Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana será drásticamente cuestionada en el escenario internacional por el despojo de la nacionalidad a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana que fueron reconocidos durante todo el siglo pasado y a los que se aplica retroactivamente un nuevo ordenamiento constitucional y jurídico.

Eso fue lo que reclamó aquí hace poco la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y lo que conocerá en Washington el día 24 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya tiene 457 casos documentados, con apoyo de decenas de organizaciones nacionales e internacionales.

Disposición administrativa.  Como advertimos hace cuatro años cuando la Junta Central Electoral comenzó a negar la emisión de actas de nacimiento a los descendientes de haitianos que ya habían sido registrados como ciudadanos dominicanos, el caso comienza a dilucidarse en los organismos internacionales y lo que se puede esperar es reprobaciones y condenas.

Aunque algunos quieren confundir, ya no se trata de la discusión sobre los derechos de los indocumentados, sino del despojo de la nacionalidad a quienes los oficiales del Estado Civil inscribieron como dominicanos, amparados en una normativa legal que rigió hasta el 2004 y en la Constitución vigente hasta el año pasado.

Hasta el 2010 la Constitución dominicana en base al principio del jus-soli reconocía como ciudadanos dominicanos a los nacidos en territorio nacional, con excepción de los hijos de los diplomáticos y los extranjeros en tránsito, y la Ley de Migración 95, de 1939, limitaba a diez días el período que definía el tránsito. En el 2004 se aprobó la nueva Ley de Migración 285-04, que niega la nacionalidad a los residentes ilegales, lo que obtuvo carácter constitucional en la Carta Magna promulgada en el 2010.

Sin embargo, desde el 2007 la Junta Central Electoral, mediante disposiciones administrativas, sin siquiera hacerla depender de un veredicto judicial, empezó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento a los ciudadanos de nombres o apariencia haitiana que no demostraran que sus padres eran residentes legales al momento en el que fueron declarados.

Primero fue la Cámara Administrativa de la JCE, mediante la Circular 017 del 29 de marzo de 2007, firmada por su presidente, Roberto Rosario, que instruyó a los oficiales del estado civil a “examinar minuciosamente” las solicitudes de certificados de ciudadanía, argumentando que “fueron expedidas en tiempo pasado actas de nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”.

Cuando se cuestionó la facultad de esa cámara para adoptar tal norma, el asunto fue llevado al pleno de la Junta Central Electoral, que la avaló mediante su resolución 12-07, del 10 de diciembre del mismo ano.

Son muertos civiles.  Esta semana el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, negó que se haya desnacionalizado a 457 personas y sostuvo que sólo son 120 los “depositados y examinados” por ese organismo.

Probablemente se refería a los 126 que mediante su oficio 5787, del 11 de septiembre de 2008, el director del Registro del Estado Civil solicita al pleno de la JCE la cancelación definitiva de su registro de nacimiento. Entre el 2008 y 2010, la JCE sólo revisó 10 casos, según un boletín del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes.

Pero otro conteo es el referente a las personas a quienes se les ha negado “provisionalmente” darle copia del acta de nacimiento, y que ven pasar los años sin que se les responda sus requerimientos, tanto ante las oficialías como en las oficinas de la JCE “porque están bajo investigación”.

Aunque hay afectados con más de 60 años, e incluso casi una tercera parte nacidos antes de 1965, la investigación del SJRM establece que el 70 por ciento nació entre 1976 y el 2000, es decir menores de 35 años, que es el período en el que más se requiere del acta de nacimiento.

Son miles los que al serle negado el documento fundamental quedan impedidos de sacar la cédula de identidad y electoral y el  pasaporte, de casarse o divorciarse, de matricularse en escuelas y universidades, y de optar por becas y empleos formales.

Tampoco pueden declarar a sus hijos, lo que les traspasa a éstos su condición de muertos civiles.

Por su condición de pobreza y marginalidad, la mayoría de las víctimas del genocidio civil se sumen en la frustración y el resentimiento, pero otros luchan por sus derechos, contactando a las organizaciones de derechos humanos que les proporcionan  abogados. Milcíades Yan, de Monte Plata,; Ana María Belique e Isidro Belique, de San Pedro de Macorís, y  Moisés Yan, de Guaymate, han logrado sentencias de jueces ordenando que se les entregue copia de su acta de  nacimiento.

En algunos de esos casos, la JCE ha apelado y están pendientes de fallos definitivos en la Suprema Corte de Justicia.

Descrédito internacional.  El genocidio civil contra los domínico-haitianos difícilmente encuentre un defensor internacional y todo lo que espera al país es descrédito.

Es que no hay precedentes de esa naturaleza en el mundo, a no ser en la Alemania nazi contra los judíos. Porque es universal el principio de la irretroactividad de la ley, especialmente en cuestiones fundamentales como la identidad nacional.

Cada vez es más frecuente la adopción de restricciones a la inmigración y al derecho a la nacionalidad, pero en ningún país se propone despojar a quienes ya obtuvieron un estatus legal. Por el contrario, las nuevas legislaciones casi siempre han tendido a amnistiar a los de estatus ilegal de larga data.

Lo que ha convocado para el día 24 del mes en curso en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un juicio contra el Estado dominicano, sino una audiencia para que explique su política de desnacionalización de ciudadanos de ascendencia haitiana. Es un espacio de diálogo al que han convocado por los canales diplomáticos a una representación del Gobierno nacional.

Pero no hay la menor duda de que si no se rectifica el camino, tanto la coalición nacional como la internacional proseguirán la pelea en los tribunales nacionales y de no encontrar satisfacción pedirán a la Comisión Interamericana que canalice un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2005 condenó al Estado dominicano y dispuso la entrega del acta de nacimiento a dos hijas de domínico-haitianos. Esa vez dictaminó que la ilegalidad de los padres no es heredable a los hijos.

Una decena de instituciones internacionales, entre ellas las que llevaron el caso de las dos niñas a la Corte Interamericana, figuran como  promotores de la audiencia del día 24, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro por los Derechos Humanos Robert Kennedy, Refugees  International, Fundación Etnica Integral, Iniciativa pro Justicia de la Sociedad Abierta, Christian Aid del Reino Unido, el Servicio Mundial de Iglesias, Global Rights y la Asociación 180 grados para la Cooperación y el Desarrollo.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos ciudadanos de padres y hasta abuelos haitianos han sido despojados de la ciudadanía por esa disposición administrativa, sin que medie un pronunciamiento judicial, porque muchas de las víctimas son tan pobres e indefensas que no se apresuran a denunciarlo, pero los organismos defensores de los derechos humanos acumularon 457 expedientes debidamente documentados que son los remitidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No es una labor exclusiva del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas que dirige Sonia Pierre, como lo presentan quienes llegan al extremo de cuestionar la nacionalidad dominicana de esa activista de ascendencia haitiana. En Septiembre pasado 18 organizaciones nacionales, integradas en un “Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminaciones” lanzaron una campaña “contra la política de desnacionalización” de la JCE.

Participan también unos 70 núcleos de afectados en el Distrito Nacional y seis provincias de fuertes asentamientos de inmigrantes haitianos por el cultivo de caña en el siglo pasado como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Barahona, La Romana, Baoruco y Puerto Plata.

Esta semana, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) sostuvo que ha identificado por lo menos 1,584 afectados en una investigación que realizó tan solo en las zonas de Don Juan y Quisqueya de San Pedro de Macorís, en Monte Plata, Guaymate, de La Romana y en Neiba. Ya el 3 de diciembre del 2009, el doctor Servio Tulio Almánzar, en su calidad de director nacional del Registro del Estado Civil, dependiente de la JCE, en respuesta a un requerimiento por la Ley de Libre Acceso a la Información mediante su oficio 13326, cuantificó en 3,650 los “expedientes en proceso de investigación administrativa”.

En la medida en que pasan los años, crece el número de los afectados y no son decenas de miles porque una alta proporción de los dominicanos de ascendencia haitiana inscritos en el Registro Civil pasan de los 40 años de edad, tienen cédula de identidad y ya no necesitan  copias de sus actas de nacimiento.

Caerán en grandes proporciones cuando se vean obligados a renovar su cédula de identidad, para lo cual tendrán que solicitar el certificado de ciudadanía.