el fiscal del Distrito Nacional operaba con órdenes de allanamiento oficiales y se valía de información de la PN y los organismos de seguridad.

El mismo Carela reveló que se formó dentro de la Policía y que pasó por la mayoría de sus departamentos. “Sé como funciona eso y aproveché lo bueno de ella”, le cita el Diario Libre del jueves 11. “Salí de la Policía por cuestiones económicas, porque no podía mantener mi familia. Con el tiempo y gracias a las autoridades de este Gobierno, he avanzado mucho”, prosigue el testimonio recogido.

Ahora las autoridades judiciales han establecido que la “agencia de detectives” de  Carela Castro fue la responsable de contratar los sicarios que hirieron gravemente al joven abogado y comentarista de televisión Jordi Veras, quien la semana anterior salió del país con su esposa e hijos temiendo ser rematado. La banda de Carela siguió operando con colaboración oficial pese a varias denuncias de extorsión e incluso de un intento de secuestro, y a pesar de que su hermano Engels Carela Castro fue de los condenados por las graves lesiones sufridas por la dama de Santiago Miguelina Llaverías, por encargo de su ex esposo Adriano Román, también condenado.

Este hermano tenía en Santiago su propia agencia de detectives, una de las tres mil que, según publicó el diario El Día el 10 de noviembre, operan en el país sin la menor regulación. Banda y agencia habrían estado vinculadas al atentado contra Veras, quien “coincidencialmente” fue el abogado que llevó el proceso civil que condujo a la condena de los sicarios y el mandante del atentado contra la señora Llaverías.

El Listín Diario del viernes 12 cuantificó en 5 mil los militares, policías y agentes contra narcóticos que en los últimos cinco años han sido sancionados, expulsados o sometidos a la justicia por vinculaciones con actividades criminales apenas en los últimos cinco años. Pero la cifra es conservadora si se atiende a testimonios oficiales. El ex jefe del Ejército José Ricardo Estrella dice que botó 5,200, más de la quinta parte de ese cuerpo. El ex director de la DNCD Rafael Ramírez Ferreiras, aseguró que despidió 4 mil, equivalentes al  cien por ciento  en sólo dos años, y el ex jefe de la PN Guillermo Guzmán Fermín jura que botó a 1,200 en tres años.

Hay razones para preguntar qué hacen todos esos despedidos, en qué se ganan la vida, después de conocer por dentro el funcionamiento de las instituciones de seguridad, de haber recibido entrenamiento y haberse vinculado a actividades ilícitas, y hasta cuándo esas instituciones operarán como escuelas de delincuentes. Como somos incapaces de dar respuestas a esas preguntas, sólo nos queda implorar que Dios meta su mano y que lo haga pronto.