Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
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La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.