En el límite del endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
endeudamiento

Tres expertos del Banco Mundial se han sumado al Fondo Monetario Internacional y a numerosos economistas y empresarios dominicanos que vienen advirtiendo que la pista del endeudamiento se le está acabando al Estado dominicano y que de no producirse una significativa desaceleración nos dirigimos al precipicio de una nueva crisis financiera con cargo a la pobreza de las mayorías.

HOY del viernes 15, página 1 y 13-B da cuenta de un estudio, publicado y distribuido por el Banco Mundial, donde tras señalar que la deuda estatal consolidada representa ya el 48 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que sólo la del sector público no financiero se duplicó entre el 2007 y 2014, pasando de un 18 al 36 por ciento del PIB, advierte sobre las consecuencias que implica para la sostenibilidad financiera.

“Es importante asegurarse de que la deuda pública permanece en una senda sostenible, dado que altos niveles de deuda podrían dañar las perspectivas de crecimiento, incrementar la volatilidad macroeconómica y, finalmente, provocr una crisis fiscal, que afectaría de manera negativa a los pobres”, sostienen los expertos Aleksandra Iwulska, Javier Eduardo Báez y Alan Fuchs.

Advertencias similares se encuentran en los últimos tres informes del FMI sobre la economía dominicana, al extremo de que en marzo pasado el jefe de misión del organismo, Przemek Gajdecka, consideró necesario informar que sus técnicos y los del gobierno dominicano “estudian estrategias sostenibles para manejar el incremento de la deuda”. Las recomendaciones están plasmadas en los últimos informes: equilibrar las finanzas, desacelerando el endeudamiento, ampliar la base impositiva, eliminar exenciones fiscales, reducir el subsidio a la electricidad y mejorar el gasto público.

Para escurrir el bulto y proseguir la carrera desenfrenada del endeudamiento el Gobierno dejó sin efecto su acuerdo con el FMI desde fines del 2011, y hace dos meses el organismo cerró su oficina en el país y retiró a su representante delegado, el economista mexicano Mario Dehesa.

El actual Gobierno recibió unas finanzas públicas comprometidas por los enormes déficits fiscales generados por el desparpajo del gasto, los sueños de prolongación política y los complejos de grandeza y tiene el mérito de algunas rectificaciones, pero ha proseguido la carrera del endeudamiento mientras el cuerpo aguante y con cargo al futuro.

Por el clientelismo y el reparto comprador de conciencias, el Gobierno ha evadido el ajuste del gasto público, y aunque materializó una reforma tributaria, sus ingresos apenas le alcanzan para invertir un 5 por ciento en gastos de capital. La Cámara de Cuentas certificó un crecimiento de la deuda pública del 28 por ciento sólo en el 2013. De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Contabilidad y del Sistema de Información de Gestión Financiera, citados por el experto José Rijo Presbot, entre septiembre del 2012 y julio del 2014 el Gobierno recibió financiamiento por 351 mil 650 millones de pesos (más de 8 mil cien millones de dólares), de los que tuvo que destinar el 52 por ciento a pago de deuda exterior. Y sólo en la primera legislatura de este año (febrero-julio), el Congreso Nacional aprobó nuevos financiamientos por 202 mil 647 millones de pesos, unos 4 mil 700 millones de dólares.

Las perspectivas generan legítima preocupación, porque los políticos no quieren pagar el costo de equilibrar las finanzas, achicando el subsidio eléctrico, cobrando a los que roban energía, ni reducir las exenciones y el gasto, y se ha abusado tanto del recurso de la simple reforma tributaria, que cada vez será más difícil lograr mayores ingresos fiscales. El pacto fiscal de la Estrategia Nacional de Desarrollo parece una quimera, mientras haya que mantener decenas de miles de clientes cobrando del Estado, con altísimos niveles salariales y desproporcionadas pensiones en las cúpulas.

La advertencia del precipicio al que se dirige el país está reiterada. Que los que guarden silencio, por miedo o conveniencia, después no aleguen ignorancia. Lo lamentable es que luego querrán cobrarle el costo del desastre a la mayoría que trabaja y chiripea para sobrevivir.

 

Celebremos el pacto por la educación

Por Juan Bolívar Díaz

Hay múltiples razones para que celebremos la firma esta semana del Pacto Nacional por la Educación de Calidad, con la firme decisión de velar para que sea cumplido en todas sus dimensiones, no sólo por el actual gobierno, que lo ha promovido y se siente compromisario del mismo, sino por los que vengan después, porque es obvio que los objetivos son de mediano y largo plazo.

La sociedad dominicana, y especialmente sus organizaciones sociales, deben celebrar este pacto como una gran conquista e imperio de la razón tras una ardua lucha desde que en 1997 la Ley General de Educación declaró esa materia como prioridad nacional número uno y dispuso que se destinara a la misma por lo menos el 4 por ciento del producto interno bruto.

Muchos años antes había comenzado el esfuerzo por convencer a nuestro liderazgo político y gubernamental de que la educación de calidad es el fundamento del desarrollo, no las obras materiales a las que con tanta devoción se dedicaron, impulsados por un equívoco criterio sobre la modernidad que levanta palacios y obras de relumbrón para satisfacer la vanidad. Grandes constructores ha tenido este país desde Nicolás de Ovando, pero seguimos entre los 10 más pobres de los 35 del continente.

Se puede decir que el Pacto por la Educación de Calidad es la mayor y más significativa victoria de la sociedad civil dominicana, que debe reivindicarla, no para impugnar a los políticos, sino para alentar el protagonismo social en muchas otras tareas que tiene pendiente esta sociedad, como la prioridad en las inversiones, la lucha contra la corrupción y una reforma política que permita el rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

La gran concertación social que implicó la Coalición por la Educación Digna que promovió la lucha por el 4 por ciento del PIB para la educación, es un ejemplo de lo que se puede lograr con la movilización popular, con creatividad, con actitudes inclusivas, sin radicalismos que espantan o inhiben.

Hay que celebrar el pacto y darle crédito al presidente Danilo Medina, quien desde su asunción al poder ha cumplido el compromiso que hizo en la campaña electoral de atender el sentido y prolongado reclamo social, disponiendo la inversión necesaria para crear las condiciones propicias para un salto cualitativo en la educación pública, a partir de los tres años de edad.

El discurso del Presidente en la firma del pacto no deja la menor duda de que lo concibe como “la hoja de ruta de nuestra Revolución Educativa”, que ha de ser su principal realización en este período de Gobierno, sin dejar resquicio para los retrocesos que hemos vivido tras múltiples reformas institucionales fruto del consenso socio-político de los años noventa y comienzo de este siglo.

Se celebra también porque el establecimiento de este pacto es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y porque debe servir de inspiración para emprender el cumplimiento de los otros pactos contemplados en ese instrumento convertido en ley hace dos años y que a su vez fue fruto de un largo proceso de consensos sociales y políticos. No podemos olvidar que están pendientes de materializar los pactos Fiscal y por la Electricidad.

No podemos dejar de lamentar que la concertación del pacto no abarcara cuestiones tan fundamentales como el sistema de remuneración y de evaluación del profesorado, elementos fundamentales de cualquier revolución educativa. Las dificultades en estas materias deben ser superadas cuanto antes. Mientras tanto hay motivos para la celebración.

 

La Estrategia Nacional de Desarrollo

Por Juan Bolívar Díaz
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Si no fuéramos un conglomerado social tan apasionado y sectorizado y creyéramos un poco en el valor de los pactos y las normas que nos damos, todos deberíamos estar celebrando que esta semana el Gobierno promulgó la ley que establece una Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, en la culminación de un proceso de consultas y concertación de varios años y de un reclamo de décadas.

Se dilató tanto que llegó con dos años de retraso en relación a la fecha para la que fue concebida la estrategia, pero debemos celebrar su promulgación, con la firme esperanza de que este será un instrumento fundamental del desarrollo nacional en las próximas dos décadas, independientemente de quien rija los destinos del país.  Hay que reconocer el esfuerzo realizado para su materialización por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Consejo Económico y Social y varias instancias de la sociedad civil. La formulación de esa estrategia quedó ratificada en la Constitución promulgada hace dos años.

De lo que se trata es  de pautar los ejes fundamentales en que habría de descansar el desarrollo nacional, con las correspondientes prioridades en la inversión, especialmente en los ámbitos de los servicios básicos, como educación, salud y energía, en la promoción de la competitividad y las exportaciones y en una reforma fiscal integral que no solo garantice mayores recursos para superar la pobreza, sino que implique un límite al despilfarro en el que el índice de competitividad del Foro Económico Mundial nos ha proclamado campeones mundiales entre 142 naciones.

La puesta en vigor de la estrategia implica superar la tradición gubernamental dominicana de concentrar la atención y la inversión en proyectos improvisados, muchas veces sin siquiera estudios de factibilidad y rendimiento, atendiendo al interés político coyuntural y a los delirios de grandeza que ha afectado a casi todos los que han regido los destinos nacionales.

Y no es que nos hayan faltado estrategias ni planes de desarrollo. Desde mitad de los años sesenta acumulamos una inmensa biblioteca de planes nacionales de desarrollo, de estudios y consensos, frutos de seminarios, congresos y consultorías nacionales e internacionales a veces muy costosas, pero los que llegan al poder sacan su propia agenda y se olvidan de lo que ellos mismos creyeron conveniente ofertar en sus programas y discursos electorales.

Es por esa razón que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha certificado que aunque somos el país de más crecimiento económico en más de medio siglo,  al mismo tiempo lideramos a los que más han desaprovechado las oportunidades para traducir ese crecimiento en desarrollo humano integral.

En este mismo Gobierno se han sazonado múltiples consultorías y proyectos que se proclaman con algarabía y fanfarria protocolar y se editan de forma lujosa simplemente para adornar bibliotecas. Ahí está, por ejemplo, el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, contratado y pagado por el presidente Leonel Fernández, publicado en noviembre del 2010 y proclamado luego, como la Estrategia Nacional,  en un acto solemne en el Palacio Nacional.  Ese informe bajo la dirección del reputado economista francés Jacques Attalí contiene siete amplias iniciativas “para el éxito de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, con 70 propuestas específicas, sin que hayamos podido ponderar la materialización siquiera de aquellas que se podrían adoptar por simple decreto presidencial. Vale recordar que la primera iniciativa quedó bajo el sugerente título de “devolver la confianza en las instituciones y restaurar el contrato social”.

Esta sociedad está urgida de un nuevo aliento, de un firme impulso al cumplimiento de las normas y pactos. La promulgación de esta Estrategia Nacional de Desarrollo representa una nueva oportunidad para tomar el camino correcto, el de la racionalidad y las prioridades, del ahorro y la austeridad en todos los frentes comenzando por el gubernamental. Alguna vez hemos de convencernos de que estamos obligados a garantizarnos la sustentabilidad económico-social, institucional y política.

 

Retos para Leonel en este último año

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

Créditos al presidente Fernández

Por Juan Bolívar Díaz
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El programa de ahorro energético, promoción de energías alternativas  y austeridad anunciado esta semana por el presidente Leonel Fernández es, en sentido general,  positivo y contentivo de aspectos fundamentales, aunque en su mayor parte sea repetición de propuestas anteriores que no pasaron del discurso o apenas fueron intentadas.

Como el gobierno pasa por una crisis de credibilidad es natural que muchos pongan en dudas el programa anunciado. Ya el informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la nación encabezada por el reputado economista francés Jacques Attalí por encargo del propio presidente Fernández, diagnosticó como primer desafío del gobierno el devolver la confianza de la población en las instituciones.

El informe se refiere al proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo, recién enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y por lo cual hay que dar créditos, sosteniendo que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana” y que “debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo, duradero y ambicioso”.

Es evidente que en el programa anunciado el jueves por el primer mandatario hay dosis de populismo y demagogia, cuando son de dominio público las dificultades por las que atraviesa el gobierno para cumplir las reducciones de déficits fiscal y subsidio energético contempladas en el acuerdo con  el Fondo Monetario Internacional. Incluso la reducción del gasto público en 12 por ciento podría ser mayor, ya que en el 2007, en situación similar, se estableció en 20 por ciento.

Pero ninguna de las críticas válidas debe impedir una ponderación positiva de muchas otras ni restarle apoyo, por ejemplo al programa de incentivo agropecuario y al esfuerzo por ofrecer alimentos a precios más bajos a la población más necesitada. Tampoco a las medidas encaminadas a la reducción del consumo de combustibles público y privado.

Es lamentable que una propuesta como la circulación interdiaria de los vehículos del transporte público y la congelación de su número sea rechazada sin ninguna ponderación. Esa disposición se ha implementado en otros tiempos y dado el excesivo número de carros y minibuses que circulan con escasos pasajeros, pudiera representar un gran ahorro de energía y depreciación de los mismos. Por efecto indirecto reduciría los tapones en la circulación lo que se traduce en mayor ahorro de combustibles. En los días que trabajen sus operarios podrían producir el doble y disponer de los días libres para nuevas iniciativas productivas.

Varias decisiones de las últimas semanas parecen indicar alguna disposición a rectificar el camino que ha seguido el gobierno, como la sustitución de numerosos altos funcionarios, lo que revierte la creencia de que los cargos son patrimonio político  personal. Mejor aún por la destitución de por lo menos uno, el director del Fondo de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, apenas horas después de ser evidenciado como malversador de los recursos puestos a su cargo.

También habría que incluir entre los aspectos positivos el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que merece una profunda, seria y hasta atrevida  ponderación, por parte de los legisladores y de toda la opinión pública.

Hay que dar créditos al presidente Leonel Fernández con la esperanza de que produzca una mayor renovación de su gobierno en el último tramo de su período y para que enfrente con éxito los desafíos económicos nacionales e internacionales.

 

Una agenda para el presidente LF

Por Juan Bolívar Díaz
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Al comparecer este domingo ante el Congreso Nacional, el presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para despejar las incertidumbres políticas que ha generado el proyecto continuista que impulsan sus más devotos seguidores y concentrarse en el afianzamiento de la institucionalidad democrática.

El impulso a la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ponderada integración de los nuevos órganos derivados de la nueva Constitución, la reforma política  y el restablecimiento del equilibrio fiscal forman parte de la agenda pendiente que le permitirían culminar con éxito su tercer período de gobierno.

La agenda pendiente.   Al entrar en la recta final del actual período gubernamental el presidente Fernández tiene una importante agenda pendiente que reclama su atención, buscar consensos y legitimar acciones trascendentales derivadas de la Constitución que promulgó el año pasado.

El proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo que el mandatario introducirá al Congreso requiere un adecuado clima político  para su aprobación consensuada si se  le quiere convertir en un instrumento fundamental para pautar el desarrollo sostenible y la fortaleza institucional de la nación en los años por venir. El proyecto ha sido prioridad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en los últimos dos años.

Hace un año el Presidente anunció que lo introduciría al Congreso en agosto de 2010,  luego se dijo que sería este 27 de febrero, aunque todavía en los últimos días era objeto de intensas jornadas de trabajo en el Consejo Económico y Social, donde representantes de diversos sectores sociales buscaban consensuarlo.

En la agenda gubernamental está todavía la adecuación de numerosas leyes al nuevo marco constitucional, en especial la ley orgánica del trascendente Tribunal Constitucional y la posterior elección de sus integrantes, así como los del Tribunal Superior Electoral y la evaluación y renovación de la Suprema Corte de Justicia.

En su comparecencia del año pasado ante el Congreso el doctor Fernández se comprometió también a hacer realidad una ley de partidos políticos y otra de participación popular y nuevas legislaciones sobre libertad de expresión y medios de comunicación, de radio, televisión e Internet, así como reformas a la ley electoral, la de municipios, de la cámara de cuentas, del defensor del pueblo y de los recursos de amparo. También anunció proyectos de reformas a las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aún pendientes al igual que una ley para regular las consultas y el referendo instituidos en la nueva Constitución.

La renovación judicial.  La aprobación definitiva de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la designación de sus miembros, como los del nuevo Tribunal Superior Electoral y la renovación de la Suprema Corte de Justicia son piezas relevantes de la agenda del presidente Fernández  y que reclaman mucha atención.

La evaluación de los miembros de la Suprema Corte y la sustitución de siete que ya pasan de la edad límite de 75 años, así como la elección de los miembros de los dos nuevos tribunales es una tarea particularmente trascendente que concita atención pública y exige ponderación y consenso más allá del partido gobernante.

En sectores sociales se ha incubado la preocupación de que estos órganos sean instrumentados por el amplio control que tiene  el Presidente de la nación sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos recuerdan y proponen la repetición de la experiencia de concertación y participación democrática que conllevó la elección de los actuales integrantes de la Suprema Corte en 1997, cuando se permitió a la sociedad civil presentar candidatos y la elección fue transmitida por televisión.

Esa participación se dio precisamente en la primera presidencia del doctor Fernández, quien estrenó el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero entonces el mandatario no disponía siquiera de otro voto en el organismo, a diferencia de ahora cuando cuenta con cinco de ocho integrantes. Ahora es el real desafío a su vocación democrática.

Todavía el primer escollo a vencer es lograr la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, bloqueada por la persistencia en ignorar el límite de 75 años para ser escogido juez del organismo, sugerido en la Constitución y que figuró originalmente en el propio proyecto del Poder Ejecutivo.

Esas tareas, la ley de partidos y las reformas electorales suponen una magnífica oportunidad para el doctor Fernández de afianzar su imagen democrática y su coherencia con los compromisos contraídos.  Lo mismo puede decirse del cumplimiento de las Iniciativas Participativas Anticorrupción pactadas con los organismos internacionales y organizaciones sociales y puestas a prueba en este “Año de la Transparencia y la institucionalidad”.

Ajuste fiscal y FMI.  Otro asunto importante en la agenda del presidente Fernández es lograr un reajuste fiscal que mantenga la estabilidad macroeconómica, que es su mayor prenda de gobierno, y que salve el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual está a la espera de una nueva carta de intención, referida al ajuste fiscal.

Ya se ha dicho que el sector eléctrico demandará nuevamente  como subsidio el doble de los US$350 millones asignados para este año y el aumento del precio del petróleo complicará aún más las perspectivas de que el país pueda salir del desequilibrio fiscal de los tres años anteriores.

El comienzo de 2011 no ha sido promisorio para el Gobierno en materia fiscal y los reclamos de los acreedores no han podido ser atendidos, mientras hasta los altos funcionarios reconocen que no hay condiciones para una elevación de las cargas fiscales en tanto las instituciones sociales demandan pequeñas y medianas inversiones a nivel nacional. Sólo un eficiente programa  de austeridad podría ayudar a mantener la estabilidad macroeconómica, para lo que no se le reconoce vocación al gobierno del presidente Fernández.

En el empresariado se expresan preocupaciones de que la política desestabilice nuevamente las finanzas públicas como ha ocurrido en los últimos tres años, razón por la  cual consideran fundamental el mantenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El gran desafío.  Para concentrarse en atender tan amplia agenda es urgente que el Presidente despeje las dudas que genera la campaña continuista, lo que le permitirá recuperar la compactación de su partido y la confianza de sectores conservadores que, como el empresariado y las iglesias, no le han sido contradictores.

Lo primero es que el Presidente se convenza  que cada día que pasa luce más difícil encontrar una escalera que le permita pasar por encima del artículo 124 de la Constitución sin una ruptura de la institucionalidad democrática, incluso dentro de su propio partido, donde ya hay cinco precandidatos invirtiendo tiempo y recursos en la búsqueda de la candidatura presidencial, uno de los cuales, Danilo Medina, no tiene aparentemente camino de regreso.

Así  como ahora luce casi imposible su repostulación,  Fernández tendría todas las posibilidades de volver dentro de  cuatro años, especialmente si concluye su gobierno fortaleciendo la institucionalidad democrática, promoviendo la Estrategia Nacional de Desarrollo  y reafirmando la unidad de su partido en el que seguiría siendo líder aún cuando un compañero alcance la presidencia, ya que éste tampoco podría reelegirse.

En ese marco el actual mandatario mantendría un fuerte liderazgo nacional y el reconocimiento internacional que perdería si intenta saltarse la valla constitucional. Quedaría con suficiente influjo en los órganos de poder en medida directamente proporcional a la transparencia y amplitud democrática que auspicie en la reestructuración de la Suprema Corte y la elección de los titulares del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Por lo contrario el intento continuista crearía una crisis institucional y política con repercusiones internacionales, confrontaciones y pérdida de confianza  que le harían muy difícil superar las limitaciones fiscales  y la gobernabilidad y podrían conducirlo a un fracaso que sería como un suicidio político. Todo luce tan claro que sólo la adicción del poder, el aventurerismo  y la rapacidad de los cortesanos puede confundir a un líder del talento político que ha demostrado Leonel Fernández Reyna.

 

Un duro desafío para el Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El informe presentado al presidente Leonel Fernández por una Comisión Internacional encabezada por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí no pudo resultar más sorprendente al avalar las principales críticas y demandas que se formulan al Gobierno.

Las siete iniciativas, con 77 propuestas específicas, que constituyen el informe, ponen a prueba la voluntad política del presidente Fernández y su Gobierno para levantar las bases de sostenimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se viene diseñando desde el 2008.

Tremenda sorpresa.  Para quienes analizan el decurso del país resultó una sorpresa el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana presentado el martes 23 al presidente Leonel Fernández por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí, quien la presidió, porque avala gran parte de las críticas y demandas que se vienen formulando a la gestión del Estado.

Las 77 propuestas específicas, agrupadas en 7 amplias iniciativas y sus respectivas consideraciones, no hacen concesiones a las políticas estatales en un  documento encuadernado en 116 páginas que constituyen un fuerte desafío a la capacidad rectificatoria del gobierno del presidente Fernández.

La declaración escrita entregada a los reporteros que cubren el Palacio Nacional no recoge ni remotamente la contundencia del documento. Esta vez no puede haber chivo expiatorio ni podrán descalificar el informe como se intentó con el de “Política Social: Capacidades y Derechos” publicado a mediados de año por la Oficina Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también como parte de las consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta comisión fue integrada por iniciativa del propio presidente Fernández, quien solicitó a Attalí que la presidiera. La nota informativa entregada a los periodistas resalta la calidad y capacidad del economista, miembro honorario del Consejo de Estado de Francia, asesor especial del presidente Mitterrand entre 1981 y 1991, fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y reputado por la revista Foreign Policy entre los primeros 100 intelectuales del mundo.

Los otros 6 integrantes internacionales de la comisión son economistas y expertos en desarrollo: Arnould Cyrille, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stubbe y Ian Whitman.  Como contrapartida nacional tuvieron al economista Carlos Asilis, al empresario José Luis Corripio, el jurista Eduardo Jorge Prats, el sindicalista Pepe Abreu y la dirigente social Rosa Rita Alvarez. Un equipo técnico entrevistó a un centenar de personalidades dominicanas de diversos ámbitos.

Coincide con el PNUD.  El diagnóstico de la situación económica y social del país, presentado en la primera parte del documento coincide en líneas generales con los informes sobre desarrollo humano ofrecidos desde el 2005  por el PNUD, que resaltan el crecimiento económico dominicano del último medio siglo, pero con escasa redistribución social.

Se diagnostica una economía abierta pero vulnerable, desigualdades, desempleo  y pobreza persistentes, un sector informal preponderante, inseguridad y tráfico de drogas, impunidad, pérdida de confianza en las instituciones, clientelismo, un sector privado frágil con estructura económica poco productiva y una “cultura del no pago”.

En la segunda parte, el informe de la Comisión Attalí contiene 7 líneas de acción encaminadas a “favorecer y acelerar la ejecución de las medidas de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, que fue la encomienda del presidente  Fernández.

La primera línea “devolver la confianza en las instituciones” es señalada  como “absolutamente prioritario”. Sostiene que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana; debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo. Duradero y ambicioso”, siendo la base de las otras seis líneas.

Las líneas de acción 2, que identifican cómo suministrar servicios públicos de calidad; la 3, formar las generaciones futuras, y la 4, que es preparar el país para la competitividad internacional, deben iniciarse a partir del 2011 y tener resultados concretos entre el 2012 y 2014. Se busca restaurar un contrato social y liberar las energías colectivas creadoras. La línea 5, a implementarse tras las elecciones del 2012, busca los medios para financiar las reformas y los recursos fiscales para las otras dos.

Llama la atención que no ven posible elevar la presión fiscal, que la estima entre 13 y 15 por ciento del PIB, sin previamente cumplir las propuestas específicas que constituyen las cuatro primeras iniciativas. El incremento impositivo “requiere restablecer una relación de confianza entre la administración fiscal y los contribuyentes. ParA ello el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos”.

Se fueron al fondo.  Los comisionados del presidente Fernández se fueron hasta el fondo interpretando los persistentes reclamos de la sociedad dominicana como los de priorizar la inversión en educación y salud, reducir el dispendio y la malversación y profesionalizar la administración pública.

Señala que el estado casi se ha desvinculado de la educación y más de dos tercios de su costo lo cubren los mismos ciudadanos. Plantean la necesidad de destinar un mínimo del 4 por ciento del PIB a la educación primaria y secundaria y otro 1 por ciento a la superior.

La reforma de la Cámara de Cuentas, para hacerla más independiente y eficaz en su misión de control, la transparencia en la contratación pública y en el financiamiento de los partidos, una gestión presupuestal por resultados y eliminar prácticas como “el barrilito de los senadores” forman parte de las propuestas específicas. Igual limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros y las delegaciones diplomáticas, así como de comisiones infuncionales y refundir organismos múltiples con objetivos similares. Cuantifican los subsecretarios o viceministros en 320 y postulan que no deben ser más de cinco por ministerio, aunque algunos tienen más de 30. Señalan que la misión dominicana ante la ONU tiene 47 miembros, más que Brasil.

Otra demanda fundamental que recogen es la de imponer la realización de estudios de impacto económico social para las obras de infraestructura y fijar por ley sus prioridades. Las propuestas incluyen “luchar contra las violencias provocadas por las fuerzas del orden”, que se supone sean las ejecuciones policiales. Postulan  también combatir la sensación de impunidad reforzando el sistema judicial y desarrollar un plan de comunicación internacional para cambiar la imagen del país.

Las propuestas de la comisión que encabezó Jacques Attalí deben producir un sacudimiento en los ámbitos políticos del Gobierno y un convencimiento de que hay razones para el crecimiento de la insatisfacción, que no es asunto de simple percepción y que la sociedad quiere un cambio de modelo, no sólo económico, sino también político.

El desafío es particularmente relevante para el propio presidente Leonel Fernández, quien invirtió recursos en la contratación de una comisión internacional de altísimo nivel. Aunque a menos de dos años para finalizar un tercer período de Gobierno le resultará difícil producir cambios fundamentales que se han reclamado firmemente incluyendo a gestiones gubernamentales anteriores.-