2010: Algunas luces y muchas sombras

Por Juan Bolívar Díaz
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El balance del 2010 tiene como principal rasgo positivo para el país un crecimiento económico sobre el 7 por ciento con estabilidad cambiaria y baja inflación, aunque con un alto nivel de endeudamiento y déficit fiscal que obligó a dos renegociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en el 2009.

 Retrocesos políticos en unas elecciones manchadas por el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, y precariedades institucionales, con persistentes escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron a las fuerzas de seguridad, conforman el panorama negativo del año.

Lo más positivo.  El crecimiento económico con relativa estabilidad cambiaria y de precios volvió a ser el rasgo más positivo en el año que concluye, a lo que se suma el brillante desempeño del Gobierno y la sociedad dominicana ante la catástrofe telúrica de Haití y la buena gestión que hasta el momento ha limitado la expansión de la epidemia de cólera proveniente de la vecina y desafortunada nación.

 Es relevante que según el Banco Central (BC) el país concluye el 2010 con un crecimiento del producto bruto interno (PIB) del 7.8 por ciento, entre los cinco de mayor crecimiento en América Latina, marcando una recuperación en relación al 3.5 y el 5.3 por ciento registrados en los dos años anteriores.

 La tasa de cambio se movió ligeramente y la inflación concluye en 6 por ciento, con incremento de las exportaciones nacionales sobre el 52 por ciento, al pasar de 1,685 a 2,570 millones de dólares en relación al 2009.  Empero, las importaciones nacionales crecieron 2,435 millones de dólares (24.5 por ciento), casi similar al monto de las exportaciones.

Con un total importado por 14,738 millones de dólares, el déficit comercial se elevó a 9,808 millones de dólares, que siguió siendo saldado en gran parte por los ingresos del turismo, las remesas y la inversión extranjera, renglones todos que alcanzaron pequeños incrementos. Con todo el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasará de 4 mil millones de dólares, lo que vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de la economía nacional.

Retrocesos políticos.  En el ámbito político se registraron retrocesos y agravamientos de la crisis en la democracia interna de los partidos, recogidos ampliamente en el balance de fin de año del movimiento cívico Participación Ciudadana, incluyendo la reunificación de las elecciones en un mismo año instituida en la nueva Constitución y la supresión del voto preferencial en la elección de los diputados, con el beneplácito del liderazgo de los partidos.

Ambas decisiones en detrimento del derecho ciudadano a elegir y tendentes a fortalecer el presidencialismo y el poder de las cúpulas partidistas.

 Las elecciones congresuales y municipales quedaron manchadas por retrocesos desde la elección y registro de candidatos, pasando por la campaña electoral y hasta la votación y el procesamiento de los resultados.

La mayoría de las candidaturas fueron impuestas en detrimento de las convenciones y las elecciones primarias que se habían fortalecido en los comicios similares del 2002 y 2006.

 Decenas de candidaturas de los principales partidos tuvieron que ser enmendadas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.

 La campaña electoral estuvo marcada por el transfuguismo, el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, con el presidente y todo el Gobierno empeñado en monopolizar el Senado, lo que finalmente logró no sin antes doblegar el arbitraje electoral que fue impotente para enmendar irregularidades puestas en evidencia que cambiaron el resultado por lo menos en la provincia de Pedernales.

  Posteriormente los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno decidieron  auto-prolongarse por cinco años el período para el cual habían sido electos, mientras el principal partido de la oposición se desgastaba en evidentes debilidades institucionales y democráticas para iniciar el proceso de elección de su candidato presidencial para el 2012. Tan pronto concluyó la elección de mayo se inició el activismo para las presidenciales, evidenciando el alto costo de la política dominicana.

El continuismo endémico.  En el orden institucional hubo manifiestas debilidades, pese a la proclamación en enero de una nueva Constitución, que de inmediato empezó a ser “interpretada” para ignorar mandatos en la elección de la JCE antes de reformular su ley orgánica y establecer el Tribunal Electoral y en el mandato que dio rango constitucional a la ley que instituye el 4% del PIB para educación.

 En la elección de los integrantes de la JCE y la Cámara de Cuentas volvió a predominar el interés partidario en desmedro de la independencia y la eficiencia, con la agravante de que se burló a cientos de ciudadanos que se sometieron a evaluación para al final no ser tomados en cuenta.

 Pero la mayor debilidad institucional quedó de manifiesto en el movimiento que procura la repostulación del presidente de la República a pesar de que su propia y flamante Constitución lo prohibió tras un pacto político que él mismo protagonizó. Altos funcionarios del Estado desarrollan una costosa y ruidosa campaña generando incertidumbres y reviviendo el endémico continuismo que ha pesado sobre la institucionalidad democrática desde la fundación de la nación.

 Imposibilitado de realizar una nueva reforma fiscal, el Gobierno mostró disposición a violar el Estado de derecho para aumentar sus ingresos, violando la Ley de Promoción Industrial, aunque posteriormente quiso legalizar su decisión pactando con los empresarios “un acuerdo voluntario” por un año.

 Pero donde fueron más evidentes las precariedades institucionales fue en el alarmante involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado en actos delincuenciales de todo género, desde el narcotráfico al sicariato y la integración de bandas de asaltantes.

Entre los grandes escándalos estuvo el apresamiento en España de Arturo del Tiempo, tras el envío de miles de kilos de cocaína desde República Dominicana. Su torre Atiemar salpicó al Gobierno.

Mientras la Policía daba muerte hasta el 10 de diciembre a 478 delincuentes y supuestos delincuentes, en gran proporción verdaderas ejecuciones, según el Informe del 2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que el cambio de su jefatura implicara una modificación de lo que ya es una política de Estado,  que para nada ha impedido que siga creciendo la inseguridad ciudadana.

 Semana tras semana se sucedieron las denuncias de corrupción en múltiples casos documentadas por los programas de investigación periodística, por lo que el Gobierno se vio precisado a pedir a los organismos internacionales que elaboraran un programa de lucha contra la corrupción.

 Tal vez el elemento más positivo del año fue el movimiento que encarnó la Coalición por una Educación Digna, que involucró a una alta proporción de la sociedad, incluyendo a las capas medias y medio-altas en la demanda de cumplimiento de la Ley 66-97 que instituye el 4 por ciento del PIB para la educación, ahora con rango constitucional, en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva Constitución.

 El hecho de que el Gobierno haya ignorado la demanda no le resta dimensión al movimiento que podría significar una reactivación de la sociedad civil en la lucha por el respeto a la institucionalidad democrática y la atención a las prioridades nacionales.

Grave endeudamiento

 Resulta evidente que la estabilidad macroeconómica se logró este año con un alto endeudamiento presupuestado para 116 mil millones de pesos, unos 3 mil 100 millones de dólares, elevando sobre 43 por ciento de los ingresos fiscales el peso de la redención de la deuda pública, el 36% del PIB, según el Banco Central.

Al final el endeudamiento podría superar lo presupuestado para el año, pues el Gobierno colocó bonos soberanos por 750 millones de dólares, 250 millones más de lo programado.

 Lo peor del desempeño económico es un fuerte déficit fiscal por tercer año consecutivo que según el Banco Central fue de 2.3 por ciento del PIB en el Gobierno central y 3.8 por ciento en todo el sector público, equivalentes a unos 46 mil millones y  76 mil millones de dólares respectivamente.

Economistas independientes y de la oposición lo estiman en mínimo de 56 mil millones, adicionando deudas ocultas del Gobierno central con suplidores, constructores de obras y entidades descentralizadas.

 El desequilibrio fiscal fue tan serio en la primera mitad del año, impulsado por el derroche en la campaña para las elecciones de mayo, que obligó a dos renegociaciones del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional en noviembre del 2009.

El Gobierno no pasó la primera revisión del acuerdo, por lo que en marzo tuvo que presentar una nueva carta de intención, lo que se repitió en octubre.

 En el primer semestre el Gobierno agotó el 95 por ciento del endeudamiento interno programado para todo el año, viéndose obligado luego a paralizar obras y reducir gastos, pese a lo cual en el último trimestre el ministro de hacienda dijo que apenas tenían dinero para salarios y gastos fijos.

 

 

Otro escándalo a reparar

Por Juan Bolívar Díaz
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La última investigación publicada por el movimiento cívico Participación Ciudadana, que devela un tráfico con las exoneraciones para vehículos de las que disfrutan los legisladores, constituye otro escandaloso abuso de poder que debería movilizar conciencias y voluntades nacionales para repararlo, aunque hay razones para temer que en este, como en otros tantos, el deterioro proseguirá su agitado curso.

En primer lugar llama la atención el volumen de dinero que se ha exonerado por impuestos a los legisladores, ascendente a 1,022 millones de pesos entre el 2002 y octubre del 2009, para la importación de 678 vehículos por un valor en puerto de 1,993 millones de pesos, lo que promedia un costo de 2 millones 939 mil pesos por unidad. En el bienio 2008-2009, las exoneraciones sumaron 549 millones de pesos.

En segundo lugar, hay que advertir que se trata de un irritante privilegio en beneficio de un sector de altos ingresos, que ha venido siendo ampliado en los últimos años, precisamente cuando desde hace dos décadas supuestamente se viene desmontando el régimen de exenciones impositivas. Si un humilde maestro de escuela tiene que pagar impuestos por un automóvil utilitario, no se puede justificar que se les otorgue a quienes se encuentran en la franja privilegiada del uno por ciento de mayores ingresos. En tercer lugar, y no menos importante, es que esas exoneraciones se otorgan a los mismos encargados de aprobar las leyes, lo que contraviene el fundamental principio constitucional de que nadie puede legislar en beneficio propio.

Participación Ciudadana resaltó que la ley que originalmente amparó las auto exenciones de los legisladores, la número 50 de 1966,  ha sido objeto de varias modificaciones.

En principio era para un automóvil cuyo valor no excediera los 3 mil dólares y sólo cada cuatro años y sin posibilidad de reventa en ese período, a menos que pagaran los impuestos correspondientes. Ya ahora se otorgan cada dos años y sin límite de precios ni para comercializarlos en el mercado.

La liberalización de las exoneraciones ha permitido la importación de vehículos de hasta 400 mil dólares, como uno que se importó a nombre de un representante de Samaná, una de las provincias más pobres del país. Bajo el amparo de ese privilegio traen las marcas más exclusivas de automóviles fabricados especialmente para el jet set internacional.

Pero lo peor de todo es que en la mayoría de los casos no se trata de vehículos importados en realidad por los legisladores, sino que estos venden las exoneraciones en un real mercado, es decir que trafican, que sacan beneficio a costa del Estado, lo que no está contemplado en la legislación y mucho menos en el más elemental código de ética.

Sabemos que no todos los legisladores se prestan para esta práctica inmoral, pero los que no la practican deberían ser los primeros en tomar iniciativas para imponer límites,  aunque fracasen en el intento. Lo más doloroso es la normalidad con que contemplamos el tremendo deterioro de la ética en la cosa pública.

No hay duda que en cualquier nación de mediana intensidad democrática una denuncia como la que ha documentado Participación Ciudadana sacudiría la conciencia nacional y llevaría a todos los medios de comunicación y a las instituciones sociales a reclamar correcciones y sanciones.

Somos muchos los que nos preguntamos qué tendremos que hacer para empezar a cambiar el curso que lleva la anomia social dominicana. Y a decir verdad, predomina el pesimismo. Pero por lo menos junto con Participación Ciudadana hay que dejar constancia de indignación y rechazo.-

Abuso de recursos;Leonel lo quiere todo

Por Juan Bolívar Díaz
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El gobierno en pleno, incluyendo al presidente y el vicepresidente de la República, se ha lanzado a la campaña electoral arrastrando muchos recursos estatales en beneficio de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), promoviendo la bulla y evadiendo debatir  propuestas.

Recorriendo el país como si fuera candidato parece obvio que el  Presidente Leonel Fernández  pretende el poder absoluto, lo que genera confusión y especulaciones tras sus recientes declaraciones en Colombia sugiriendo que no debe haber límites para la reelección de un presidente con gran apoyo popular.

Que tomen licencia

Jueces electorales han estado preocupados porque los 2 mil 560 funcionarios postulados para los cargos legislativos y municipales tomen licencia acorde con el artículo 69 de la Ley Electoral, pero en justicia y equidad ello debería abarcar a todos los funcionarios públicos responsabilizados de la campaña electoral. El abogado, politólogo y candidato a diputado Pedro Catrain llegó a reclamar que incluya al presidente Fernández. Numerosas instituciones de la sociedad civil se sumaron esta semana a las denuncias sobre abusos del Estado y al reclamo de que los funcionarios tomen licencia.

Lo del uso de los comedores económicos del gobierno en los actos de campaña del PLD escandalizó hasta al presidente de la Junta Central Electoral, quien dijo que “la sensatez impone que eso no vuelva a ocurrir”. Y en lo que respecta al “caravaneo” del Presidente Fernández, un abogado tan diplomático como el doctor Julio César Castaños manifestó que “el Presidente de la República encarna el Poder Ejecutivo y, como tal, lo ideal sería no ver la figura del Presidente de todos los dominicanos asociada a una campaña proselitista en la que él no es candidato”, aunque no tiene impedimento legal.

El vicepresidente Alburquerque y dirigentes del partido de gobierno negaron los cargos, aunque el administrador de los Comedores Económicos del gobierno, Nicolás Calderón, confirmó sin quererlo el uso político de ese programa estatal, cuando sostuvo que los repartos en San José de Ocoa no fueron sólo en ocasión de la caravana del primer mandatario, sino que datan de diciembre, informando que hay 28 cocinas móviles operando en todo el país y que “sólo en Ocoa tenemos dos”.

San José de Ocoa es apenas una de 31 provincias y el Distrito Nacional, y de las cinco de menor población, pero allí se concentra un gran esfuerzo gubernamental porque fue una de las seis que ganó el Partido Revolucionario Dominicano en los anteriores comicios legislativos y municipales del 2006. Lo mismo ocurre en Dajabón, María Trinidad Sánchez, Azua y Espaillat.

Las ventajas del PLD

Todas las encuestas políticas de alguna credibilidad han mantenido al PLD como  partido dominante desde agosto del 2002, lo que fue reafirmado por sus amplios triunfos en las elecciones presidenciales del 2004  y 2008 y en las legislativas y municipales del 2006. Y pese al desgaste del poder, acompañado por graves escándalos de corrupción, narcotráfico, inseguridad y frustraciones económicas y sociales, parece conservar la ventaja para los próximos comicios, sumándole lo que aportan los 13 partidos aliados.

Entre los analistas políticos prevalece la percepción de que la oposición política encarnada en el PRD, por sus incoherencias internas y desaciertos, no ha podido crear una ilusión de cambio, por lo que la coalición electoral tiene amplias posibilidades de salir  adelante en los comicios del mes próximo.

A favor del partido gobernante está el hecho de que en sus casi 6 años de gestión ha multiplicado el gasto en subsidios de todo género, que el año pasado alcanzaron 7 mil 751 millones de pesos. No ha invertido lo mínimo necesario en educación, salubridad, energía eléctrica y agua potable, ni en la promoción efectiva de la productividad y el empleo, pero a la fecha otorga subsidios a un millón 441 mil 888 personas, casi la cuarta parte de 6 millones 116 mil electores.

Tan sólo el programa “Comer es primero” otorga 700 pesos mensuales a 525 mil 511 personas cada mes, 61 mil más que el año pasado. Otras 207 mil 403, que en gran proporción son las mismas, reciben 150 pesos por mes como incentivo a la asistencia escolar, y 74 mil 990 son beneficiarios de un  “suplemento alimenticio” por 400 pesos mensuales. En el programa de subsidio al gas propano ya hay 757 mil 817 hogares y choferes favorecidos cada mes con 228 pesos cada mes.

La concepción clientelista es obvia cuando en los últimos meses, en vez de mejorar los bajísimos sueldos de policías y marinos se les ha adscrito a esos programas de asistencia social, lo que también implica un desorden institucional. Esos “favores” tienen alta rentabilidad política en un país donde miles de personas venden el voto hasta por 500 pesos.

Qué busca el Presidente

Dentro de las perspectivas políticas son muchos los que no entienden qué busca el Presidente Leone Fernández por calles y carreteras del país, juramentando miembros de la oposición, con tan alto despliegue de recursos estatales y bulla en vez de auspiciar una campaña propositiva acorde con la modernidad que dice representar. El PLD ha dispuesto que sus candidatos no participen en los debates que instituciones sociales y medios de comunicación propusieron.

El desbordamiento presidencial es menos justificable si como Fernández proclamó el miércoles 14 en un acto político de su partido, sus encuestas le aseguran  la victoria en 27 de las 32 provincias y empate en tres. Pero dijo que podrían ganarlas todas. En otras palabras, que no quisieran ni representación opositora en los órganos del Estado.

Hasta en el mismo PLD y aliados el activismo presidencial crea confusiones, tantas que en el fin de semana pasado ya se levantaron consignas de reelección presidencial, a pesar de que la flamante Constitución recién promulgada impide al doctor Fernández una repostulación en el 2012, lo que para algunos se resolvería con el referéndum que ahora consagra o con otra reforma constitucional que sería factible con una barrida electoral en el Congreso y contando con la debilidad de la oposición.

Y ya el jueves el aliado político y presidente de la Comisión Nacional de Ética se pronunció a favor de otra reelección en el 2012, sin explicar cómo pasaría el veto constitucional.

El propio Presidente Fernández alentó “esa confusión” cuando en su visita a Colombia del jueves 8, deploró que un presidente como Álvaro Uribe no pudiera optar por un tercer período consecutivo, por preceptos institucionales, argumentando que  ello obligará a “una reflexión sobre la democracia latinoamericana del siglo 21”.

Hay quienes apuestan a nuevos aprestos continuistas si la coalición del PLD aumenta su representación en el Congreso, sobre todo después de la crisis económica de los últimos dos años, bajo el argumento de que sería una insensatez  prescindir del nuevo genio de la política nacional. Y podrían “vencer la resistencia del mandatario”, como ocurrió con Hipólito Mejía, tras la barrida electoral perredeísta del 2002.-

El gobierno en campaña

Desde que fueron registradas las candidaturas para las elecciones congresionales y municipales del mes próximo, el gobierno se lanzó de lleno a la campaña electoral, con gran movilización de los recursos del Estado, persiguiendo una barrida total de la débil oposición que enfrenta, lo que una vez más abochorna la institucionalidad democrática.

Los fines de semana el Presidente Fernández y el vicepresidente Rafael Alburquerque encabezan recorridos por todo el país en caravanas vehiculares arrastrando a gran parte de los altos y medianos funcionarios del gobierno. A mitad de semana, como ocurrió el pasado miércoles, el mandatario encabeza actividades políticas en la capital.

Como es tradición en el país, toda esa movilización se paga con recursos estatales, no solamente en horas laborables de los funcionarios, asistentes, choferes, militares y policías, sino también en el uso de helicópteros, vehículos, combustibles, pago de dietas, hoteles y restaurantes.

Para cada región y provincia se ha responsabilizado de la campaña electoral a  funcionarios del gobierno que a la vez son dirigentes del PLD. Los que más recursos mueven, como el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa,  y el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, encabezan una “Comisión Nacional Operativa”. Ya en campañas electorales anteriores estos dos cargos han sido los más efectivos recaudadores, especialmente con los contratistas del Estado. La contribución estatal incluye préstamos de vehículos, choferes, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, así como de equipos, materiales de promoción y pago de dietas y publicidad.

El abuso de los recursos públicos incluye  la movilización de las cocinas ambulantes de los comedores económicos para distribuir comida procesada, y los repartos del Plan Social de la Presidencia, incluyendo electrodomésticos, alimentos y dinero en efectivo, para lo cual a veces se utiliza hasta militares y policías.

 

84% de senadores busca reelegirse

Por Juan Bolívar Díaz

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Una fiebre reeleccionista se ha apoderado de la mayor parte de los legisladores y síndicos que se han lanzado en busca de la reelección en los comicios de mayo próximo, incentivados por una creciente privatización de la política y porque esta vez la elección es por 6 años, equivalente a un período y medio en la tradición dominicana.

La mayor proporción de repostulados corresponde a los senadores, que suman  27 de los 32, para un 84  por ciento, seguidos por los diputados en un 74 por ciento y los alcaldes, que representan un 58 por ciento de los actuales. Gran parte de los mismos fueron “electos de dedos” por las cúpulas partidistas.

Fiebre reeleccionista.  Nunca antes se había registrado tan alta proporción de repostulaciones en la historia electoral dominicana, tal vez porque antes había que ganárselas en convenciones que, si bien adolecieron de fortalezas democráticas e institucionales, por lo menos obligaban a cierta formalidad para ser legitimadas.

Pero esta vez una proporción que ronda las dos terceras partes de los nominados la  consiguieron gracias a su capacidad de amarres con las cúpulas de sus partidos,  incentivados por el aumento del período de elección en un cincuenta por ciento del tiempo  en virtud de la reforma constitucional para unir todas las elecciones a partir del 2016.

La dirección de los dos partidos mayoritarios se reservó alrededor del 50 por ciento de las candidaturas para mayor posibilidad de negociar alianzas con otras organizaciones, habiendo constituido dos grandes bloques, uno de 14 y otro de 8 partidos, dejando apenas a  tres de manera independiente. El tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano (PRSC), escogió a la totalidad de sus candidatos por el dedo de su cúpula.

El dedazo se concentró en las candidaturas al Senado, atribuidas casi todas por las cúpulas partidarias, ya para favorecer a incondicionales o a tránsfugas o por considerar que los actuales no tenían contrincantes en capacidad de ganarles una votación interna.

 Pero las proporciones en general son abrumadoras, ya que 27 de los 32 senadores van por la reelección para un 84 por ciento. Dos de ellos por partidos diferentes, Noé Sterling Vásquez, de Barahona, quien pasó del Reformista al Revolucionario Dominicano (PRD), y Alejandro William Cordero, abandonado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pero rescatado por el Partido Revolucionario Independiente.

Los ventajosos barrilitos. Aparte de sus ingresos, por sueldo básico, gasto de representación, viáticos, dietas  por sesiones y comisiones, por hospedaje y el pago de dos oficinas con empleados, local, muebles, equipos, vehículos y combustible, cada senador tiene una asignación mensual “para la Gestión Provincial, Asistencia Social e Institucional”, que es lo que se ha denominado barrilito.

Ese fondo se asigna en proporción a la población de la provincia que se representa, con un mínimo de RD$420 mil, en Pedernales, y un máximo de RD$900 mil mensuales para el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal.

Totaliza RD$19 millones 160 mil  mensuales, y 229.9 millones por año. Se supone que los senadores tienen que rendir cuenta del uso de este fondo, pero muchos no lo hacen y nadie lo audita ni fiscaliza.

Se ha cuestionado la legitimidad de un fondo de asistencia social para legisladores, ya que ni la anterior ni la nueva Constitución les atribuyen esa facultad.

Incluso la Suprema Corte de Justicia fue apoderada de un recurso de inconstitucionalidad de ese fondo hace cerca de dos años, pero no se ha pronunciado al respecto. El artículo 93 de la Constitución, dice: “El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo”, indicando a continuación 19 atribuciones en “materia legislativa” y 6 en “materia de fiscalización y control”, sin la menor sugerencia de asistencia social, que es atribución del Poder Ejecutivo y por lo que los legisladores deben velar.

Al autoasignarse fondos del presupuesto nacional para asistencia social, los legisladores están excediendo sus funciones e invadiendo las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero además se están otorgando financiamiento para aumentar y mantener  clientelas políticas y perpetuarse antidemocráticamente en los cargos.

Por ejemplo, los 27 senadores repostulados ahora han recibido un promedio mensual de RD$15 millones 945 mil entre septiembre de 2006 y marzo de 2010, para un total de RD$685 millones 635 mil.

El uso clientelista de esa suma les confiere un ventajismo sobre todos los que compiten contra ellos por los mismos cargos, que no recibirán un centavo del presupuesto nacional.

Suspender el barrilito, tras haber adelantado el pago de marzo, “durante la campaña electoral”, significa que apenas dejarán de cobrar abril, tras 43 meses de subsidio político, lo que más que cualquier otra cosa es un ejercicio de cinismo.

De diputados y alcaldes

De los 178 diputados actuales, 131 han sido repostulados, para un 74 por ciento, pero muchos optan por otros cargos, incluyendo al actual presidente de la cámara baja, Julio César Valentín, quien es nominado a la senaduría de Santiago, y Agnes Berenice Contreras, originalmente reformista y ahora candidata del PRD a senadora por Elías Piña.

El continuismo es un tanto menor entre los actuales alcaldes municipales, pero alcanza al 58 por ciento, ya que 90 de los 155 han sido nominados al mismo cargo. Se afirma que una alta proporción de los actuales regidores también han sido postulados. La fiebre afecta por igual el cuerpo de los partidos dominantes del sistema, en los grandes como en los medianos y pequeños municipios.

Esta altísima incidencia reeleccionista viene a demostrar la escasa movilidad que caracteriza al partidismo dominicano, donde los dirigentes y funcionarios se eternizan en los cargos, cerrando el paso a la sucesión aferrados a un sistema rico en privilegios y pobre en transparencia y sanciones de los actos reñidos con la moralidad, la ética y la legalidad.

Mucho se ha hablado en los últimos años del barrilito de los senadores, pero muy poco de los cofrecitos de los diputados y las nominillas de los síndicos y hasta de regidores en múltiples municipios, en aras de un sistema que cultiva el clientelismo y  permite el nepotismo, lo que a su vez se constituye en un estímulo para mantenerse en los cargos, pues no sólo hay que defender el propio, sino también los de los familiares y asociados políticos.

Un senador, por ejemplo, tiene un mínimo de 24 empleados pagados por el Senado, 13 en la sede del Congreso y 11 en su oficina provincial.