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Otra chapucería antidemocrática

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Serán dos las convenciones y una reforma estatutaria sobre lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior Electoral

La proclamación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sin convocatoria previa y una reforma estatutaria al vapor tendrá que ser anulada por el Tribunal Superior Electoral si queda algún vestigio del estado de derecho en el país.

La elección violó los preceptos constitucionales, la ley electoral y el estatuto partidista, con el agravante de que ya en el 2009 la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) anuló un operativo similar en otra convención protagonizado por el mismo grupo político.

Chapucerías sin límites

Sin haber podido aún validar ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) el desastre convencional del 20 de julio para elegir sus máximos dirigentes, el PRD protagonizó el domingo 14 otra chapucería al proclamar al ingeniero Vargas Maldonado como su candidato presidencial para el 2016, sin llenar los mínimos requisitos democráticos.

El expeditivo procedimiento fue tan contundentemente violatorio de preceptos fundamentales que sólo se puede explicar en la indiferencia y la complicidad con que se asume el retroceso democrático en la sociedad dominicana y particularmente en la mayoría de los medios de comunicación. Pero más allá del hastío ante el desguañangue del más antiguo partido del país la ocurrencia es tan grotesca que cuestiona el estado de derecho.

El desafío será particularmente fundamental para el TSE ante el cual el PRD de Miguel Vargas no pudo presentar el listado de concurrentes a la votación para elegir las autoridades partidarias, que concluyó en un inmenso desorden el 20 de julio pasado, para lo cual venció un plazo esta semana. Es imposible presentarlo porque gran parte de las mesas de votación ni siquiera operaron en provincias y municipios completos, como pudieron comprobar los periodistas. El TSE había autorizado la juramentación de quienes fueron proclamados dirigentes electos, en tanto fijaba para el día 30 el juicio de fondo sobre su legalidad, motorizado por Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia del PRD, al que se impidió a tiros ejercer el voto junto a un grupo de seguidores.

Como Gómez Mazara anunció que también impugnará la proclamación de la candidatura presidencial de Vargas, serán dos las convenciones y una reforma estatutaria sobre lo que tendrá que pronunciarse el tribunal electoral.

Se volaron los estatutos

Aunque varios días antes corrió el rumor de que Vargas sería proclamado candidato, no se produjo la convocatoria previa en un diario. El mismo artículo 68 de la Ley Electoral también instituye que “Además dichas convenciones deberán estar constituidas de conformidad con las disposiciones que a ese respecto habrán de contener los estatutos del partido”. Y resulta que el artículo 177 de los estatutos del PRD indica que “La elección del candidato (a) a la presidencia de la República será efectuada por el voto universal de la militancia del Partido; el (la) candidato (a) por la Convención Nacional Extraordinaria especialmente convocada para esos fines”.

Es obvio que la convención del pasado domingo no cumplió ese precepto básico como tampoco el contenido en el artículo estatutario 172 que garantiza que “Todos (as) los (a) dirigentes y militantes tienen el derecho de presentar su candidatura para puestos dirigenciales dentro del Partido y para ser postulados a cargos públicos de elección popular”.

Para más violaciones flagrantes, la letra b del artículo 24 del mismo estatuto instituye que es atribución de la Convención Extraordinaria “conocer los resultados de las elecciones primarias y proclamar los (as) candidatos (as) del Partido a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República escogidos de acuerdo a estos Estatutos Generales”.

Las violaciones a los estatutos perredeístas son tan obvias que intentando evadirlas fue que, antes de proclamar la candidatura de Vargas, se cocinó al vapor una reforma estatutaria. Pero también esta desconoció los estatutos, que en su artículo 212 establecen que “para modificar los presentes Estatutos Generales, por mandato de la Comisión Política, la Comisión de Reforma Estatutaria del Partido emprenderá esa labor. Una vez terminado el trabajo, esa Comisión deberá poner en manos de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional el proyecto de estatutos modificados. La Comisión Política estudiará las modificaciones y las remitirá al Comité Ejecutivo Nacional con su opinión.

El Comité Ejecutivo Nacional deberá presentarlo en la próxima Convención Nacional para su aprobación, enmienda o rechazo”.

Como es fácil advertir, los estatutos perredeístas establecen un complejo procedimiento justamente para evitar que cualquier reunión o convención sea apoderada sorpresivamente de una modificación de los fundamentos legales de la organización. Eso es normal en todo tipo de institución o entidad social, hasta en un condominio de 12 viviendas o en una junta de vecinos.

Jurisprudencia de la JCE

Si todas las violaciones a preceptos constitucionales, legales y estatutarios no son suficientes para anular la proclamación de la candidatura presidencial de Vargas Maldonado, que será una gran apuesta para Gómez Mazara, el TSE tendrá que pasar por encima de una jurisprudencia en materia de reforma estatutaria, establecida por la Cámara Contenciosa de la JCE, que fue el tribunal electoral hasta la Constitución del 2010.

Dos de los actuales titulares del TSE, los doctores Mariano Rodríguez y John Guiliani Valenzuela, presidente y miembro, tenían los mismos cargos en la Cámara Contenciosa de la JCE, y firmaron la Resolución 049/2009 del 17 de julio del 2009, que “declara la nulidad de la convocatoria para la celebración de la XXVIII convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano para reformar los estatutos, por no haber sido realizada de conformidad con el artículo 212 de los estatutos vigentes”.

La misma resolución declara “buena y válida la Convención única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del Ing. Miguel Vargas Maldonado como Presidente del PRD”. Fundamenta la anulación de la reforma estatutaria en que no se aportaron pruebas de que se había realizado de acuerdo a los preceptos establecidos en los artículos 172, 177 y 212 de los estatutos perredeístas arriba citados.

Pocos fuera del PRD entienden el desenfado con que en ese partido se han violado los preceptos democráticos, constitucionales, legales y estatutarios, poniéndosela bien difícil tanto al TSE como a la JCE que el día 14 envió inspectores para verificar la juramentación de los nuevos dirigentes, después de haberse negado a hacerlo en la convención que supuestamente los eligió. Al parece se trata de otra joya de alfarería política del genio político de Miguel Vargas Maldonado, como lo aprecia gran parte del aparato mediático creado y controlado por el expresidente Leonel Fernández.

El imperio de Vargas

La Convención Ordinaria del domingo 14 había sido convocada para juramentar a los dirigentes dados por electos en julio, pero tan pronto eso ocurrió propusieron una inmediata reforma estatutaria para convertirla en Convención Extraordinaria y “poder elegir” por aclamación al ingeniero Vargas como candidato presidencial para el 2016. Además se le confirieron poderes especiales para escoger candidato vicepresidencial, gestionar y formalizar alianzas y para completar la matrícula de los organismos directivos del partido.

“El Día de Miguel Vargas” tituló HOY el lunes al dar cuenta del procedimiento expeditivo con que se proclamó el primer candidato para los comicios presidenciales a celebrarse dentro de 20 meses.

De esa forma el empresario y dirigente político materializó lo que había planteado en el 2009, que el candidato presidencial fuera a la vez presidente del partido, pero él mantuvo el cargo cuando Hipólito Mejía fue escogido candidato presidencial en el 2011, aunque se negó a participar en su campaña electoral.

La primera violación de derechos en que incurrieron fue en perjuicio de 800 de los 4 mil 400 delegados a la convención que no asistieron y no fueron previamente avisados de que, además de juramentar los nuevos dirigentes, también deberían elegir el candidato presidencial, nominación a la que ellos tenían derecho, al igual que cualquier miembro de ese partido.

Numerosos artículos de la Constitución garantizan el derecho a elegir y ser elegido, y el 216 sujeta los partidos a los principios de la carta magna y “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley”. Y ocurre que el artículo 68 de la Ley Electoral establece que la nominación de los candidatos a cargos electivos debe ser hecha “por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de un aviso público en un diario de circulación nacional”.

 

El PRD en manos del Tribunal Electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
prd

La instancia que procura la anulación de la cuestionada convención eleccionaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llegará próximamente al Tribunal Superior Electoral (TSE) que tendrá que decidir si le da el tiro de gracia a la más antigua organización política nacional o prolonga su agonía.

La prolongación del calvario por el que atraviesa el PRD favorecería al partido de gobierno por cuanto mantendría el descrédito de esa organización y la ilusión de su rescate en los más acendrados perredeístas, y retrasaría el fortalecimiento del proyecto de constitución de un frente de oposición.

La instancia de Guido

Cual llanero solitario que desafía al grupo que secuestra la democracia interna del PRD, encabezado por su presidente titular Miguel Vargas Maldonado, Guido Gómez Mazara persiste en dar la batalla interna a la que renunciaron los mayores líderes disidentes y anuncia que recurrirá hasta el TSE buscando que anule la cuestionada convención eleccionaria que culminó en un visible desastre el pasado 20 de julio.

Las exclusiones y el autoritarismo con que se organizó la convención quedaron a la vista de todos, lo mismo que la violencia y el desorden en que culminó. Esta semana Gómez Mazara documentó que en catorce de las 31 provincias y el Distrito Nacional no se realizó la votación y que en varias de las otras 18 sólo fue parcialmente, sosteniendo que sólo se contaron 19 mil votos, de un padrón de 538 mil electores en los recintos donde pudo acreditar delegados y que puede demostrar que la mayoría le benefició.

Aunque dice tener constancia notarial para sustentar su petición de nulidad, no se debe descartar exageración,  pero reporteros de diversos medios informativos pudieron documentar que no se votó en provincias como San Cristóbal, Peravia, Azua, La Vega, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Montecristi, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, y Samaná, como tampoco en Santo Domingo Este, el mayor municipio del país. En muy pocas ciudades se reportó una concurrencia significativa.

La publicación de las actas por recintos electorales, hubiese podido contribuir a la transparencia, como demandó esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana, experto en observación electoral, el cual deploró “la frustrada convención”,  y las actuaciones de la dirección del PRD y de los organismos de control electoral, y planteó que esos acontecimientos  “deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la  ilegalidad y la parcialidad de las autoridades”.

Papa caliente para el TSE

La impugnación de la convención fue sustentada fundamentalmente en que sólo fueron habilitados 161 (menos de la mitad) de los 341 centros de votación que se habían programado, en la exclusión de los delegados de Gómez Mazara, en la violencia con que se impidió a muchos votar y en la negativa a entregar copias de las actas.

La Comisión Organizadora declaró inadmisible la impugnación por haber sido interpuesta “de manera extemporánea y en violación de los plazos establecidos”. Fue sometida cuatro días después de la convención, pero se dijo que el límite era de dos días, insuficientes para reunir documentación nacional y elaborar una instancia. Se adujo también que no se presentaron pruebas documentales que sustentaran la nulidad.

De inmediato Gómez Mazara anunció que llevará su solicitud hasta elTSE, confiado en que administrará justicia, con el precedente de dos decisiones a su favor adoptadas por ese órgano antes de la convención, la que dispuso que le entregaran el padrón de electores y los centros de votación y otra que ordenó que le acreditaran sus delegados. Pero antes, sus abogados procuraban agotar otra instancia interna, la Comisión Política del partido, aunque sin esperanza de que este organismo, tan unilateral como la comisión organizadora, vaya a variar el rechazo.

Esta sería la trigésima instancia elevada al TSE desde el 2012 cuando, tras las elecciones presidenciales, se desató la crisis que mantiene en capilla ardiente al PRD, casi todas falladas en beneficio del sector que encabeza Vargas Maldonado, quien junto al expresidente Fernández eligió los jueces de ese tribunal, como los de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. La mayoría de ellos son vinculados a esos dos dirigentes políticos. De los cinco del TSE la excepción sería su presidente Mariano Rodríguez, definido como “un buen hombre, jurista de vocación académico pero incapaz de pelearse con nadie”.

¿Prolongar la agonía?

Habrá que esperar la instancia de Guido Gómez para ver sus fundamentos, pero dado el descrédito en que ha quedado la convención perredeísta, si pidiera pruebas documentales, como las actas por centros de votación, el TSE pudiera encontrar elementos suficientes para disponer por lo menos que se votara en las provincias y municipios donde no se hizo y que se garantizara el sufragio por lo menos a los que aparecen en el reducido padrón de Vargas Maldonado.

La expectativa, al menos entre los perredeístas, es de que el tribunal seguirá abonando las actuaciones del grupo de Vargas Maldonado, al que en el pasado reciente reconoció la expulsión de dirigentes, y masivas exclusiones en los padrones del Comité Ejecutivo, la Comisión Política y la membresía en general.

La anulación parcial o total de los resultados convencionales implicaría nuevos plazos, de semanas o meses, lo que prolongaría la agonía del partido blanco a sus 75 años. Daría aliento a Gómez Mazara y a los perredeístas nostálgicos que todavía creen en la posibilidad de restablecer la unidad, como el suspendido exsecretario general Orlando Jorge Mera, el reelecto presidente del Comité del Distrito Nacional Alfredo Pacheco y los dirigentes Neney Cabrera y Eduardo Sanz Lovatón, quienes también han solicitado la anulación y una nueva convención. Por igual Juan Santos, otro que compitió por la presidencia del PRD, y al que tampoco se le permitió votar, como a Gómez Mazara.

Si el TSE valida la traumática convención de Vargas Maldonado, en la que ni los candidatos opositores pudieron votar, el principal de ellos víctima de una agresión armada ampliamente difundida,  quedaría sellada definitivamente la división del PRD, al perderse las mínimas esperanzas de restablecer la democracia interna, empujando a todos los objetores de la convención hacia el proyecto de frente opositor.

Beneficiaría al PLD

Mientras se espera a ver si emerge una nueva fuerza política opositora, la división del PRD en lo inmediato apuntará las posibilidades de que el PLD mantenga el monopolio del poder en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2016, cuando incluso podría hasta incrementarlo.

La prolongación de la agonía también le  beneficia por la saturación que se registra en la ciudadanía de la crisis del perredeísmo y sus múltiples incidentes. Pero sobre todo porque dilata las definiciones  frente el nuevo Partido Revolucionario Mayoritario (PRM) constituido por los sectores que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, y las posibilidades de armar su proyecto de Convergencia opositora.

Las encuestas han indicado que entre dos tercios y tres cuartas partes de los perredeístas se irían de inmediato al PRM y la Convergencia, pero muchos dirigentes medios y militantes todavía se aferran a los símbolos y banderas que ostentaron durante décadas. A quienes tomaron la decisión de constituirse en un nuevo partido les conviene que se cierre cuanto antes toda expectativa de reunificación, que “ya sólo sirven para perder el tiempo”.

Estrategas del PRM y la Convergencia consideran que Vargas Maldonado ha quedado noqueado por el desastre en que culminó su convención, por lo que esperan cerrar el capítulo, pero por eso mismo temen que los peledeístas favorezcan la prolongación de la confrontación, incluso con la esperanza de que otro desenlace fuera menos desfavorable para el grupo de Vargas. Aunque por otro lado reconocen que sería un duro golpe que le declararan ilegítima su convención.

Preocupación por la democracia

En muy diversos sectores nacionales se expresan preocupaciones por la rumbo de la democracia con la división del principal partido de oposición después que el PLD absorbiera, en los últimos años, el tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, y una docena de grupos políticos menores.

A esa preocupación se atribuye el pronunciamento esta semana del embajador de Estados Unidos; James Brewster, quien abogó por la prevalencia de un sistema multipartidista donde no se concentre el poder en un solo partido. La misma preocupación se expresa en los cenáculos empresariales, razón por la cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada pagó una amplia difusión de un comunicado pidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos, estimándola fundamental para la institucionalidad democrática nacional.

Tanto el comunicado del CONEP como el planteamiento del embajador Brewster, han despertado rechazos enfáticos de dirigentes peledeístas, incluyendo a miembros de su cúpula como Franklin Almeyda, y a su vocero en la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, quien acusó al diplomático de “un atrevimiento y una injerencia”.  El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que el pronunciamiento del norteamericano no es propio de un embajador que respeta el ordenamiento institucional del país.

Las preocupaciones no se refieren sólo al control del poder ejecutivo, y del Congreso Nacional, sino también de las altas cortes y del ministerio público, así como de la Junta Central Electoral, más que por un solo partido, por una sola persona, el expresidente Fernández, ya en campaña por regresar al poder, al que muchos advierten como patrocinador del desguañangue de grupos y líderes políticos y sociales

El PRD en tránsito a su desguañangue

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Lío PRD

El espectáculo antidemocrático y violento de lo que debió ser una convención eleccionaria sume en el mayor descrédito y auto descalificación al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el más antiguo del país y uno de los más tradicionales de América Latina, fundado hace tres cuartos de siglo.

En lo inmediato, el desguañangue del perredeísmo abona la muy probable repostulación del expresidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su anunciado proyecto de dominación política por lo menos para los próximos 30 años.

Escenario poco auspicioso. El virtual secuestro en que había caído el Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo su mayor expresión en expulsiones y suspensiones sumarias que incluyeron al expresidente de la nación Hipólito Mejía, quien como último candidato presidencial dos años antes había obtenido el 47 por ciento del voto luchando contra todo el Estado, decretaba una profunda división, pero nadie podía esperar que fuera tan torpemente fraguada como ocurrió en la convención eleccionaria del 20 de julio.

El escenario para la imposición fue montado a lo largo de un año, excluyendo a cientos de miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del partido, luego durante una sesión en diciembre sin previa convocatoria, eligiendo una Comisión Organizadora de la convención presidida por Julio Maríñez, uno de los más radicales y sectarios promotores de la expulsión de Mejía y del presidente en funciones Andrés Bautista, y de la suspensión del secretario general Orlando Jorge, y de la secretaria de organización Geanilda Vásquez.

Miguel Vargas Maldonado, quien había excedido en un año el cuatrienio para el que fue juramentado presidente del PRD en 2009, se negó a integrar una comisión organizadora plural, por lo que la mayoría de los dirigentes conocidos, encabezados por Mejía y Luis Abinader, decidieron abstenerse, iniciando la constitución de su propia alternativa que recién se materializa en el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM).

De los contradictores solo Guido Gómez Mazara y un grupo que lo ha sustentado optaron por la pelea dentro, lo que parecía una quijotada, pero ni con ellos se montó un escenario de competencia democrática.

Tuvieron que apelar al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que les entregaran el padrón de votantes del que se excluyó a cerca de las dos terceras partes del anterior, y hasta para que le proporcionaran la lista de las mesas electorales.

Mucho peor de lo esperado. Se vaticinaban graves incidentes si muchos de los excluidos del padrón procuraban ejercer su derecho, pero lo ocurrido el domingo 20 superó lo previsible, al punto de que no se pudo votar en municipios tan grandes como Santo Domingo Este, San Cristóbal, La Vega, Baní, Azua, Bonao, Higüey y Monte Cristi, y se hizo parcialmente en Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Santiago y hasta en el mismo Distrito Nacional, donde la violencia montada en la Casa Nacional perredeísta fue tan desbordada que opacó lo ocurrido a nivel nacional.

En muchos municipios hubo enfrentamientos con heridos, destrozo de urnas y boletas de votación, y general exclusión de delegados de la candidatura de Gómez Mazara.

Pero lo ocurrido en la Casa Nacional perredeísta fue suficiente para descalificar todo el proceso, cuando al principal candidato alternativo se le impidió el acceso al local y ejercer el voto. Como prueba de voluntad pacifista, Guido Gómez se hizo acompañar de su madre Carmen Mazara. Las cámaras televisivas mostraron cómo se desató una balacera contra ellos y sus seguidores, cuando se alejaban del local.

El lanzamiento de una botella plástica no podía justificar decenas de disparos de escopetas que hirieron por lo menos a dos personas, por parte de quienes debían ser los más preocupados por mantener el orden, mucho menos las exhortaciones a disparar a matar formuladas por el diputado Fiquito Vásquez, el “juez” que presidió el tribunal que expulsó a Mejía y Bautista, recogidas por el camarógrafo Víctor Vicente de Noticias SIN, por la que le incautaron el vídeo que tuvieron que devolver al tercer día.

Los atropellos contra otros periodistas, incluyendo el arrebato de celulares para impedir que grabaran y transmitieran la agresión, completaron el desproporcionado escenario de una absurda convención fundada en la protección de miles de policías y decenas de vigilantes privados. En Santiago el trato a los periodistas fue distinto, repartieron sobres con diez mil pesos por cabeza.

Sella la división del PRD. El conato de convención y la constitución días antes del PRM sellan definitivamente la quinta división del partido más antiguo del país, motor de los avances democráticos del período post Trujillo. La primera protagonizada por uno de sus fundadores, Nicolás Silfa, la segunda por su primer gran líder Juan Bosch, luego la de Jacobo Majluta y finalmente la que encarnó Hatuey de Camps. En cada caso nació un nuevo partido, pero con una clara mayoría quedando con el nombre y los símbolos.

Desde antes del desastre convencional todas las encuestas y la percepción de los analistas atribuyen un apoyo minoritario a quienes esta vez quedarían con la matrícula del partido, lo que podría condenarlo a transitar el derrotero seguido por el otro partido más antiguo, el Reformista Social Cristiano, cuyo apoyo determinó la victoria del PLD en 1996, pero se auto relegó al tercer lugar, y en las dos últimas elecciones presidenciales ha caído a votación de 4 y 6 por ciento.

Uno de los mayores absurdos políticos que se recuerden ha sido el que el grupo de Vargas Maldonado dejara fuera casi dos tercios de sus empadronados, en vez de sumar como hacen todos los que pretenden ganar elecciones.

En la presidencial de 2012, con Hipólito Mejía de candidato y Vargas Maldonado en la acera del frente, el Partido Revolucionario Dominicano fue el partido más votado con un millón 911,341 votos, 199,605 más que el millón 711,732 votos que obtuvo el PLD. Los aliados pusieron la diferencia.

Beneficia a Leonel y el PLD. El grupo de Vargas parte de la convicción de que ese partido ha sobrevivido a todas sus divisiones, pero esta tiene características de secuestro de la democracia interna que podría condenarlo a la insignificancia política o la desaparición, como ha ocurrido con los partidos tradicionales de su época, con la excepción del Revolucionario Institucional (PRI) porque logró gobernar México durante siete décadas, con gran capacidad para reciclar sus cuadros dirigenciales, y el subdividido peronismo argentino. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), inspirador y aliado del PRD, no pudo escoger candidato para la última elección en Perú en el año 2011.

La suerte del PRD como fuerza política podría depender de la capacidad que demuestren Mejía y Abinader para sacar adelante el PRM y la Convergencia electoral que vienen armando, y del uso que haga Guido Gómez del capital político que le ha dejado su habilidosa confrontación.

Pero mientras tanto, la división luce tan profunda como para relegar al partido blanco en los comicios de 2016 y en lo inmediato amplía la perspectiva del expresidente Fernández de conseguir una nueva postulación por el PLD.

Con el principal opositor dividido a fondo, su liderazgo y la lealtad de los beneficiarios de su gestión gubernamental de 12 años pasarán por encima del rechazo que en el universo le atribuyen las encuestas.

Mientras se define si surge un fuerte relevo del PRD, como ha ocurrido en toda la región tras las crisis de los partidos tradicionales, crecen las posibilidades de Fernández volver al poder en el 2016 y de materializar su vaticinio de que el PLD gobernará hasta el bicentenario de la República en el año 2044.

Increíble fiesta democrática

Si todo ese despliegue de violencia era inverosímil, como si hubiese sido dispuesto para deslegitimar aquella convención, fue más increíble que ese mismo día, cuando ya se autoproclamaba reelecto como presidente del PRD, Vargas Maldonado dijera que aquello había sido una “fiesta de la democracia”. Y al día siguiente el cómputo arrojó 233 mil 428 votos, apenas el 43 por ciento del padrón reducido a 538 mil 478 electores, sin detallarlo por municipio. Más realista podrían ser los 124 mil 586 votos computados para la elección de secretario nacional de Organización. Por el secretario general no se votó porque sólo hubo un candidato.

Los 198 mil 175 votos atribuidos a Vargas son apenas el 31 por ciento de su propio padrón, el 14 por ciento del anterior que incluía más de 1 millón 400 mil perredeístas, y el 10 por ciento del 1 millón 911 mil 341 votos que ese partido obtuvo en la elección presidencial del 2012.

Esa farsa política fue montada con la complicidad de la JCE que se negó a fiscalizar un acto fundamental de un partido que este año recibirá 220 millones de pesos del presupuesto nacional, y más de mil millones hasta los próximos comicios, y del TSE que avaló las exclusiones en abierta violación a los derechos adquiridos, ambos organismos actuando en congruencia con su integración, fruto del pacto político que Vargas suscribió en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández, entonces sólo como ex candidato presidencial y que la debilidad institucional perredeista avaló a posteriori.

 

Se configura la división definitiva del PRD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tras el fracaso esta semana de un “último intento de conciliación para celebrar una Convención Nacional democrática”, los sectores dirigenciales mayoritarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anuncian una “ofensiva final” para tratar de recuperar el control de la organización.

Pero con el favor del Tribunal Superior Electoral, Miguel Vargas Maldonado seguirá adelante en un calendario electoral con una Comisión Organizadora parcializada, lo que configuran la división definitiva del más viejo partido nacional que el 21 de este mes cumpliría 75 años de fundado.

La hora de los hornos. A casi tres años de luchas internas que no cesaron ni para las elecciones presidenciales del 2012, cuando obtuvo el 47 por ciento de los votos, el Partido Revolucionario Dominicano parece encaminarse a la división definitiva, ya que en la práctica quedó escindido por las confrontaciones del año pasado, que incluyeron la expulsión de su mayor líder tras la muerte de José Francisco peña Gómez, el expresidente Hipólito Mejía, y su presidente en funciones Andrés Bautista, un violento asalto a la casa nacional y la celebración de dos reuniones paralelas de su Comité Ejecutivo Nacional.

La elección el 16 de diciembre de una Comisión Nacional Organizadora para la Convención que desde el año pasado debió escoger nuevo presidente, ya que el período para el que fue juramentado Miguel Vargas venció el 19 de julio, parece marcar el punto de inflexión en la prolongada crisis, ya que la misma es rechazada por la mayoría de sus dirigentes, constituidos por las corrientes que encabezan Hipólito Mejía, Luis Abinader, Neney Cabrera, los llamados terceristas y el Foro Renovador, que tras unos meses de aparentes divergencias se presentan unificados contra el empresario Vargas.

La designación de una Comisión Organizadora integrada por los más fieles seguidores de Vargas, incluyendo a su presidente Julio Maríñez, ha sido considerada por los demás sectores como nueva evidencia de su propósito de imponerse “contando solo con el favor del Tribunal Superior Electoral que él constituyó junto al expresidente Leonel Fernández”, por lo que lo rechazan como parcializado.

Fracasa “último esfuerzo”. El otro factor que ha decantado la lucha del “todos contra Miguel” ha sido el fracaso esta semana de lo que algunos señalan como “último intento” por alcanzar un entendimiento para restablecer los procedimientos democráticos en el partido blanco, cuando Miguel Vargas volvió a condicionar cualquier tipo de entendimiento a que se le garantice seguir en la presidencia del partido y la candidatura presidencial para el 2016.

Las condiciones se conocieron el jueves al publicarse una carta del 8 de enero, dirigida a Peggy Cabral y Eduardo Jorge Prats, que en representación del presidente del partido se habían reunido con los remitentes Ana María Acevedo, Orlando Jorge Mera, César Cedeño y Deligne Ascensión, a nombre de las corrientes de Mejía y Abinader.

Por lo que se ha informado, los contestatarios del presidente del PRD tomaron la iniciativa de un nuevo intento de conciliación buscando salvar la unidad. Ambos grupos de comisionados se reunieron el 7 de enero y allí se expusieron de forma verbal las condiciones de Vargas: Apoyo para presidente del partido en la Convención Ordinaria y para la candidatura presidencial del 2016, así como “una distribución proporcional de los cargos nacionales del partido de un 40% para el sector de Miguel Vargas, un 40% para el sector de Hipólito Mejía y un 20% para otros sectores”.

Los remitentes de la carta dicen que tras consultar con Mejía y Abinader decidieron mantener la disposición al diálogo para “una solución a la situación interna del partido que sea satisfactoria para toda la familia perredeísta y la democracia dominicana”. Propusieron que los cargos directivos fundamentales del partido sean electos por voto universal y directo de los miembros como establecen los estatutos, y que los reservados a la Asamblea de Delegados sean pactados con las proporciones de 40, 40 y 20%. También proponen que la Comisión Política elija de inmediato, y con la misma proporción, una Comisión Organizadora, que fije la Convención para el 23 de febrero y apruebe el reglamento y el padrón electoral, entre otros asuntos.

No perderán más tiempo. En los últimos meses ha crecido la convicción de que Miguel Vargas y su grupo de ninguna forma auspiciarán un proceso democrático, ni para elegir dirigentes ni candidatos. Guido Gómez Mazara, que es de los que más ha activado por la conciliación en el último año y cabeza junto a Tony Peña Guaba, Eligio Linares y otros de los llamados terceristas, es de los que cree que “ya no podemos perder más tiempo”.

Los terceristas incluso se alejaron de Hipólito Mejía cuando en agosto pasado propusieron una Comisión Organizadora de la Convención eleccionaria concediendo a Vargas la designación de 9 de 15 integrantes, sin previamente revocar las expulsiones y suspensiones. Estaban convencidos de que ni con esa ventaja el ingeniero y empresario podría ganar una convención, “pues las encuestas entre los perredeístas no le otorgan más del 10 por ciento, incluyendo la Gallup-HOY de abril 2013”.

Pero los terceristas, que llegaron a reunirse con el mismo Vargas, se han quedado esperando una respuesta y el intento parece haber fracasado como todos los anteriores que involucraron comisiones como la de los doctores José J. Puello y César Mella y el periodista Homero Figueroa. En varias ocasiones los contestatarios promovieron la mediación de figuras de la Iglesia Católica, que llegaron a aceptar si todos lo pedían, pero nunca Vargas formalizó una respuesta.

Desde mediados de semana, los sectores que reclaman democracia interna comenzaron a hablar de una ofensiva final para forzar a Vargas, que incluiría fuertes denuncias sobre sus vínculos con el expresidente Leonel Fernández, cuya campaña para la candidatura presidencial del partido gobernante ha sido iniciada por sus allegados. Al presidente del PRD le atribuyen un entendimiento político y de negocios con el exmandatario, desde el pacto por la reforma constitucional que ambos firmaron en el 2009, y que pasó incluso por la campaña electoral, en la que el presidente del partido blanco se negó a promover su candidatura presidencial.

La división luce inevitable. A casi tres años que se inició la última confrontación interna en el PRD, cuando en marzo del 2011 Hipólito Mejía ganó la nominación presidencial 53.4% a 46.5%, lo que el derrotado Miguel Vargas atribuyó a “300 mil votos de peledeístas”, en ese partido, como en la sociedad dominicana, hay un sobre cansancio de la situación y cada vez son más reducidas las esperanzas de que pueda ser superada.

Convencidos de que Vargas mantendrá el secuestro no solo de la casa nacional, privativa de sus partidarios, sino también de los organismos y de la presidencia del partido, son más frecuentes los dirigentes que entienden el planteamiento de hace un año del doctor Hugo Tolentino, de que si no hay forma de hacer valer la democracia en ese partido, deben formar otro. El asunto lo retomó a fin del 2013 Ramón Alburquerque, expresidente de la organización.

Otros como Jorge Mera dicen que se morirán en ese partido, porque están en el mismo desde niños. Pero en general va tomando cuerpo la resignación de que si el partido está secuestrado, tienen que buscarse alternativas, como la de forjar uno nuevo o plantearse una conjunción de fuerzas para enfrentar la vuelta de Fernández, lo que ya se propone lanzar el “Frente Amplio” de izquierda que encabeza Fidel Santana.

Alburquerque no descarta la posibilidad de recuperar posteriormente el PRD, derrotando a Vargas con una conjunción de fuerzas de oposición. Pero otros entienden que para eso primero tienen que arrinconarlo lo más posible y demostrarle a los perredeístas que “con él solo no ganan ni un senador ni la alcaldía de un municipio importante”.

Habrá que esperar a ver la estrategia definitiva de los que han decidido el “todos contra Miguel” y sobre todo si son capaces de guardar coherencia y firmeza, de vencer la apatía y el cansancio que cunde en niveles importantes dentrp de ese partido y mostrar suficiente amplitud para ganar adeptos fuera de los muros perredeístas.

 El último año de la agonía del PRD

14 de enero 2013:
Consejo disciplinario de parciales de Miguel Vargas expulsa del PRD a Hipólito Mejía y Andrés Bautista, y suspende a Geanilda Vásquez y Jorge Mera.
27 de enero:
Seguidores de Mejía y otros sectores asaltan la casa nacional del PRD para impedir reunión de dirigentes convocada por Vargas. Destrozos y heridos.
3 de mayo:
Mejía y Vargas Maldonado conversan durante 30 minutos en casa de José M. Soto Jiménez.
4 de junio:
Vargas y Mejía se reúnen por última vez. El primero dice que consiguió la presidencia del partido y la próxima candidatura presidencial. El otro lo niega.
16 de julio:
Tribunal Electoral dice no pudo comparar listados de miembros del CEN y avala el de Vargas que según sus oponentes excluye a 629 miembros e incluye a 300.
19 de julio:
Vence el período de 4 años para el que en el 2009 fue electo y juramentado Miguel Vargas como presidente del PRD.
1 de agosto:
Se celebran dos reuniones paralelas del Comité Ejecutivo. La de Vargas designa a Peggy Cabral y Junior Santos en sustitución de Geanilda y Jorge Mera.
30 de agosto:
“Sector tercerista” propone a Vargas elegir una comisión organizadora de una Convención unitaria” de 15 miembros, dejándole designar a 9. No hay respuesta.
16 de Diciembre:
Reunión sorpresa de una parte de la Comisión Política del PRD, designa la Comisión Organizadora y calendario de la Convención Nacional.
20 de Diciembre:
Tras reunión de la Comisión Consultiva del PRD que preside, Enmanuel Esquea proclama que “se acabó la tolerancia con Miguel Vargas”. Rechazan la Comisión Organizadora de la Convención.
8 de Enero del 2014:
Fracasa último intento de conciliación. Rechazan conceder a Miguel Vargas presidencia del PRD y candidatura presidencial del 2016.
10 de Enero del 2014:
Abogados encabezados por Enmanuel Esquea vuelven al Tribunal Electoral pidiendo anular reuniones y decisiones del CEN de Miguel Vargas.

 

Los perredeístas se aferran a una difícil reunificación

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque quedó sellada la división con la constitución de dos comités ejecutivos esta semana, dirigentes de ambos sectores en conflicto se aferran a la posibilidad de un entendimiento que rescate la unidad del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), conscientes de que separados van al ostracismo político.

La persistencia en mantener las expulsiones y suspensiones de cuatro dirigentes, encabezados por el  expresidente Hipólito Mejia, abortó un proyecto de acuerdo que iniciaría el proceso de convención para elegir nuevos dirigentes en el cual se daría mayoría al sector de Miguel Vargas Maldonado en la Comisión Organizadora.

  Un regalo envenenado.  Los contactos para evitar la división definitiva del PRD se iniciaron una semana antes de constituirse los dos comités ejecutivos que ahora se disputan la representación de la organización. Según lo que se ha podido establecer, esta vez partieron del sector que lidera Miguel Vargas Maldonado. Los primeros contactos los realizó el profesor Aníbal García Duvergé y luego el general retirado Miguel Soto Jiménez.

Escogieron como interlocutores a integrantes de la “Tercera Fuerza”, que tiene como principal figura a Luis Abinader, a través de Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guaba, Neney Cabrera, y Eligio Jáquez. Dicen que García Duvergé expresaba preocupación por la división del partido. Los terceristas mostraron disposición a la búsqueda de una fórmula que auspiciara la reunificación.

La primera propuesta fue llevar a Gómez Mazara de secretario general, lo que ya había sido formulado públicamente hace dos semanas por un columnista del Listín Diario y funcionario diplomático. A Peña Guaba le ofrecieron la secretaría de Organización. En ambos casos a ser presentados y electos en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que convocaría Vargas.

Gómez Mazara rechazó “muy cortésmente” la propuesta, consciente de que implicaba un intento de dividir a los terceristas de los otros sectores perredeístas adversarios de Vargas. Lo mismo hizo luego Peña Guaba, pero ambos insistieron en que  podían proseguir explorando caminos de entendimiento. Las fuentes aseguran que en una segunda etapa Peña rehusó también la secretaría general.

Luis Abinader dijo el viernes en un comunicado que se mantuvo al tanto de las conversaciones, y autorizó a Peña Guaba a representarlo, coherente con su posición de favorecer cualquier esfuerzo “para lograr un acuerdo entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas”, pero que nunca se reunió con Vargas Maldonado como le atribuyeron a éste.  Enteró al expresidente Mejía de los contactos y éste también los favoreció.

La fórmula fracasada.   En conversaciones de varios días se concretó una fórmula de seis puntos presentada el miércoles 31 de agosto: Convención Nacional para elegir nuevos dirigentes del partido el 23 de febrero del 2014; elección de una Comisión Nacional Organizadora integrada por 15 miembros, de los cuales 9 serían del sector Vargas y 6 de Mejía y los terceristas; a más tardar el 30 de noviembre quedaría establecido el padrón nacional de militantes electores; que las próximas autoridades serían las responsables de organizar posteriormente la convención para elegir los candidatos a las elecciones generales del 2016; y que las expulsiones y suspensiones se podrían revisar en una segunda etapa. Llegaron a contactar a Monseñor Agripino Núñez para que obrara de mediador. Vargas pidió que llamaran al Cardenal López Rodríguez.

Entre los terceristas predominaba la disposición a aceptar los términos propuestos en su mayoría por el sector de Vargas, entendiendo que la Comisión Organizadora asumiría la dirección del partido, “como es tradicional y dado que el período de elección del presidente ya venció”,  pero no lograron especificarlo en el proyecto de acuerdo y el otro sector insistía en que el período de Vargas concluye en febrero, aunque en realidad fue juramentado por cuatro años el 19 de julio del 2009.

A media tarde del miércoles, en víspera de las dos convocatorias del CEN, se reunieron de urgencia los contradictores de Vargas. Abinader llevó la propuesta, ante la cual Hipólito Mejía respondió que “no seré obstáculo” pero no pueden contar con mi participación”. El rechazo fue absoluto de parte del otro expulsado, el expresidente en funciones del PRD, Andrés Bautista, y de los suspendidos el exsecretario general Orlando Jorge Mera y la exsecretaria de Organización Geanilda Vásquez, aunque esta  dijo que ella estaría dispuesta hasta a renunciar posteriormente, pero no podía aceptar un acuerdo que la mantuviera como expulsada.

El rechazo más enérgico fue expresado por Enmanuel Esquea, quien dijo que sería “una claudicación y una indignidad”, originando un incidente con Peña Guaba, quien se consideró ofendido. Milagros Ortiz Bosch, Fello Suberví y otros se sumaron al rechazo. Abinader precisó, en su comunicado, que el intento fracasó “porque los representantes del sector mayoritario del PRD no estuvieron de acuerdo con aceptar las expulsiones dispuestas por el grupo de Vargas”.

¡Acuerdo con exclusiones?  Los terceristas que acogían la propuesta de Vargas están convencidos de que este no tiene la menor fuerza partidaria para ganar una convención (hablan de 8 y 10 por ciento lo más aduciendo encuestas) aunque controlen la Comisión Organizadora, lo que implica una subestimación de la ventaja del 9 a 6 para imponerse en el proceso, y más aún contando con la última instancia  de las cortes electorales fruto del pacto de Vargas con el expresidente Leonel Fernández.

Si bien ese optimismo podría ser discutible, luce imposible un acuerdo que mantenga las expulsiones y suspensiones. Y como dijo Esquea, parecería hasta indigno y claudicante. Con el agravante de que fortalecería el sector de Vargas y le daría impulso para otras imposiciones, o para entorpecer  el proceso y prolongar la agonía elevando su costo político y al final dejándolos sin tiempo para levantar otra opción.  Hasta fuera del PRD es difícil de concebir un acuerdo duradero y que rescate la democracia interna manteniendo expulsados y suspendidos por un tribunal parcial al expresidente de la República y último candidato presidencial que sacó 47 por ciento de los votos batallando contra todo el poder del Estado y la disensión interna, y a los tres mayores dirigentes del partido después de Vargas: Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez.

A menos que los expulsados y suspendidos fueran masoquistas, la fórmula era inviable y su sola consideración por los terceristas, tendía a debilitarlos, a separarlos de Mejía y a fortalecer las imposiciones de Vargas quien subordina todo acuerdo a que le den la próxima candidatura presidencial. Este no consiguió la separación con el rechazo de Guido Gómez y Peña Guaba a aceptarle dos cargos directivos importantes, pero sembró cizañas entre sus contradictores, anotándose un triunfo parcial.

Abinader, quien parece avanzar entre los perredeístas cansados de la  confrontación, “reiteró su posición” de que “estoy y estaré siempre en contra de la expulsión de Hipólito Mejía y de los otros dirigentes meritorios del partido”, pero también cree que la solución de la crisis pasa por “la celebración de una convención democrática, una sola convención en que participen todos los perredeístas”. Eso es imposible manteniendo expulsiones y suspensiones unilaterales que son esencia de la crisis que se busca superar. Es obvio que el deseo de mantener la unidad partidaria es fuerte en los terceristas, pero el sector de Vargas oferta poco al altar del entendimiento.

Divididos pero aferrados al PRD.  El primero de agosto marcó la división formal del PRD, la más significativa tras la renuncia del profesor Juan Bosch y la fundación del Partido de la Liberación Dominicana en 1973.  Pero aquella vez la franquicia quedó en manos de un líder de la dimensión de José Francisco Peña Gómez, que fue capaz de mantener la mayoría.

Aunque se eligieron dos comités ejecutivos paralelos, nadie tiene duda que el Tribunal Superior Electoral, donde Vargas Maldonado tiene representación y aliados, seguirá como hasta ahora dictaminando a su favor, como hizo y reiteró recientemente al negarse a contactar 600 exclusiones en el listado de miembros del CEN perredeísta.

Eso determina que sus contradictores estén más dispuestos a pactar algún entendimiento, y probablemente persistirán intentando salvar la unidad del partido luchando desde dentro. Pero corren el riesgo de dividir sus fuerzas, por lo cual las expulsiones y suspensiones seguirán siendo punto crítico.  Su preocupación obedece a la voluntad de la mayoría de los perredeístas que rechazan la división, pero tropiezan  con los sectores que buscan negocio económico y político con el desguañangue de uno de los partidos fundamentales del sistema político, el más votado en la última elección.

Pero en ambos sectores hay quienes saben que separados no alcanzarán más que algunos diputados y regidores en la próxima elección. Vargas contaría con la franquicia PRD, pero partiría de una minoría claramente indicada en las encuestas, que tuvo que apelar al Gobierno para que la fuerza pública le garantizara celebrar la reunión de su CEN, y que mantiene una casa nacional sitiada por hombres armados, mientras el otro sector sesionaba sin protección.

Para cualquier observador era fácil contactar que una gran mayoría de los dirigentes nacionales del PRD y de los militantes conocidos estuvo en la reunión del CEN convocado por los expulsados y suspendidos, pero quienes han sido ineficientes en hacer valer su fuerza en términos políticos.

La fuerza de Vargas sigue radicando en las cortes, pero si sus contradictores resisten, la división será profunda y le será difícil salir adelante y reconstituir una instancia política en capacidad de hacer efectiva oposición y disputar el poder al continuismo peledeísta. La prolongación de la lucha ya satura el cansancio nacional frente a sus carencias. Tiene otra ventaja: es mandante único frente a múltiples cabezas.

Los intentos de revertir la división iniciada en la convención del 2011 siguen y seguirán, pero cada vez con menos perspectivas porque no hay clara intención de dar paso a la expresión democrática, por ejemplo constituyendo  una Comisión Nacional Organizadora de la Convención equilibrada con dirigentes razonables o de consenso.-

 

Impunidad y cinismo en la campaña electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La impúdica exposición de las pruebas del delito de espionaje telefónico de indudable intencionalidad política y con abierto apoyo de las autoridades nacionales, constituye un grave escándalo que sacudiría a cualquier nación siquiera de mediana intensidad democrática y obligaría a inmediatas reparaciones.

Pero como un escándalo sepulta  al anterior, las exposiciones de intercepciones telefónicas han logrado parcialmente el objetivo de desplazar del primer plano la transnacionalización de la corrupción nacional sintetizada en la banca de financiamiento  del senador y secretario de organización del partido oficialista, Félix Bautista.

Las pruebas del delito.  Hace décadas que los dominicanos han aceptado sin rubor la práctica del espionaje telefónico, que se inició en las dictaduras de Trujillo y Balaguer con clara intencionalidad política para luego extenderse a la competencia empresarial y luego a las relaciones íntimas de las personas para chantajearlas. Aparte de los “organismos de seguridad del Estado” han surgido varias prósperas empresas de espionaje y en ocasiones bancos han tenido sus propios “expertos” en la materia, hasta por razones de contraespionaje. De poco han servido los esporádicos escándalos, ya que una de las primeras visitas de los presidentes recién electos es la que se realiza al gran capo del espionaje telefónico que toda la sociedad reconoce.

Empresarios y líderes políticos y sociales de todos los sectores lo señalan por lo bajo, porque prefieren no atraerse sus miradas y escuchas.

Lo que nunca había ocurrido es que se realizaran dos ruedas de prensa de  indudable manufactura política donde se formularan acusaciones sin más fundamento que la grabación de conversaciones privadas que en sí mismas no pasan la más elemental prueba de un juez de instrucción.

La primera de ellas celebrada en el Palacio Nacional el 12 de abril, ante la presencia, entre otros, del procurador general de la República y su par haitiano y del ministro de Relaciones Exteriores dominicano.

Una semana después son cuatro diputados que también entregan copias de la grabación de otra conversación telefónica entre dos dirigentes de su propio partido, pretendiendo que sea aceptada como una prueba de que se trama el asesinato nada menos que del presidente del principal partido de oposición, aunque abiertamente opuesto a su candidato presidencial en clara expresión de la miseria institucional del sistema partidista dominicano.

En ambas “ruedas de prensa” no se permitieron preguntas de los reporteros convocados, obviamente para no tener que explicar el origen de la grabación.

Atropellos de campaña.  Ni la conversación grabada al excoronel Pepe Goico, uno de los encargados de la seguridad del candidato presidencial Hipólito Mejía, con un empresario haitiano, ni la del dirigente político Guido Gómez Mazara con un colega regional, demuestran en sí mismas la existencia de una trama, sino que más bien son expresiones comunes en conversaciones privadas.

No sería igual pronunciadas en la radio o la televisión, o en una tribuna pública. Por eso nadie, ni los ejecutivos judiciales las han tomado en serio en los dos países.

La imputación a Goico de tramar para desestabilizar el Gobierno de Haití contiene mayores dosis de irresponsabilidad por provenir de altas autoridades de los dos países, coaligadas en un interés común de aplacar un escándalo de corrupción que concierne a ambos gobiernos y sobre el cual ninguno muestra el menor interés en aclarar, pero que ha producido sacudimientos en la vecina nación, incluyendo la renuncia de su primer ministro.

La situación es tan delicada que el embajador dominicano en Haití, el reputado sociólogo Rubén Silié, llamó la atención de que se puedan destruir en la campaña electoral los esfuerzos de los últimos años por  mejorar las relaciones bilaterales, y de paso se desligó de la rueda de prensa donde se denunció la supuesta trama, indicando que él allí solo tuvo una “presencia circunstancial”.

Confesar que los “organismos de seguridad del Estado” graban las conversaciones de un encargado de seguridad del principal candidato opositor en medio de una campaña electoral constituye un escándalo político impropio de una democracia.

Eso no se hace pero menos se confiesa en la propia sede del Gobierno en ningún régimen de derechos y en presencia del Procurador General, quien está en el deber de perseguir todo género de delitos. En el caso de los cuatro diputados no se reveló la autoría de la intercepción telefónica, lo que podría implicarlos directamente en la ejecución del delito.

Claro objetivo político.  Ni aquí ni en Haití ha aparecido alguien que le confiera seriedad a la denuncia de trama contra el presidente haitiano, Michel Martelly,  y los medios informativos coinciden en señalarla como un intento por desplazar del debate público la denuncia documentada de que el mandatario recibió financiamiento por más de dos millones y medio de dólares de parte del senador Félix Bautista, hombre de confianza del presidente Leonel Fernández y secretario de organización de su partido.

En vez de una denuncia sin fundamento, ambos gobiernos pudieron liquidar el escándalo presentando los correspondientes certificados bancarios de que las cuentas identificadas por la periodista Nuria Piera no existen o fueron adulteradas. Martelly o Bautista pudieron haber conseguido esa certificación en cuestión de horas, pero han dejado pasar tres semanas sin hacerlo. Un periodista progubernamental implicado en la recepción de dinero de Bautista justificó sus pagos, con lo que avaló la fuente.

Mientras tanto, las denuncias han repercutido en los medios periodísticos no solo de República Dominicana y Haití, sino también de Estados Unidos y Francia, incluyendo a algunos tan influyentes como Le Monde de París y la revista norteamericana Time.

La denuncia del financiamiento a Martelly en su campaña electoral y después de ser electo presidente, tomó mayor dimensión por haber sido precedida del escándalo derivado del otorgamiento en Haití de contratos por unos 385 millones de dólares a empresas de Bautista y relacionados, cuya investigación derivó en la dimisión del primer ministro haitiano Garry Conille.

Los comentarios de prensa dudan que la denuncia de la supuesta trama contra el Presidente haitiano vaya siquiera a ser investigada.

Quedará como la indagatoria del jaqueo, que conllevó aparatosos allanamientos al periodista Guillermo Gómez y su periódico digital El Siglo 21 hace dos meses y 12 días, con tropas militares y helicópteros.

Pero por de pronto ha tendido una cortina de humo sobre la banca de financiamiento político del senador Bautista, cuyas operaciones se han extendido hasta el lejano Perú, donde ayudó a la campaña de Alejandro Toledo con un millón 200 mil dólares.

El Gobierno realizó una infeliz denuncia, pero logró éxito al poner en segundo plano las denuncias de corrupción transnacional que han sacudido la campaña electoral, mientras creaba un ambiente de confusión e intimidación con la esperanza de que Nuria Piera no siga sacando prendas del banco de información que le proporcionaron.

La preocupación no era solo por lo denunciado, sino por lo que aún falta sobre las operaciones nacionales e internacionales del banco de Bautista y sus beneficiarios, ya que ella dijo que lo revelado era apenas el 10 por ciento de lo que había recibido.

Inconstitucional e ilegal

Aunque en el país hace tiempo que la Constitución como las leyes son letra muerta, hay que recordar que la flamante Carta Magna de 2010 en su artículo 44 es abundante en la protección del derecho a la intimidad y que su numeral 3 indica que “Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad  competente de conformidad con la ley”. El numeral 4 precisa que las informaciones y datos que recaben las autoridades encargadas de prevenir y perseguir el delito “solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio de conformidad con la ley”.

En el caso de Goico ni siquiera se le ha interrogado, antes o después de la rueda de prensa, y menos se le ha iniciado un proceso judicial y nadie cree que ocurra porque la intercepción carece de fundamento. Luego se ha dicho que fue autorizada por un juez, sin identificarlo. Pero es que ningún juez puede autorizar la intervención telefónica de un ciudadano, menos de un actor político importante y en medio de una campaña electoral, sin que se lo justifiquen como parte de una investigación bajo previa presunción de delito, al objeto de recabar evidencias, como lo establece la ley 24-97.

Es también ridículo que el Procurador General haya encargado, con posterioridad a la denuncia, a la fiscal del Distrito Nacional indagar una supuesta trama telefónica de carácter transnacional, que rebasa con mucho su jurisdicción, lo que demandaba un encargo especial de su propio departamento, por ejemplo uno de sus mismos ayudantes. La lista e inteligente Yenny Berenice Reynoso no tardó en advertir que ella no actúa por razones políticas.

 

Solo si juega limpio el PRD se salvará

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La fuerte competencia entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado por la candidatura presidencial del Jacho pondrá a prueba la unidad de esa organización política en los próximos meses.

La fuerte competencia entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado  por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pondrá a prueba la unidad de esa organización política en los próximos meses.

En lo inmediato los siete precandidatos han tenido el acierto de coincidir en encargar la organización de la convención eleccionaria a tres de los perredeístas más aptos para ejercer el papel de árbitros: Enmanuel Esquea Guerrero, quien la presidirá; Milagros Ortiz Bosch y Hugo Tolentino Dipp como vicepresidentes.

Prevén bipolarización.  En diversos sectores perredeístas hay consciencia de que sólo un proceso electoral interno limpio y diáfano permitiría mantener la unidad partidista si el margen de diferencia entre los dos principales competidores es estrecho  como se viene perfilando en las últimas semanas.

Aunque faltan cinco meses para la elección del  candidato presidencial del PRD para los comicios presidenciales del 2012, desde ya se advierte una tendencia a la bipolarización entre el ex presidente de la República Hipólito Mejía y el presidente del partido, Miguel Vargas  Maldonado.

Otros cinco perredeístas se han manifestado precandidatos: Luis Abinader, Eligio Jáquez, Guido Gómez Mazara, Aníbal García Duvergé y Jesús Colón, aunque los dos últimos ni siquiera  han sido asimilados por la opinión pública.

Sin embargo, a cualquier perredeísta u observador que se le pregunte dará la misma respuesta: la candidatura se decidirá entre Vargas y Mejía. E incluso se cree que varios de los otros cinco precandidatos terminarán apoyando a uno de los reales competidores, probablemente al ex presidente del que casi todos fueron colaboradores, y porque adversan a Vargas Maldonado, a quien acusan desde ya de intentar manipular las estructuras y los recursos del partido para imponerse como candidato.

La irrupción de Hipólito.  Hasta mediados de año, Vargas Maldonado parecía correr cómodamente tras la candidatura del partido blanco, pero en junio el expresidente Mejía se lanzó con fuerte impulso al grito paternalista de “llegó papá. Y en la encuesta Gallup para HOY publicada en julio ya aparecieron  en  empate técnico en las preferencias generales.

Pero llamó la atención que entre quienes dijeron simpatizar por el PRD Mejía lo superó por 8 puntos.

Ambos proclaman que de acuerdo a sus propias encuestas,  ganarán abrumadoramente la candidatura. Pero en dos investigaciones auspiciadas por peledeístas y en la de un grupo empresarial, Mejía registró amplias ventajas, aunque recientemente otra marcó una tendencia a  reducirse.

Lo que parece indiscutible es que Vargas controla la Comisión Política y cuenta con el apoyo de gran parte de los legisladores, alcaldes y regidores.

En un reciente “Taller Nacional de Dirigentes” organizado por su grupo se llegó a afirmar que estaban presentes 58 de los 75 diputados, 52 de  los 57 alcaldes, 68 de los 87 directores de distritos municipales y 412 de los 520 regidores.

Es posible  que esas proporciones estén exageradas, pero pueden estar cerca de la realidad, ya que al presidente del PRD se le acusa de haber utilizado el cargo para postular a sus seguidores en los comicios de mayo pasado. El control de la maquinaria proporciona ventajas, sobre todo al contarse los votos, pero puede ser un bumerán donde los relegados tenían un liderazgo local.

Dentro y fuera del partido blanco no se subestima a Hipólito Mejía, a quien le sobra el carisma y la capacidad que le falta a Vargas Maldonado para vincularse a las masas, y además espera rentabilidad de los favores y distinciones que repartió en los cuatro años que presidió la nación.

Frente contra Vargas.  Por de pronto Vargas Maldonado podría tener que responder a todo un frente de competidores, particularmente integrado por Hipólito, Abinader, Gómez y Linares, quienes le impugnaron la semana pasada la sustitución de varios dirigentes de consejos regionales del municipio Santo Domingo Este, dispuesta de forma administrativa por el secretario general del partido, Orlando Jorge Mera.

Cuando las sustituciones estaban a punto de constituirse en una confrontación,  el Pleno del Comité Municipal decidió “dejarlas sin efecto” al considerarlas  violatorias de los Estatutos del partido, que atribuyen esa facultad a la Comisión Política, y de una resolución del reciente Congreso del PRD.

La objeción podría llegar a la próxima reunión de la Comisión Política fijada para el día 21, pero aplazada para el 28, por viaje de Vargas Maldonado.

Esa sesión tiene la misión de concluir la integración de la Comisión Organizadora de la convención eleccionaria y fijar su fecha en marzo próximo, la que estará encabezada por Enmanuel Esquea, Milagros Ortiz Bosch y Hugo Tolentino. Entre estos decidieron que la presidirá el primero.

El difícil proceso recayó en buenas manos, pues esos tres dirigentes históricos del perredeísmo son considerados incorruptibles e indoblegables y han sido señalados de consenso por todos los precandidatos.

Pero habrá que esperar a ver si el espíritu de consenso se extiende al resto de los comisionados, algunos clave como los del Centro de cómputos.

El papel  de esos comisionados será fundamental para salvar al PRD de una división o de nuevos sacudimientos internos que le resten crédito para constituirse en opción de Gobierno.

La precaria institucionalidad democrática del partidismo político dominicano estará a prueba nuevamente.

Resumen de las Resoluciones de la Mesa de Unidad y Concertación  Del Congreso José Francisco Peña Gómez

1.- La XXIX Convención Extraordinaria llevará el nombre de Angel Miolán.

2.- Todos los perredeístas se comprometen a ofrecer apoyo irrestricto al que resulte ganador.

3.- Los organismos que requieran ser reestructurados o completados deberán serlo acorde a los Estatutos y con equilibrio de todas las corrientes.

4.- La Comisión Política será convocada para el 21 de octubre para seleccionar y ratificar la Comisión Organizadora y fijar fecha de inicio de la campaña interna.

5.- Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Hugo Tolentino  serán presidente y vicepresidentes. Ellos mismos decidirán el orden.

6.- La Comisión Política reunirá el CEN para que convoque la Convención en marzo del 2011.

7.- El director del Centro de Cómputos de los resultados será seleccionado por la Comisión Organizadora. Todos los precandidatos tendrán un representante allí.

8.- El padrón será semi-abierto, es decir el de la JCE excluyendo a los militantes de los demás partidos.

9.- Todos se comprometen a una campaña electoral respetuosa y a participar en la elaboración de un Proyecto de Nación  que orientaría el ejercicio gubernamental.

10.- El candidato presidencial será también presidente del partido con carácter transitorio. La Comisión Organizadora de la Convención determinará la proporción que corresponderá a los precandidatos participantes en los organismos de dirección del partido.

 

Congreso del PRD: renovarse o morir

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) podría tener una oportunidad de renovación ideológica-programática, de reestructuración orgánica y de reposicionamiento frente a la sociedad dominicana en el Congreso que finalmente ha programado para el segundo fin de semana de octubre próximo, tras meses de discusiones.

Pero el esfuerzo podría naufragar en el mar de canibalismo interno que consume las energías de sus dirigentes, les impide elaborar políticas de oposición  y los descalifica para dirigir la nave de una nación desesperanzada de su liderazgo político y harta de contemplar el predominio de las ambiciones grupales sobre los intereses partidarios y nacionales.

Por fin habrá congreso.   Con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros y pese a la ausencia de tres de sus precandidatos presidenciales, la Comisión Política del PRD logró el jueves aprobar el reglamento que regirá su Congreso Nacional, al tiempo que fijó sus sesiones finales para los días 9 y 10 de octubre próximo.

El evento, que llevará el nombre del desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, está concebido como culminación de un proceso de análisis y elaboración de propuestas para la actualización doctrinaria, la renovación programática, la reestructuración orgánica y la reconexión con los sectores sociales que la degeneración política dejó atrás, especialmente con las expectativas de los sectores populares y la clase media.

Pasaron más de dos años para que tomara cuerpo el congreso perredeísta propuesto en junio del 2008 por sectores clarividentes vinculados a las raíces de ese partido, tras la derrota en los comicios presidenciales del 2008, pero fue preciso pasar por la de mayo pasado, la cuarta caída consecutiva del partido blanco a manos del Partido de la Liberación Dominicana y una docena de grupos políticos aliados.

La idea del congreso ganó apoyo entre los sectores más identificados con los planteamientos social demócratas que bajo el liderazgo de Juan Bosch y Peña Gómez configuraron al perredeísmo como el partido de más prolongada vigencia en la historia nacional.

Fue impulsado determinantemente por el “Foro Renovador del PRD” constituido en  marzo del 2009. Dos de sus principales figuras, el dirigente de la vieja guardia Tirso Mejía Ricart, y Alejandro Abreu, de las nuevas generaciones, aparecen como presidente y secretario ejecutivo de la Comisión Organizadora del Congreso. Ha tenido el respaldo de Hugo Tolentino, Milagros Ortiz Bosch, Ivelisse Prats, Amaury Justo Duarte, Fausto Herrera, Jesús Feris Iglesias,  Regina Buret, Fafa Taveras y muchos otros

Objetivos planteados.  El congreso fue concebido a partir del documento “Relanzar al PRD para conquistar el poder, construir un nuevo país y devolverle la esperanza al pueblo”, elaborado por Luis Felipe Rosa, Ernesto Zabala y Julio Peña, del Foro Renovador, pasó por un seminario y la presentación de 68 propuestas.

Una serie de documentos han sido elaborados y propuestos a consideración de miles de dirigentes medios del PRD en todo el país, que han venido celebrando asambleas regionales y sectoriales, tras la convocatoria del Congreso en junio pasado por el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, y la elección de la Comisión organizadora el 25 de julio, para fundamentar los objetivos generales contenidos en el Reglamento aprobado por la Comisión Política el pasado jueves.

El primer objetivo es redefinir la plataforma doctrinaria, a partir de la declaración de principios, destacando las reformas institucionales y políticas públicas para enfrentar los principales problemas nacionales.

El segundo es renovar el compromiso histórico con partidos de  objetivos similares y con las instituciones y asociaciones que conforman  la red social de la nación; tercero, fortalecer el espíritu de compañerismo para fomentar la unidad  partidaria, y cuarto, analizar la coyuntura nacional e internacional para recomendar estrategias para ejercer con firmeza y talento la función opositora.

Aparentemente el Reglamento dejó fuera de los objetivos la evaluación de los resultados de los comicios de este año, que se venía realizando en las asambleas regionales y de los frentes de masas. Tampoco señala el objetivo de revisión de la estructura del partido, incluido entre los fundamentales por los promotores del congreso.

De haber sido el partido con mejor organización nacional, tras la muerte de Peña Gómez, el PRD ha devenido en una estructura infuncional.  Una Convención del 28 de noviembre del 2004, aprobó nuevos estatutos, modificados posteriormente por otra en julio del 2005. Establecieron los Comités de Colegios Electorales, que a su vez incorporarían sus tradicionales comités de base, pero estos han desaparecido sin que se constituyeran los nuevos. También son infuncionales su Comité Ejecutivo Nacional, que tiene unos 1,800 miembros, y no se renuevan los directivos de los comités provinciales, municipales y zonales. La Comisión Política, con 240 miembros, que debe sesionar cada semana, apenas lo logra tres o cuatro veces por año.

Terrible canibalismo.  El principal mal que afecta al partido blanco es la lucha interna sin tregua ni consideraciones. Uno de los documentos de reflexión que circulan entre los perredeístas sostiene que “En el PRD actual no hay afectos, sólo competencias caníbales. Si no reconstruimos los afectos, será imposible avanzar, salir del hoyo, superar la crisis”.

La lucha grupal se alimenta actualmente en los tempranos ajetreos por asegurar la candidatura presidencial para los comicios del 2012, para los que aún faltan 20 meses, protagonizada principalmente entre los grupos que favorecen a Vargas Maldonado y al ex presidente Hipólito Mejía. Este último luce en crecimiento en las encuestas, lo que tiende a agudizar la confrontación. También intervienen los grupos que promueven a Luis Abinader, a Guido Gómez Mazara y a Eligio Jáquez.

Representantes grupales llevan semanas tratando de consensuar una comisión organizadora de la Convención que elegirá el candidato presidencial, sin haberlo logrado. En la reunión del jueves se dijo que están en “un punto muerto”.

Esta semana trascendió que los de Mejía, Abinader y Gómez  proponen que la presida Enmanuel Esquea  y los de Vargas plantean a Milagros Ortiz. Ambos son considerados personas invulnerables, incapaces de prestarse a manipulaciones y dijeron el viernes que a ellos no les han propuesto nada. Hay quienes creen que las diferencias están en el resto de los integrantes.

Aunque uno de los objetivos del Congreso, aceptado por algunos a regañadientes, es fortalecer la unidad partidaria, las luchas internas, podrían hacerlo naufragar o convertir sus resoluciones en letra muerta. Tras la reunión de la Comisión Política el jueves se anunció una sesión para la próxima semana para dejar integrada la Comisión Organizadora de la Convención que elegirá el candidato.

Los más sensatos entienden que esa elección procede después del Congreso para evitar que la lucha por la candidatura lo haga naufragar. En un documento del 9 de julio, Fafa Taveras, uno de los mejores analistas del partido, sostenía que “una competencia interna sin la restauración de la institucionalidad partidaria y sin una plataforma común que recupere la esencia socialdemócrata que nos defina, es una locura y sólo servirá para atomizarnos”. Taveras proclamó esta semana por Teleantillas que al PRD sólo le queda renovarse o desaparecer como opción política real, y que no aguanta más fuera del poder.

De lo sublime a lo ridículo

Desde su fundación en Cuba, en 1939, durante el exilio antitrujillista, el PRD ha sido un partido de liderazgo múltiple, con organismos en los que  se discute y se expresan disensiones, aún bajo las fortalezas de Juan Bosch y Peña Gómez. En sus orígenes, además de Bosch, tuvo a Juan Isidro Jiménes Grullón, Virgilio Mainardi Reyna, Angel Miolán, Nicolás Silfa, Leovigildo Cuello, Cotubanamá Henríquez, Luis F. Mejía y Juancito Díaz, repartidos entre La Habana, Caracas, Nueva York y México.

Desde su primera convención para elegir los candidatos a los comicios de 1962 hubo conflicto. Bosch no aceptó el candidato a la vicepresidencia escogido, Buenaventura Sánchez Félix y pocos días después hubo que repetir la elección, recayendo en Segundo Armando González Tamayo. Los conflictos han matizado todas sus elecciones posteriores.

Los tres comisionados que lo instalaron en el país en de julio de 1961 (Angel Miolán, Nicolás Silfa  y Ramón Castillo), salieron poco después de la organización, aunque el primero retornó años después.

Aunque tiene 71 años de fundado, y va para 50 de establecido en el país, el PRD sólo ha gobernado 12 años y 7 meses, con cuatro presidentes diferentes Bosch, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía. Sus partidos competidores en medio siglo sólo han tenido un presidente cada uno: Joaquín Balaguer con 6 períodos, y Leonel Fernández que ya agota el tercero.

Hay quienes creen que el PRD ha sido el más democrático internamente de los partidos dominicanos. Pero dentro de una cultura poco democrática, pasa sistemáticamente la raya que separa lo sublime de lo ridículo para caer en la anarquía.-