Por Juan Bolívar Díaz

En los ámbitos de la sociedad civil dominicana va creciendo el sentimiento de que ya hay que pasar de los comunicados a la acción si se quiere que el liderazgo político nacional escuche el clamor que demanda atención a los problemas prioritarios, a la institucionalidad democrática y a los consensos y pactos de las últimas dos décadas.

Cada día son más los que piensan que sólo la movilización activa de las organizaciones sociales logrará hacer mella en la sordera y ceguera que caracteriza la acción gubernamental frente a una sociedad que ha militado  en la concertación y acudido a los múltiples llamados de los políticos desde los años noventa.

Si se quiere que se entienda que hay que cumplir la Constitución, la ley, los consensos, los estudios, programas de gobierno y discursos que declaran la educación como prioridad nacional, ya no queda otro camino que el de la protesta o demanda pública, dejando clara la determinación de hacer valer los derechos de la ciudadanía. Se trata de exigir acciones específicas, diagnosticadas, consensuadas y convertidas en leyes, para enfrentar problemas tan acuciantes como la creciente inseguridad ciudadana, el eterno desastre energético y la inmigración desenfrenada a voluntad de los traficantes de  personas y de los intereses económicos y políticos más mezquinos.

Es por esas razones que diversos sectores de la sociedad civil han integrado una coalición para luchar por el tantas veces pactado 4% mínimo del producto interno bruto para educación y están desarrollando un programa de lucha callejera. Ahí están el Foro Ciudadano, el Comité para Defensa de los Derechos Barriales, la Federación de Asociaciones Industriales, los industriales de Herrera, Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana, el Centro Juan Montalvo, Educa  y otras instituciones, incluyendo las expresiones de las inquietudes juveniles como La Lucha.

Es lamentable que no se haya sumado la Asociación Dominicana de Profesores, aunque esta semana publicó un extenso comunicado fundamentando la prioridad de la educación. Es fundamental la participación de los maestros y de las asociaciones de padres y amigos de la escuela, como de todas las entidades vinculadas a la educación.

Cada día más ciudadanos y ciudadanas deben sumarse a las vigilias que durante el mes de noviembre desarrolla esta coalición, los lunes frente al Ministerio de Hacienda, martes; miércoles y jueves, frente al Congreso Nacional, y los viernes en torno al Palacio Nacional.

Se trata de demandas pacíficas, pidiendo educación para salir de la pobreza. Y aunque las autoridades han desarrollado intimidación e impuesto restricciones, las vigilias se han mantenido, por lo que sólo la cobardía puede explicar que no se hagan progresivamente  masivas.

Es que el último consenso que ratificó la prioridad de la inversión para la educación ocurrió a principios del 2009 en la última cumbre convocada por el Gobierno, que estableció un calendario de aumento para  llegar al 4 por ciento, según el cual en el 2011 debería destinarse el 3.42 por ciento del PIB. Pero el Gobierno apenas ha presupuestado el 1.9 por ciento, menos de la mitad de lo que indica la ley.

No hay excusa válida. El presidente Leonel Fernández agotará su décimo primer año de Gobierno, discurseando sobre la educación para el desarrollo, la sociedad de la información, la era del conocimiento y otras teorías, y se enorgullece de haber mantenido tasas de crecimiento de alrededor del 7 por ciento anual.

Si ese crecimiento duplica el promedio de América Latina, si el país ha sido el de mayor crecimiento en la región durante medio siglo, si el resto de esas naciones promedia el 5.5 por ciento del PIB a educación,  nada justifica nuestra miseria.

Ciertamente ya no bastan discursos ni lamentos. Hay que pasar a la acción para lavar la vergüenza de que ocupemos el escalón 137, de 139 países del mundo, en calidad de la educación primaria.

Sólo se puede entender porque en cuanto a dispendio del Gobierno somos los subcampeones del mundo, en la posición 138 de la evaluación del Foro Económico Mundial.

 Tal vez lo explique todo el anuncio de que para este año el monto del salario navideño del Estado crecerá en 25 por ciento, cuando no hubo revaluación salarial.

Es que como dice el pueblo “no hay prigilio”. ¡Ofrézcome !!!