Otra vez el voto preferencial

Por Juan Bolívar Díaz
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La falta de reglamentaciones de las actividades políticas y electorales y la persistencia de una cultura de la trampería impulsada por las ambiciones y la corrupción han vuelto a poner en cuestionamiento la pertinencia del voto preferencial que permite a la ciudadanía escoger su diputado. Y de nuevo se levantan voces pidiendo que se devuelva a las cúpulas partidarias la facultad de decidir quiénes pueden o no resultar electos.

El voto preferencial se instituyó en la reforma electoral de 1997 y se puso en práctica por primera vez en el 2002. Fue fruto de reclamos y consensos políticos-sociales con el objetivo de mejorar el ejercicio democrático. También se reclamaba, y todavía no se ha logrado, ofrecer a los electores y electoras la posibilidad de escoger al senador separado de los diputados y al síndico de los regidores.

La institución del voto preferencial fue acogida como un paso de avance democrático, pero la forma en que se ha ejecutado, sin ningún tipo de reglamentación, la ha desacreditado hasta el punto de crear condiciones para su derogación, lo que sería otro paso regresivo. Lo que corresponde no es reducir el derecho de la ciudadanía en beneficio de la dirección de los partidos, sino establecer normas que preserven esa conquista.

Tal como se ha ejecutado el voto preferencial está beneficiando a los aspirantes de menores escrúpulos y con más capacidad financiera, legítima o ilegítima, que llegan al extremo de comprar el favor de delegados políticos en los colegios electorales para que abulten sus votos en perjuicio de compañeros de partido o de aliados. Las mujeres en particular se quejan del sistema porque generalmente reúnen menos financiamiento y son víctimas del desbordamiento ético de sus compañeros de partido.

Ahora mismo la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral está apoderada de más de una treintena de impugnaciones entre candidatos de un mismo partido. En consecuencia cada vez son más los reclamos de que se elimine el voto preferencial para conjurar la terrible competencia que se desata en el seno de cada partido, debilitando esas instituciones fundamentales de la democracia.

Sin embargo el remedio no puede ser estrechar la democracia, sino reglamentarla. Lo primero que se impone es limitar el poder del dinero desde las elecciones primarias de los partidos a la nacional. Una propaganda desbordada permite a quienes reúnen más dinero, a menudo mal habido, aplastar a los más honrados y comprometidos con los intereses de su comunidad.

Se impone prohibir la promoción de precandidatos y candidatas  a diputados a través de los medios masivos de comunicación, como se ha hecho en muchos países. La competencia sólo debe permitirse estrictamente dentro de su circunscripción, apelando directamente a sus electores y electoras y en espacios en las vías públicas distribuidos en forma equitativa, no en función del dinero o la complicidad con las autoridades municipales que a nombre del ornato comercializan los espacios que corresponden a todos excluyendo a quienes tienen menos financiadores.

También se impone eliminar los cofrecitos de 50 mil pesos mensuales que recibe cada diputado para “labores asistenciales”, o las asignaciones de Navidad y el Día de las Madres que implicaron casi 100 millones de pesos entre Navidad y las recientes elecciones, a razón de 550 mil pesos para cada diputado, cuando 131 de los 178, nada menos que el 74 por ciento, buscaba la reelección.

La distorsión del voto preferencial en los colegios electorales es más difícil de corregir mientras persista la cultura de la trampería, el arrebato y la apropiación hasta de la voluntad colectiva, mediante las prácticas de las dádivas y el clientelismo, mientras todo se pueda comprar y haya gente que se oferte públicamente al mejor postor. Mientras la política sea un simple negocio, y mientras  persistamos en cultivar la ignorancia y la subordinación de las masas populares, negándonos a convertir la educación en la primera prioridad nacional.-

 

Aquella barrida electoral del PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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Vale revisar los documentos y publicaciones referentes a las elecciones congresuales y municipales del 2002 para comprobar cómo el país gira continuamente sobre su propio eje, reproduciendo una y otra vez los mismos escenarios conflictivos, a menudo con rasgos de retroceso.

Hace 8 años el mapa electoral quedó con 29 provincias pintadas de blanco, dos de colorado y una de morado, en lo que conformó una barrida del partido gobernante, entonces el Revolucionario Dominicano (PRD). Este año la barrida peledeísta ha sido mayor, dejando al principal partido de oposición sin representación en el Senado y con sólo un  escaño al tercer partido del sistema que es a la vez su aliado.

Los estrechísimos resultados electorales con que esta vez se atribuyó la provincia de Pedernales al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con diferencia de apenas 14 votos y con denuncias de irregularidades  en la validación de votos que habían sido anulados, deja la duda de si hubo un despojo para excluir al PRD del Senado.

Eso estuvo a punto de ocurrir en el 2002 con el único senador obtenido por el PLD, José Tomás Pérez por el Distrito Nacional. El resultado era muy estrecho y al final la alianza que encarnó el PLD fue reconocida como ganadora por menos de un punto de diferencia sobre la que encabezó el PRD: 39.20 a 38.28 por ciento.

Todavía en la noche del sábado 18 de mayo los perredeístas insistían en que eran ganadores, tratando de dejar al PLD fuera del Senado. Me tocó ser parte, junto a Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja, de una comisión de Participación Ciudadana que acudió a la residencia del presidente del PRD Hatuey de Camps con los resultados del conteo rápido de la institución, donde los peledeístas ganaban la sindicatura y la senaduría del DN.

Desde el primer momento De Camps pareció ajeno a los intentos de arrebato y delante de nosotros llamó al presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Morel Cerda, para decirle que “el partido no quiere nada que no haya ganado”. Llamaría al presidente Hipólito Mejía, quien estaba en España, para ponerlo al tanto de la situación, y lo mismo hizo con Peggy Cabral, candidata a síndica, donde nos remitió. Fuimos de inmediato donde la viuda Peña Gómez, a cuya memoria apelamos para convencerla de que reconocieran la voluntad popular, lo que procedió a hacer en la mañana del domingo junto a Fafa Taveras, el candidato a senador. Esa mediación no se hizo pública pero la reconocieron dirigentes del PLD y los candidatos ganadores.

Lo que sí fue público fue la misión que envió Participación Ciudadana a Santiago para reforzar a los dirigentes locales en el acompañamiento al PLD y a su candidato a senador Francisco Domínguez Brito en sus enérgicos reclamos de revisión de irregularidades. Se demostró que varias actas habían sido alteradas y fueron anuladas. No cambió el resultado pero quedó el precedente de revocación de actos fraudulentos. Aquellos acontecimientos vienen a la memoria en estos días de denuncias de irregularidades y fraudes, cuando aparecen peledeístas que ahora niegan derechos y gritan que nadie reclamaba cuando los intentos de arrebatos les perjudicaban.

Entonces como ahora muchos consideramos peligrosa aquella barrida y advertimos que podría desbordar el continuismo, como ocurriría poco después, aunque el presidente Mejía, como ahora el presidente Fernández, exhortó a sus seguidores desde Madrid a no ensoberbecerse con el triunfo. Cuando se anunció un recibimiento apoteósico tras su viaje a España y Marruecos, Mejía -al igual que Fernández ahora- tuvo el acierto de rechazarlo. Aunque dos meses después ya estaba modificando la Constitución para repostularse.

Participación Ciudadana, muchas otras organizaciones  y buena parte de los líderes de opinión hicimos campaña tratando de evitar aquel desbordamiento contra la institucionalidad democrática. Organizamos una vigilia nocturna ante el Congreso y asistimos a la sesión de la Asamblea Nacional que modificó la Constitución. Y si pudimos entrar a aquella sesión fue porque los diputados opositores Julio César Valentín y Pelegrín Castillo lo exigieron. Porque los perredeístas estaban decididos a impedir la entrada de las turbas de la sociedad civil. Ojalá no sigan las repeticiones.

 

Sólo Leonel ganó; el 44% no eligió

Por Juan Bolívar Díaz
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Tal como se temía, el balance de las elecciones congresionales y municipales es devastador para la institucionalidad democrática nacional, al concentrar todos los poderes del Estado en manos del presidente Leonel Fernández, quien utilizó todos los recursos públicos a su alcance para afianzar un proyecto de larga dominación política.

El resultado electoral deja mal parada a una ineficiente oposición encarnada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), prosigue la liquidación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afianzando el bipartidismo y deja con escasa representación a los restantes 23 partidos políticos.

Un solo ganador: Leonel.  Por más vueltas que se dé al resultado de los comicios del domingo 16, sólo se encuentra un ganador, el presidente Leonel Fernández, quien se lanzó con todo el poder del Estado a la campaña electoral hasta lograr su anhelada barrida en el Senado de la República, concentrando 31 de sus 32 escaños, con el otro en manos de un aliado y dejando fuera a la oposición perredeísta.

Con 105 de los 183 diputados, la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Congreso será durante seis años de 136 curules. Si le suman los 4 de su aliado PRSC, totalizan 140, faltándole 4 para las dos terceras partes necesarias para decisiones importantes como modificar la Constitución de la República, si lo creen necesario para que el presidente Fernández pueda optar por otra reelección en el 2012, como se reclamó durante la reciente campaña electoral cuando él recorría pueblos y carreteras.

Esos 4 votos son insignificantes para cualquier gobierno dominicano. En 1998 el PLD sólo tenía un senador y 14 diputados y pretendió modificar la Constitución para poder reelegirse. Falló por un puñado de legisladores que no pudieron “convencer”. En el 2002, el Gobierno de Hipólito Mejía lo logró “conquistando” el apoyo de 12 peledeístas, que terminaron expulsados, y de las tres cuartas partes de 36 perredeístas que se habían opuesto.

 Las mayorías congresionales de ahora permitirán al presidente Fernández conformar “a su imagen y semejanza” los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, y tener el control total del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le garantiza también imponerse en la pendiente reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

También podrán modificar unilateralmente decenas de leyes que deben ser adecuadas al nuevo marco constitucional, además de que se garantiza proseguir la carrera de endeudamiento interno y externo y las reformas tributarias que precisará el Gobierno para cubrir su déficit fiscal. En resumen: el poder total.

Un nuevo mago político.  Para todos los analistas es claro que tal resultado fue posible por el uso y abuso de los recursos del Estado, sin la menor inhibición ni recato, pero merece crédito la eficiencia con que el Gobierno y el PLD planificaron y ejecutaron su barrida electoral, con una aplastante e inequitativa propaganda que incluyó  el monopolio de decenas de emisoras de radio y TV al concluir la campaña electoral.   La inversión y el gasto público fueron subordinados desde comienzo del año al interés político, lo mismo que los planes sociales del Gobierno, y se manipuló a gran parte del millón y medio de los beneficiarios de los subsidios estatales, los que en muchos casos eran llevados a votar, listados en mano con asombrosa rigurosidad.

Hasta los observadores internacionales preguntaron insistentemente las razones por las que el presidente Fernández se lanzó a las calles con todo el Gobierno, cuando se trataba de una elección de legisladores y munícipes. La única explicación es que el país asistía a la consagración definitiva de un nuevo mago político. El mensaje es obvio para todos los peledeístas: que no pueden desperdiciar su principal activo político, capaz de lograr una barrida electoral total pese al desfavorable escenario económico internacional.

Fernández queda no sólo como líder indiscutible del PLD, sino también de otros 13 partidos aliados electorales. Es cierto que su partido vio reducido el porcentaje de votos, del 46.35% en 2006, al 44.94 en  2008 y ahora al 40.82%. Pero sus aliados le aportaron 455,891 sufragios, el 25% del millón 804,727 votos que acumuló junto a sus aliados, para un 54.62%, en ascenso en relación al 52.31  de 2006 y al 53.83% de 2008. El escenario que se montó en Villa Juana para que  el doctor Fernández votara  fue simbólico del nacimiento de un nuevo líder providencial.

Creció abstención.  Es relevante que sólo el 54.02% de los empadronados participó en la elección de los legisladores, 2 puntos menos que el 56.23% de 2006. El 2.37% fueron anulados, muchos por haberse abstenido “votando por ninguno” o dejando la boleta sin marcar. Los votos válidos sumaron 3,304,224. Hace 4 años representaron 56.23%.

En otras palabras, el 46% de la población no hizo valer su voto, 44% ni siquiera asistió, 2 puntos más que en  2006. En los tres grandes conglomerados urbanos del país, Santo Domingo, DN y Santiago, los abstencionistas pasaron del 50 por ciento, pero hubo provincias como Independencia, Ocoa, Dajabón, Azua y Santiago Rodríguez donde los concurrentes pasaron del 70%.

El mapa de la abstención sugiere que los sectores de bajos ingresos tuvieron alta proporción de participación, estimulados por las dádivas que caracterizaron la campaña electoral hasta la jornada misma de votación, así como por el temor a perder los subsidios estatales. La participación fue menor en las provincias de fuertes clases medias, incluyendo a San Pedro, Monseñor Nouel, La Romana, La Vega y Peravia. El resultado electoral fue devastador para los partidos minoritarios que en su mayoría quedan reconocidos sólo por  haberse aliado a los dos grandes. Ninguno de los 5 que concurrieron solos logró alcanzar el 1% para obtener alguno de los 5 diputados por acumulación nacional de votos.

Tampoco serán atribuidos a los otros 19 pequeños, porque sus aliados, PLD y PRD, obtuvieron representación, pero contradictoriamente se les suman a éstos, gracias a la vocación acaparadora, excluyente y contradictoria que determinó la ley que los rige. Como consecuencia de la mayor concentración del voto en el bipartidismo, organizaciones políticas alternativas y candidatos de nuevo perfil vieron frustradas sus expectativas de representación en el Congreso, siendo relegados a las regidurías y a los cargos de los distritos municipales.

(Todos los resultados son exclusivamente en base a la boleta congresual).

El PRD no logró avanzar Es obvio que de cara a la alianza que encarna el PLD bajo el liderazgo de Leonel Fernández el PRD no logró “avanzar en el 2010 para triunfar en el 2012”, como se propuso. En la votación para el Congreso obtuvo 38.45%, casi similar al 38.57 de las presidenciales del 2008. Con el voto de sus aliados, que le aportaron 113, 789 votos, mejoró más de un punto, al pasar de 40.48 en el 2008 a 41.89% ahora.

Pero el haber quedado sin representación en el Senado por primera vez en su larga historia, configura un fuerte revés para el perredeísmo, que en consecuencia pierde escenario en el Congreso y verá reducida su influencia en el Consejo Nacional de la Magistratura con sólo uno de sus 8 integrantes.

En ese marco no se puede hablar de avance por haber incrementado sus diputados de 60 a 75, y las alcaldías de 52 a 57, incluyendo muchas importantes, si su principal contrincante también creció significativamente, de 24 a 31 senadores, de 96 a 105 diputados y de 67 a 92 alcaldes. Ambos partidos se nutrieron del PRSC que prosiguió su proceso de reducción, asimilado por el peledeísmo.

Es generalizado el criterio de que “el nuevo PRD” sufrió un serio tropiezo al no haber podido capitalizar el desgaste del Gobierno, por una ineficiente oposición determinada por el pacto de Miguel Vargas Maldonado con el presidente Leonel Fernández, que sólo benefició a éste. No lograron atraerse el voto de los insatisfechos, y lo peor parece haber sido la designación “de dedo” de gran proporción de sus candidatos, especialmente de los 32 para senadores fracasados. Es significativo que fueran derrotados su secretario general, Orlando Jorge Mera, en Santiago, y su secretaria de Organización, Geanilda Vásquez, para diputada en el DN. Los reformistas vieron reducida una vez más su cosecha electoral al obtener el 6% del sufragio, poquito más de la mitad del 10.96% de hace 4 años, aunque con incremento del 1.5% en relación a las presidenciales de 2008. Sólo consiguieron un senador, 3 diputados y 4 alcaldes en su propia boleta, y según estimados una docena más en la alianza con el PLD, aunque varios a medias.

 

Gran desilusión en clase media en estas elecciones

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque suman 6 millones 116 mil 397 las ciudadanas y ciudadanos empadronados  para votar, se puede esperar que alrededor de 3.5 millones serán quienes elegirán hoy a los 4 mil 36 funcionarios municipales y legisladores, que representan un incremento de cargos del 66 por ciento y esta vez para un período extendido a seis años.

Los resultados de estos comicios podrían ser importantes para el proceso de institucionalización democrática de la nación, debido a que los legisladores serán decisivos en la elección de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, además del Consejo Nacional de la Magistratura que deberá renovar la Suprema Corte de Justicia.

Participación tentativa

El promedio de votos válidos sobre el padrón electoral en las tres elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales a partir de 1998 es del 52.23 por ciento, el menor en el 2002 cuando se registró 49.16 ptor ciento, y el mayor en el 2006, que ascendió al 56.23 por ciento. Hace cuatro años la abstención fue del 41 por ciento y los votos nulos 3 por ciento. En 1998 la votación fue 50.77 por ciento. En las elecciones presidenciales el promedio de participantes válidos es del 72 por ciento, entre los más altos de la región.

Si hoy se diera el promedio de las legislativas, sobre un padrón de 6 millones 116 mil 397, los votos válidos serían 3 millones 183 mil. Si se repitiera el 56.23 por ciento de hace cuatro años, entonces llegarían a 3 millones 439 mil. Empero, los funcionarios electorales esperan que la ampliación de los funcionarios a ser electos, con los 229 distritos municipales, incentive la participación. De alcanzar un 60 por ciento los votos validos llegarían a 3 millones 666 mil.

Apatía y desilusión

La proporción de los abstencionistas dependerán en grado significativo de la participación de las clases medias urbanas, concentradas en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Duarte, Puerto Plata, San Pedro, Espaillat y San Juan que representan el 70 por ciento del padrón electoral.

La percepción de los analistas sociales es de una creciente insatisfacción con el sistema político en las clases medias y medias altas, donde a la tradicional apatía se les suma una “tremenda desilusión” por la corrupción, el clientelismo, el transfuguismo y la falta de discurso que afectan a todo el sistema político nacional y no sólo al partido hegemónico.

Una motivación de última hora podría empujar a una proporción de los electores a acudir a las urnas buscando evitar una mayor concentración del poder, a lo que podrían contribuir las crecientes denuncias de abusos de los recursos estatales en la campaña electoral, así como la saturación publicitaria del partido gobernante que acaparó los medios de comunicación electrónicos en gran parte del país en los últimos dos días.

Un factor de creciente influencia en la participación electoral es el alto número de dominicanos que tiene subsidios del Estado, que ya sobre pasa el millón 441 mil personas, de los cuales hay 525 mil en el programa “Comer es Primero”, mediante el cual se les otorga 700 pesos mensuales. Otros 200 mil son beneficiarios de programas de incentivo escolar y de asistencia a la vejez. Además de unos 800 mil incorporados al programa bono gas. La circunstancia de que dependan de una tarjeta, que se les puede quitar, los hace más vulnerables a las presiones políticas para votar.

Ofertas por paquetes

La persistencia de un sistema de votación que cultiva el arrastre, dejando pocas opciones de escogencia a los electores es un factor que desalienta la participación de los sectores más educados y críticos de la sociedad. Aunque desde el 2002 se instituyó el voto preferencial por los diputados, todavía no hay posibilidad de votar por el senador de un partido diferente. En la boleta municipal es peor porque el voto por el síndico arrastra a todos los regidores.

 Este año los cargos electivos son 1,538 más,  65.6 por ciento de incremento sobre los 2,438 de 2006, para totalizar 4,036. El voto en la boleta A para el Congreso, se lleva ahora no sólo a los 32 senadores y los 178 diputados por circunscripciones, sino que también arrastra a los 20 representantes e igual número de suplentes al Parlamento Centroamericano y los cinco diputados nacionales  por acumulación de votos. El sufragio por el alcalde arrastra ya no sólo a los regidores, sino también a los directores y subdirectores y a los vocales de los Distritos Municipales, a ser electos por primera vez.

La elección de 155 alcaldes y vicealcaldes evidencia el mini fraccionamiento territorial dominicano, pues en 1998 eran sólo 103, lo que marcan un incremento del 50 por ciento.

Las escasas posibilidades de elección desalientan la participación de los sectores más críticos de la sociedad que tienen escrúpulos por votar en paquetes que mezclan a buenos candidatos con la escoria del sistema político.

La conformación de dos grandes coaliciones sin mayores compromisos programáticos es otro factor que desincentiva y genera cuestionamientos a un sistema político donde tradicionalmente las alianzas terminan con la repartición de cargos. Esta vez el Partido de la Liberación Dominicana lleva 14 partidos reconocidos como aliados, conformando la mayor coalición de la historia nacional. El Partido Revolucionario Dominicano se sumó como aliados a otros 7 partidos. Sólo el Partido Revolucionario Social Demócrata, el Partido Revolucionario independiente y Dominicanos por el Cambio llevan boletas separadas y no en todas las circunscripciones.

Incremento

Es razonable esperar algún incremento por la elección de directores, subdirectores y vocales de los distritos municipales que suman mil 173, pero hay que tener en cuenta que  en las provincias más pobres y de menor población, donde tienen mayor incidencia, la votación generalmente supera el promedio de las presidenciales. Por ejemplo en Independencia, Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez, sobrepasó el 72 por ciento hace 4 años. En cambio en las grandes concentraciones urbanas, como Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago la votación válida quedó por debajo del 51 por ciento. Hay diez distritos electorales que registran apenas entre 610 y mil 237 electores.

En la medida en que el padrón electoral envejece, y el vigente se puso en vigor en los comicios presidenciales del 2000, crece la proporción de los abstencionistas forzados por los movimientos migratorios dentro y hacia fuera del país. También por el subregistro de los fallecidos, parte de los cuales permanecen en el padrón pero no podrán votar.

Importancia de esta elección

La circunstancia de que hoy se elige por seis años es una de las determinantes de la alta proporción de candidatos que buscan ser reelectos, 27 de los 32 senadores, para un 84 por ciento, 131 de los 178 diputados, equivalentes al 74 por ciento, y 90 de 155 alcaldes, para un 58 por ciento.

El nuevo congreso tendrá la misión de revisar decenas de leyes en virtud de la  Constitución proclamada en enero, y aprobar muchas otras nuevas. Pero también tendrá incidencia en la constitución de nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo y en la renovación de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Con la mitad de los miembros del  Consejo Nacional de la Magistratura influirá en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

Las perspectivas apuntan a un afianzamiento de un bipartidismo, por el progresivo debilitamiento del Partido Reformista Social Cristiano que seguiría siendo absorbido por el Partido de la Liberación Dominicana. Al mismo tiempo podría darse una inclinación mayor de la balanza a favor de éste, por causa de la dispersión que afecta al Partido Revolucionario Dominicano llamada a incrementarse si decrece su representación.

En ese escenario saldría fortalecida una nueva tendencia caudillista-autoritaria representada por el presidente Leonel Fernández, quien tendría todas las posibilidades de conformar los nuevos órganos de control constitucional, judicial y electoral, a la medida de sus particulares intereses, dentro de los cuales resalta eternizarse en el control político de la nación, al viejo estilo de Joaquín Balaguer, sin ni siquiera responder a los cuestionamientos de la opinión pública.

Una mayor concentración del poder municipal en el partido de gobierno tampoco contribuiría a la descentralización ni a la equidad en la inversión pública propugnada en la Ley 176-07 del DN  y los Municipios.-

 

Preservemos el derecho a soñar

Por Juan Bolívar Díaz
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El devastador realismo político que se nos ha impuesto en los últimos años está llegando al extremo de que se nos quiere privar hasta del derecho a soñar con una nación de fuertes instituciones democráticas y gobernantes que se dediquen a promover el desarrollo humano, en vez de su gloria personal forjada en cemento, al viejo estilo de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer.

En este día en que estamos convocados una vez más a las urnas para elegir legisladores y autoridades municipales, conviene reflexionar sobre los esfuerzos de la sociedad dominicana por superar los lastres que le han impedido desplegar todas sus potencialidades para salir de los últimos escalones del desarrollo institucional y humano en el continente y el mundo.

En la década de los noventa, mientras llegaban a su fin los inspiradores y reformadores liderazgos políticos que encarnaron Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, y se superaba la autocracia neotrujillista de Joaquín Balaguer, esta nación pareció entrar en una etapa de concertación, de renovación y mejoramiento institucional.

En una docena de años aprobamos tantas reformas que fuimos admiración del mundo. Los partidos políticos parecían empeñados en crear un nuevo liderazgo y la sociedad civil irrumpió en el escenario político con energía sin precedente, contribuyendo a crear un ambiente de renovación ética y ciudadana.

Pero de golpe, a partir de la infame reforma constitucional del 2002, pareciera que todo se derrumbó, y la corrupción, la anomia social, el narcotráfico y la violencia parecen ganarnos la partida. El nuevo liderazgo político se remite al pasado con el debilitamiento de las instituciones en aras del poder personal, y muchos  actores sociales son cooptados por el poder estatal y político que amplía inconmensurablemente su propio poder económico extraído de la malversación de la cosa pública y del lavado de dinero.

El salvaje pragmatismo político se ha apoderado del sistema partidista de una manera tan despampanante, con un vacío tan grande de discurso y de transparencia, que ofende la memoria de Bosch y Peña Gómez, forjadores de los partidos que dominan el escenario nacional.

El balance de la campaña electoral que culmina en esta votación es devastador para el sistema partidista. Primero el retroceso democrático en la elección de los candidatos, en su mayoría impuestos por las cúpulas partidarias, y con tantos despojos que obligó a la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral a múltiples revocaciones. Luego el transfuguismo y el clientelismo en todo su esplendor. Y al final el despilfarro ofensivo, el abuso de los recursos del Estado, la repartición sin pudor del patrimonio público, la negativa a debatir propuestas, el acaparamiento de la comunicación y la irrupción del Presidente de la República con todo el poder del Estado en una campaña que pareció presidencial y que no dejó espacio a ningún proyecto alternativo.

Ganamos en menor violencia y en organización electoral, pero sin poder revertir este vacío ético, este arrasa con todo en que han convertido la política, hasta el punto que se quiere estigmatizar el derecho a soñar, convirtiendo en desadaptados y sospechosos a todos los que creen que la política es el quehacer de la construcción social.

La fecha es propicia para reafirmar los sueños de fortalecimiento institucional, de un Congreso que cumpla con su triple misión de representar, legislar y fiscalizar a los demás poderes del Estado, sin barrilitos ni cofrecitos. Y con unos municipios al servicio del desarrollo local, participativos. Soñar también en que pronto podamos votar por candidatos, no por paquetes partidistas recargados de traficantes.

Hay que revindicar el derecho a soñar con un régimen de transparencia, de rendición de cuentas, y hasta de revocación de mandatos cuando los elegidos se burlen abiertamente de sus electores.

 

Se teme resultado electoral aplastante

Por Juan Bolívar Díaz
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Entre analistas y observadores políticos predomina la percepción de que la alianza que encarna el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encamina a una barrida electoral similar a la que protagonizó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuando gobernaba en el 2002 y que repercutió en retroceso democrático.

El abuso de los recursos del Estado y un manifiesto empeño por acaparar todo el poder político por parte de un Gobierno cada vez más indiferente a los reclamos de la sociedad,  sumado a la debilidad de la oposición, generarían un deterioro de la precaria institucionalidad democrática nacional.

¿Cambios previsibles?

En otros escenarios electorales a una semana de la votación se pueden producir  cambios que alteren los vaticinios de las encuestas y los analistas, pero el panorama político dominicano luce estático y lo conservador domina hasta en el otrora combativo PRD, tanto que hay quienes creen que ni un grave escándalo gubernamental invertiría la tendencia. Como el partido blanco ha estado más concentrado en luchas internas que en el escenario nacional, evolucionando hacia posiciones más conservadoras, tratando de disputar los ámbitos del liderazgo del presidente Fernández, ha hecho poca oposición y no ha podido capitalizar los grandes escándalos que han sacudido al Gobierno en los últimos años, como los del narcotráfico y la corrupción. Por ejemplo, la denuncia periodística de corrupción en el Ministerio de Salud Pública del mes pasado ha sido ignorada tanto por el Gobierno como por los líderes perredeístas.

El partido blanco tampoco ha podido documentar suficientemente los excesos gubernamentales en la campaña electoral y la mayoría de las denuncias han salido de los medios informativos.

Por ejemplo, un reportaje de Teleantillas dio cuenta de que la candidata oficialista a alcaldesa de Santo Domingo Norte tiene 20 camiones recolectores de basura y dos repartidores de agua operando a su nombre en las calles, pero sus opositores ni siquiera han averiguado si esos equipos son gubernamentales o de alguna empresa privada y en qué condición son utilizados en la campaña electoral.

La ineficiencia ha acompañado las pocas denuncias efectistas del partido blanco, como las referentes a la participación de casi todos los altos funcionarios del Gobierno en la campaña electoral, pero no ha sido capaz, por ejemplo, de ejecutar una iniciativa jurídica amparándose en el numeral 18 del artículo 173 de la Ley Electoral, que sanciona con multa y hasta 2 años de prisión correccional a “los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”.

La ofensiva final

Por otro lado, los oficialistas han apabullado con la propaganda en los medios de comunicación, calles y  carreteras, demostrando que le sobran recursos.

Aunque ya el jueves su jefe de campaña, Francisco Javier García, se atribuyó la victoria en las 31 provincias y el DN, el uso masivo de recursos pareciera indicar que no están seguros. En esta última semana de campaña y hasta la votación del día 16,  las dos coaliciones dominantes desarrollarán su ofensiva final.

La del Gobierno es claro que estará fundada en su abundancia de recursos, con distribución masiva de alimentos, dinero   y bienes diversos en esa inmensa franja poblacional que integra la mitad del electorado, mientras el propio presidente Fernández proseguirá “juramentando” opositores e imponiendo su jerarquía y poder en las poblaciones más pobres, como hizo el pasado jueves en Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Monte Plata.

El PRD ha sido pobre hasta en propaganda, muy por debajo de la peledeísta, como si le faltaran recursos financieros.

Podrían haberlos ahorrado para la ofensiva final, incluso para competir en distribución y en incentivos para las horas antes y durante la votación, práctica que se ha afianzado en los últimos procesos comiciales.

Pero en ese terreno es bien difícil competir con los que usufructúan el poder.

Algunas candidaturas perredeístas pudieran beneficiarse del voto consciente al momento de la decisión. Especialmente la de Milagros Ortiz Bosch para la senaduría del DN, porque ella encarna al mismo tiempo el legado ideológico, popular y de ética política de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Una derrota de la doctora Ortiz Bosch en el DN, donde en los noventa llegó a obtener más del 60 por ciento de los sufragios, sería demostrativa del descalabro del perredeísmo histórico. Golpearía también a los que buscan reivindicar el predominio de los valores ideológicos y la honorabilidad de por vida en la política.

Peligroso derrotero

En diversos sectores, incluyendo empresariales y sociales, se teme del empeño peledeísta por acaparar todo el poder político, abusando de los recursos del Estado en detrimento de la institucionalidad democrática y convirtiendo la elección legislativa y municipal en un torneo del presidente de la República.

La preocupación es mayor cuando se conoce de un déficit fiscal de 18 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, con incremento del gasto del 40 por ciento en contraste con el de los ingresos fiscales de apenas 6 por ciento y con un endeudamiento que está llegando a límites de insostenibilidad, lo que remite a nuevas reformas tributarias en un Gobierno que no conoce de austeridad y que  fundamenta su popularidad en el reparto del patrimonio público y en los subsidios.

Una barrida que acerque a los gobernantes a los dos tercios del Congreso repercutiría en el equilibrio democrático, sobre todo si ello implica el control absoluto del Consejo Nacional de la Magistratura y las posibilidades de imponer el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales y los órganos electorales, con un Presidente que considera que a un mandatario de amplio apoyo no se le debería impedir la continuidad.

Las preocupaciones crecen en la medida en que el presidente Fernández parece superar el modelo balaguerista de gobernar a espaldas de la sociedad, con escasa transparencia, como queda evidente en la construcción de la segunda línea del Metro capitalino y en la venta al Gobierno venezolano de la mitad de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo.

Ya supera a Balaguer en comportarse como “ciego y sordo”, pues no ofrece ruedas de prensa, con lo que rehúye responder sobre cuestionamientos, inquietudes y hasta graves denuncias, como las de corrupción y narcotráfico que han marchitado la imagen del Gobierno.

Todas esas y otras razones hubiesen desgastado a cualquier gobierno después de diez años en que han persistido los graves problemas energéticos y la escasa inversión en educación, salud y vivienda, pero para ello se precisa de una oposición que ofrezca una alternativa real o que por lo menos cree ilusiones de que la representa, y eso está ausente en las perspectivas actuales de la nación.

¿Todo está consumado?

Aunque ninguna de las encuestadoras acreditadas ha hecho una medición de las preferencias electorales a nivel nacional, cada vez es más generalizada la percepción de que la coalición de 15 partidos que encarna el PLD se encamina a una barrida en los comicios del próximo domingo.

Dos son los factores que determinan ese estado subjetivo de opinión: el despliegue sin precedente de los recursos del Estado en la campaña oficialista y la manifiesta incapacidad del dividido PRD para responder el desafío y crear siquiera una ilusión de alternativa real que catalice las insatisfacciones que genera la actual gestión gubernativa.

Sólo dos de las encuestadoras con tradición de crédito en el país han realizado investigaciones sobre preferencias en el actual proceso electoral, con resultados contradictorios y limitados al Distrito Nacional y las dos mayores provincias. Son los casos de la Penn and Shoen Bertland y el Centro de Investigación Económica del Cibao. Otras que trabajan para los partidos también arrojan resultados muy diversos y de estas han predominado las del oficialismo.

Pero más allá de la fiabilidad de las encuestas, factores subjetivos prevalecientes inclinan la balanza de un solo lado, aun para analistas tan acuciosos como Rosario Espinal y César Pérez, que  dan por hecho una holgada victoria de las candidaturas de la alianza peledeísta.

A ello contribuye la recolección de grupos políticos que el poder le ha permitido al presidente Leonel Fernández ir conformando desde el 2004, hasta constituir la mayor coalición electoral de la historia nacional, que ya en el 2008 sumó una docena. Esta vez tienen la adición del Partido Reformista Social Cristiano, que hace 4 años fue aliado al PRD y obtuvo el 10.96 por ciento del sufragio. Por menos de ese porcentaje se decidió la votación en 20 de las 31 provincias y en el Distrito Nacional. En las presidenciales del 2008 el 8 por ciento aportado por sus aliados le permitió al presidente Fernández reelegirse en primera vuelta con el 53 por ciento del total.

Asomos de proyectos en campaña electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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A dos semanas de las elecciones congresuales y municipales la propaganda política alcanza niveles de frenesí con altísimo costo, especialmente para los candidatos a diputados por efecto del voto preferencial, llenando los espacios de radio y televisión y las vías públicas de todo el país.

Las dos formaciones políticas que polarizan el sistema político han publicado proyectos legislativos y la de oposición incluyó una agenda de acción municipal, pero muy pocos candidatos hacen referencia a los mismos en sus campañas, pese a los reclamos de instituciones y personalidades sociales.

Propaganda sin control.  Como el sistema político se ha negado a establecer límites al gasto en las campañas hay candidatos que han invadido las calles y carreteras con vallas de todas las dimensiones, algunas de las cuales llegan a costar sobre 200 mil pesos semanales, según denunció esta semana el politólogo Pedro Catrain, quien dijo disponer de dos millones de pesos, fruto de pequeñas contribuciones para promover su candidatura a diputado, pero advirtió que algunos de sus contrincantes gastan más de esa suma por semana.

La mayor inversión corresponde a los candidatos a diputados, porque son los únicos que tienen una doble competencia en virtud del voto preferencial. Primero los partidos tienen que buscar ganar la mayor proporción, pero cada candidato debe tratar de hacerse visible para sus electores, lo que no necesitan quienes compiten para senadores, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, vocales, ni para los postulados al Parlamento Centroamericano ni para los cinco diputados por acumulación de votos.

La primera gran erogación de los casi  15 mil candidatos que luchan por los 4 mil 36 cargos electivos fue la realizada para obtener las candidaturas, aunque esta vez casi la mitad fueron asignadas por las cúpulas dirigenciales y la totalidad en las organizaciones menores. Un ciudadano que aspiraba a diputado aseguró haber gastado 9 millones de pesos en promoción, activistas y  regalías para, al final, ver frustradas sus expectativas.

En la medida en que se acerca la votación, los partidos y candidatos que disponen de más recursos, especialmente del partido de gobierno,  invaden la radio y la televisión sin perdonar ningún tipo de programa. Las transmisiones de los juegos del béisbol de Estados Unidos estaban saturadas esta semana de propaganda electoral, en su gran mayoría morada. La propaganda de los candidatos es predominantemente de exaltación individual y la de los partidos queda en generalidades “para que siga el progreso” o porque “el cambio va”.

“Pacto con el Progreso”.  El Partido de la Liberación Dominicana rehuyó todo compromiso con los medios de comunicación y organizaciones sociales que promovían debates entre los candidatos, como  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Lo más cercano a debates son los coloquios con candidatos diversos que viene realizando el telediario Uno + Uno de Teleantillas, que ha logrado incorporar candidatos peledeístas como Minou Tavárez y Alejandro Montás.  El candidato morado para síndico de San Cristóbal, José Montás, y su contrincante del PRD, Raúl Mondesí, protagonizaron un debate el lunes en ese espacio.

El PLD fue el primero en responder a los reclamos de propuestas cuando el 15 de abril presentó su agenda legislativa de 8 puntos “Pacto con el Progreso”, algunos tan abstractos como el de legislar para “expandir e institucionalizar la reforma de seguridad social”, o el que promete garantizar la permanencia de la Tarjeta Solidaridad, estimada como un “instrumento de justicia social”, en vez de proponer la superación de la pobreza.

Otro punto plantea apoyar el Plan Decenal de Educación y reafirma el compromiso con la modernización del sistema educativo, cuando en diez años de gobierno se han quedado en la mitad de lo que la ley dispone para el sector.  Mayores burlas ganó el propósito de una nueva ley de Etica Gubernamental, cuando se ha despreciado el código existente.

Un planteamiento muy abstracto es el de “expandir e institucionalizar la reforma de la seguridad social”, al igual que el de  legislar para la protección del medio ambiente, materias en las cuales se cree que el país ha avanzado significativamente.

Más concretamente promete promover empleos mediante incentivos fiscales, y fortalecer las instituciones que combaten el crimen organizado y el narcotráfico con mayores recursos presupuestarios, impulsar una ley  contra la extorsión criminal y organizaciones corruptas, así  como adaptar todas las leyes al nuevo marco constitucional.

Las propuestas del PRD.  Por su parte el Partido Revolucionario Dominicano presentó no sólo una agenda con 25 propósitos legislativos, sino también un “nuevo modelo de gobernanza y gobernabilidad local”, que es todo un plan de gobierno concebido para fortalecer la eficiencia y la autonomía municipal.

Como es natural en los partidos de oposición, sus proyectos son más amplios y detallados en cuanto a propósitos legislativos y de administración municipal. Concretan propuestas para un programa de empleos productivos, para una ley de primer empleo, financiamiento a la microempresa y un fondo para rehabilitar las cuencas hidrográficas.

Las reformas del Código Procesal Penal y del Código de Niños y Adolescentes, de la ley que castiga el narcotráfico para endurecerla, y una ley de reforma de la Policía figuran entre los planes para combatir la delincuencia. El programa incluye no aprobar aumentos o nuevos impuestos ni préstamos que no garanticen rentabilidad económica y social, reducir el itebis al turismo y eliminar gradualmente el gravamen del 28 por ciento al Internet.

El PRD coincide con el PLD en “una ley que formalice e institucionalice la entrega de la Tarjeta Solidaridad”, y en un nuevo código de ética y transparencia de la administración pública,  pero se distancia al prometer la eliminación del barrilito de los senadores y modificar el contrato con la Barrick Gold sobre la mina de oro de Cotuí.

El modelo de gobernabilidad local que propone es un extenso y minucioso documento de 9 páginas a renglón seguido, que hace énfasis en la descentralización, en la transparencia municipal, en la participación social y ciudadana, en la modernización de la gestión municipal y urbanística, el ordenamiento territorial, desarrollo económico local, ordenamiento del tránsito y transporte, imagen urbana e identidad municipal, así como en la seguridad ciudadana, el saneamiento ambiental y la prevención y mitigación de desastres.

Los dos programas perredeístas son más completos, mucho más amplios y concretos que el peledeísta, pero por igual no son enarbolados por sus candidatos, algunos de los cuales ni siquiera saben de su existencia o contenido. En cualquier caso al menos las dos formaciones políticas que comprometen a 22 de los 26 partidos reconocidos han intentado responder el clamor de propuestas para que la campaña electoral no se limite a la chercha, el escándalo y el caravaneo que tantos recursos malversan.

Una campaña costosa

Aunque las erogaciones oficiales para la organización de las elecciones y la campaña electoral de los partidos serán de 2 mil 385 millones de pesos, habría que sumar muchos millones más sacados de los ahorros que acumulaba la Junta Central Electoral y el financiamiento de otras fuentes a partidos y candidatos.

De forma oficial se ha informado que del presupuesto nacional se erogaron 1,300 millones de pesos para la logística electoral y 1,085 que fueron canalizados a los 26 partidos políticos y un movimiento municipal reconocidos, el 80 por ciento de los cuales correspondieron a los dos mayoritarios.

Pero la opacidad del sistema partidista impedirá siquiera una aproximación a la suma recabada por partidos y candidatos con el sector privado, en algunos casos de sus propios bolsillos y mucho menos al dinero proveniente de fuentes ilegítimas como el lavado de activos y la sustracción de recursos estatales.  Hay quienes creen que el dinero sacado del Estado, a través del gobierno central y los ayuntamientos supera con creces el financiamiento oficial, no sólo por el robo y el tráfico de influencia, los barrilitos y cofrecitos, sino también por el pago de nóminas y nominillas que se incrementan en las campañas electorales.

Es difícil aproximarse al costo de cada caravana presidencial, donde se mueven cientos de altos y medianos funcionarios, de asistentes, choferes y guarda espaldas, de soldados y policías que utilizan helicópteros y vehículos de los organismos públicos con combustibles, sueldos y dietas pagadas por los mismos.

Cualquier suma puede parecer baja si se tiene en cuenta que sólo para “asistencia social” los 27 senadores que buscan la reelección recibieron 685 millones de pesos en los últimos cuatro años, parte de los cuales fueron reservados para la campaña electoral.

Estrechos resultados marcan estrategias

 

Por Juan Bolívar Díaz

La estrategia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está regida por los resultados de las elecciones congresionales y municipales de hace cuatro años, con atención especial a las seis provincias donde ganó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  con la ventaja de haberse adicionado ahora al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Los comicios del 2006 se decidieron por menos del 1%  en cinco provincias, y en 8 municipios por menos de 50 votos, lo que originó un número de  impugnaciones sin precedentes, que en ningún caso cambió los resultados, pero las grandes urbes se decantaron a favor del partido de Gobierno.

Provincias privilegiadas

No es por accidente que la inversión y  planes sociales del Gobierno han priorizado en los últimos tiempos a las provincias de San José de Ocoa, Dajabón, Azua,  Espaillat, El Seibo y María Trinidad Sánchez. Esas fueron las  que ganó el PRD en las anteriores elecciones congresuales y municipales.

No hay dudas que la estrategia peledeísta está centrada en reducir lo más posible la representación perredeísta, tal vez pensando en vengar la barrida de 2002, cuando el ahora partido opositor ganó en 29 de las 32 provincias, dejando al PLD con un solo senador, José Tomás Pérez en el Distrito Nacional, y al reformismo  La Altagracia y San Pedro de Macorís. En 1998, el PRD había ganado 24 provincias, la misma suma que obtendría el partido morado en  2006.

Al analizar los resultados de 2002 a favor del PRD, se estimó que habían sido fruto de una desconcentración de la inversión pública en beneficio de las provincias, a lo que se atribuyó en parte su derrota en el D.N. y los estrechos márgenes con que ganó en  Santo Domingo y Santiago. Pero también el abuso de recursos estatales marcó diferencias en provincias donde apenas cientos de votos pueden ser la diferencia.

Un analista de datos cercano al Gobierno confirma que los resultados de los últimos comicios han sido “diseccionados”, por asesores del PLD y del presidente Fernández, determinando inversiones públicas y el esfuerzo de campaña. De lo que no está seguro es si también han tomado en cuenta que la barrida de 2002 fue lo que hizo creer a los perredeístas que tenían para siempre el dominio del Estado y lanzó a Hipólito Mejía al intento reeleccionista que resultó en fiasco. Desde el año pasado se ha venido advirtiendo que el Gobierno ha centrado inversiones en las “provincias perredeístas” en las que ha sido repetida la presencia del Presidente.

Se hizo patente en arreglo de calles y carreteras,  construcción de polideportivos y escuelas,   instalación de centros de informática, en  programas contra la pobreza y más recientemente con las 28 cocinas de distribución de alimentos, de las cuales 4 fueron concentradas en Ocoa y Dajabón, aunque son de las provincias de menor población. Esas cocinas móviles que debutaron en enero con la tragedia de Haití, fueron adquiridas precisamente para sacarle rentabilidad política en el período preelectoral. Muchas de las denuncias sobre el uso de los programas sociales e inversiones estatales  proceden de las “provincias perredeístas”, incluídas las referentes a Oficina Supervisora de Obras del Estado,  “planes sociales” de la Lotería,  Plan Social de la Presidencia, Obras Públicas y otras.

PLD en grandes urbes

Desde el 2002 el PLD se ha venido fortaleciendo con el voto de las grandes concentraciones urbanas del país, tendencia que se afianzó en los anteriores comicios de medio término, cuando ganó con ventaja superior al 16% en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal y por más de 8% en Santiago, Puerto Plata, Duarte y San Juan. De las 10 provincias mayores sólo perdió en Espaillat y La Vega, por 3.20 y 0.46%, respectivamente.

 La mayor ventaja del PRD hace 4 años fue obtenida en San José de Ocoa, donde alcanzó el 62% de los sufragios válidos, la mayor proporción provincial en esa elección, con fracción del 1% más que el PRSC en La Altagracia. La siguiente ventaja perredeísta fue en Dajabón con el 53%, 7 puntos por encima del PLD.

Azua fue la tercera mayor ventaja del PRD, con la mitad de los votos y 4.57% sobre su competidor. En Espaillat y El Seibo se impuso con ventaja sobre el 3% y en su tradicional feudo de María Trinidad Sánchez ganó apenas por 165 votos y con una diferencia de 0.29%. Al analizar los resultados anteriores, como premisa para otear una perspectiva el mes próximo, nadie debe olvidar que hace 4 años el PRD pudo sumarse los votos del PRSC, que ésta vez irán hacia el PLD. En la votación congresional el reformismo consiguió el 10.96% y 12.8% en la municipal. Su peso seguiría cayendo en las presidenciales del 2008 cuando no pudo alcanzar el 5%. Pero si se hubiese restado ese 5% al PRD y sumado al PLD en  2006, el PRD  habría obtenido sólo la senaduría de Ocoa. Y sumando la votación colorada de 2006 a los morados dejaban a los perredeístas sin banca senatorial.

Las pequeñas diferencias

Nadie debe dudar que el usufructo del poder y el abuso de los recursos estatales en las campañas seguirán siendo importantes en los resultados provinciales y municipales, donde una o dos acciones gubernamentales, la distribución de algunos millones de pesos en alimentos, electrodomésticos o efectivo y hasta la recurrente compra de votos o alquiler de cédulas, pueden ser determinantes.   Ya en 2006 las elecciones se decidieron por menos del 1% en 5 provincias y en otras 3 por menos del 3 por ciento. Decenas de municipios fueron ganados por esos pequeños márgenes. En 7 por 20 o menos votos y en 10 por menos de 100. El estrecho resultado originó impugnaciones en más de la mitad de los municipios, lo que en muchos casos obligó a las juntas electorales a revisar los votos nulos durante varias semanas. En otros no se hizo dejando inconformidades. Se dictaron rectificaciones que en ningún caso variaron el ganador del cómputo provisional en un municipio y menos en alguna provincia.

 Un factor que pudo haber decidido en los municipios de menor población fue el traslado de electores desde grandes concentraciones urbanas, planificados y realizados antes del cierre del padrón electoral. Pero este año la JCE puso límites a esa práctica revocando más de siete mil, después de comprobar que no eran residentes de las circunscripciones a donde cambiaron su empadronamiento.  Esta vez tendrá un peso mayor la incidencia de los programas de subsidios y el asistencialismo a los más pobres implementados en los últimos años y que eran incipientes todavía en los comicios de 2006. Ya suman 525 mil los que reciben 700 pesos mensuales a través del Programa Solidaridad, de los cuales 61 mil fueron incorporados en los últimos meses. Otros 207 mil reciben RD$150  por incentivo a la escuela, 74,990 reciben  RD$400  para “suplemento alimenticio” y 757 mil  reciben el Bono Gas de RD$228.

 

No podemos resignarnos ni cansarnos

Por Juan Bolívar Díaz

Las medidas  cautelares dispuestas el viernes por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral que pretenden evitar el uso político de los programas asistencialistas del Estado llegan un poco tarde y probablemente no rendirán los frutos esperados, pero son otro buen precedente en el arbitraje electoral dominicano que mejora en proporción inversa al deterioro de los principios democráticos, la transparencia y la honorabilidad de la política nacional.

Se trata de reivindicar los principios de la equidad democrática, de separar el Estado de los intereses partidistas, de hacer cumplir el espíritu y la letra de preceptos constitucionales y legales, y de enarbolar el principio de equidad en la competencia democrática, legajo que alguna vez tendrá que predominar en la vida institucional de la nación, por encima de las conveniencias y visiones coyunturales.

La positiva resolución de la Cámara Administrativa de la JCE remite a la necesidad de reglamentar estrictamente las campañas electorales para evitar todo género de exceso, como ya propuso el mismo organismo a mediados del 2007 y aprobó el pleno de los jueces en septiembre de ese año, proyecto que no sólo fue rechazado por quienes ejercen el Gobierno y otros sectores, sino también por los partidos de oposición.

Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que los opositores no acogieran con calor aquel proyecto y no propusieran profundizarlo cuando estaba destinado a limitar la irrupción del poder del Estado en la competencia democrática. La respuesta es sencilla: porque la generalidad de los políticos dominicanos enarbolan el principio de que “el poder es para usarlo”, y como siempre se creen a punto de alcanzarlo son refractarios a cualquier ordenamiento o regulación.

Los que ahora disfrutan del poder rechazarán, hasta con indignación, las nuevas disposiciones, aunque ya tendrán poco efecto a tres semanas de las elecciones congresuales y municipales, empezando por la primera resolución que requiere de las instituciones estatales informar a la JCE de los programas sociales a ejecutar hasta el 17 de mayo, lo que en el mejor de los casos se llevará una semana más.

Pero estas medidas cautelares quedan como precedente, lo que ya es importante en la precariedad institucional dominicana. Se prohíben las actividades proselitistas en el marco de los programas sociales gubernamentales y se dispone que los partidos no hagan coincidir sus campañas con los repartos estatales.

Con esas resoluciones se reconoce la necesidad de mayor equidad en las campañas electorales, lo que va en beneficio del sistema partidista y de la democracia dominicana. Pero hay que insistir en que sólo es un comienzo. Alguna vez tendremos que reconocer, por ejemplo, que no es normal en ninguna democracia que se respete, que el presidente de la nación y todos los altos funcionarios del Gobierno que no son candidatos anden en campaña electoral por todo el país, utilizando todos los recursos del Estado.

Carece de lógica que la ley pida a los empleados estatales, aún los que no administran presupuestos, que tomen una licencia de sus cargos desde el momento en que son aceptados como candidatos, pero que al mismo tiempo permita que sí hagan campaña los más altos funcionarios, que no son candidatos pero disponen de las ejecuciones administrativas y las inversiones.

No podemos cansarnos ni resignarnos al abuso y la malversación de los recursos del Estado, no sólo ahora en este gobierno, sino en cualquiera. Es obvio que hay quienes sólo ven la paja en el ojo ajeno, pero también los de amplia visión y estos son los imprescindibles. Los que han defendido los principios democráticos frente a todos los partidos y gobiernos.

No nos resignemos ni cansemos de denunciar la apropiación de lo público y la corrupción en todas sus expresiones, que siguen creciendo y siempre son justificadas cínicamente por quienes antes decían rechazarlas, con el agravante de que estos desarrollan una capacidad enorme para impugnar y descalificar a quienes aspiran a una nación de fuertes instituciones y al respeto de hasta el último peso de los ingresos nacionales.-

 

EL PRD: feo para la foto

Por Juan Bolívar Díaz
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A cinco semanas de las elecciones legislativas y municipales y entrando en la recta final de la campaña electoral tras el “feriado reflexivo” de la Semana Santa, lo peor que podría ocurrirle al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) era la reactivación de sus confrontaciones internas.

Con más de un centenar de impugnaciones a sus candidaturas y con su gestión democrática en  cuestionamiento, las perspectivas no apuntan al crecimiento esperado en mayo próximo y hasta los vaticinios de su presidente Miguel Vargas Maldonado generan pesimismo.

Vuelven los demonios

Tras el largo feriado de la Semana Santa se esperaba que la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) concluyera el conocimiento de 285 recursos de  impugnación incoados contra las candidaturas registradas por los partidos de los que cerca de la mitad corresponden al PRD, para que el partido opositor arrancara definitivamente con su campaña electoral a nivel nacional.

Es cierto que también el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su principal aliado, el Reformista Social Cristiano, confrontan masivas impugnaciones, pero los recursos del poder les permitirán compensaciones suficientes para suturar las heridas internas antes de que se abran las urnas.

Aunque habían llovido aguaceros de impugnaciones a sus candidaturas, en las últimas semanas las confrontaciones públicas entre dirigentes perredeístas habían sido superadas por  los intereses electorales del partido, cuando el martes 6 el propio presidente de la organización rompió la aparente tregua al responsabilizar a sus contradictores internos de la desproporcionada cantidad de impugnaciones incoadas por perredeístas.

Entrevistado al acudir personalmente a la JCE, donde contactó el complejo trabajo que tienen los jueces electorales, a Vargas Maldonado se le fue el seguro y acusó a sectores internos de dirigir sus esfuerzos a impedir el buen desempeño de esa organización de cara a las próximas elecciones. Cuando le pidieron que los identificara, respondió: “ustedes los han visto, son todos aquellos que han hecho impugnaciones, pero no desde ahora, sino en todos los procesos que hemos llevado a cabo”.

Auténtico boomerang.  Las declaraciones fueron suficientes para que el expresidente Hipólito Mejía, y Luis Abinader, quienes compiten con Vargas por la candidatura presidencial para el 2012, saltaran al cuadrilátero con los guantes puestos. Héctor Guzmán y Guido Gómez Mazara dispararon misiles, y en mejor tono se pronunciaron Tirso Mejía Ricart y Hugo Tolentino.

 Es obvio que Mejía y otros dirigentes, como Abinader, Gómez Mazara,   están sentados esperando tomar cuenta a Vargas Maldonado si se produce una temida debacle electoral, pero últimamente se habían reservado sus dardos para luego del 16 de mayo. Así lo había insinuado el primero cuando a principios de marzo declaró que hasta que pasen las elecciones estaría mirando los toros desde atrás de la barrera.

A Vargas le responsabilizaron de la lluvia de impugnaciones, acusándolo de “indolencia por el partido”, al no encabezar la reunificación, y “por haber impuesto más de la mitad de los candidatos”, incluso despojando a muchos que habían ganado candidaturas en convenciones locales.

 Abinader y Guzmán pusieron como ejemplo del arbitrario manejo de las candidaturas el caso del doctor Hugo Tolentino, simbólico por ser una de las personalidades históricas del PRD y hasta por haber presidido la Convención Nacional que eligió al menos la mitad de los candidatos. Tolentino fue inscrito dentro del plazo legal, que venció el 17 de marzo, como primer candidato a diputado nacional por el PRD, pero 11 días después el Delegado Político ante la JCE, Virgilio Bello Rosa, pretendió desplazarlo al segundo lugar en la lista, sin siquiera notificárselo, sustituyéndolo por José Leonel Cabrera (Neney), uno de los hombres fuertes de Vargas.

Lo peor fue que primero Vargas negó el desplazamiento, y luego tras el rechazo de la JCE dijo que él no lo había autorizado ni firmado, lo que obligó a Bello Rosa a desmentirlo públicamente, indicando que “llamé a Vargas que estaba fuera del país y le dije que yo estaba en desacuerdo con el cambio, igual posición se la manifesté a Neney (Cabrera) y a Andy Dauhajre en la casa del Ing. Vargas. Cuando hablé con éste me pidió que la firmara y yo accedí a ello. Esa es la verdad y no otra”.

Ineficaz gestión política

Al ingeniero Vargas Maldonado, exitoso en los negocios y la construcción, se le ha acusado de desconocer la historia y la tradición perredeísta, que incluyen una gran capacidad para la disensión interna, aún cuando tuvo líderes de la categoría de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Además le critican haberse rodeado de una tecnocracia profesional, también de mucha capacidad en sus especialidades, pero recién llegados al PRD y de escasa experiencia política, como Dahuajre y Cabrera, quienes en el caso Tolentino predominaron sobre la experiencia política y perredeísta de Bello Rosa. Por cierto que éste y Tolentino tuvieron el coraje de renunciarle al presidente Mejía en el período 2000-04 cuando se desempeñaban como Procurador General y Canciller, respectivamente.

Desde que en noviembre del 2008 Vargas Maldonado se lanzó a la búsqueda de la presidencia del partido blanco, lo que era incompatible estatutariamente con la candidatura presidencial que quiere repetir para el 2012, analistas políticos advirtieron que eso desataría una confrontación interna que rebasaría la coyuntura electoral del 2010, puesto que adelantaba la lucha por la candidatura presidencial, cuando apenas habían transcurrido cinco meses de la derrota del 2008. También se advirtió que eso consumiría las energías del principal partido de la oposición, impidiéndole aprovechar el desgaste del segundo período consecutivo de Gobierno del PLD y el presidente Fernández.

La estrategia que ha resultado exitosa relativamente era apoderarse de todos los mandos del partido para imponer los candidatos para mayo del 2010, creando “un nuevo PRD”. Pero el costo en términos de desgaste interno y descrédito externo, sin haber podido encarnar una efectiva y eficaz oposición al Gobierno, han sido superiores.

 Las rectificaciones dispuestas por la JCE y las que faltan, parecen diagnosticar una gran ineficacia en la gestión política.´

Pobre perspectiva electoral

Más allá de una encuesta del Centro Económico del Cibao, que en anteriores procesos electorales ha sido certero en sus estudios, y que esta semana otorgó una amplia ventaja a Milagros Ortiz Bosch para la senaduría del Distrito  Nacional, las perspectivas  para los comicios del mes próximo de un PRD dividido lucen inciertas frente a la amplia coalición que encabeza el PLD y que ya lanzó a la campaña electoral a todo el poder del Gobierno, desde el Presidente y el Vicepresidente de la República.

 Si los líderes perredeístas no logran compactarse y creer en sus posibilidades, es iluso pretender que podrán capitalizar el descontento de amplios segmentos de las clases medias y bajas con el Gobierno. Al final podrían cosechar parte del descontento, pero no evitarán la alta abstención que se ha registrado en los anteriores comicios legislativos y municipales, que ha oscilado entre el 51 por ciento del 1998 y el 44% del 2006.

Las mejores pruebas de las pobres perspectivas del PRD las ofreció su presidente Vargas Maldonado el miércoles 7 en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, cuando dijo que marchan adelante en 12 provincias, pero el PLD en 13 y los reformistas en 3, con lo que de entrada concede a la alianza de estos últimos la mitad del Senado, con cuatro provincias por definirse. Eso en una tradición política que marca una tendencia a dorar las propias posibilidades.

Peor fue la encuesta de la firma norteamericana Greenberg Quinlan Rosner Research, publicada el 29 de marzo y citada por Vargas Maldonado en el encuentro del miércoles, según la cual el PRD encabeza las preferencias por los diputados con 47 por ciento frente al 45 por ciento del PLD y 5 del PRSC, lo que otorga ventaja a la alianza gubernamental. Y por los senadores es peor porque otorga 49 por ciento al PLD y 4 al aliado reformistas para un 53 por ciento. En otras palabras, que según las encuestas y expectativas del propio partido blanco, la alianza gubernamental gana la mayoría del Congreso. Aquí sí cabe lo de que a confesión de parte, relevo de pruebas.