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El genocidio civil no podrá sostenerse
Los informes disponibles permiten afirmar que el gobierno del presidente Danilo Medina y el liderazgo de su partido, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, juegan al paso del tiempo con la esperanza de que baje la marea nacional e internacional que rechaza el genocidio civil decretado por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo lo ocurrido en el período navideño y las perspectivas internacionales lo que auguran es un mayor daño a la imagen del país, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares a corto plazo y luego una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin tregua navideña. En los ámbitos gubernamentales hubo la esperanza de que el período navideño bajaría la marea de rechazo nacional e internacional de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que avala el genocidio civil que de forma administrativa venía ejecutando la Junta Central Electoral (JCE) desde el 2007. Se llegó a pedir que se pasara ya la página del conflicto para que la sociedad se aboque a otros problemas, pero no hubo tregua navideña y las perspectivas apuntan a un incremento del rechazo.
Ya en vísperas de Navidad el Gobierno se vio precisado a reanudar las conversaciones con Haití, bajo la presión de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom) y de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, llegó a decir que “somos hermanos incondicionales del pueblo de Haití, y quien se mete con el pueblo de Haití, se metió con el pueblo venezolano”. El cerco caribeño parece haber incluido a Cuba, cuando el presidente Raúl Castro en discurso del primero de enero, quiso “reiterar al hermano pueblo haitiano y a su gobierno, que los cubanos jamás los abandonaremos y que siempre podrán contar con nuestra modesta colaboración”.
El gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por las implicaciones humanas de la sentencia, instando al dominicano a proseguir conversaciones internacionales y con la sociedad civil para abordar el problema con prontitud, mientras prometía continuar el diálogo que ya había iniciado.
El cardenal arzobispo de Boston, y miembro del Consejo de ocho asesores designados por el Papa Francisco para que le ayuden a gobernar la Iglesia y reformar la Curia Romana, se inscribió en la oleada navideña de rechazo a la sentencia y reclamó al Gobierno dominicano que preserve los derechos de los afectados. Mientras diarios como The New York Times y Boston Globe, publicaban nuevos reportajes sobre el conflicto.
Alarma creciente. En los ámbitos internacionales es creciente la alarma producida por el genocidio civil que ya afecta a miles de personas. Se da por hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordará la situación en una reunión que tiene convocada para finales de enero en Ginebra. Lo mismo haría una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a sesionar en los mismos días en La Habana.
Cuatro días en Washington fueron suficientes para comprobar el alto nivel de rechazo que tiene la desnacionalización de los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929. En los ambientes de la Organización de Estados Americanos se le considera la más grave violación de derechos humanos en la historia de la organización. Se atribuye a su secretario general José Miguel Insulza haber dicho que la solución del conflicto es prioridad número uno para el 2014.
Dirigentes de la sede en Washington del Consejo Nacional de Iglesias (Evangélicas), del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, de la Fundación Robert Kennedy, y de American University, así como pastores anglicanos vinculados a la defensa de derechos humanos, nos contactaron interesados en conocer más a fondo la situación. Algunos se muestran dispuestos a participar en acciones contra el país, incluso de repercusiones económicas, lo que se les advirtió que podría ser contraproducente y dañino hasta para el empleo.
Dominicanos que trabajan en organismos internacionales, incluyendo diplomáticos, testimonian el amplio rechazo que recibe la sentencia. Algunos se quejan incluso de haber sido considerados racistas simplemente por ser dominicanos, sin que hayan defendido la exclusión.
De la Comisión a la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país a principio de diciembre y rindió un informe preliminar de radical rechazo al genocidio civil, trabajará ahora en la elaboración de su informe final. Tiene previsto sesionar en marzo para recibir reacciones del gobierno dominicano y de cualquier interesado. Luego lo remitiría al Consejo Permanente de la OEA.
No se descarta que en el ínterin pueda solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para cautelar los derechos de miles de afectados. En su visita al país la Comisión recibió casi 4 mil denuncias, pero desde hace más de dos años es depositaria de instancias elevadas por unos 48 de los primeros afectados por la medida administrativa de la JCE.
De lo que no hay dudas es que si el Estado dominicano no revierte la apatridia en que la sentencia deja a decenas de miles de personas, como recomendó la Comisión Interamericana, la Corte será apoderada del caso y allí no habrá compasión con el despojo retroactivo de la nacionalidad, dada la jurisprudencia que estableció con su sentencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico, nacidas en el país.
Hay quienes cuentan con la lentitud de los trámites de la Comisión y la Corte, pero como este caso afecta a miles de personas podría ser acelerado, lo que ya solicitaron abogados del Centro de Asistencia Jurídica Internacional (Cejil), durante la sesión de la Corte en México en octubre pasado, cuando conoció el caso de un grupo de deportados hacia Haití pendiente de fallo, y ahora afectados por la sentencia 168-13.
El juego de Leonel y Danilo. Tanto el presidente Medina como su antecesor Fernández están plenamente informados del cerco internacional que confronta la nación, y ambos han coincidido en reconocer la improcedencia del despojo retroactivo de la nacionalidad así como de la necesidad de encontrar una salida institucional al conflicto. La Comisión Interamericana no sólo lo puso por escrito, sino que sus titulares hablaron con Medina y “con la mayor franqueza” le dijeron que esa sentencia no será aceptada en ningún organismo internacional, porque vulnera derechos fundamentales universales.
El Gobierno luce atrapado cuando el ministro de Interior y Policía y su consultor jurídico proclaman que el conflicto de la sentencia no está en la agenda de la reanudación del diálogo con Haití programada para el martes 7, y que sólo tratarán de migración, regularización de extranjeros, medio ambiente y comercio, mientras para el canciller de Haití el tema número uno es la desnacionalización de los descendientes de haitianos. Se quiere ignorar la razón por la que Venezuela “auspicia” el diálogo, que ahora tendrá de observadores a Caricom, Unión Europea y otras instituciones.
En contradicción aparece también el expresidente Fernández, a quien el digital Acento le reprodujo una charla en American University, donde llega a proclamar que Juliana Deguis, por quien se pronunció la histórica sentencia, es dominicana, como muchos otros que “culturalmente están integrados a la nación dominicana”. En un artículo, el lunes 30 en el Listín Diario, Fernández vuelve a plantear la necesidad de “una solución, que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional, satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los Derechos Humanos”.
Se ilusiona con que eso sea posible con el Plan de Regularización de Inmigrantes, aunque termina pidiendo “soluciones inteligentes, pragmáticas y viables que nos permitan, al mismo tiempo, proteger nuestra soberanía nacional y rescatar nuestro prestigio internacional”, lo que es un reconocimiento del cerco externo.
Reos de ultranacionalistas
Los líderes del PLD lucen como reos de una minoría ultranacionalista aliada, que en las campaña electorales hace los peores papeles, a la que complacieron con la sentencia y ahora no encuentran forma de convencer de que renuncien al espacio que le regalaron y que le ha permitido aparecer liderando el Gobierno, el partido y la mayor parte de su amplio aparato mediático. Todos se comprometieron sin medir las consecuencias internacionales y ahora quieren pretender que hay una soberanía absoluta, por encima de los tratados que reconoce hasta la Constitución Nacional. Los nacionalistas han formulado advertencias chantajistas al gobierno y a Fernández.
El escenario de solución debería ser el nacional, como ha planteado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, no la negociación con Haití. Tampoco debe esperarse mayores daños al país. El camino más institucional de solución, sin desconocer la sentencia, es que el Estado pida una opinión consultiva a la Corte, última instancia en la materia, (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), evitando que le impongan medidas cautelares o un dictamen revocatorio.
Una alternativa sería una ley que interprete artículos constitucionales como el 18.2 que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los que la disfrutaban hasta el 2010; el 74.3 que otorga jurisdicción privilegiada a los pactos y convenciones sobre derechos humanos; el 74.4 que proclama el Principio de la favorabilidad en derechos humanos; y el 110 que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas, pero la justifica cuando implique beneficios. Lo han planteado expertos constitucionalistas. Danilo Medina y Leonel Fernández tienen capacidad para hacerlo, pero se desconoce si sus distancias les han permitido hablar sobre esta grave crisis.-
Increíble afrenta europea
Todo el que tenga un mínimo de conciencia sobre la dignidad de pueblos y naciones, y crea en los más elementales preceptos del derecho internacional debe rechazar con energía el atropello de que fuera víctima el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo que constituye una agresión a todo un país pobre que lucha por construir su propio destino y, por extensión, a todos sus vecinos y hermanos latinoamericanos.
No hay que ser devoto de Evo Morales ni de su Gobierno para rechazar que se obligara a aterrizar al avión en que viajaba el presidente boliviano, por la simple presunción de que en el mismo podría ir el agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, varado en el aeropuerto internacional de Moscú tras desertar de sus responsabilidades y denunciar una inmensa red norteamericana de espionaje.
Fue un evidente exceso de complacencia por cuanto no se trataba de un terrorista, genocida o criminal condenado por un tribunal o siquiera con una orden internacional de captura, sino de alguien que denunció un abuso transnacional del derecho universal a la confidencialidad de las comunicaciones, particularmente en el ámbito europeo, lo que debía ofender a quienes actuaron con tan asombrosa sumisión.
Llama la atención que si Estados Unidos tiene capacidad para espiar las comunicaciones electrónicas de 38 embajadas de países amigos y enemigos, incluyendo las delegaciones y edificios de la Unión Europea, y millones de comunicaciones telefónicas y de Internet de todo el mundo, incluyendo a aliados como Alemania, no haya podido establecer vigilancia en el aeropuerto moscovita para saber con certeza si Snowden aborda un avión tan importante como el del presidente de una nación.
No se puede justificar que un Estado cualquier se arrogue el derecho de interceptar las comunicaciones del resto del mundo, en violación de sus propias normas constitucionales y del derecho internacional, mucho menos que trate como delincuente al mandatario de otra nación que no le ha declarado la guerra ni le ha agredido.
Se puede entender que Estados Unidos quiera sancionar al desertor, pero no agregando otra ignominia internacional a la que motivaron la deserción del agente. Pero lo más insólito, e inconcebible es que países como Portugal, Italia y sobre todo Francia, que debían estar ofendidos por el desenfrenado espionaje norteamericano, se prestaran tan dócilmente a colaborar con el intruso, sin el menor fundamento ni derecho, entorpeciendo el viaje de un presidente legítimo, negándole el paso por su espacio aéreo y obligándolo a un aterrizaje de emergencia.
¡Oh Europa! Que pobre demostración de dignidad, atropellando las normativas de la Convención de Viena que protege los derechos de los presidentes a sobrevolar territorios, siguiendo las pautas de la aviación internacional. ¡Cuánto se extraña a estadistas de la categoría histórica de Charles de Gaulle, de George Pompidou, de Francois Mitterrand, Willy Brandt u Olof Palme!
Hay que celebrar la inmensa dignidad y el coraje con que el primer presidente indígena de América resistió los intentos de que le registraran el avión tras su forzoso aterrizaje en Viena, Austria, precisamente la capital del derecho internacional. Le sobró la integridad y el valor que le faltó a su colega Francois Hollande.
Y qué pena que Estados Unidos reproduzca actuaciones que pudieron explicarse en la guerra fría, cuando la Unión Soviética, China y sus aliados le disputaban la hegemonía. Pero que ahora resultan absolutamente prepotentes e insultantes y que degradan su liderazgo en la promoción de la democracia y el respeto a los derechos nacionales e internacionales.
Hay que celebrar que la Organización de Estados Americanos condenara esta semana el atropello al presidente boliviano y reclamara las correspondientes disculpas, con votación casi unánime, con las excepciones de Estados Unidos y Canadá, así como de Panamá que se separó del consenso latinoamericano y caribeño.
RD país de emigrantes más que de inmigrantes
Por Juan Bolívar Díaz
La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), publicada esta semana por el gobierno dominicano demuestra que se ha exagerado la inmigración haitiana, equivalente al 4.7 por ciento de la población, por lo que este es netamente un país de emigrantes, con más del 15 por ciento de los nacionales en el exterior.
Los resultados de esta rigurosa investigación deberán contribuir a establecer políticas inmigratorias eficientes y justas, incluyendo la regulación de los inmigrantes temporales y de los de ascendencia extranjera, especialmente de los haitianos sometidos a un régimen de ghetto o apartheid.
Base para política migratoria. En pleno Palacio Nacional y por boca del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se anunciaron los resultados de la ENI-2012, llamados a constituir una base importante para las políticas migratorias del país.
Allí estaban también representantes de la Unión Europea y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que auspiciaron la investigación, cuya muestra abarcó 63 mil viviendas y lugares visitados, con 20 mil 499 entrevistas completas entre el 31 de julio y el 30 de septiembre del 2011.
En la presentación, el director de la ONE, Pablo Tactuk, plantea que el estudio ha generado información, a través de la cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país.
La representante del UNFPA, Sonia Vásquez dice que sus resultados permitirán tomar decisiones que orienten las políticas públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo armónico al servicio del bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los habitantes de esta parte de la isla.
La encuesta revela estadísticas sobre las características y forma de vida de los inmigrantes, incluyendo condiciones de educación, salud, seguridad social, ubicación geográfica, documentación y empleo. Contrario a lo que se creía el 92.6 por ciento de los haitianos dice tener actas nacimiento, el 51.9 cédula de identidad y el 37.8 por ciento pasaportes emitidos en Haití.
De los datos se puede interpretar que la inmigración haitiana tiene alta movilidad. El 22.8 por ciento dijo haber venido dos o más veces, el 32.3 por ciento planea regresar a su nación. Un alto 82.7 por ciento llegó después del año 2000, con 38.6 entre el 2010 y 2012 cuando el flujo se elevó tras el terremoto que destruyó su país. El 35.7 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.9 en la construcción, 16.5 en el comercio y 10.4 por ciento en otros servicios. Los datos deberán contribuir a establecer limitaciones a nuevos inmigrantes y a la regularización de los ya internados.
Los domínico-haitianos. La encuesta permite una aproximación a los descendientes de haitianos en el país, 209 mil 912, que no llegan a la mitad de los domínico-americanos en Estados Unidos. Arroja una dimensión del ghetto o apartheid que está generando ya el despojo de las actas de nacimiento a millares de ellos y otras discriminaciones como la negativa a emitirles cédulas de identidad. Los datos muestran las condiciones de pobreza, de educación y vida en general de los descendientes de haitianos, mejor que los nacidos en Haití, pero peor que la de los demás descendientes de extranjeros.
Debe tenerse en cuenta que el 25.6 por ciento de los descendientes de haitianos tienen actas de nacimiento del país de sus padres, y 23.5 por ciento tienen cédula dominicana, lo que implica que unos serían unos 109 mil los nacidos en el país con problemas de identificación.
Los resultados de esta encuesta deberían provocar una mayor racionalidad del debate sobre el problema haitiano a partir de datos de origen técnico confiable y ejecutado por personal especializado, que desmitifican una serie de presunciones subjetivas, en particular una mayor aceptación de ese 2.1 por ciento de domínico-haitianos, un de las centenares de mezclas de nacionalidades aceptadas en el mundo. Para ellos tiene que haber políticas de inclusión, no de exclusión, puesto que se quedarán aquí para siempre y sus descendientes no pueden ser condenados al ostracismo en su propia tierra.
La cuantificación de los domínico-haitianos pone en situación más difícil la política de desnacionalización que ejecuta la Junta Central Electoral con efecto retroactivo, cuya denuncia se incrementa semana tras semana tanto en el país como en los ámbitos internacionales, y que según fuentes confiables podría generar restricciones de importaciones agrícolas en países de la Unión Europea.
Región de alta migración. La proporción de inmigrantes en la República Dominicana, 5.4 por ciento de la población nacional, y 7.9 por ciento si se incluyen sus descendientes en el país, está por encima del promedio mundial, que es de 3.1 por ciento, con 214 millones, y de la región latinoamericana y caribeña que es del 3.3 por ciento, según las cifras que maneja la representante del UNFPA.
La emigración dominicana es proporcionalmente de las más altas del mundo y del continente, sobrepasando el 15 por ciento de la población nacional, estimada en 9 millones 716 mil 940 personas. Sólo en Estados Unidos se han cuantificado sobre 900 mil, y más de un millón 400 mil incluyendo los descendientes, según el censo federal del 2010. En Puerto Rico se estimaron en 68 mil residentes legales, pero se cree que los ilegales podrían ser otros tantos, para unos 140 mil, aunque allí se exagera hasta 300 mil. En Europa hay más de 200 mil dominicanos, sólo en España se estiman en 160 mil.
Decenas de miles de dominicanos están regados por el mundo, incluyendo a naciones tan lejanas como Australia y Japón. En Venezuela se llegaron a censar 50 mil, y en algunas islas del Caribe, como las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y San Martin) los inmigrantes dominicanos alcanzan hasta el 12 por ciento de la población.
Haití tiene alrededor del 20 por ciento de su población, en el exterior, más de 2 millones, en primer lugar en Estados Unidos, más los 458 mil registrados ahora aquí y decenas de miles en Canadá y Francia. En los últimos años se están extendiendo a Brasil, Perú, Venezuela y otras naciones sudamericanas.
El Caribe, por su proximidad a Norte América, es de las regiones de más alta migración del mundo. Sólo en Estados la población de origen puertorriqueño, 4.6 millones de personas, supera la de la isla, 3.7 millones, y los cubanos 1.7 millones, según el censo federal del 2010. Los de origen mexicano, 31 millones, representan el 28 por ciento de la población residente en México.-
524 mil 632 inmigrantes
Los resultados arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) causaron sorpresa general por las cifras tan exageradas que se han manejado en los últimos años sobre la inmigración extranjera, de hasta un millón y medio de haitianos.
Los residentes extranjeros son 524 mil 632, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, nacieron en Haití. Los restantes 66 mil 399 proceden de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, China y otras naciones. 53.9 son jóvenes entre 20 y 34 años.
La segunda mayoría de inmigrantes es de nacidos en Estados Unidos, con 13 mil 514, de los cuales una parte deben ser descendientes de dominicanos. Los nacidos en España son 6 mil 720, siguiendo los 4 mil 416 de Puerto Rico, 4 mil 40 italianos, 3 mil 643 de China y 3 mil 599 franceses. De Venezuela, Cuba y Colombia han llegado 3 mil 434, 3 mil 145 y 2 mil 738 personas respectivamente.
Contando la población descendiente de extranjeros, nacida en el país, la encuesta totaliza 244 mil 151 personas, de los cuales 209 mil 912 son de origen haitiano y los restantes 34 mil 239 de otras nacionalidades.
Los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país totalizan 768 mil 783 personas, de los cuales los de origen haitiano son 668 mil 145, cifra que sigue muy por debajo de las cantidades que se manejan en el debate público sobre la inmigración proveniente del vecino país.
El incremento de la violencia
Es frecuente escuchar alarma de dominicanos y dominicanas por la horrorosa violencia homicida que sacude a México, sin darse cuenta que la tasa de homicidios de la República Dominicana es proporcionalmente muy superior, registrando un incremento sostenido en los últimos tres años.
La tasa de homicidios se mide por cada cien mil habitantes, la nuestra pasó de 24 en el 2009 a 25 en el 2010 y alcanzó 26 el año pasado. Mientras la de México se situaba en 18, a pesar de la terrible guerra contra el narcotráfico en las zonas fronterizas con Estados Unidos, especialmente en el norte y el golfo de México. La violencia mexicana se concentra en Ciudad Juárez, con tasa infernal de 147, Acapulco con 127, Torreón, Chichuahua y Durango. Pero cae abruptamente en gran parte de ese país de 110 millones de habitantes, incluyendo la mega capital, que concentra unos 22 millones de habitantes, donde la tasa de homicidios es de 10 por cien mil, cerca de la tercera parte de los que registra el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, donde se concentra una alta proporción de la criminalidad dominicana.
Sin que lo advirtamos suficientemente, estamos en el promedio de América Latina que es justamente 26 por cien mil, en el segmento medio. Por encima de nosotros están Honduras, que lidera el mundo, con tasa de 82, El Salvador con 66, Jamaica 60, Venezuela 49, Guatemala 41 y Colombia 33. Pero superamos con creces a casi todas las naciones de Sudamérica, algunas de las cuales, como Argentina y Uruguay, están por debajo de 5. Las cifras son del 2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha resaltado que en América Latina se produce el 40 por ciento de los homicidios mundiales, lo que se atribuye principalmente a las extremas desigualdades económico-sociales.
En nuestro caso es relevante que el incremento de la violencia haya sido tan alto duplicándose en lo que va del siglo, ya que en el 2000 se registró 13.09 por cien mil habitantes. A pesar de los programas que se han puesto en vigencia y de las promesas de las autoridades que múltiples veces han proclamado tolerancia cero con la delincuencia y el narcotráfico.
Llama la atención que durante los años 2006 y 2007 nuestra tasa de homicidios cayó en 3 y 4 puntos, cuando descendió a 23.56 y 22.07, en relación al 26.40 que había alcanzado en el 2005 y que ha sido hasta ahora la más elevada. Ese descenso se relaciona con la implementación del programa Barrio Seguro, y la caída con el hecho de que no se hizo la inversión requerida para darle continuidad ni profundizarlo.
La violencia sólo se mide en homicidios, porque si pudiéramos cuantificar los heridos y golpeados, los asaltos, atracos, violaciones físicas y de domicilios, encontraríamos razones más que suficientes para la alarma. A lo mejor serviría para convencer a nuestras autoridades sobre la necesidad de invertir en la seguridad, en la disminución del crimen, en la educación para la convivencia y la tolerancia. Esa inversión es mucho más necesaria por cuanto tenemos al turismo como la principal fuente de divisas y una de las mayores de empleo.
Una de las tareas que no hemos emprendido es la de una campaña sistemática por todos los medios de comunicación para rechazar la violencia e incentivar la convivencia. No sería tan costosa si el Estado la elabora y pide la colaboración de la radio y la televisión. Podría pagarse un precio módico por mensaje, para incentivar su multiplicación. Alcanzaría con la décima parte de la publicidad que hace el gobierno para promover sus obras.
No deberíamos esperar que pasemos a competir con la violencia centroamericana, catalogada hoy como la región más violenta del mundo.