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Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ El País13 A

Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.

2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2015 quedó marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la corrupción, la impunidad y la descomposición social.

El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento que hace temer insostenibilidad.

Llegó el rayo Quirino. Desde que alboreó el 2015 el objetivo fundamental del grupo político del presidente Medina era abrir las compuertas para la prolongación en el poder, contradiciendo los planteamientos del propio mandatario sobre lo devastadora que ha sido la reelección presidencial en la historia de un país cuyas instituciones nunca han fraguado plenamente.

El obstáculo principal era la ambición de retornar al poder del expresidente Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte no sólo en su partido, sino también en el país y en ámbitos internacionales. Había que frenar a cualquier costo al “León” apoyado por más de la mitad de los legisladores. Parecía casi imposible, a no ser que un rayo cayera sobre él y lo partiera políticamente, como se pudo leer en el Tema de Hoy del 11 de enero: JBD, “Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”.

El rayo fue Quirino Ernesto Castillo, recién salido de 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quien al comenzar febrero empezó a pregonar desde Nueva York que había financiado la campaña electoral de Leonel en el 2004 con cientos de millones de pesos y ofreció detalles y nombres de supuestos vinculados, mientras en el país cundió la percepción de que hablaba por cuenta de autoridades estadounidenses. Y desafiando a poderosos civiles y militares, se apersonó sorpresivamente al país el 28 de febrero para reclamar el dinero que decía haberle prestado a Leonel.

Otra vez venció el poder. Pocos dudan que sin el apoyo del poder gubernamental, Quirino no hubiese vuelto al país con esa pelea, y Leonel Fernández subestimó el caso bajo el alegato de no rebajarse a responderle a un convicto de narcotráfico que él había entregado a Estados Unidos, pero los relatos y detalles de Quirino por radio y televisión se impusieron al silencio de los periódicos y causó efectos devastadores sobre la imagen de Fernández, ya afectado por los sometimientos judiciales de sus muy cercanos: Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

En cuestión de semanas, el líder peledeísta, que desde los finales de su Gobierno en el 2012 venía acosado por grupos de la sociedad civil denunciantes de la corrupción, vio declinar su estrella, y aparecieron encuestas que dejaban al PLD en riesgo de perder las próximas elecciones si él volvía a postularse. Una de Penn /Shoen lo dio perdedor en segunda vuelta frente a un Luis Abinader que en abril dejaría atrás al expresidente Hipólito Mejía, con 70 a 29 por ciento en la elección primaria de su partido.

El pragmatismo y el amor al poder pudieron más que el liderazgo de Leonel y el 19 de abril, una semana antes del éxito de Abinader y su PRM, una gran mayoría del Comité Político del PLD, integrado por 35 miembros, tomó la decisión de disponer que sus legisladores modificaran la Constitución de la República para hacer posible la repostulación del presidente Medina.

La resolución puso al borde de la división al partido gobernante cuando la mayoría de sus legisladores en ambas cámaras resistieron públicamente la decisión, y sobre todo cuando el 25 de mayo Leonel dirigió por televisión un dramático discurso de confrontación, llamando a evitar otra dictadura. Cuarenta y ocho horas después había vencido el Estado, como dijo Danilo cuando lo aplastaron para imponer la repostulación de Leonel en el 2008.

Desata crisis institucional. Una vez más en la historia nacional, el afán constitucionalista corrompió a dirigentes políticos y doblegó al Congreso Nacional y al poder judicial, comenzando por el propio PLD, donde la cúpula dirigente se auto prolongó su mandato hasta el 2020 e impuso un pacto para salvar la unidad decretando una repostulación total no sólo del Presidente, sino también de los senadores, diputados y la mayoría de los alcaldes. Los estatutos del partido, la ley electoral y los principios Constitucionales quedaron relegados.

Para reformar la Constitución hubo que “conquistar” los bloques enteros de los diputados de los otros dos partidos que han dominado el sistema político en el último medio siglo, bajo alegados pactos políticos cuyos términos aún se desconocen, y tras seis meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano, que dispuso posibilitar la repostulación de Medina, termina pactando con el PRM para enfrentarla en las urnas.

Lo del PRD fue patético. El partido de mayor vigencia en la historia nacional, con 76 años, que en la última cita electoral alcanzó 47 por ciento de la votación luchando contra todo el Estado, se subordinó a su principal contrincante para un indefinido “gobierno de unidad”, cuyo avance ha sido una embajada en Roma y la dirección del insignificante Instituto de Cooperativas.

El procurador general Francisco Domínguez Brito se negó a escuchar testimonios de un grupo de legisladores que voceaban nombres de funcionarios que convirtieron el Congreso en un mercado, y ya más tarde renunciaría a proseguir con el expediente que sustentaba el procesamiento del senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, para honrar el pacto de repostulación total que éste había contribuido a armar, por encima de Leonel. La causa reeleccionista doblegaba no sólo a la mayoría de la Cámara Penal de la Suprema Corte, sino también al jefe del Ministerio Público.

Crecimiento con deuda. Como ha sido habitual en las últimas décadas, el país vuelve a tener un año de vigoroso crecimiento de su producto interno bruto, estimado por el Banco Central alrededor del 7 por ciento, muy por encima del regional, con relativa estabilidad de precios y cambiaria, así como reducción del déficit de la balanza de pagos por la impactante caída del precio del petróleo. La estabilidad económica es lo que salva al gobierno este año.

El crecimiento económico descansó en incremento del gasto público en construcciones, auge del turismo y las remesas en un período o que marcó dificultades en el comercio con Haití y un virtual estancamiento de las exportaciones.

Los analistas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, siguen reconociendo el crecimiento del PIB y estabilidad macroeconómica, aunque un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnostica un incremento de la desigualdad salarial, prevaleciendo la preocupación por los fuertes déficits fiscales y el galopante endeudamiento.

El balance del año de PC establece en 348 mil 761 millones de pesos (unos 7.7 mil millones de dólares) el financiamiento que precisó el Gobierno en los años 2014 y 15 para cubrir sus gastos y estima que para el 2016 necesitará otros 230 mil millones de pesos, que serían más de 5 mil millones de dólares a la tasa de cambio actual para concluir en que con un gasto tan excesivo se conduce el país aceleradamente hacia la insostenibilidad fiscal.

En el límite del endeudamiento

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
endeudamiento

Tres expertos del Banco Mundial se han sumado al Fondo Monetario Internacional y a numerosos economistas y empresarios dominicanos que vienen advirtiendo que la pista del endeudamiento se le está acabando al Estado dominicano y que de no producirse una significativa desaceleración nos dirigimos al precipicio de una nueva crisis financiera con cargo a la pobreza de las mayorías.

HOY del viernes 15, página 1 y 13-B da cuenta de un estudio, publicado y distribuido por el Banco Mundial, donde tras señalar que la deuda estatal consolidada representa ya el 48 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que sólo la del sector público no financiero se duplicó entre el 2007 y 2014, pasando de un 18 al 36 por ciento del PIB, advierte sobre las consecuencias que implica para la sostenibilidad financiera.

“Es importante asegurarse de que la deuda pública permanece en una senda sostenible, dado que altos niveles de deuda podrían dañar las perspectivas de crecimiento, incrementar la volatilidad macroeconómica y, finalmente, provocr una crisis fiscal, que afectaría de manera negativa a los pobres”, sostienen los expertos Aleksandra Iwulska, Javier Eduardo Báez y Alan Fuchs.

Advertencias similares se encuentran en los últimos tres informes del FMI sobre la economía dominicana, al extremo de que en marzo pasado el jefe de misión del organismo, Przemek Gajdecka, consideró necesario informar que sus técnicos y los del gobierno dominicano “estudian estrategias sostenibles para manejar el incremento de la deuda”. Las recomendaciones están plasmadas en los últimos informes: equilibrar las finanzas, desacelerando el endeudamiento, ampliar la base impositiva, eliminar exenciones fiscales, reducir el subsidio a la electricidad y mejorar el gasto público.

Para escurrir el bulto y proseguir la carrera desenfrenada del endeudamiento el Gobierno dejó sin efecto su acuerdo con el FMI desde fines del 2011, y hace dos meses el organismo cerró su oficina en el país y retiró a su representante delegado, el economista mexicano Mario Dehesa.

El actual Gobierno recibió unas finanzas públicas comprometidas por los enormes déficits fiscales generados por el desparpajo del gasto, los sueños de prolongación política y los complejos de grandeza y tiene el mérito de algunas rectificaciones, pero ha proseguido la carrera del endeudamiento mientras el cuerpo aguante y con cargo al futuro.

Por el clientelismo y el reparto comprador de conciencias, el Gobierno ha evadido el ajuste del gasto público, y aunque materializó una reforma tributaria, sus ingresos apenas le alcanzan para invertir un 5 por ciento en gastos de capital. La Cámara de Cuentas certificó un crecimiento de la deuda pública del 28 por ciento sólo en el 2013. De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Contabilidad y del Sistema de Información de Gestión Financiera, citados por el experto José Rijo Presbot, entre septiembre del 2012 y julio del 2014 el Gobierno recibió financiamiento por 351 mil 650 millones de pesos (más de 8 mil cien millones de dólares), de los que tuvo que destinar el 52 por ciento a pago de deuda exterior. Y sólo en la primera legislatura de este año (febrero-julio), el Congreso Nacional aprobó nuevos financiamientos por 202 mil 647 millones de pesos, unos 4 mil 700 millones de dólares.

Las perspectivas generan legítima preocupación, porque los políticos no quieren pagar el costo de equilibrar las finanzas, achicando el subsidio eléctrico, cobrando a los que roban energía, ni reducir las exenciones y el gasto, y se ha abusado tanto del recurso de la simple reforma tributaria, que cada vez será más difícil lograr mayores ingresos fiscales. El pacto fiscal de la Estrategia Nacional de Desarrollo parece una quimera, mientras haya que mantener decenas de miles de clientes cobrando del Estado, con altísimos niveles salariales y desproporcionadas pensiones en las cúpulas.

La advertencia del precipicio al que se dirige el país está reiterada. Que los que guarden silencio, por miedo o conveniencia, después no aleguen ignorancia. Lo lamentable es que luego querrán cobrarle el costo del desastre a la mayoría que trabaja y chiripea para sobrevivir.

 

Es la calidad del gasto público

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Leonel Fernández sorprendió a la opinión pública esta semana cuando en su discurso ante las Naciones Unidas declaró que el país no podrá cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con las que la nación se comprometió para el período 2000-2015.

También resultó sorprendente que lo atribuyera a la crisis financiera del 2003, a la crisis que afecta la economía internacional desde el 2007 y a los fenómenos naturales que han afectado el país.

No le falta algún grado de razón en cuanto al daño que esos acontecimientos han provocado a la economía nacional, sobre todo las quiebras bancarias. Pero cuando se cuantifican los recursos que han manejado los gobiernos durante la última década y las tasas de crecimiento económico que ha registrado el país, que promedia alrededor del 7 por ciento anual, no se encuentra justificativo alguno.

Tres reformas tributarias en el período 2003-06 elevaron los ingresos del Estado en forma desproporcionada,  y la deuda pública más que se duplicó en la última década, lo que explica que el presupuesto nacional creciera un 150 por ciento, sin precedente, en el período de Gobierno 2004-08.  En cuanto a los daños ocasionados por fenómenos naturales al final del 2007 no alcanzaron una dimensión para que fuera mencionada en el marco de las Naciones Unidas. Y por otro lado echarle la culpa a la crisis financiera internacional es por lo menos contradictorio con el discurso presidencial de los años 2008-09 en la misma tribuna, cuando el doctor Fernández proclamaba que la economía nacional estaba blindada. Resulta que año tras año el Gobierno proclama en todos los foros internacionales un crecimiento económico casi milagroso, y ahora aduce que no puede cumplir el compromiso de mejorar los parámetros educativos, de salud, vivienda, medio ambiente y de género.

En verdad el asunto es de prioridades, de la calidad del gasto público, de malversación de grandes proporciones del ingreso nacional. El Gobierno ha tenido de sobra siquiera para haber convertido en modelo las provincias de El Seibo y Monte Plata, escogidas originalmente como plan piloto para cumplir los Objetivos del Milenio.

Roby Sendorowitsch, el representante en el país del Banco Mundial, lo apuntó con certeza cuando fue abordado por los reporteros tras el discurso presidencial. Es asunto de mejorar la calidad del gasto público y hacer que la inversión dé mayores resultados, que haya transparencia y se reduzcan los niveles de corrupción.

El funcionario recordó que “este país tiene niveles de pobreza de hace 20 años, aunque ha crecido como ningún otro en América Latina. En el Banco Mundial consideramos una verdadera tragedia cuando el crecimiento económico existe para el país, pero no se refleja en los bolsillos de los dominicanos”, y abundó en que aquí no se reduce la pobreza ni la iniquidad.

No hemos podido cumplir el compromiso de los Objetivos del Milenio porque tenemos los más altos niveles de malversación del mundo, por lo que ocupamos la posición 138, entre 139 países evaluados en el Reporte de Competitividad Global 2010-11 recién publicado por el Foro Económico Mundial.

Recursos hemos tenido pero los hemos invertido a borbotones en construcciones y remodelaciones de edificaciones públicas, privilegiando excesivamente las de mayor visibilidad como elevados y hasta un Metro, cuya primera línea, con un costo alrededor de los mil millones de dólares, apenas moviliza 50 mil pasajeros por día, beneficiando a unas 25 mil personas. Eso quiere decir que la mayor inversión de la historia nacional  beneficia a menos del medio por ciento de la población. Tremenda irracionalidad.

Lo peor es que las mayores inversiones se han realizado en obras no reclamadas por la comunidad, e incluso a contrapelo de la opinión pública, como ha ocurrido con las dos líneas del Metro. Para la que está en construcción se le ha asignado la mitad de lo que invertirá el año próximo el Ministerio de Obras Públicas. Y el mismo presidente Fernández dijo repetidas veces que se haría bajo el modelo de concesión-inversión privada. Por demás, la ausencia de prioridades y el relegar la inversión para transformar la educación perpetúan la pobreza y la exclusión, imposibilitando el mejoramiento del empleo, la redistribución del ingreso y la construcción de una sociedad más equitativa.