Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
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La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

Hemos ayudado a Danilo

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Llegó como una tromba cuando ya se agotaban las preguntas tras una exposición sobre las perspectivas para las elecciones de mayo 15, y con furor y en el más elevado tono de voz impugnó a la parroquia por haber invitado a un político parcializado, sin méritos para dirigirse a la comunidad católica de Villa Duarte.

Confieso que me impresionó el enojo con que hablaba aquel joven que se identificó como profesor. El párroco y los laicos que habían organizado la charla lo dejaron desahogarse, hasta que empezaron a hacerle señas de que terminara y tras agotar su rosario de descalificaciones se marchó con el mismo furor con que había llegado hasta el podio.

Los organizadores se extendieron en reconocimientos al periodista y charlista, apenados por el incidente y le obsequiaron la Agenda Latinoamericana, que desde hace 25 años editan los teólogos liberacionistas y defensores de derechos humanos José María Vigil y Pedro Casaldáliga, el obispo emérito de Sao Félix de Araguaia en Matto Groso, Brasil.

Me reconfortó el regalo, más todo cuando al salir del templo leí el mensaje de los editores: “85 personas tienen una riqueza equivalente al patrimonio de la mitad pobre de la humanidad. Y el 1% más rico de la población, en este año 2016, va a superar su propio récord patrimonial traspasando la barrera psicológica del 50% de la riqueza del mundo (y continúa creciendo). ¿A qué porcentaje de la tarta habrá de reducirnos la riqueza extrema para que despertemos y decidamos poner fin a esta situación indigna de la humanidad?

No me correspondía otra cosa que lamentar el enojo del profesor peledeísta y restarle importancia, señalando que nunca espero unanimidad, que la pluralidad y la diversidad son esencia de la libertad y de la democracia, y que todos deberíamos soportar criterios divergentes, sobre todo si se expresan sin faltarle el respeto y la consideración a los demás.
Aparte de la descalificación, el inquisidor se refirió a los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina, especialmente a la inversión en educación, ya habíamos reconocido. Hice conciencia de cuánto habíamos contribuido los periodistas y activistas sociales, opositores, críticos y exigentes al mayor logro del cuarto gobierno del PLD.

Durante años reclamamos el cumplimiento de la ley general de educación promulgada en 1997 que destina el 4 por ciento del PIB a la educación. Pasaron tres gobiernos del PLD y uno del PRD, sin que se alcanzara la meta. Cargamos los paraguas amarillos por parques y calles, los abrimos en nuestros programas televisivos, escribimos cientos de artículos y en el 2012 hicimos que los candidatos presidenciales firmaran un compromiso de cumplir la ley.

Reconocemos que el presidente Medina está honrando ese compromiso, aunque la inversión se ha concentrado demasiado en edificaciones, y poco en otros elementos esenciales para la calidad de la educación. Y sentimos satisfacción de haber contribuido al mayor galardón que exhibe su gobierno.

Y no es la única contribución, los críticos rechazamos aquel decreto de Medina que reconocía los títulos usurpados de Bahía de las Águilas, y logramos que el mandatario lo rectificara. En su informe del pasado 27 de febrero lo celebró como gran logro. La pasada semana inauguraron la carretera Ocoa-Piedra Blanca, que une las regiones norte y sur del país, que los críticos promovimos cuando los fieles defendían una vía directa entre Santiago y San Juan, por el medio de la cordillera Central, que rompería tres parques nacionales, con altísimo costo ecológico y económico, y que tomaría años para inaugurar.

Algo similar ocurrió cuando el presidente Medina buscaba un paliativo al problema, de graves repercusiones internacionales, creado por la sentencia que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Contra una enorme confabulación que incluyó a gran parte de su partido y acólitos mediáticos, los críticos y defensores de derechos humanos ayudamos al presidente a desligarse de esa ignominia con la ley 169-14.

Es una pena que el presidente no se dejara ayudar en otras cosas, como por ejemplo en las reformas políticas, en el cumplimiento de las leyes, en el combate real a la corrupción y la inseguridad o en no haber comprado el Congreso para buscar la reelección.

Es realmente preocupante el terreno que ha ganado la intolerancia y los afanes concentradores en los ámbitos del partido gobernante. Tanto que se irritan y quieren acallar las cada vez menos voces disidentes.

Quemados por la corrupción

 Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque los gobernantes insistan en negarlo, por todas partes brotan las evidencias que justifican la quemazón del país en los índices de Percepción de la Corrupción que anualmente publica la muy acreditada organización Transparencia Internacional (TI), el último a finales de enero pasado.

Para vergüenza de los dominicanos, la nación apenas recibió 33 puntos sobre 100 en transparencia y combate a la corrupción, quedando en la posición 103 de 168 países evaluados, y entre los últimos diez de los 34 del continente, mejorando apenas un punto y manteniendo estancada la pésima evaluación de los años anteriores, registrada también en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

El Indice de TI se construye en base a las evaluaciones de múltiples organismos internacionales, incluyendo multilaterales como el Banco Mundial o publicaciones del prestigio de The Economic, además de encuestas y consultas a centenares de personas influyentes en los respectivos países.

Pero los que abrigan dudas sobre las evaluaciones internacionales, y no faltan quienes atribuyen tan bajas calificaciones a una conspiración, solo tienen que verificar los resultados de las encuestas nacionales más acreditadas sobre la percepción de la ciudadanía sobre la falta de transparencia y la corrupción predominantes.

La Gallup-HOY publicada esta semana ratifica que la corrupción sigue siendo un cáncer que debilita progresivamente el cuerpo social de la nación, sustrayendo una proporción considerable de los recursos que deberíamos invertir para paliar la pobreza que sufre alrededor del 40 por ciento de la población. Con la agravante de una progresiva corrosión de las instituciones gubernamentales, incluyendo la justicia, el Poder Legislativo y el municipal.

Los resultados de esa encuesta son perturbadores: El 45.7 por ciento considera que ahora hay más corrupción que antes, y otro 34.4 cree que igual, para totalizar un 80 por ciento, mientras solo el 19.2 cree que ahora es menor. Un ínfimo 0.4 por ciento no percibe corrupción. Es relevante que hasta un 32 por ciento de los que dicen simpatizar por el partido de Gobierno aprecian que hay más corrupción que antes.

Estremecedor que el 62.7 por ciento de los jóvenes considere que aumenta con el paso del tiempo.

Esas apreciaciones constituyen un total fracaso de las actuales autoridades y en especial del presidente Danilo Medina que en la pasada campaña electoral firmó, como otros candidatos, el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyas evaluaciones del mismo también lo quema. Es penoso porque este Gobierno inició estableciendo un Código de Pautas Éticas que recogió lo fundamental del protocolo. Un decreto presidencial dispuso que fuera firmado por todos los altos funcionarios. Se ignora si alguno ha cumplido, por ejemplo, la letra b de su capítulo 6, donde se comprometían a “presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios”…

Un rotundo fracaso ha sido la reformulada Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que jamás se ha preocupado por verificar el cumplimiento de las metas de transparencia, incluidas en el protocolo y en el Código de Ética. Ni siquiera ha podido lograr que más de 1,200 funcionarios cumplan con la obligación de formular su declaración jurada de bienes, acorde con la ley, y que ha reclamado tan persistentemente la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte.

La sociedad dominicana tiene que protagonizar una rebelión contra el nivel de corrupción que percibe.

Más déficits que logros en 15 años de gobiernos del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

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El principal mérito de los 15 años de gobierno, 11 de ellos consecutivos, que acumula el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el crecimiento económico y el mejoramiento de la edificación gubernamental y vial a costa de déficits fiscales y de un desproporcionado endeudamiento que ha triplicado la deuda pública.

El balance es negativo en relación a la pobreza, los deficitarios servicios públicos básicos, como educación, salud, electricidad, agua potable, seguridad, vivienda y transporte, así como por alta corrupción e impunidad, con acaparamiento del poder debilitando la institucionalidad democrática y las instituciones políticas y sociales.

Las luces más notables. Quince de los últimos 19 años de gobierno es un período suficiente para pasar balance a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, los primeros 12 con la presidencia de Leonel Fernández, y los tres que cumple hoy Danilo Medina, resaltando como su gran mérito el haber mantenido altas tasas de crecimiento económico, con promedio alrededor del 7 por ciento, lo que ha permitido mejorar significativamente la infraestructura del país.

El conjunto de edificios gubernamentales, carreteras y elevados, hospitales y escuelas constituye lo que para una gran proporción de la población es “la modernidad”, concentrada en los grandes centros urbanos y zonas turísticas, lo que deja a Santo Domingo en ventaja material con relación a las capitales regionales.

La inversión infraestructural se concentra excesivamente en transporte por más de 100 mil millones de pesos destinados a un improvisado metro que con dos líneas apenas sirve al 6 por ciento de los que usan transporte público en la gran urbe capitalina. Las remodelaciones y ampliaciones de edificios gubernamentales inscriben a Leonel Fernández en la línea de los grandes constructores, desde Ovando hasta Trujillo y Balaguer.

En sus primeros 8 años. el gobierno de Fernández favoreció importantes reformas jurídicas, administrativas e institucionales que luego, sobre todo a partir de la nueva Constitución del 2010, trocó por un armazón de concentración del poder sin precedente en la incipiente democracia nacional, dejando de ejecutar un amplio conjunto de sus propias leyes y negándose a dar paso a otras que como las del sistema electoral, están llamadas a afianzar la institucionalidad democrática, la administración estatal y la transparencia.

Los más graves déficits. Sin incidir significativamente en la productividad, la competitividad, la reducción de la pobreza o la equidad salarial, el crecimiento económico peledeísta se ha fundado en un alto endeudamiento que casi cuadruplica la deuda estatal, llevándola a cerca de 35 mil millones de dólares, incluyendo 23 mil 493 millones no financiera, 8 mil millones del sector financiero estatal, más la oculta o no registrada, que sólo a los generadores eléctricos alcanza casi mil millones de dólares, (la deuda per cápita anda por los 3 mil 500 dólares, no millones, como se nos coló la semana pasada). Su servicio ya representa casi la mitad de los ingresos del gobierno. En los últimos 3 años sólo la pública no financiera registrada pasó de 18.7 a 23.5, incremento del 26 por ciento, 1,595 millones de dólares por año, 133 millones por mes. Organismos internacionales y economistas nacionales advierten que bordea la insostenibilidad. Mientras el país lidera la región en desigualdad y con tasa de pobreza sobre el 40 por ciento, muy superior al 28 por ciento promedio latinoamericano.

A pesar de cinco reformas tributarias, el derroche del gasto, la corrupción, sobrevaluaciones, malversaciones, casi duplicación de la nómina estatal y una amplia red clientelar, arrojan déficits fiscales por 640 mil millones de pesos en los últimos 7 años.

En el 2014 el gasto corriente, 85 por ciento del total, superó los ingresos fiscales en dos mil millones de pesos, resalta el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram.

Un conjunto de leyes han sido dejadas de lado, comenzando por la de Estrategia Nacional de Desarrollo y el fracaso ha sido absoluto en concretar los pactos fiscales y eléctrico, en controlar la delincuencia que incluso arropa a los aparatos de seguridad del Estado. El acusado enriquecimiento de la cúpula peledeísta, con absoluta impunidad, y el reparto del Estado en todos sus niveles, en beneficio de los propios, aliados y asociados, así como la cooptación de entidades y dirigentes sociales han contribuido al fortalecimiento del presidencialismo, subordinando los demás poderes del Estado.

La mejoría de Medina. Es de general convicción que la gestión del presidente Danilo Medina ha registrado mejorías en la gestión pública, con reducción de la corrupción, y sobre todo en el acato a la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, concentrando el esfuerzo en saldar la escasez de aulas, que podría ser el único de los grandes déficits superados por los gobiernos del PLD. Se le acredita también la tanda educativa extendida con alimentación escolar y la construcción de estancias infantiles, y mejora del salario magisterial, aunque se le critica la pobre inversión en renglones básicos para mejorar la calidad educativa, como apenas 2 por ciento del presupuesto sectorial en formación de maestros.

Con una pequeña inversión de 6 mil millones de pesos en tres años para pequeños productores, el presidente Medina ha ganado gran crédito por sus “visitas sorpresas”, pero también por promover mayor atención a las pequeñas y medianas empresas y situarse en austeridad personal y más cercanía de la gente.

Pero este gobierno ha mantenido y se ha beneficiado del andamiaje clientelar, del reparto de parcelas estatales, de la malversación y el sistemático incremento del empleo púbico, y de la miseria institucional que ignora impunemente sus propias leyes y normas, como la de Salario del Sector Público, la Ley Orgánica de administración Púbica y la de Función Pública, la de declaración jurada de bienes o el Código de Pautas Éticas, sin ningún esfuerzo por el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

En lo que los peledeístas han sentado cátedras es en sus capacidades políticas y propagandísticas con alta inversión publicitaria y control de miles de comunicadores, para mantener altas tasas de aprobación y prolongarse en el poder, aún relegando al líder que los encumbró, promoviendo con los poderes y recursos estatales el desguañangue del partidismo político, y hasta para comprar una reforma constitucional y mantener alta aprobación.

 

 

 

Una de las peores iniquidades

 

 

Por Juan Bolívar Díazo2

Una de las peores iniquidades, de las tantas que se registran en el país, es que todavía no se disponga de agua potable en la mitad de las viviendas, lo que en los últimos meses se ha agravado alarmantemente a causa de la prolongada sequía y del descuido del gobierno en financiar el mantenimiento, reparación y ampliación de los sistemas de acueductos en las ciudades.

Nadie puede ignorar que la actual sequía tiene ya ribetes de gravedad, incluso para generar alarma, pues los expertos vaticinan que se podría extender por los tres o cuatro meses que quedan del período regular de lluvias para causar estragos hasta el año próximo, no solo en el consumo humano, sino también en la producción vegetal y animal, ya sometida a racionamiento, con registro de pérdidas considerables, especialmente en la región sur-suroeste.

La sequía del último año está secando las presas y dejando a altas proporciones de personas sin agua para el consumo doméstico, mientras una minoría de la población recibe y desperdicia gran parte del agua disponible en los acueductos o extraída del subsuelo. Con el absurdo de que a estos el agua les sale varias veces más barata que a gran parte de los que tienen que comprarla por camiones, tanques o latas. En todo su esplendor la cultura de la latita de la que escribimos en el semanario Firme hace exactamente 40 años.

Pero aún con pocas lluvias la situación no sería tan irritante si el 54 por ciento del agua que se coloca en los acueductos no se estuviera perdiendo a causa del desperdicio y las averías, como sostiene el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montás, quien además denuncia que los privilegiados que disponen de agua dentro de sus viviendas pagan sumas irrisorias por el servicio, muchas veces menores que por la electricidad y hasta que por recogida de desperdicios.

El gobierno ha esperado demasiado para disponer medidas de emergencia, que todavía son tímidas, pero que han comenzado develando los absurdos de la gestión pública. Es que una alta proporción de los sistemas de agua, campos de pozos, plantas de tratamiento y hasta acueductos, están fuera de servicio por falta de mantenimiento.

Eso lo han reclamado públicamente no sólo el director de la CAASD, sino también el del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y el del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. La CAASD pidió para este año 4 mil millones de pesos, y sólo le asignaron 2 mil 500, lo que le ha imposibilitado invertir en mantenimiento. Montás dijo que tiene un déficit en sus niveles de distribución de 85 millones de galones por día. Pero al mismo tiempo está solicitando recursos para reparaciones que lo reducirían a solo 20 millones. Muchas de las bombas y plantas eléctricas que mueven campos de pozos requieren reparaciones o sustituciones. Con el agravante de que la precariedad que también afecta el servicio energético contribuye a reducir el suministro de agua.

Hace meses que el gobierno debió declarar una emergencia, como se ha hecho en Puerto Rico y Cuba, y suplir todos los fondos que requiere el mantenimiento y reparación de las fuentes acuíferas y los acueductos. Al igual que debe priorizar el pago de la energía que suplen las empresas generadoras.

El racionamiento de agua debe incluir no sólo a los lavadores “informales” de vehículos, como se ha informado, que en su mayoría usan latas de agua, sino también a las empresas formales que la gastan con mangueras y en grandes proporciones, y se debe prohibir el regado de jardines y llenado de piscinas hasta que se conjure el agravamiento de la iniquidad del suministro de agua. La experiencia aconseja también mayor inversión en pequeñas presas y reservorios de agua.

 

 

Desafíos para Danilo a mitad de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El Gobierno de Danilo Medina llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de oposición política.

Pero sin haber podido solventar los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad, limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido, precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie.

Los mayores éxitos. El mayor éxito de la primera mitad del Gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su promulgación.

Aunque todavía no ha alcanzado el 4 por ciento, el Gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar, relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La concretación del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el analfabetismo han completado el crédito en el sector.

La atención a la pequeña y mediana empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento del presupuesto de gastos del 2014, y solo se han desembolsado unos 7 mil millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.

Una política de austeridad, cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación, de hasta 80 por ciento, que ha registrado el Gobierno en las encuestas. La renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí constituyó un hito en la popularidad del mandatario.

Se debe acreditar al Gobierno de Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años, aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que según la Cámara de Cuentas se incrementó en 28 por ciento solo en 2013 y que este año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.

Quemado en transparencia. El Gobierno de Medina ha hecho esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo veedores en organismos clave como el Ministerio de la Presidencia, pero aún está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito en la campaña electoral por iniciativa del movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento, registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet. No se ha logrado establecer la Cuenta Única del Tesoro ni se han eliminado organismos infuncionales ni duplicidades.

Se reconoce una reducción de la corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos, en contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública a la luz de la Ley de Función Pública.

Un fracaso total ha sido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12, que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular, Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que establecieron un plan de austeridad hasta diciembre de 2013.

El reparto del Estado. Pese a la buena intención de mejorar la administración pública, el Gobierno de Medina llega a su primera mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los dirigentes del Comité Político del partido de Gobierno y sus aliados parecen inamovibles. Y desde luego, cada uno de ellos dispone de amplia discreción en las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos públicos.

El presidente Medina parece haberse empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.

En un país de tan arraigada cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de personas.

Mientras el mandatario buscaba una salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudo nacionalistas. Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto, tienen connotación de cuestionamiento al Presidente y a su Ministro de la Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.

Intereses corporativos. Si en la primera mitad de su período el presidente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios para hacer el Gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.

Los intereses corporativos han sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.

Medina y sus asesores pueden reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de la oposición.

El surgimiento de una alternativa opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para Danilo Medina en la segunda mitad de su Gobierno, que inicia esta semana.

Los mayores fracasos

No haber logrado concretar los pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta primera mitad de Gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el Gobierno arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.

Ha cifrado su ataque a la crisis energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este Gobierno.

El combate a la inseguridad ciudadana ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente Medina.

Los resultados en el mejoramiento de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.

 

Tendrán que reformular el pliego

Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que las organizaciones empresariales tendrán que reformular y moderar consistentemente su pliego de reclamos, si quieren conseguir algunas de sus demandas que parecen razonables, como la reducción del costo de la prestación de cesantía que para pequeñas y medianas empresas puede constituirse en insostenible, pero ni eso conseguirán si no reconocen la vulnerabilidad de los empleados y de un modelo económico social que concentra excesivamente el ingreso.

Desde que integró el año pasado una comisión oficial multisectorial para conocer y recomendar sobre las demandas de reformas al régimen laboral, el Gobierno las condicionó al consenso entre empleadores y trabajadores. Y recientemente el presidente Danilo Medina lo ratificó tajantemente, lo que obliga a un mayor esfuerzo de concertación si se quiere conseguir algo del amplio pliego de reclamos empresariales.

No está descaminado el Gobierno sobre los reclamos empresariales, pues no hay razón que justifique abandonar la búsqueda de consenso y los acuerdos obrero-patronales y gubernamentales sobre los que durante años se edificó el Código de Trabajo, a principio de los noventa y la ley que en el 2001 instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Como la democracia, el consenso representa dificultades y hasta lentitud en las decisiones. Siempre ha sido más fácil la imposición que la concertación. Pero nadie renuncia voluntariamente a los avances o derechos adquiridos durante años sino en un proceso de racionalidad e intercambio de concesiones.

Desde que se conocieron las demandas empresariales, algunos consideramos que eran tan excesivas que parecía que habían seguido el equivocado modelo sindical de pedir mucho para conseguir poco. Por ejemplo, cada discusión de aumento salarial comienza con demandas del 50 y 60 por ciento para quedar en 10 o 15 por ciento.

El primer error de los empresarios es que no han logrado aclarar suficientemente si sus promesas de no afectar conquistas establecidas, implica que las reformas que reclaman solo se aplicarán a las contrataciones laborales futuras, como se debe asumir, dada la irretroactividad de la ley.

En segundo lugar el pliego parece inspirado en lo ocurrido en naciones desarrolladas donde se ha hecho pagar a los trabajadores el costo de la crisis estructural del capitalismo y de la voracidad de los ejecutivos y magnates financieros. Pero el nivel del bienestar social alcanzado en algunos países permite reducciones sin agravar demasiado las condiciones de vida de la población.

La cuestión es diferente en países de tanta desigualdad, como la República Dominicana, donde tres cuartas partes de los asalariados no reciben lo equivalente al costo promedio de la canasta familiar, y donde más de medio siglo de crecimiento económico no han logrado una reducción significativa de la pobreza, por la concentración del ingreso, como lo han documentado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recientemente del Banco Mundial.

Por ejemplo, es una torpeza plantear el aumento de la jornada laboral de 44 a 48 horas semanales, reduciendo conquistas de principios del siglo pasado.

Mucho menos viable en un país donde una alta proporción de los empleados tienen un segundo trabajo, formal o informal, con jornadas diarias totales que alcanzan hasta las 16 horas.

Los empresarios tienen cierta razón en cuanto a la cesantía que es una carga que casi duplica el costo de sus aportes a las pensiones y que, en muchos casos, quiebra empresarios, sobre todo pequeños y medianos, e incentiva la informalidad y las evasiones. ¿A cambio de más aporte al sistema de pensiones o un seguro de desempleo?

También tienen razón en que en muchos sectores, el agropecuario y la construcción por ejemplo, es impracticable la cuota de 20 por ciento de extranjeros, y debe ser racionalizada. Pero que abandonen la extensión del horario diurno hasta las 10 de la noche y el trabajo sin límites los fines de semana.

 

La Barrick deberá transar con Danilo

Por Juan Bolívar Díaz
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Los términos radicales del presidente Danilo Medina sobre la inequidad del contrato que ampara la nueva explotación minera del oro y la plata de Pueblo Viejo, Cotuí, obligan a la empresa minera a una transacción que eleve de inmediato los beneficios del Estado.

Tras las expectativas alentadas y el respaldo recibido, el gobierno dominicano no podrá salir con las manos vacías, y aunque amenaza con una ley para gravar el sobreprecio del oro, tendrá que preferir una transacción que mantenga el clima adecuado a la inversión y al crédito extranjero que reclama el sector empresarial.

La gran sorpresa

Se contempló la posibilidad de que el presidente Danilo Medina aprovechara la oportunidad de su primer informe anual y la festividad de la independencia nacional para plantear la procedencia de una revisión del contrato con la Barrick Pueblo Viejo para la explotación del oro y la plata de Cotuí, pero nadie esperaba una formulación tan enérgica y contundente que le generaría un respaldo tan amplio como el que ha tenido de inmediato.

En sectores empresariales se teme que el paquete tributario que cobró todo su vigor en febrero haya generado recesión, con reducción de las ventas y en el crédito, y por consiguiente que las recaudaciones fiscales estén por debajo de lo estimado, lo que estarían compeliendo al gobierno a buscar mayores recursos. Las exportaciones de oro y plata con precios alrededor de 1,600 y 29 dólares la onza al comenzar la semana, era una fuente apreciable.

No se había informado oficialmente, pero se sabía que funcionarios del gobierno estaban en conversaciones con los ejecutivos de la Barrick buscando una renegociación del contrato, y que la empresa “no estaba fácil”. A la vista pública sostenía una intensa campaña de promoción y autodefensa que habría provocado la ofensiva presidencial. No había mejor escenario que el de la Asamblea Nacional el 27 de febrero.

El licenciado Medina decidió lanzarse a la ofensiva después de “decenas de reuniones…sin que se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro”.

La inequidad es tan grande que proliferaban los gritos de indignación incentivados por el gobierno y particularmente en el Congreso Nacional. Sobre esa ola se montaría Medina buscando forzar una renegociación.

Argumentos contundentes

Cuatro son los argumentos fundamentales en los que el presidente Medina fundamenta la necesidad de la renegociación. El primero es contundente: bajo el actual contrato, sobre un precio promedio de 1,700 dólares la onza de oro y de 28 la de plata, y con un monto estimado de exportaciones anuales por 1,753 millones de dólares, en lo inmediato el Estado apenas recibiría 56 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento. Segundo: cuando la Barrick compró los derechos de la Placer Dome sobre la mina, creyó legítima una renegociación y el Estado accedió. Tercero: que desde entonces, el oro ha subido de 555 dólares por onza, a un promedio  de 1,700 dólares, reflejando importantes cambios en el mercado. Y cuarto: que las renegociaciones e impuestos sobre ganancia son comunes en el mundo, señalando múltiples países.

El hecho de que el precio del oro en la actualidad triplique el que promediaba cuando en el 2009 se renegoció el contrato con la Barrick opera a favor de una nueva revisión, ahora para beneficiar al dueño de la mina. Con los actuales niveles de precio, estimando que en los dos primeros años la empresa obtendría ingresos netos de 2,600 millones de dólares, casi recuperaría el monto de su inversión en ese periodo mientras el Estado “estaría recibiendo migajas”, según planteó el mandatario.

Como la Barrick afirma que su inversión ha sido de 4 mil millones de dólares, la recuperaría realmente en tres años. Son 1,400 millones de dólares más de los 2,600 millones que estimó cuando renegoció el contrato, según la empresa por “encarecimiento de equipos, materiales y del petróleo”. Con los precios que entonces tenían los metales, un tercio de los actuales, necesitaban de seis a ocho años para amortiguar una inversión que sería requerida progresivamente a lo largo de tres años.

En ese escenario, la Barrick no tiene por qué empeñarse en cubrirla ahora en tres años y bien puede reprogramar su amortización, lo que registraría beneficios netos inmediatos y permitiría adelantar el pago del 25 por ciento de impuesto sobre la renta y el 28.75  por ciento de participación en las utilidades para el Estado y la proporción correspondientes a los inversionistas. Los siete bancos prestatarios norteamericanos y canadienses harían buen negocio recibiendo sus intereses, los que se cargarían a mediano plazo no sólo a renta de la empresa sino también a la del Estado.

La mejor solución visible

La mejor solución visible es la renegociación. El camino del impuesto al sobreprecio mediante una ley podría ser justiciero, pero sin duda sería más conflictivo porque afectaría “el clima de inversiones y la imagen internacional del país” que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y embajadores influyentes han recordado a propósito del discurso presidencial.

La Barrick reaccionó de inmediato planteando que “la seguridad jurídica es fundamental para alcanzar la meta de generar beneficios compartidos” y confirmó que “hemos tenido acercamientos amigables con el Estado dominicano en los cuales se han analizado las inquietudes derivadas del contrato, sin dejar de señalar las limitaciones que tenemos, debido a compromisos que hemos asumido con las instituciones que financian el proyecto”. Y ratificó “disposición al diálogo”.

Los mismos legisladores que aprobaron el contrato del 2009 en términos tan desventajosos, sin leerlo porque así lo quiso el presidente Fernández, levantarían las dos manos ahora para modificarlo, si se lo pide el presidente Medina, pero eso crearía un nuevo escenario político, con el alto empresariado en la acera del frente, temeroso de otros “cambios de las reglas del juego”, en términos impositivos y especialmente frente a los contratos de los generadores eléctricos, pendientes también  de revisión. Se cree que empresarios influyentes en el país tienen acciones en la mina y otros hacen buenos negocios con su explotación.

La Barrick se iría al arbitraje internacional, amparada en el desconocimiento de un contrato, lo que implicaría riesgo para el Estado, que en el pasado ha perdido varias veces y nunca ha ganado en ese escenario. Con las exportaciones detenidas se atrasaría la amortización de la deuda y ambas partes perderían mientras pasen meses y tal vez uno o dos años para un dictamen, y la economía nacional se vería afectada por elevación de los riesgos de inversión y dificultades y costos de financiamientos internacionales que acentuarían los déficits internos y externos que amenazan la estabilidad.

Una situación dramática

Es obvio que los ejecutivos de la Barrick subestimaron el clamor nacional contra los términos de un contrato absolutamente inequitativo en una materia tan sensible como el oro, tal vez porque los había pactado con el líder del mismo partido de gobierno. Es probable que asesores y empresarios nacionales le aconsejaran mantener una posición tan inflexible sin presentar alguna alternativa viable más allá de adelantar el pago de impuestos futuros. Uno que otro analista le advirtieron fríamente que deberían transar, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno no permitiría que todo su período transcurriera con migajas de las exportaciones de oro y plata y en medio de tantos déficits heredados.

Acabando de ratificar su popularidad con la revocación de la negociación con los usurpadores de los terrenos estatales de Bahía de las Aguilas, el presidente Medina decidió jugarse una partida dramática con expresiones de ultimátum como “último llamado”, que “el oro es del pueblo dominicano y de nadie más” y que “sólo podrá ser extraído, procesado y exportado si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de este recurso no renovable son justas y favorables para las dominicanas y dominicanos”.

Tras esos términos, capitalizando y potenciando el sentimiento nacional, el gobierno no puede salir con migajas. Ahora la Barrick tendría que conceder más que si hubiese negociado en la etapa confidencial. Debe asumirse que Danilo Medina midió los riesgos antes de lanzarse “manos a la obra”. Antes cualquier concesión era ganancia, ahora necesita algo substancial en proporción a sus planteamientos, pues su prestigio se juega en el país y dentro de su propio partido donde están los responsables de una negociación tan desventajosa que se conformaban casi sólo con la inversión, que ha sido de apenas 1,400 millones de dólares, según las propias cuentas de la Barrick, porque en su mayoría se quedó fuera en compra de equipos, materiales y servicios.

El grito de inaceptable con que Danilo Medina selló su discurso ante la Asamblea Nacional retumba en todo el país y tendrá que ser recogido por la Barrick Pueblo Viejo que no podría realizar la explotación minera con la hostilidad del gobierno y de casi todos los sectores nacionales. Ni aún si fuera favorecida en un arbitraje internacional. Porque no es sólo un conflicto legal, sino de legitimidad y justicia, y porque tiene un margen de beneficio tan amplio que puede reducirlo y seguir haciendo un negocio fabuloso.-

 

Danilo abre vía hacia pacto fiscal

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.

En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las  propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.

Buen paso adelante.  Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la Ley de Austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de  los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.

El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Sector Público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.

Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”.  El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.

La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.

Ratificación de parcelas.  El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su Gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.

Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.

La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.

Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al Gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la Cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.

También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en  la ODC; Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR;  Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Etica y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales; Pedro Corporán, del PUN,  en el IDECOOP; José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional, y Miguel Mejía ministro sin cartera.

Ya viene el difícil pacto fiscal.  Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Pacto Fiscal que plantea el mandatario. De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y de Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto.

El Gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

Como punto de partida se espera que el Gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.

Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.

Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros,  subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la Policía.

Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una Ley de Austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.

Código de Pautas Éticas

Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y  corrupción que han llevado al país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.

El código contiene 18 compromisos éticos, comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuelan la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo, con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”. También  presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.

Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.

Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo al frente de la nueva Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes  en su esfuerzo por  desconocer la elección democrática de 1978.

 

Quien puede lo más, puede lo menos

Por Juan Bolívar Díaz

La suerte corrida por el proyecto de ley de regulación salarial del sector público viene a demostrar lo difícil que va a resultar reordenar el Estado dominicano y corregir las profundas desigualdades e irritantes privilegios que se han venido instrumentando en beneficio de una élite de altos funcionarios públicos, especialmente en los organismos autónomos y descentralizados.

En uno de sus últimos actos de gobierno, el día final de su mandato, el presidente Leonel Fernández acogió los alegatos de inconstitucionalidad que se han levantado desde organismos estatales contra un proyecto elaborado por el Ministerio de Administración y sometido al Congreso Nacional por el mismo titular del Poder Ejecutivo.

No estaba obligado el doctor Fernández a esa iniciativa. Debió dejar la decisión de promulgar u observar la ley al nuevo presidente Danilo Medina, cuyo equipo económico y legisladores allegados pusieron particular interés en la aprobación de la regulación salarial, partiendo de la necesidad de ganar legitimidad para reclamar a la población mayores contribuciones.

Es obvio que todavía los legisladores pueden ignorar las observaciones presidenciales a la ley que ya había sido aprobada por ambas cámaras, aunque se duda que demuestran tal firmeza, ya que dentro de ellos mismos hay fuertes corrientes que rechazan las regulaciones, no las del salario formal que en su caso hasta podría elevarse dentro de una política de equidad, sino en los complementos como gastos de representación, alimentación y vivienda, combustibles, pagos por asistir  a sesiones y comisiones, por Navidad y el Día de las Madres.

 Hay muchos salarios formales en el Estado que superan hasta seis y siete veces los 131 mil pesos que hasta ahora se paga al Presidente de la República, o que duplican y hasta triplican los 292 mil pesos que gana el presidente de España o los 257 mil de sus ministros. Pero algunos cuando se les agregan los pagos adicionales, incluso por asistir a reuniones de consejos en virtud del mismo cargo, llegan a superar el salario actual del presidente de los Estados Unidos, que es de 33 mil dólares, equivalentes a un millón 287 mil pesos mensuales.

Eso en un país donde el 70 por ciento de los asalariados perciben menos de 15 mil pesos mensuales, y de estos la mayoría menos de diez mil. Donde el sueldo mínimo del Estado apenas supera los cinco mil pesos mensuales. Los 450 mil pesos mensuales que propone la ley de regulación como tope máximo son casi 90 sueldos mínimos públicos y cerca de 50 veces el sueldo mínimo más alto del sector privado.

Así como hubo juristas que alegaron inconstitucionalidad en el proyecto de regulación, otros lo justificaron ampliamente. Hay en el debate cuestiones difíciles de entender como esa de que múltiples funcionarios tienen que ser mejor pagados que el jefe de la administración pública. Tampoco  se puede entender la devoción por el cumplimiento de las normas constitucionales que súbita y selectivamente se apodera de algunos. En España, Italia y Francia nuevos presidentes han dispuesto en las últimas semanas  reducciones salariales, de sueldos navideños, de financiamiento y uso de vehículos. Pero en la República Dominicana se cree imposible.

Hay una máxima popular que proclama que “quien puede lo más puede lo menos”. Y como el presidente Medina es quien está designando los altos funcionarios, incluyendo los titulares de la mayoría de los organismos autónomos y descentralizados, bien podría también fijarles el salario y limitarle los beneficios adicionales. El que no esté dispuesto a trabajar para el Estado por salarios por debajo de 450 mil pesos, que se los busque en el sector privado, donde esos niveles de emolumentos son bien escasos.  Si la justificación de los salarios sin límites es la responsabilidad y capacidad, hay que hacer justicia inmediata, por ejemplo, a los médicos de alta especialización que en el Estado ganan 30 o 40 mil pesos. Y si es porque es el precio de la honestidad, estamos perdidos con decenas de miles de policías y militares que ganan entre 5 y 20 mil pesos.