Aunque con la ausencia de las grandes organizaciones empresariales y de las universidades, ochenta entidades de los más diversos sectores se han declarado en vigilia ante la inminencia de la reorganización del Poder Judicial y la puesta en vigencia de nuevos órganos institucionales.
Tras el proceso electoral piden la reactivación de las organizaciones sociales en reclamo de los cambios que urgen al país, incluidas reformas políticas, control de la gestión pública, con mayor calidad del gasto, transparencia, freno al deterioro moral y lucha contra la corrupción.
Piden movilización. En un comunicado, ochenta entidades de los más diversos ámbitos sociales proclaman que las organizaciones sociales necesitan reactivarse, predicar con el ejemplo, no reproducir los males que afectan a los partidos políticos, articularse mejor y emprender acciones conjuntas para lograr los cambios que con urgencia requiere nuestra sociedad.
Plantean que en ese esfuerzo deben participar también los políticos y funcionarios públicos con verdadera preocupación por resolver los problemas nacionales, todos aquellos que hayan demostrado en la práctica un real compromiso con la institucionalidad democrática y el ejercicio ético de la función pública.
Tras una reflexión colectiva llegaron a la conclusión de que el reciente proceso electoral ha puesto de manifiesto el notable deterioro partidario, expresado en prácticas antidemocráticas de los partidos en la elección de sus candidatos, enorme inequidad en la competencia proselitista, impunidad ante las violaciones de la Ley Electoral y los bochornosos actos de violencia, clientelismo, transfuguismo, falta de transparencia en el origen y destino de los excesivos fondos utilizados en la campaña, entre otros delitos y transgresiones.
Los dirigentes sociales confiesan su decepción por el gran número de denuncias de fraudes e irregularidades, no sólo entre los diversos partidos, sino también en el seno de los mismos, aumentando la pérdida de confianza de la ciudadanía. No es casual que en los principales centros urbanos, donde reside la población menos vulnerable al clientelismo, más de la mitad de los electores no acudiera a las urnas, plantean. Preocupados por la profundización del deterioro institucional y la falta de principios éticos en el ejercicio de la política y la administración del Estado, se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los poderes públicos a fin de promover que la política y la conducción del Estado se ejerzan con responsabilidad.
Reestructuración institucional. Las ochenta organizaciones exhortan a la ciudadanía y a la prensa nacional a mantenerse muy vigilantes de los cambios institucionales que se derivan de la nueva Constitución, priorizando la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser reestructurada, y de los nuevos órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Aunque el comunicado no lo dice, en muchos dirigentes sociales subyacen temores de que el control absoluto del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del bloque gobernante genere una subordinación del Poder Judicial al interés político partidista, por lo que plantean que sus integrantes deben seleccionarse en estricto cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la Constitución, de manera que haya garantía de que actuarán con independencia e imparcialidad.
Reclaman particular atención a la instauración del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son definitivas e irrevocables y porque es la entidad que tendrá la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
El comunicado llama la atención sobre la elección del Defensor del Pueblo, que suponen que tendrá lugar tras dársele rango constitucional, después de ocho años de haberse aprobado la ley que lo instituye. Esperan que cuente con independencia y los recursos necesarios para cumplir su objetivo.
Se refieren también a la próxima reestructuración de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, de la que dicen que debe mejorar substancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
Los grandes ausentes. La agenda denominada Más Movilización Ciudadana para Mejorar la Institucionalidad Democrática fue objeto de la reflexión y planteamientos de decenas de entidades de todos los ámbitos sociales, incluidos la Federación de Asociaciones Industriales y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, pero se echa de menos al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Cámara Americana de Comercio y las asociaciones de industriales de Santiago.
También es notable la ausencia de las universidades, con la excepción del Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tampoco aparecen las iglesias evangélicas que, al igual que las entidades cúpulas del empresariado, formaron parte de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano, que en los finales de los noventa y hasta hace pocos años jugaron un papel relevante en la promoción de la institucionalidad democrática.
Mucho se ha especulado en los últimos dos o tres años sobre las razones que tuvo el alto empresariado para reducir su participación en las concertaciones sociales. Algunos la atribuyen a cansancio, otros a temores al poder político, otros a frustraciones de dirigentes y a predominio de los más conservadores.
Entre los sustentadores de la agenda hay múltiples entidades católicas, como la Confederación Dominicana de Religiosos, que congrega las órdenes religiosas, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.
También las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza, las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, la Pastoral de Turismo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Radio Santa María y Radio Marién.
Del Frente sindical sólo firma el comunicado el Consejo de la Unidad Sindical.
El grueso son entidades como Participación Ciudadana, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana contra la Corrupción y el Comité pro Defensa de los Derechos Barriales.
También Ciudad Alternativa, Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica y La Lucha.
Aparecen también decenas de organizaciones de productores agrícolas, barriales y entidades de base, incluidas juntas de vecinos.
Reformas políticas y transparencia
Las organizaciones de la sociedad civil proclaman la urgencia de adoptar medidas para mejorar el sistema electoral, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política. Plantean la necesidad de aprobar la ley de partidos que se debate desde hace una década, relegada por las ventajas derivadas de la falta de regulación y de la defectuosa aplicación de las disposiciones vigentes. También la ley de participación social para promover un mayor control sobre la gestión pública.
No pasan por alto los barrilitos y cofrecitos y las exoneraciones de vehículos en beneficio de los senadores y diputados, sosteniendo que mientras los legisladores continúen apropiándose de recursos de manera ilegítima, el Congreso carecerá de autoridad para cumplir su rol de fiscalización del uso de los recursos del Presupuesto Nacional por parte de las demás instancias del Estado. Tampoco tendrá autoridad moral para aprobar nuevas cargas tributarias a la población o gravar bienes y servicios actualmente exentos. Tras pedir una mayor vigilancia ciudadana sobre el desempeño de los legisladores como de las autoridades municipales, exigen políticas y acciones destinadas a garantizar calidad y transparencia del gasto público y a convertir el presupuesto nacional en herramienta de desarrollo, con equidad y atención a las prioridades. También reclaman movilización para que no se difiera más el cumplimiento de la ley que hace 13 años establece un mínimo del 4 por ciento del producto bruto interno para la educación.
Así mismo llaman a combatir la corrupción y la impunidad, proclamando que es urgente frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado, ya que ambas estructuras exhiben una retroalimentación perversa, porque la falta de democracia, las trampas, la corrupción y la ausencia de ética en los partidos, son conductas que la dirigencia de éstos llevan a las instituciones públicas y con los recursos materiales e institucionales del poder político impulsan el clientelismo, el favoritismo y las prácticas corruptas, como forma de fortalecer las estructuras partidarias.
