RD:CRECIMIENTO ECONÓMICO excluyente durante 60 años

Por Juan Bolívar Díaz
10_01_2016 HOY_DOMINGO_100116_ El País13 A

Con un crecimiento económico del 7 por ciento en el 2015, certificado esta semana por el gobernador del Banco Central (BC), el país lideró el continente y alcanzó a India y China, pero fundado en un insostenible endeudamiento estatal, que acaparó gran proporción del ahorro nacional, en detrimento de los sectores productivos.

Son ya 60 años de crecimiento económico del país, concentrado y excluyente, con niveles salariales de absoluta pobreza, como reconoció el gobernador Héctor Valdez Albizu, y basado en la construcción estatal de alta rentabilidad política en una sociedad de bajos niveles educativos y de conciencia sobre derechos.

Calidad del crecimiento. Escrito antes del informe del BC, la página de los jueves del financista Alejandro Fernández, Argentarium, de esta semana, desmonta la calidad del crecimiento económico dominicano, al analizar cómo se distribuyó el ahorro nacional durante el 2015. Para preguntar “¿qué economía es la que tenemos, donde el crédito a los tres sectores productivos fundamentales de la economía solo recibe RD$4.3 mil millones del ahorro nacional en todo un año?”.

Fernández contrasta que para consumos, vehículos y viviendas el financiamiento nacional fuera 12 veces mayor, RD$50.9 mil millones, y para financiar las operaciones del Gobierno y del mismo BC se destinaron nada menos que RD$83.2 mil millones, para concluir en que el sector productivo apenas alcanzó el 5 por ciento del ahorro nacional, con el sector agropecuario cayendo en casi tres mil millones de pesos, profundizándose el desequilibrio en relación a los años anteriores. Que en el 2015 el financiamiento al Gobierno aumentó 90 por ciento, mientras el privado solo 12 por ciento, cuando agricultores e industriales fueron afectados por sequía y restricciones comerciales.

En otras palabras, que el crecimiento no está fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento, mismo que llevó ya la deuda del sector público no financiero a casi 24 mil millones de dólares, sin contabilizar la oculta, y a unos 35 mil millones de dólares la consolidada del Estado, incluyendo la del BC, que ronda los 10 mil millones de dólares. Ya Participación Ciudadana ha documentado que en el 2015 montó los 3,700 millones de dólares, y que para este año podría llegar a cinco mil millones.

Gran iniquidad salarial. Por segunda vez en menos de seis meses, el gobernador Valdez Albizu ha llamado la atención sobre la inequidad e iniquidad de los salarios en un país que registra tan alto crecimiento económico, lo que reactualiza la pregunta de para quién. Y esta vez fue más dramático al plantear que “la única forma de derramar el crecimiento es mejorando los salarios. Lo he planteado en más de 20 ocasiones, y me han mandado a callar la boca, de todos los lados”.

Las cuentas del BC revelan que los salarios mínimos nacionales no alcanzan, -ni siquiera en las grandes empresas- para cubrir el costo de la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad, es decir del más pobre, que se calcula en 13 mil 22 pesos. El mayor salario mínimo es de 12,873, pero el de las medianas empresas es de 8,850 y en las pequeñas 7,843. En el Gobierno el mínimo apenas llega a 5,117, para un promedio nacional del salario mínimo de 7,500 pesos. Representa solo el 58 por ciento del costo de la canasta básica inferior y el 27 por ciento del costo promedio de la canasta familiar nacional promedio.

Es relevante que dos de los sectores productivos mayores en ingresos de divisas y empleos, como el turístico y zonas francas, mantengan salarios mínimos de RD$8,040 y 7,220 pesos, lo que condena a largas jornadas laborales o doble empleo para que gran proporción de sus empleados puedan cubrir el costo de la canasta de los más pobres.

Pero no se crea que la inequidad afecta solo a los salarios mínimos, es que el 85 por ciento de los asalariados formales dominicanos no alcanzan a cubrir los 28,221 pesos del costo promedio de la canasta familiar, y más del 60 por ciento no se topan con lo necesario para pagar la canasta familiar del segundo quintil más bajo, calculada por el BC en 18 mil 128 pesos.
60 años de concentración

Fue en el 2005 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo documentó que la República Dominicana era uno de los países de más alto y sostenido crecimiento económico del mundo durante el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que “más ha desaprovechado el crecimiento para traducirlo en desarrollo humano”. Pues ha pasado otra década y van 60 años sin que las políticas públicas y la inversión empresarial hayan generado mayor equidad.

El crecimiento del PIB en RD durante la última década promedia entre sobre 5 por ciento, más 6 entre 2005 y 2007, para caer al 3 y 1 en 2008-09, repuntando al 8.3 en el 2010. Se redujo de nuevo a 2.8 y 2,6 en 2011-12 y repunta al 4.8, 7.3 y 7 por ciento en los últimos tres años. En el período las grandes economías del mundo han volado bajo. En el 2015 Estados unidos crece 2 por ciento y Alemania poco más del uno por ciento. Japón lucha por salir de la recesión lo mismo que el conjunto de la Unión Europea.

Responsabilidad política. Lo que agrava la iniquidad en el país es la miseria de las políticas sociales, que derraman boronas en subsidios que apenas alcanzan para estabilizar la pobreza, concentrando la inversión en edificaciones y vías públicas que benefician básicamente a los sectores altos y medios y son caldos de cultivo de la corrupción para el enriquecimiento rápido. Las deficiencias de la inversión en los servicios de salud, educación, energía, transporte, vivienda, agua potable, seguridad y salarios públicos son factores fundamentales de mantenimiento de la inequidad social.

Las carencias educativas de las mayorías, que incluyen la ignorancia sobre lo que son los derechos humanos y el desarrollo, han permitido que los gobernantes mantengan políticas de inversión faraónica, exhibibles a corto plazo, como forma de mantener el poder y adquirir aureola de grandes constructores. Por ello la nación sigue ocupando los más bajos escalones en las evaluaciones de la competitividad internacional de transparencia y pulcritud administrativa, así como en los índices de desarrollo humano.

Alcanza a India y China

El 7 por ciento del crecimiento económico del 2015 es el mayor del continente y de los más altos del mundo, al nivel de India y China, las economías de mayor auge en la última década, aunque en progresiva reducción, que el año pasado apenas alcanzaron esa cifra. Solo países de poco peso mundial sobrepasaron el 8 por ciento, como Papúa Nueva Guinea (líder con 19), Turkmenistán, Etiopía y Myanmar sobre el 8 por ciento.

Fue positivo que tal crecimiento dominicano se alcanzó con inflación menor del 3 por ciento y relativa estabilidad cambiaria, con elevación de las reservas líquidas de divisas reducción del déficit de cuenta corriente, gracias a una disminución de 1,300 millones de dólares fruto de la caída de los precios del petróleo.

Lo negativo es que ese nivel de crecimiento no fue determinado por los sectores productivos y generadoras de más empleo, como el manufacturero y el agropecuario, con 5 por ciento o menos, con caída del 13 por ciento en las exportaciones, sino básicamente por la inversión pública derivada de un financiamiento de unos 3 mil 700 millones de dólares que impulsaron la construcción en 18 por ciento, el comercio y la intermediación financiera en 9 y la enseñanza en 8.6 por ciento.

El informe presentado por Valdez Albizu no incluyó el crecimiento del endeudamiento público, ni el del Banco Central, al cual el Gobierno no entregó los intereses que dispone la ley de recapitalización de esa entidad, ni se refirió al déficit fiscal, que nuevamente sobrepasó los 80 mil millones de pesos, sin que se pueda precisar por los atrasos del Gobierno en pagar a los suplidores de energía, de bienes y servicios, a los contratistas de obras y hasta de la alimentación escolar.

2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2015 quedó marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la corrupción, la impunidad y la descomposición social.

El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento que hace temer insostenibilidad.

Llegó el rayo Quirino. Desde que alboreó el 2015 el objetivo fundamental del grupo político del presidente Medina era abrir las compuertas para la prolongación en el poder, contradiciendo los planteamientos del propio mandatario sobre lo devastadora que ha sido la reelección presidencial en la historia de un país cuyas instituciones nunca han fraguado plenamente.

El obstáculo principal era la ambición de retornar al poder del expresidente Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte no sólo en su partido, sino también en el país y en ámbitos internacionales. Había que frenar a cualquier costo al “León” apoyado por más de la mitad de los legisladores. Parecía casi imposible, a no ser que un rayo cayera sobre él y lo partiera políticamente, como se pudo leer en el Tema de Hoy del 11 de enero: JBD, “Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”.

El rayo fue Quirino Ernesto Castillo, recién salido de 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quien al comenzar febrero empezó a pregonar desde Nueva York que había financiado la campaña electoral de Leonel en el 2004 con cientos de millones de pesos y ofreció detalles y nombres de supuestos vinculados, mientras en el país cundió la percepción de que hablaba por cuenta de autoridades estadounidenses. Y desafiando a poderosos civiles y militares, se apersonó sorpresivamente al país el 28 de febrero para reclamar el dinero que decía haberle prestado a Leonel.

Otra vez venció el poder. Pocos dudan que sin el apoyo del poder gubernamental, Quirino no hubiese vuelto al país con esa pelea, y Leonel Fernández subestimó el caso bajo el alegato de no rebajarse a responderle a un convicto de narcotráfico que él había entregado a Estados Unidos, pero los relatos y detalles de Quirino por radio y televisión se impusieron al silencio de los periódicos y causó efectos devastadores sobre la imagen de Fernández, ya afectado por los sometimientos judiciales de sus muy cercanos: Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

En cuestión de semanas, el líder peledeísta, que desde los finales de su Gobierno en el 2012 venía acosado por grupos de la sociedad civil denunciantes de la corrupción, vio declinar su estrella, y aparecieron encuestas que dejaban al PLD en riesgo de perder las próximas elecciones si él volvía a postularse. Una de Penn /Shoen lo dio perdedor en segunda vuelta frente a un Luis Abinader que en abril dejaría atrás al expresidente Hipólito Mejía, con 70 a 29 por ciento en la elección primaria de su partido.

El pragmatismo y el amor al poder pudieron más que el liderazgo de Leonel y el 19 de abril, una semana antes del éxito de Abinader y su PRM, una gran mayoría del Comité Político del PLD, integrado por 35 miembros, tomó la decisión de disponer que sus legisladores modificaran la Constitución de la República para hacer posible la repostulación del presidente Medina.

La resolución puso al borde de la división al partido gobernante cuando la mayoría de sus legisladores en ambas cámaras resistieron públicamente la decisión, y sobre todo cuando el 25 de mayo Leonel dirigió por televisión un dramático discurso de confrontación, llamando a evitar otra dictadura. Cuarenta y ocho horas después había vencido el Estado, como dijo Danilo cuando lo aplastaron para imponer la repostulación de Leonel en el 2008.

Desata crisis institucional. Una vez más en la historia nacional, el afán constitucionalista corrompió a dirigentes políticos y doblegó al Congreso Nacional y al poder judicial, comenzando por el propio PLD, donde la cúpula dirigente se auto prolongó su mandato hasta el 2020 e impuso un pacto para salvar la unidad decretando una repostulación total no sólo del Presidente, sino también de los senadores, diputados y la mayoría de los alcaldes. Los estatutos del partido, la ley electoral y los principios Constitucionales quedaron relegados.

Para reformar la Constitución hubo que “conquistar” los bloques enteros de los diputados de los otros dos partidos que han dominado el sistema político en el último medio siglo, bajo alegados pactos políticos cuyos términos aún se desconocen, y tras seis meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano, que dispuso posibilitar la repostulación de Medina, termina pactando con el PRM para enfrentarla en las urnas.

Lo del PRD fue patético. El partido de mayor vigencia en la historia nacional, con 76 años, que en la última cita electoral alcanzó 47 por ciento de la votación luchando contra todo el Estado, se subordinó a su principal contrincante para un indefinido “gobierno de unidad”, cuyo avance ha sido una embajada en Roma y la dirección del insignificante Instituto de Cooperativas.

El procurador general Francisco Domínguez Brito se negó a escuchar testimonios de un grupo de legisladores que voceaban nombres de funcionarios que convirtieron el Congreso en un mercado, y ya más tarde renunciaría a proseguir con el expediente que sustentaba el procesamiento del senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, para honrar el pacto de repostulación total que éste había contribuido a armar, por encima de Leonel. La causa reeleccionista doblegaba no sólo a la mayoría de la Cámara Penal de la Suprema Corte, sino también al jefe del Ministerio Público.

Crecimiento con deuda. Como ha sido habitual en las últimas décadas, el país vuelve a tener un año de vigoroso crecimiento de su producto interno bruto, estimado por el Banco Central alrededor del 7 por ciento, muy por encima del regional, con relativa estabilidad de precios y cambiaria, así como reducción del déficit de la balanza de pagos por la impactante caída del precio del petróleo. La estabilidad económica es lo que salva al gobierno este año.

El crecimiento económico descansó en incremento del gasto público en construcciones, auge del turismo y las remesas en un período o que marcó dificultades en el comercio con Haití y un virtual estancamiento de las exportaciones.

Los analistas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, siguen reconociendo el crecimiento del PIB y estabilidad macroeconómica, aunque un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnostica un incremento de la desigualdad salarial, prevaleciendo la preocupación por los fuertes déficits fiscales y el galopante endeudamiento.

El balance del año de PC establece en 348 mil 761 millones de pesos (unos 7.7 mil millones de dólares) el financiamiento que precisó el Gobierno en los años 2014 y 15 para cubrir sus gastos y estima que para el 2016 necesitará otros 230 mil millones de pesos, que serían más de 5 mil millones de dólares a la tasa de cambio actual para concluir en que con un gasto tan excesivo se conduce el país aceleradamente hacia la insostenibilidad fiscal.

Se afianza la oposición al Gobierno del PLD

Por Juan Bolívar Díaz
tema

La ofensiva opositora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se afianzó esta semana con un documento en el que sustenta cuestionamientos a una de las esencias propagandísticas del Gobierno del presidente Danilo Medina, las “visitas sorpresa”, con un cumplimiento de apenas 11 por ciento de los compromisos contraídos para la región Sur.

El PRM encara el desafío de elegir gran proporción de sus candidaturas de forma democrática, como hizo con la presidencial, y seguir conformando su Convergencia en base a acuerdos programáticos, en contraposición al reparto antidemocrático y las pujas por ventajas individuales que caracterizan el amplio frente oficialista.

Gran desafío al Gobierno

La evaluación del resultado de las visitas sorpresa del presidente Medina a las diez provincias de la región Sur, presentada esta semana por el Frente Agropecuario del PRM constituye un desafío al Gobierno que ha explotado propagandísticamente al máximo ese programa desde su comienzo, por los datos en que está fundamentada y el pobre resultado registrado, con un cumplimiento de promesas de apenas 11 por ciento.

A partir de San Cristóbal y Peravia, y abarcando todas las provincias del Sur-Suroeste, el documento identifica cada visita presidencial, fecha, las comunidades y entidades beneficiarias, las instituciones oficiales responsabilizadas, los montos y objetivos comprometidos y luego indica el nivel de cumplimiento, que en 51 casos es cero, aunque en 38 alcanza el cien por ciento. La mayoría con ejecución parcial en proporciones que van del 1 al 98 por ciento. Llama la atención que en algunos casos se asegura que se hicieron erogaciones, pero los beneficiarios niegan haber recibido las partidas.

El resumen general establece que el presidente Medina se comprometió a apoyar pequeños proyectos de desarrollo agropecuario sureños con un total de 166 promesas, de las cuales apenas 18 han sido cumplidas, para un 10.84 por ciento.

 De 22,371 millones de pesos comprometidos, apenas se han erogado 3,030 millones, para un 13.55 por ciento, quedando pendientes 19,340 millones de pesos.

La investigación fue realizada del 1 al 15 de agosto. El agrónomo Leonardo Faña, director de la campaña del sector agropecuario del PRM, sostiene que el Gobierno instrumenta los órganos agropecuarios del Estado y que redujo el presupuesto al Ministerio de Agricultura de 11,500 millones en el 2013 a 8 mil millones de pesos en el 2015.

Sobre los combustibles

En las dos últimas semanas de agosto el PRM realizó ruedas de prensa para denunciar que el Gobierno no aplica los precios de paridad de los combustibles en el mercado local en relación al costo del petróleo en el mercado internacional, acusándolo de estar cobrando impuestos ilegales.

La Comisión Económica perremeísta sostuvo que el Gobierno sobrecargó los precios de los combustibles recaudando en exceso 1,084 millones de pesos entre el 22 y el 28 de agosto, y 892 millones de pesos para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre.

Presentó los cálculos de lo que deberían costar los diversos combustibles, en relación a los que predominaban en el 2008 con cotizaciones similares a las de ahora tanto del petróleo como de los productos refinados en el mercado internacional.

Encabezada por el economista Arturo Martínez Moya, quien fuera secretario de Industria y Comercio, en el último Gobierno de Balaguer y presidente de la Refinería de Petróleo en el de Hipólito Mejía, la Comisión Económica del PRM debe saber de lo que habla. Sostiene que mientras en Centroamérica las gasolinas cuestan 156 y 170 pesos el galón, en el país 184 y 202 pesos, lo que representa un 20 por ciento más cara. Resaltan las dificultades de competencia de las empresas dominicanas y reclaman precio justo en beneficio de empresarios, transportistas y usuarios.

Muchos dominicanos no entienden por qué la gasolina premium costaba 100 pesos el galón, según la resolución de la Secretaría de Industria del 27 de agosto del 2004, cuando el precio del petróleo de referencia para el país promedió 41.51 dólares el barril, y en agosto del 2015 se vendía a 202 pesos, con el petróleo alrededor de 45 dólares, como estaba el viernes. La tasa de cambio en agosto 2004 estaba en 39.54 pesos, y ahora en 45.20. Las diferencias alrededor del 10 por ciento, no justifican la duplicación del precio.

El tema del endeudamiento

El sostenido endeudamiento externo e interno es otro de los temas con que la oposición está enfrentando al Gobierno. Y ahí han entrado en escena economistas tan reconocidos como Miguel Ceara Hatton, quien dirige la Comisión de Políticas Públicas del PRM; Eduardo Tejera, y el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, y Jimmy García Saviñón, provenientes de la disensión del Partido Reformista. Caram sostiene que el endeudamiento del Gobierno es ya insostenible. García Saviñón escribió que Medina tomó prestados 5,342.9 millones de pesos en sus primeros 29 meses, a un ritmo de 184.24 millones de dólares mensuales y 6.14 por día.

La Comisión Económica del PRM sostuvo a finales de julio que “el pueblo ha pagado la enorme deuda pública acumulada por los gobiernos del PLD con seis reformas tributarias, recursos que en su mayor parte destinaron al financiamiento de gastos corrientes y campañas electorales”. Que aumentaron el endeudamiento público en 15 mil millones de dólares en los últimos diez años, con un incremento del 232 por ciento, de 6,822 millones en el 2005 a 22,635 millones de dólares en marzo pasado.

Cuando le suman las deudas del Banco Central, Banco Agrícola, Banco de la Vivienda, con los generadores eléctricos de casi mil millones de dólares, y mediante financiamiento a constructores gubernamentales, los perremeístas llevan el total de la deuda estatal a 36,672 millones de dólares, alrededor del 55 por ciento del producto bruto interno.

Si se divide esa suma entre 10 millones de dominicanos, significa que cada uno, incluso los más pobres, deben actualmente 3,667 dólares, es decir 165,391 pesos.

Respuesta del Gobierno

Hasta ahora la estrategia gubernamental parece ser ignorar las persistentes denuncias y demandas de la oposición, especialmente del PRM, con perspectivas de encabezar un frente electoral bipolarizador y que esta semana concurrió ante el Ministerio de Obras Públicas para reclamar, amparándose en la ley de libre acceso a la información, todo lo concerniente al escandaloso contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná, con costos de peaje desproporcionados y subsidio estatal, donde se denuncia corrupción.

La tendencia ha sido atribuir cada denuncia al simple interés de la campaña electoral, lo que no deja de ser cierto, pero resulta insuficiente cuando la ofensiva es sistemática y documentada.

 Se deja la respuesta al inmenso aparato comunicativo del Gobierno y a la propaganda, o se incentiva a terceros a responder, como ocurrió esta semana con un directivo de la Asociación de Distribuidores de Gas que salió a justificar los precios de los combustibles.

Para los estrategas del Gobierno, responder al PRM es importantizarlo, investirlo como interlocutor. El PLD ha navegado en los últimos años con una pobre oposición, desde que en el 2009 comenzaron las negociaciones que han subordinado el Partido Revolucionario Dominicano al interés gubernamental.

Con escandalosa influencia sobre los medios de comunicación y una alta proporción de los periodistas y comentaristas, la propaganda oficial es la mejor respuesta a los cuestionamientos.

Importante reto del PRM

Colocado en las encuestas y la percepción general como principal opción de oposición, el PRM enfrenta un escenario muy difícil, pues a pesar de sus documentadas denuncias, tiene poco espacio en los medios de comunicación. Por lo menos está demostrando que reúne profesionales y técnicos capaces de cuestionar las políticas gubernamentales y dirigentes políticos decididos a enfrentar al PLD.

El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ha tomado un discurso bien fundamentado, coherente con sus técnicos, pero se cree que le falta impactar más en la emocionalidad social. Su discurso de aceptación de la candidatura en junio, y las respuestas que ha dado a los planteamientos del presidente Danilo Medina, lo han proyectado en el debate. A mediados de agosto presentó los lineamientos básicos de su programa de Gobierno, sometiéndolos a consideración de la sociedad política y civil. Y se trata de un documento ponderado.

Abinader y el PRM avanzan cerrando acuerdos para fortalecer su Convergencia, hace dos semanas con Dominicanos por el Cambio que preside Eduardo Estrella, y este domingo con el Frente Amplio que postulaba a Fidel Santana, con el mérito de basarlos en planteamientos programáticos, evadiendo la discusión de simple reparto que caracteriza el proyecto reeleccionista del presidente Medina. Les falta pasar la prueba de la elección de las candidaturas provinciales y municipales. Se dicen conscientes de que si utilizan consultas y mecanismos democráticos, y renuevan la oferta, se anotarán importantes éxitos.

 

En el límite del endeudamiento

Por Juan Bolívar Díaz
endeudamiento

Tres expertos del Banco Mundial se han sumado al Fondo Monetario Internacional y a numerosos economistas y empresarios dominicanos que vienen advirtiendo que la pista del endeudamiento se le está acabando al Estado dominicano y que de no producirse una significativa desaceleración nos dirigimos al precipicio de una nueva crisis financiera con cargo a la pobreza de las mayorías.

HOY del viernes 15, página 1 y 13-B da cuenta de un estudio, publicado y distribuido por el Banco Mundial, donde tras señalar que la deuda estatal consolidada representa ya el 48 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que sólo la del sector público no financiero se duplicó entre el 2007 y 2014, pasando de un 18 al 36 por ciento del PIB, advierte sobre las consecuencias que implica para la sostenibilidad financiera.

“Es importante asegurarse de que la deuda pública permanece en una senda sostenible, dado que altos niveles de deuda podrían dañar las perspectivas de crecimiento, incrementar la volatilidad macroeconómica y, finalmente, provocr una crisis fiscal, que afectaría de manera negativa a los pobres”, sostienen los expertos Aleksandra Iwulska, Javier Eduardo Báez y Alan Fuchs.

Advertencias similares se encuentran en los últimos tres informes del FMI sobre la economía dominicana, al extremo de que en marzo pasado el jefe de misión del organismo, Przemek Gajdecka, consideró necesario informar que sus técnicos y los del gobierno dominicano “estudian estrategias sostenibles para manejar el incremento de la deuda”. Las recomendaciones están plasmadas en los últimos informes: equilibrar las finanzas, desacelerando el endeudamiento, ampliar la base impositiva, eliminar exenciones fiscales, reducir el subsidio a la electricidad y mejorar el gasto público.

Para escurrir el bulto y proseguir la carrera desenfrenada del endeudamiento el Gobierno dejó sin efecto su acuerdo con el FMI desde fines del 2011, y hace dos meses el organismo cerró su oficina en el país y retiró a su representante delegado, el economista mexicano Mario Dehesa.

El actual Gobierno recibió unas finanzas públicas comprometidas por los enormes déficits fiscales generados por el desparpajo del gasto, los sueños de prolongación política y los complejos de grandeza y tiene el mérito de algunas rectificaciones, pero ha proseguido la carrera del endeudamiento mientras el cuerpo aguante y con cargo al futuro.

Por el clientelismo y el reparto comprador de conciencias, el Gobierno ha evadido el ajuste del gasto público, y aunque materializó una reforma tributaria, sus ingresos apenas le alcanzan para invertir un 5 por ciento en gastos de capital. La Cámara de Cuentas certificó un crecimiento de la deuda pública del 28 por ciento sólo en el 2013. De acuerdo a los reportes de la Dirección General de Contabilidad y del Sistema de Información de Gestión Financiera, citados por el experto José Rijo Presbot, entre septiembre del 2012 y julio del 2014 el Gobierno recibió financiamiento por 351 mil 650 millones de pesos (más de 8 mil cien millones de dólares), de los que tuvo que destinar el 52 por ciento a pago de deuda exterior. Y sólo en la primera legislatura de este año (febrero-julio), el Congreso Nacional aprobó nuevos financiamientos por 202 mil 647 millones de pesos, unos 4 mil 700 millones de dólares.

Las perspectivas generan legítima preocupación, porque los políticos no quieren pagar el costo de equilibrar las finanzas, achicando el subsidio eléctrico, cobrando a los que roban energía, ni reducir las exenciones y el gasto, y se ha abusado tanto del recurso de la simple reforma tributaria, que cada vez será más difícil lograr mayores ingresos fiscales. El pacto fiscal de la Estrategia Nacional de Desarrollo parece una quimera, mientras haya que mantener decenas de miles de clientes cobrando del Estado, con altísimos niveles salariales y desproporcionadas pensiones en las cúpulas.

La advertencia del precipicio al que se dirige el país está reiterada. Que los que guarden silencio, por miedo o conveniencia, después no aleguen ignorancia. Lo lamentable es que luego querrán cobrarle el costo del desastre a la mayoría que trabaja y chiripea para sobrevivir.

 

Otro crédito para Danilo Medina

Por Juan Bolívar Díaz
CARRETERA

El presidente Danilo Medina se ha ganado otro reconocimiento con la decisión de desestimar el proyecto que había anunciado desde el año pasado de construir una nueva carretera entre Santiago y San Juan de la Maguana cuya realización conllevaba no solo un altísimo costo económico, sino también ecológico.

De acuerdo a lo informado por el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el Gobierno invertirá en el mejoramiento de la comunicación vial ya existente entre diversas comunidades en la dirección norte-sur, privilegiando la restauración de la vieja carretera que une el cruce de Ocoa con Piedra Blanca, lo que facilitaría la conexión de las dos regiones sin tener que pasar por Santo Domingo, San Cristóbal ni Baní, con la ventaja adicional de que beneficiará a importantes núcleos de productores agrícolas.

El ministro Castillo motivó la desestimación de la nueva carretera por su alto costo, unos 500 millones de dólares, como habían advertido expertos, tanto en público como en privado. Una inversión de esa magnitud iba a dejar el Gobierno con poca capacidad para atender infinidad de pequeñas y medianas obras de toda naturaleza reclamadas por las comunidades. Tampoco se justificaba un nuevo endeudamiento de esa magnitud para una obra que a juicio de muchos tardaría años en arrojar rentabilidad, a no ser la que obtendrían los propietarios de terrenos en la ruta, algunos de los cuales compraron tan pronto se habló del proyecto, según denunciara el año pasado la Sociedad Ecológica del Cibao.

Por otra parte, la decisión le ahorra una profunda herida a por lo menos dos parques nacionales de la cordillera Central, verdadera madre de gran parte de las corrientes fluviales que van quedando en el país, y que pondría en peligro la presa de Sabaneta, una de las grandes inversiones nacionales en materia fluvial.

Hay que celebrar que el presidente Medina haya tenido el valor de renunciar a una obra que él mismo consideraba como un gran legado, escuchando las advertencias, por lo menos las financieras, de quienes a lo largo de décadas se han opuesto a esa costosa agresión ecológica.

Falta que muchos asimilen la lección que conlleva esta rectificación y comprendan que este es un país pobre, 42 por ciento bajo la línea de la pobreza, de muy baja inversión social, donde la mitad de las viviendas aún no disponen de agua potable y una alta proporción vive muchas horas cada día sin energía eléctrica, con las ciudades sin alcantarillado sanitario, donde se reproducen fácilmente epidemias como la chikungunya por deficiencias tan elementales como la escasez de medicamentos en los hospitales.

Ya es tiempo que entendamos que hay que invertir mucho más en la gente, que es una iniquidad que el 90 por ciento de los pensionados reciban apenas 5,117 pesos mensuales y que el 69.7 por ciento de los empleados formales tengan ingresos menores a 19,290 pesos, cuando el umbral de la pobreza se fija en 21,493 pesos. Y que la tercera parte de los empleados del Estado todavía tienen salario de 5,117 pesos.

Nuestros niveles de educación y salud han sido cuestionados sistemáticamente en todas las evaluaciones internacionales, porque nuestros gobiernos priorizan la inversión en cemento que inauguran pomposamente, aunque sean un fracaso en retorno como el Metro de Santo Domingo que con dos líneas apenas mueve el 7 por ciento de los usuarios de transporte del Gran Santo Domingo. Ahí está el aeropuerto internacional de Barahona, inaugurado hace 20 años, donde apenas aterriza un avioncito dos o tres veces por semana. Y la fantasmal carretera Barahona-San Juan, o la Santo Domingo-Samaná donde pese a pagarse un peaje histórico de 900 pesos, hay que subsidiarla del Presupuesto Nacional.

Urge cambiar la cultura del cemento que llevó a distinguidos munícipes del Consejo Regional del Nordeste a pedir un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 30 minutos del internacional del Cibao, y a una hora del Catey de Samaná y del de Puerto Plata.

 

Una estabilidad insostenible

Por Juan Bolívar Díaz

En circunstancias diferentes, tres reconocidos economistas aportaron datos esta semana que resaltan los graves riesgos a que se aboca la nación dominicana con un modelo de desarrollo absolutamente inequitativo que se sostiene sobre la base de un endeudamiento que está llegando a sus límites y con un nivel de pobreza que hace insostenible no sólo la estabilidad macro-económica, sino también la seguridad ciudadana y la paz social.

Miguel Ceara Hatton y Fabricio Gómez Mazara presentaron ponderados análisis socio-económicos durante un foro auspiciado por la coalición política Frente Amplio, en tanto que el veterano Carlos Despradel, conmemorando 50 años de su actividad como economista, comparecía en Uno+Uno para advertir sobre la necesidad de transformaciones de políticas económicas para evitar el colapso que amenaza el país.

Ceara Hatton resalta que entre el año 2000 y el 2012, los dominicanos y dominicanas bajo la línea de pobreza pasaron de 2.6 a 4 millones, impulsados en gran medida por la crisis financiera del 2003-04 originada en los fraudes bancarios, pero también cómo tasas de crecimiento económico anual entre 6 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) no se han traducido en crecimiento del empleo. Con una tasa de pobreza del 42.3 por ciento de la población, once puntos por encima del promedio latinoamericano, la República Dominicana no garantizará la estabilidad.

Ya lo habían advertido estudios del Consejo Nacional de la Empresa Privada y Ceara y Despradel lo ratifican: en esos 12 años se crearon apenas 272 mil empleos formales, de los que casi dos terceras partes fueron estatales, expresión contundente del clientelismo sostenido con un endeudamiento que este año alcanzará el 45 por ciento del PIB y obligará a destinar más del 40 por ciento de los ingresos fiscales para pagarlo.

El escaso potencial de los “no pobres” se expresa en el hecho de que el 78 por ciento de quienes cotizan a la seguridad social tienen ingresos menores de 20 mil pesos, y 68 por ciento menor de 15 mil pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar está en 26 mil 716 pesos, resalta Ceara.

Despradel plantea que al final del 2012 la deuda total del Estado alcanzaba los 25 mil millones de dólares, equivalentes a un millón de millones de pesos, y que al finalizar este 2013 ya estará sobre los 30 mil millones de dólares. Se aproxima el día en que se nos cerrará el crédito o habrá una moratoria. Las consecuencias serán otra crisis que elevará aún más el nivel de pobreza. Sólo una real austeridad y una reingeniería que incentive la inversión y la productividad privada, podrán contener el derrotero.

Gómez Mazara resalta que el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo ha establecido en 686 mil 833 los jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo que constituye una terrible amenaza a la seguridad y la paz social. Si sólo uno de cada diez de estos “ninis” se buscan la vida en actividades ilícitas, la inseguridad seguirá ascendiendo y la paz social estará cada vez más perturbada.

La irresponsabilidad de nuestras clases dirigentes queda al desnudo cuando Ceara resalta la tabla de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicativa de que este país ocupa el último escalón en inversión en educación entre los 21 de América Latina, en el período 2006-10, con una tasa de 2.40 del PIB y la posición 19 en inversión en salud con una tasa de 1.50 del PIB.

El desastre educativo determina que incluso una alta proporción de los jóvenes que alcanzan terminar el bachillerato, (y sólo la mitad lo inician) no tengan capacidad para un empleo productivo. En estos días se nos partió el alma cuando entre 15 estudiantes universitarios ninguno pudo apreciar aproximadamente las dimensiones de la mesa a la que estaban sentados. No dominaban la extensión de un metro.

Más allá de la cháchara nuestra de cada día, la realidad nos conduce a la inestabilidad económica y social. Y lo peor es que los sectores más influyentes parecen no darse cuenta.

El peligroso costo de imponer la reforma

Por Juan Bolívar Díaz
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La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.

Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.

Una resistencia avisada.  Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.

El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.

El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.

Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar  nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.

Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que  rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.

 Rechazo a otro parche.  Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.

En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.

De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año,  sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).

El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.

Lo que siempre se ha hecho.  Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.

El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.

Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.

Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.

Un camino muy costoso.  El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.

Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal.  La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha  financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.

Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

2010: Algunas luces y muchas sombras

Por Juan Bolívar Díaz
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El balance del 2010 tiene como principal rasgo positivo para el país un crecimiento económico sobre el 7 por ciento con estabilidad cambiaria y baja inflación, aunque con un alto nivel de endeudamiento y déficit fiscal que obligó a dos renegociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en el 2009.

 Retrocesos políticos en unas elecciones manchadas por el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, y precariedades institucionales, con persistentes escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron a las fuerzas de seguridad, conforman el panorama negativo del año.

Lo más positivo.  El crecimiento económico con relativa estabilidad cambiaria y de precios volvió a ser el rasgo más positivo en el año que concluye, a lo que se suma el brillante desempeño del Gobierno y la sociedad dominicana ante la catástrofe telúrica de Haití y la buena gestión que hasta el momento ha limitado la expansión de la epidemia de cólera proveniente de la vecina y desafortunada nación.

 Es relevante que según el Banco Central (BC) el país concluye el 2010 con un crecimiento del producto bruto interno (PIB) del 7.8 por ciento, entre los cinco de mayor crecimiento en América Latina, marcando una recuperación en relación al 3.5 y el 5.3 por ciento registrados en los dos años anteriores.

 La tasa de cambio se movió ligeramente y la inflación concluye en 6 por ciento, con incremento de las exportaciones nacionales sobre el 52 por ciento, al pasar de 1,685 a 2,570 millones de dólares en relación al 2009.  Empero, las importaciones nacionales crecieron 2,435 millones de dólares (24.5 por ciento), casi similar al monto de las exportaciones.

Con un total importado por 14,738 millones de dólares, el déficit comercial se elevó a 9,808 millones de dólares, que siguió siendo saldado en gran parte por los ingresos del turismo, las remesas y la inversión extranjera, renglones todos que alcanzaron pequeños incrementos. Con todo el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasará de 4 mil millones de dólares, lo que vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de la economía nacional.

Retrocesos políticos.  En el ámbito político se registraron retrocesos y agravamientos de la crisis en la democracia interna de los partidos, recogidos ampliamente en el balance de fin de año del movimiento cívico Participación Ciudadana, incluyendo la reunificación de las elecciones en un mismo año instituida en la nueva Constitución y la supresión del voto preferencial en la elección de los diputados, con el beneplácito del liderazgo de los partidos.

Ambas decisiones en detrimento del derecho ciudadano a elegir y tendentes a fortalecer el presidencialismo y el poder de las cúpulas partidistas.

 Las elecciones congresuales y municipales quedaron manchadas por retrocesos desde la elección y registro de candidatos, pasando por la campaña electoral y hasta la votación y el procesamiento de los resultados.

La mayoría de las candidaturas fueron impuestas en detrimento de las convenciones y las elecciones primarias que se habían fortalecido en los comicios similares del 2002 y 2006.

 Decenas de candidaturas de los principales partidos tuvieron que ser enmendadas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.

 La campaña electoral estuvo marcada por el transfuguismo, el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, con el presidente y todo el Gobierno empeñado en monopolizar el Senado, lo que finalmente logró no sin antes doblegar el arbitraje electoral que fue impotente para enmendar irregularidades puestas en evidencia que cambiaron el resultado por lo menos en la provincia de Pedernales.

  Posteriormente los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno decidieron  auto-prolongarse por cinco años el período para el cual habían sido electos, mientras el principal partido de la oposición se desgastaba en evidentes debilidades institucionales y democráticas para iniciar el proceso de elección de su candidato presidencial para el 2012. Tan pronto concluyó la elección de mayo se inició el activismo para las presidenciales, evidenciando el alto costo de la política dominicana.

El continuismo endémico.  En el orden institucional hubo manifiestas debilidades, pese a la proclamación en enero de una nueva Constitución, que de inmediato empezó a ser “interpretada” para ignorar mandatos en la elección de la JCE antes de reformular su ley orgánica y establecer el Tribunal Electoral y en el mandato que dio rango constitucional a la ley que instituye el 4% del PIB para educación.

 En la elección de los integrantes de la JCE y la Cámara de Cuentas volvió a predominar el interés partidario en desmedro de la independencia y la eficiencia, con la agravante de que se burló a cientos de ciudadanos que se sometieron a evaluación para al final no ser tomados en cuenta.

 Pero la mayor debilidad institucional quedó de manifiesto en el movimiento que procura la repostulación del presidente de la República a pesar de que su propia y flamante Constitución lo prohibió tras un pacto político que él mismo protagonizó. Altos funcionarios del Estado desarrollan una costosa y ruidosa campaña generando incertidumbres y reviviendo el endémico continuismo que ha pesado sobre la institucionalidad democrática desde la fundación de la nación.

 Imposibilitado de realizar una nueva reforma fiscal, el Gobierno mostró disposición a violar el Estado de derecho para aumentar sus ingresos, violando la Ley de Promoción Industrial, aunque posteriormente quiso legalizar su decisión pactando con los empresarios “un acuerdo voluntario” por un año.

 Pero donde fueron más evidentes las precariedades institucionales fue en el alarmante involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado en actos delincuenciales de todo género, desde el narcotráfico al sicariato y la integración de bandas de asaltantes.

Entre los grandes escándalos estuvo el apresamiento en España de Arturo del Tiempo, tras el envío de miles de kilos de cocaína desde República Dominicana. Su torre Atiemar salpicó al Gobierno.

Mientras la Policía daba muerte hasta el 10 de diciembre a 478 delincuentes y supuestos delincuentes, en gran proporción verdaderas ejecuciones, según el Informe del 2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que el cambio de su jefatura implicara una modificación de lo que ya es una política de Estado,  que para nada ha impedido que siga creciendo la inseguridad ciudadana.

 Semana tras semana se sucedieron las denuncias de corrupción en múltiples casos documentadas por los programas de investigación periodística, por lo que el Gobierno se vio precisado a pedir a los organismos internacionales que elaboraran un programa de lucha contra la corrupción.

 Tal vez el elemento más positivo del año fue el movimiento que encarnó la Coalición por una Educación Digna, que involucró a una alta proporción de la sociedad, incluyendo a las capas medias y medio-altas en la demanda de cumplimiento de la Ley 66-97 que instituye el 4 por ciento del PIB para la educación, ahora con rango constitucional, en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva Constitución.

 El hecho de que el Gobierno haya ignorado la demanda no le resta dimensión al movimiento que podría significar una reactivación de la sociedad civil en la lucha por el respeto a la institucionalidad democrática y la atención a las prioridades nacionales.

Grave endeudamiento

 Resulta evidente que la estabilidad macroeconómica se logró este año con un alto endeudamiento presupuestado para 116 mil millones de pesos, unos 3 mil 100 millones de dólares, elevando sobre 43 por ciento de los ingresos fiscales el peso de la redención de la deuda pública, el 36% del PIB, según el Banco Central.

Al final el endeudamiento podría superar lo presupuestado para el año, pues el Gobierno colocó bonos soberanos por 750 millones de dólares, 250 millones más de lo programado.

 Lo peor del desempeño económico es un fuerte déficit fiscal por tercer año consecutivo que según el Banco Central fue de 2.3 por ciento del PIB en el Gobierno central y 3.8 por ciento en todo el sector público, equivalentes a unos 46 mil millones y  76 mil millones de dólares respectivamente.

Economistas independientes y de la oposición lo estiman en mínimo de 56 mil millones, adicionando deudas ocultas del Gobierno central con suplidores, constructores de obras y entidades descentralizadas.

 El desequilibrio fiscal fue tan serio en la primera mitad del año, impulsado por el derroche en la campaña para las elecciones de mayo, que obligó a dos renegociaciones del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional en noviembre del 2009.

El Gobierno no pasó la primera revisión del acuerdo, por lo que en marzo tuvo que presentar una nueva carta de intención, lo que se repitió en octubre.

 En el primer semestre el Gobierno agotó el 95 por ciento del endeudamiento interno programado para todo el año, viéndose obligado luego a paralizar obras y reducir gastos, pese a lo cual en el último trimestre el ministro de hacienda dijo que apenas tenían dinero para salarios y gastos fijos.

 

 

El modelo económico del país en la picota empresarial

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente del Grupo León Jimenes proclamó esta semana ante el Presidente Leonel Fernández la urgencia de sustituir el modelo económico que rige el país, al considerar que “no funciona y no llena ni las necesidades ni mucho menos las aspiraciones de nuestro pueblo”.

El discurso de don José A. León renovó una demanda del sector empresarial dominicano, especialmente de la rama industrial, preocupado por la pérdida de competitividad nacional en una economía que privilegia las importaciones y el gasto público basado en endeudamiento en detrimento de la producción nacional.

Firmes planteamientos.  El escenario donde el señor León pronunció su discurso fue la celebración del 48 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y en presencia del Presidente Fernández, en momentos en que el Gobierno busca desesperadamente recursos fiscales para cubrir  un déficit fiscal que la oposición cifra sobre los 70 mil millones de pesos en el primer semestre del año.

El empresariado nacional viene rechazando nuevas cargas impositivas para mantener en pie un modelo económico que propicia un desproporcionado incremento de las importaciones mientras los sectores productivos cargan pesos que le impiden competir en mercados abiertos, lo que se revierte en un creciente e insostenible déficit en la balanza de pagos del país.

León Asensio sostuvo que ya no es hora de hacer más estudios, que pasó el tiempo  de las divagaciones teóricas y que el país entero aguarda que adoptemos prácticas que nos permitan tomar la ruta de la prosperidad y el bienestar para todos, proclamando la necesidad de “trabajar en un proyecto de nación que frene efectivamente la corrupción y el narcotráfico, que aumente la inversión en la educación y salud para robustecer nuestro capital humano; que focalice el gasto público en actividades que incentiven a los sectores productivos para solventar una mayor creación de empleos”…

El líder de uno de los mayores grupos empresariales dominicanos señaló la incapacidad del modelo para generar empleos, a pesar de un crecimiento económico por encima del promedio latinoamericano en el último medio siglo. “Los sectores que más empleos creaban –la agropecuaria y la manufactura- ya no tienen el dinamismo para hacerlo; los que sí están creciendo -primordialmente los servicios- no crean los puestos suficientes; y aquellos que tienen la mayor capacidad para reducir significativamente la brecha –la pequeña y mediana empresa- no tienen acceso a los recursos que requieren”.

Un creciente clamor.   El pronunciamiento de José León da continuidad a un creciente clamor de cambios en el modelo de desarrollo nacional expresado durante el último año por los más relevantes líderes empresariales dominicanos, incluyendo a los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), de la AIRD, de la Asociación de Federaciones Industriales, de la Asociación de Industriales de Herrera y de  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. En el clamor han participado empresarios individuales como José Miguel Bonetti y Pepín Corripio.

Al hablar en la celebración del 47 aniversario de la AIRD, el 29 de mayo del 2009, el señor Bonetti, uno de los empresarios más influyentes de las últimas décadas, formuló similares planteamientos de un nuevo modelo económico que propicie el desarrollo económico sostenible con un Estado más eficiente, y que promueva la competitividad con la educación como motor del desarrollo individual y social.

Como presidente del CONEP, Lisandro Macarrulla fundamentó ampliamente la necesidad del nuevo modelo económico al disertar en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio del 29 de julio del 2009, tras rechazar una economía que se basa en las importaciones y el consumo y no en la promoción de la producción industrial y agropecuaria. En la ocasión criticó la baja inversión pública, el excesivo endeudamiento hasta para cubrir gastos corrientes, y el clientelismo.

Hace menos de un mes, el 30 de junio pasado, Manuel Díez Cabral, al hablar ante la Cámara Americana de Comercio como presidente de la AIRD, formuló un minucioso diagnóstico para fundamentar la necesidad de “cambiar hacia un modelo sostenible”, lo que implica “apoyar con más sentido  de equilibrio el desarrollo sectorial, social y geográfico”.

Difieren del gobierno.  Aunque, como es natural, los empresarios expresan sus reclamos en términos diplomáticos, sus diferencias con el Gobierno van en aumento, y se expresan en las críticas a la corrupción, al desmesurado gasto público, especialmente el corriente, al clientelismo y a la negativa a invertir lo requerido y pactado en educación y salud.

En medios empresariales es creciente la convicción de que los políticos manejan cada año mayor volumen de recursos, de los cuales se aprovechan por vía del clientelismo y la corrupción, con lo que cada vez son menos dependientes de las contribuciones del sector privado, lo que les confiere mayor autonomía de acción. De ahí también que cada vez tengan menos pesos los reclamos empresariales.

El presidente de la AIRD, Díez Cabral, se quejó de que el crecimiento del empleo público se incrementara en 24 por ciento en la última década, triplicando el alcanzado por el sector formal de la economía, situación que calificó como “escandalosa, peligrosa e insostenible”.

El líder industrial resaltó que el sector empresarial “es abanderado de que la actividad económica es un terreno correspondiente al sector privado”, clamando a la vez por un Estado fuerte, que juegue el rol regulador que le corresponde, capaz de hacer cumplir las normas y leyes que nos rigen.

Entre las mayores diferencias con el sector público está la recurrencia a incrementos de impuestos para solventar los déficits fiscales derivados de los excesos de gastos del gobierno. En su discurso del 30 de junio, el presidente de los industriales proclamó que “en los actuales momentos es absurdo hablar de un aumento de impuestos. De lo que sí debemos hablar es de cómo lograr que la eficiencia mostrada hasta el momento se extienda a todos los sectores y a toda la sociedad dominicana”.

De ahí el rechazo generalizado de los sectores empresariales al propósito anunciado esta semana por el ministro de Hacienda de elevar los gravámenes a los combustibles, lo que para el sector industrial implicará importantes incrementos de costos y en consecuencia elevación de sus dificultades competitivas.

Contundentes indicadores

En un extenso análisis de la última década, Díez Cabral, presidente de los industriales, aportó indicadores contundentes de que el modelo económico nacional ya no es sostenible, por lo que requiere un cambio:

-Mientras el PIB aumentaba 50 por ciento, las exportaciones de bienes y servicios apenas subían 15 por ciento. La aportación industrial al PIB disminuyó 9 puntos al caer del 34.3 al 25.8 por ciento.

-El empleo en la industria manufacturera cayó 23 por ciento. Se perdieron 116 mil puestos de trabajo en el sector formal. El empleo informal subió 29 por ciento, mientras el formal apenas creció 8 por ciento, pero en la administración pública aumentó 24 por ciento.

-Las exportaciones dominicanas sólo han crecido 5 por ciento, mientras las importaciones aumentaban en 55 por ciento, justo al amparo de los tratados de libre comercio.

-El déficit de la balanza comercial con Estados Unidos  pasó de 65 a 1,900 millones de dólares. Con Centroamérica se incrementó de 70 a 317 millones de dólares.

-La deuda pública pasó de 3,413 millones de dólares a 18 mil 613, creciendo sobre  400 por ciento en sólo una década, para representar el 40 por ciento del PIB, Como porcentaje de los ingresos tributarios, la deuda pasó del 15 al 42 por ciento.

-El crédito al sector manufacturero cayó del 11 al 3 por ciento del total prestado al sector privado.

-Aunque la manufactura es sólo 19.6 por ciento del PIB, aporta sin embargo el 34.7 por ciento de las contribuciones fiscales.