Por Juan Bolívar Díaz

A casi 14 meses de las elecciones generales, la política domina el debate nacional y se manifiesta en propaganda masiva en medios de comunicación y vías públicas, relegando los graves problemas de la sociedad dominicana, sin la menor regulación y sin siquiera adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada hace cinco años.

Es imposible calcular el costo económico de la endeble democracia nacional, que este año implica 4 mil 506 millones de pesos del presupuesto nacional, más 1,370 millones de subsidio a los legisladores, para totalizar 5 mil 876 millones de pesos, superior al de 4 ministerios, sin cuantificar nominillas, clientelismo, uso de recursos públicos y corrupción.

Se desborda la política. Cuando la Constitución del 2010 unificó las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales en el mismo año, se justificó el regreso al sistema de arrastre con el argumento de que se reduciría el tiempo y costo de las campañas electorales, pero antes que el actual gobierno cumpliera su primer año comenzó la promoción de precandidaturas para todos los niveles electivos. Lo más inconcebible es que los primeros en salir a la palestra electoral fueron los del partido que concentra todos los poderes del Estado que desde hace meses pintan de morado las vías públicas y los medios de comunicación.

En ciudades como Santiago se cuentan por centenares las vallas propagandísticas de todos los tamaños de por lo menos seis que compiten por la candidatura a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, resaltando el dominio de los directores de Comedores Económicos y del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas, Monchy Rodríguez y Fernando Rosa, con gasto millonario mensual, aunque ninguno de los dos pasaba de clase media cuando llegaron al Gobierno.

Hasta para las candidaturas a regidores y vocales municipales, que pasarán de 4 mil en todo el país, ya hay promoción, pero resaltan los precandidatos presidenciales peledeístas Leonel Fernández, Reinaldo Pared y Francisco Javier, y en menor medida Temístocles Montás y Radhamés Segura, dos de ellos ministros, mientras un tercero, el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, se promociona para senador por Barahona. Ya hay candidatos presidenciales formalizados por diversos partidos, como Miguel Vargas, Federico Antún, Fidel Santana y Luis Abinader, los dos primeros encabezan los partidos que, junto al PLD, reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, 18 millones de pesos mensuales cada uno, y ya gastan en publicidad.

Saturan los medios masivos. El destacado sociólogo Cándido Mercedes se quejó recientemente de que la política lo ha sobredimensionado todo: “Es como si la sociedad toda estuviera subordinada a la política, cuando la política es una parte de la vida social y tiene como epicentro dirigir el Estado, que es la sociedad políticamente organizada”.

Personas que visitan el país por primera vez y desde que salen del aeropuerto ven tanta propaganda electoral, y que el debate en los medios de comunicación gira sobre encuestas y perspectivas electorales, quedan asombrados cuando se enteran que falta más de un año para las próximas elecciones. Y es que tales niveles de saturación política ya no se dan en la democracia, pues las normativas limitan la propaganda en tiempo y volumen para reducir la irrupción del dinero mal habido, sea extraído del Estado, de actividades ilegales como el narcotráfico, o de los rentistas de la política.

Steven Griner y César Arias en un estudio sobre Medios de Comunicación y Partidos Políticos en América Latina, incluido en un informe de la Fundación Ebert del 2007, sostuvieron que la República Dominicana y Honduras eran los países de la región con menores regulaciones de las campañas electorales. Desde entonces aquí no se ha avanzado absolutamente y la mejor muestra es el proyecto de ley de partidos sobre el cual se han establecido numerosos consensos y compromisos pluripartidistas y con la sociedad civil desde 1999, sin que haya podido ser aprobado, pese a haber sido presentado al Congreso una decena de veces.

La renuencia a legislar para normar la actividad política se expresa también en que ni siquiera está en discusión un proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011 y que, al igual que el de Ley de Partidos, fue fruto de una asesoría de técnicos de la OEA para conciliar el sistema con el nuevo marco de la Constitución proclamada en el 2010. Todo parece indicar que pasará una segunda elección general sin que se haga el ajuste.

Relegados los problemas. La extensa campaña electoral ya envuelve al Gobierno, como casi siempre, agravada por los esfuerzos para prolongarse en el poder vía reelección, aunque está prohibido por la Constitución, y relega el enfrentamiento de graves problemas nacionales. Pocos creen que puedan lograrse en el actual período los pactos fiscal y eléctrico que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba para comienzo de este año.

En campaña electoral adelantada, ya nadie espera que se aplique la ley de salarios públicos aprobada hace dos años y medio, ni que vayan a despedir cientos de botellas diplomáticas y consulares, ni a eliminar organismos inoperantes ni a fusionar las duplicidades. Mucho menos que pongan en retiro los generales que dispuso la ley, ni que reformen la Policía Nacional como se anunció en el discurso inaugural, ni que se enfrente el caos de la circulación vial, el deterioro de la seguridad social o la inseguridad ciudadana.

El inmenso costo de la política sustrae recursos que amortiguarían deficiencias estructurales como el caso de que la mitad de los hogares carecen de suministro interno de agua, que apenas el 5 por ciento de las viviendas de la gran urbe capitalina tienen alcantarillado sanitario y contaminan los ríos, el mar y el subsuelo de donde muchos se nutren para un precario servicio de agua, o permitirían reparar la mitad de los 36 sistemas de tratamiento de agua del gran Santo Domingo, ahora mismo fuera de servicio.

Con parte del costo de la política se afrontarían las plagas que afectan la producción de vegetales, frutas, café, banano y coco, se comprarían los contadores de electricidad y de agua que faltan para reducir las pérdidas y se incentivaría la producción de energía hídrica, eólica y solar para paliar los apagones, y se mejorarían los míseros salarios de policías, militares, enfermeras y otros servidores públicos.

Nada de eso está en el debate público, ni siquiera el aumento salarial que se discute hace seis meses, ni mucho menos los atrasos que nos dejan en los últimos lugares en todas las evaluaciones regionales e internacionales, incluyendo ese 41 por ciento de pobreza, la mitad en estado de indigencia, que diagnosticó en enero la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.-