La capitulación de la Cámara Contenciosa

Por Juan Bolívar Díaz

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La resolución 005-2010 de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (CC-JCE) avaló los alegatos de irregularidades en el escrutinio de un colegio electoral que podrían haber despojado de la senaduría por Pedernales al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para dejarlo sin representación en el Senado.

Pero la revocación de la disposición de revisar los votos del colegio electoral 0009 de Oviedo, tras la oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ocasiona decepción y deja mal parado el arbitraje electoral que una vez más parece inclinarse ante los reclamos de quienes ejercen el poder del Gobierno.

El colegio 0009 de Oviedo. La atribución de la senaduría de la provincia de Pedernales al PLD por sólo 14 votos de diferencia pudo haberse decidido fraudulentamente en un solo colegio o mesa electoral de Oviedo, marcado con el número 0009, cuya acta registra 59 votos menos de los que pudieron corresponderle al PRD, en ambos casos incluyendo los aliados.

Según el boletín final del cómputo en Pedernales, el PLD y sus aliados obtuvieron 5,370 sufragios, para un 48.l6%, en tanto el PRD y aliados consiguieron 5,346 votos, equivalentes al 48.03%. Las mesas electorales eran 37 y el total de inscritos 17,295. De los 11, 443 votos emitidos fueron anulados 292, el 2.55%.

El acta de la votación de esa mesa contiene una serie de incoherencias carentes de explicación lógica, la mayor de las cuales es que a los dos candidatos perredeístas a diputados se les contaron 64 y 46 votos preferenciales para un total de 110, pero en cambio al candidato a senador sólo le atribuyen 51, una diferencia de 59 votos.

Ese resultado es insostenible con la norma de la elección congresual, según la cual los votos preferenciales por los diputados se cargan automáticamente al senador. Lo normal es que este acumule una sumatoria mayor, ya que muchos electores no expresan preferencias por diputados marcando directamente al senador o los símbolos del partido.

Otra incoherencia fue que según el acta sólo 152 electores votaron en la boleta Congresional (A), apenas 42% de los inscritos, que son 366, proporción muy por debajo del 66% que sufragó en la provincia. Diez fueron anulados. Pero en cambio se atribuyen 261, con 5 nulos, en la boleta municipal, equivalentes al 71%. La diferencia de votos emitidos entre ambas boletas es de 99.

El PRD impugnó el resultado y pidió el recuento de votos, pero la Junta Electoral del municipio se negó a recibir la instancia, por lo que recurrió a la Cámara Contenciosa.

La CC aceptó a unanimidad. Mediante el Auto 005-2010, del 14 de junio, la CC-JCE ordena “la verificación y reconteo de los votos emitidos en el Colegio Electoral No.0009”, tras haber comprobado irregularidades inexplicadas en el acta de la votación del mismo, específicamente diferencias importantes entre votos congresuales y municipales, y entre los derivados al candidato a senador y candidatos a diputados del PRD.

Una de las consideraciones del dictamen señala que la CC solicitó a la Dirección de Informática de la JCE una auditoría del acta del colegio 0009 y “al verificar que los resultados no le proporcionaban los datos suficientes que le permitieran adoptar una decisión conforme al derecho, para una sana aplicación de justicia”, procedió a solicitar a la Dirección de Elecciones el acta original y la lista de electores de la mesa en conflicto.

En otro párrafo indica que la CC “procedió a verificar la Lista Definitiva de Electores y determinó que los concurrentes fueron 241, no los 142 que indica la Relación de Votación en el nivel “A”, ni los 251 que señala la Relación de Votación en el nivel “B”.

El organismo dice que “procedió a realizar un análisis minucioso y ponderado de los documentos precedentemente indicados, determinando que es necesario proceder a verificar la valija contentiva de los votos emitidos por los electores en el Colegio Electoral 0009”.

En consecuencia dispuso la verificación, para lo cual convocaba a los delegados de los partidos para una sesión el 15 de junio, lo que de inmediato fue objetado por el PLD, que pidió una retractación. A su vez el PRD acogió la verificación y pidió que fuera ratificada.

Para sorpresa general, el miércoles 16 la Cámara Contenciosa se retractó y dio por zanjado el conflicto, ordenando la anulación de los votos preferenciales del colegio bajo conflicto, cuando lo que resulta incoherente en el acta y con los electores concurrentes son los votos atribuidos al candidato a senador del PRD, Saturnino Espinal.

No resistieron presiones. La retractación sorprendió y causó decepción en sectores políticos y sociales que habían ponderado la valentía con que la CC enmendó decenas de abusos en la presentación de candidaturas. Se cree que los tres miembros que se retractaron no resistieron presiones del partido de Gobierno, empeñado en dejar la oposición política fuera del Senado y, en consecuencia, restarle influjo en la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano clave en la composición del Poder Judicial, de los organismos electorales, de la Cámara de Cuentas, del nuevo tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo.

Lo que divide a la CC es la retractación de una “disposición neutra”, encaminada a esclarecer el resultado electoral de una provincia, con la que cumplía la misión instructiva o investigativa de un tribunal. A lo que se opuso el partido de Gobierno fue a que ante todo el mundo se abriera la valija de la urna para determinar la real voluntad de los electores.

Si no es posible apelar a la valija electoral con una diferencia provincial de 14 votos, carece de justificación el gasto y la disposición de que se selle y remita a las juntas electorales los resultados de cada colegio. Esta previsión, dispuesta este año por primera vez, fue señalada reiteradas veces por la JCE como una nueva garantía de transparencia.

La verificación del contenido de la valija del colegio hubiese permitido establecer la voluntad popular, y aún quedaba el recurso de anular por completo el resultado.

La jueza Aura Celeste Fernández afirma que “en situaciones como las expresadas, lo que procede, de conformidad con la Ley Electoral, es ordenar la nulidad de los resultados de los niveles A y A-1”.

Pero la anulación hubiese enmendado una evidente manipulación del acta y otorgado al PRD la senaduría de Pedernales, como probablemente hubiese sido también el balance de la verificación, pues es imposible que los votos preferenciales de los candidatos a diputados de un partido superen a los depositados por su candidato a senador.

Tras esta capitulación ante el poder gubernamental, la CC puede rechazar en un solo acto los 174 recursos de impugnación y 26 de amparo de que está apoderada. Una vez más quedan sombras sobre la legitimidad de los resultados electorales cuando no se pudo verificar la votación ni siquiera en un clave colegio electoral.

Se divide la Contenciosa

La revocación de la disposición de verificar los votos del colegio 0009, adoptada originalmente a unanimidad, dividió entonces a los cinco integrantes de la Cámara Contenciosa. Por la retractación votaron el presidente Mariano Rodríguez, John Guiliani y Leyda Margarita Piña. En contra Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares.

Una vez más correspondió a la doctora Fernández encabezar la defensa de los principios de justicia en la JCE, dejando constancia de sus argumentos en el “Voto Razonado” que escribió para anexar a la resolución. Se fundamenta en que la cámara no podía revocar su decisión sin una justificación legal y que “violentó el derecho y afectó la transparencia que estaba obligada a ejercer…ya habiendo constatado serias irregularidades e incongruencias en los datos oficiales de las votaciones del referido colegio”.

La jueza sostiene que la revocación “constituye un revés respecto de la obligación de la Cámara Contenciosa de rendir una justicia oportuna e imparcial como lo demanda la sociedad dominicana”. Que la verificación era el “único medio objetivo” para “encontrar la explicación de las incongruencias e irregularidades contactadas”, que constituía “una medida preparatoria, que de conformidad con la ley no es objeto de ningún recurso”. Y que a la CC “no le fue aportado elemento nuevo alguno que contradijera los datos arrojados por el experticio” realizado hasta entonces y que pudiera fundamentar la retractación.

La doctora Fernández sostiene que la preocupación y desconfianza que el PRD expresara sobre la preservación de la integridad de la valija del colegio en disputa, en manos de la Cámara Administrativa de la JCE, “no constituyen motivos que tengan el peso suficiente para justificar la retractación de la medida de instrucción ordenada horas antes por la Cámara Contenciosa y mucho menos para justificar la anulación del nivel A-1 relativo al voto preferencial”.

 

 

Otra vez el voto preferencial

Por Juan Bolívar Díaz
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La falta de reglamentaciones de las actividades políticas y electorales y la persistencia de una cultura de la trampería impulsada por las ambiciones y la corrupción han vuelto a poner en cuestionamiento la pertinencia del voto preferencial que permite a la ciudadanía escoger su diputado. Y de nuevo se levantan voces pidiendo que se devuelva a las cúpulas partidarias la facultad de decidir quiénes pueden o no resultar electos.

El voto preferencial se instituyó en la reforma electoral de 1997 y se puso en práctica por primera vez en el 2002. Fue fruto de reclamos y consensos políticos-sociales con el objetivo de mejorar el ejercicio democrático. También se reclamaba, y todavía no se ha logrado, ofrecer a los electores y electoras la posibilidad de escoger al senador separado de los diputados y al síndico de los regidores.

La institución del voto preferencial fue acogida como un paso de avance democrático, pero la forma en que se ha ejecutado, sin ningún tipo de reglamentación, la ha desacreditado hasta el punto de crear condiciones para su derogación, lo que sería otro paso regresivo. Lo que corresponde no es reducir el derecho de la ciudadanía en beneficio de la dirección de los partidos, sino establecer normas que preserven esa conquista.

Tal como se ha ejecutado el voto preferencial está beneficiando a los aspirantes de menores escrúpulos y con más capacidad financiera, legítima o ilegítima, que llegan al extremo de comprar el favor de delegados políticos en los colegios electorales para que abulten sus votos en perjuicio de compañeros de partido o de aliados. Las mujeres en particular se quejan del sistema porque generalmente reúnen menos financiamiento y son víctimas del desbordamiento ético de sus compañeros de partido.

Ahora mismo la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral está apoderada de más de una treintena de impugnaciones entre candidatos de un mismo partido. En consecuencia cada vez son más los reclamos de que se elimine el voto preferencial para conjurar la terrible competencia que se desata en el seno de cada partido, debilitando esas instituciones fundamentales de la democracia.

Sin embargo el remedio no puede ser estrechar la democracia, sino reglamentarla. Lo primero que se impone es limitar el poder del dinero desde las elecciones primarias de los partidos a la nacional. Una propaganda desbordada permite a quienes reúnen más dinero, a menudo mal habido, aplastar a los más honrados y comprometidos con los intereses de su comunidad.

Se impone prohibir la promoción de precandidatos y candidatas  a diputados a través de los medios masivos de comunicación, como se ha hecho en muchos países. La competencia sólo debe permitirse estrictamente dentro de su circunscripción, apelando directamente a sus electores y electoras y en espacios en las vías públicas distribuidos en forma equitativa, no en función del dinero o la complicidad con las autoridades municipales que a nombre del ornato comercializan los espacios que corresponden a todos excluyendo a quienes tienen menos financiadores.

También se impone eliminar los cofrecitos de 50 mil pesos mensuales que recibe cada diputado para “labores asistenciales”, o las asignaciones de Navidad y el Día de las Madres que implicaron casi 100 millones de pesos entre Navidad y las recientes elecciones, a razón de 550 mil pesos para cada diputado, cuando 131 de los 178, nada menos que el 74 por ciento, buscaba la reelección.

La distorsión del voto preferencial en los colegios electorales es más difícil de corregir mientras persista la cultura de la trampería, el arrebato y la apropiación hasta de la voluntad colectiva, mediante las prácticas de las dádivas y el clientelismo, mientras todo se pueda comprar y haya gente que se oferte públicamente al mejor postor. Mientras la política sea un simple negocio, y mientras  persistamos en cultivar la ignorancia y la subordinación de las masas populares, negándonos a convertir la educación en la primera prioridad nacional.-

 

Aquella barrida electoral del PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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Vale revisar los documentos y publicaciones referentes a las elecciones congresuales y municipales del 2002 para comprobar cómo el país gira continuamente sobre su propio eje, reproduciendo una y otra vez los mismos escenarios conflictivos, a menudo con rasgos de retroceso.

Hace 8 años el mapa electoral quedó con 29 provincias pintadas de blanco, dos de colorado y una de morado, en lo que conformó una barrida del partido gobernante, entonces el Revolucionario Dominicano (PRD). Este año la barrida peledeísta ha sido mayor, dejando al principal partido de oposición sin representación en el Senado y con sólo un  escaño al tercer partido del sistema que es a la vez su aliado.

Los estrechísimos resultados electorales con que esta vez se atribuyó la provincia de Pedernales al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con diferencia de apenas 14 votos y con denuncias de irregularidades  en la validación de votos que habían sido anulados, deja la duda de si hubo un despojo para excluir al PRD del Senado.

Eso estuvo a punto de ocurrir en el 2002 con el único senador obtenido por el PLD, José Tomás Pérez por el Distrito Nacional. El resultado era muy estrecho y al final la alianza que encarnó el PLD fue reconocida como ganadora por menos de un punto de diferencia sobre la que encabezó el PRD: 39.20 a 38.28 por ciento.

Todavía en la noche del sábado 18 de mayo los perredeístas insistían en que eran ganadores, tratando de dejar al PLD fuera del Senado. Me tocó ser parte, junto a Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja, de una comisión de Participación Ciudadana que acudió a la residencia del presidente del PRD Hatuey de Camps con los resultados del conteo rápido de la institución, donde los peledeístas ganaban la sindicatura y la senaduría del DN.

Desde el primer momento De Camps pareció ajeno a los intentos de arrebato y delante de nosotros llamó al presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Morel Cerda, para decirle que “el partido no quiere nada que no haya ganado”. Llamaría al presidente Hipólito Mejía, quien estaba en España, para ponerlo al tanto de la situación, y lo mismo hizo con Peggy Cabral, candidata a síndica, donde nos remitió. Fuimos de inmediato donde la viuda Peña Gómez, a cuya memoria apelamos para convencerla de que reconocieran la voluntad popular, lo que procedió a hacer en la mañana del domingo junto a Fafa Taveras, el candidato a senador. Esa mediación no se hizo pública pero la reconocieron dirigentes del PLD y los candidatos ganadores.

Lo que sí fue público fue la misión que envió Participación Ciudadana a Santiago para reforzar a los dirigentes locales en el acompañamiento al PLD y a su candidato a senador Francisco Domínguez Brito en sus enérgicos reclamos de revisión de irregularidades. Se demostró que varias actas habían sido alteradas y fueron anuladas. No cambió el resultado pero quedó el precedente de revocación de actos fraudulentos. Aquellos acontecimientos vienen a la memoria en estos días de denuncias de irregularidades y fraudes, cuando aparecen peledeístas que ahora niegan derechos y gritan que nadie reclamaba cuando los intentos de arrebatos les perjudicaban.

Entonces como ahora muchos consideramos peligrosa aquella barrida y advertimos que podría desbordar el continuismo, como ocurriría poco después, aunque el presidente Mejía, como ahora el presidente Fernández, exhortó a sus seguidores desde Madrid a no ensoberbecerse con el triunfo. Cuando se anunció un recibimiento apoteósico tras su viaje a España y Marruecos, Mejía -al igual que Fernández ahora- tuvo el acierto de rechazarlo. Aunque dos meses después ya estaba modificando la Constitución para repostularse.

Participación Ciudadana, muchas otras organizaciones  y buena parte de los líderes de opinión hicimos campaña tratando de evitar aquel desbordamiento contra la institucionalidad democrática. Organizamos una vigilia nocturna ante el Congreso y asistimos a la sesión de la Asamblea Nacional que modificó la Constitución. Y si pudimos entrar a aquella sesión fue porque los diputados opositores Julio César Valentín y Pelegrín Castillo lo exigieron. Porque los perredeístas estaban decididos a impedir la entrada de las turbas de la sociedad civil. Ojalá no sigan las repeticiones.

 

Sólo Leonel ganó; el 44% no eligió

Por Juan Bolívar Díaz
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Tal como se temía, el balance de las elecciones congresionales y municipales es devastador para la institucionalidad democrática nacional, al concentrar todos los poderes del Estado en manos del presidente Leonel Fernández, quien utilizó todos los recursos públicos a su alcance para afianzar un proyecto de larga dominación política.

El resultado electoral deja mal parada a una ineficiente oposición encarnada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), prosigue la liquidación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afianzando el bipartidismo y deja con escasa representación a los restantes 23 partidos políticos.

Un solo ganador: Leonel.  Por más vueltas que se dé al resultado de los comicios del domingo 16, sólo se encuentra un ganador, el presidente Leonel Fernández, quien se lanzó con todo el poder del Estado a la campaña electoral hasta lograr su anhelada barrida en el Senado de la República, concentrando 31 de sus 32 escaños, con el otro en manos de un aliado y dejando fuera a la oposición perredeísta.

Con 105 de los 183 diputados, la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Congreso será durante seis años de 136 curules. Si le suman los 4 de su aliado PRSC, totalizan 140, faltándole 4 para las dos terceras partes necesarias para decisiones importantes como modificar la Constitución de la República, si lo creen necesario para que el presidente Fernández pueda optar por otra reelección en el 2012, como se reclamó durante la reciente campaña electoral cuando él recorría pueblos y carreteras.

Esos 4 votos son insignificantes para cualquier gobierno dominicano. En 1998 el PLD sólo tenía un senador y 14 diputados y pretendió modificar la Constitución para poder reelegirse. Falló por un puñado de legisladores que no pudieron “convencer”. En el 2002, el Gobierno de Hipólito Mejía lo logró “conquistando” el apoyo de 12 peledeístas, que terminaron expulsados, y de las tres cuartas partes de 36 perredeístas que se habían opuesto.

 Las mayorías congresionales de ahora permitirán al presidente Fernández conformar “a su imagen y semejanza” los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, y tener el control total del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le garantiza también imponerse en la pendiente reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

También podrán modificar unilateralmente decenas de leyes que deben ser adecuadas al nuevo marco constitucional, además de que se garantiza proseguir la carrera de endeudamiento interno y externo y las reformas tributarias que precisará el Gobierno para cubrir su déficit fiscal. En resumen: el poder total.

Un nuevo mago político.  Para todos los analistas es claro que tal resultado fue posible por el uso y abuso de los recursos del Estado, sin la menor inhibición ni recato, pero merece crédito la eficiencia con que el Gobierno y el PLD planificaron y ejecutaron su barrida electoral, con una aplastante e inequitativa propaganda que incluyó  el monopolio de decenas de emisoras de radio y TV al concluir la campaña electoral.   La inversión y el gasto público fueron subordinados desde comienzo del año al interés político, lo mismo que los planes sociales del Gobierno, y se manipuló a gran parte del millón y medio de los beneficiarios de los subsidios estatales, los que en muchos casos eran llevados a votar, listados en mano con asombrosa rigurosidad.

Hasta los observadores internacionales preguntaron insistentemente las razones por las que el presidente Fernández se lanzó a las calles con todo el Gobierno, cuando se trataba de una elección de legisladores y munícipes. La única explicación es que el país asistía a la consagración definitiva de un nuevo mago político. El mensaje es obvio para todos los peledeístas: que no pueden desperdiciar su principal activo político, capaz de lograr una barrida electoral total pese al desfavorable escenario económico internacional.

Fernández queda no sólo como líder indiscutible del PLD, sino también de otros 13 partidos aliados electorales. Es cierto que su partido vio reducido el porcentaje de votos, del 46.35% en 2006, al 44.94 en  2008 y ahora al 40.82%. Pero sus aliados le aportaron 455,891 sufragios, el 25% del millón 804,727 votos que acumuló junto a sus aliados, para un 54.62%, en ascenso en relación al 52.31  de 2006 y al 53.83% de 2008. El escenario que se montó en Villa Juana para que  el doctor Fernández votara  fue simbólico del nacimiento de un nuevo líder providencial.

Creció abstención.  Es relevante que sólo el 54.02% de los empadronados participó en la elección de los legisladores, 2 puntos menos que el 56.23% de 2006. El 2.37% fueron anulados, muchos por haberse abstenido “votando por ninguno” o dejando la boleta sin marcar. Los votos válidos sumaron 3,304,224. Hace 4 años representaron 56.23%.

En otras palabras, el 46% de la población no hizo valer su voto, 44% ni siquiera asistió, 2 puntos más que en  2006. En los tres grandes conglomerados urbanos del país, Santo Domingo, DN y Santiago, los abstencionistas pasaron del 50 por ciento, pero hubo provincias como Independencia, Ocoa, Dajabón, Azua y Santiago Rodríguez donde los concurrentes pasaron del 70%.

El mapa de la abstención sugiere que los sectores de bajos ingresos tuvieron alta proporción de participación, estimulados por las dádivas que caracterizaron la campaña electoral hasta la jornada misma de votación, así como por el temor a perder los subsidios estatales. La participación fue menor en las provincias de fuertes clases medias, incluyendo a San Pedro, Monseñor Nouel, La Romana, La Vega y Peravia. El resultado electoral fue devastador para los partidos minoritarios que en su mayoría quedan reconocidos sólo por  haberse aliado a los dos grandes. Ninguno de los 5 que concurrieron solos logró alcanzar el 1% para obtener alguno de los 5 diputados por acumulación nacional de votos.

Tampoco serán atribuidos a los otros 19 pequeños, porque sus aliados, PLD y PRD, obtuvieron representación, pero contradictoriamente se les suman a éstos, gracias a la vocación acaparadora, excluyente y contradictoria que determinó la ley que los rige. Como consecuencia de la mayor concentración del voto en el bipartidismo, organizaciones políticas alternativas y candidatos de nuevo perfil vieron frustradas sus expectativas de representación en el Congreso, siendo relegados a las regidurías y a los cargos de los distritos municipales.

(Todos los resultados son exclusivamente en base a la boleta congresual).

El PRD no logró avanzar Es obvio que de cara a la alianza que encarna el PLD bajo el liderazgo de Leonel Fernández el PRD no logró “avanzar en el 2010 para triunfar en el 2012”, como se propuso. En la votación para el Congreso obtuvo 38.45%, casi similar al 38.57 de las presidenciales del 2008. Con el voto de sus aliados, que le aportaron 113, 789 votos, mejoró más de un punto, al pasar de 40.48 en el 2008 a 41.89% ahora.

Pero el haber quedado sin representación en el Senado por primera vez en su larga historia, configura un fuerte revés para el perredeísmo, que en consecuencia pierde escenario en el Congreso y verá reducida su influencia en el Consejo Nacional de la Magistratura con sólo uno de sus 8 integrantes.

En ese marco no se puede hablar de avance por haber incrementado sus diputados de 60 a 75, y las alcaldías de 52 a 57, incluyendo muchas importantes, si su principal contrincante también creció significativamente, de 24 a 31 senadores, de 96 a 105 diputados y de 67 a 92 alcaldes. Ambos partidos se nutrieron del PRSC que prosiguió su proceso de reducción, asimilado por el peledeísmo.

Es generalizado el criterio de que “el nuevo PRD” sufrió un serio tropiezo al no haber podido capitalizar el desgaste del Gobierno, por una ineficiente oposición determinada por el pacto de Miguel Vargas Maldonado con el presidente Leonel Fernández, que sólo benefició a éste. No lograron atraerse el voto de los insatisfechos, y lo peor parece haber sido la designación “de dedo” de gran proporción de sus candidatos, especialmente de los 32 para senadores fracasados. Es significativo que fueran derrotados su secretario general, Orlando Jorge Mera, en Santiago, y su secretaria de Organización, Geanilda Vásquez, para diputada en el DN. Los reformistas vieron reducida una vez más su cosecha electoral al obtener el 6% del sufragio, poquito más de la mitad del 10.96% de hace 4 años, aunque con incremento del 1.5% en relación a las presidenciales de 2008. Sólo consiguieron un senador, 3 diputados y 4 alcaldes en su propia boleta, y según estimados una docena más en la alianza con el PLD, aunque varios a medias.

 

Gran desilusión en clase media en estas elecciones

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque suman 6 millones 116 mil 397 las ciudadanas y ciudadanos empadronados  para votar, se puede esperar que alrededor de 3.5 millones serán quienes elegirán hoy a los 4 mil 36 funcionarios municipales y legisladores, que representan un incremento de cargos del 66 por ciento y esta vez para un período extendido a seis años.

Los resultados de estos comicios podrían ser importantes para el proceso de institucionalización democrática de la nación, debido a que los legisladores serán decisivos en la elección de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, además del Consejo Nacional de la Magistratura que deberá renovar la Suprema Corte de Justicia.

Participación tentativa

El promedio de votos válidos sobre el padrón electoral en las tres elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales a partir de 1998 es del 52.23 por ciento, el menor en el 2002 cuando se registró 49.16 ptor ciento, y el mayor en el 2006, que ascendió al 56.23 por ciento. Hace cuatro años la abstención fue del 41 por ciento y los votos nulos 3 por ciento. En 1998 la votación fue 50.77 por ciento. En las elecciones presidenciales el promedio de participantes válidos es del 72 por ciento, entre los más altos de la región.

Si hoy se diera el promedio de las legislativas, sobre un padrón de 6 millones 116 mil 397, los votos válidos serían 3 millones 183 mil. Si se repitiera el 56.23 por ciento de hace cuatro años, entonces llegarían a 3 millones 439 mil. Empero, los funcionarios electorales esperan que la ampliación de los funcionarios a ser electos, con los 229 distritos municipales, incentive la participación. De alcanzar un 60 por ciento los votos validos llegarían a 3 millones 666 mil.

Apatía y desilusión

La proporción de los abstencionistas dependerán en grado significativo de la participación de las clases medias urbanas, concentradas en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Duarte, Puerto Plata, San Pedro, Espaillat y San Juan que representan el 70 por ciento del padrón electoral.

La percepción de los analistas sociales es de una creciente insatisfacción con el sistema político en las clases medias y medias altas, donde a la tradicional apatía se les suma una “tremenda desilusión” por la corrupción, el clientelismo, el transfuguismo y la falta de discurso que afectan a todo el sistema político nacional y no sólo al partido hegemónico.

Una motivación de última hora podría empujar a una proporción de los electores a acudir a las urnas buscando evitar una mayor concentración del poder, a lo que podrían contribuir las crecientes denuncias de abusos de los recursos estatales en la campaña electoral, así como la saturación publicitaria del partido gobernante que acaparó los medios de comunicación electrónicos en gran parte del país en los últimos dos días.

Un factor de creciente influencia en la participación electoral es el alto número de dominicanos que tiene subsidios del Estado, que ya sobre pasa el millón 441 mil personas, de los cuales hay 525 mil en el programa “Comer es Primero”, mediante el cual se les otorga 700 pesos mensuales. Otros 200 mil son beneficiarios de programas de incentivo escolar y de asistencia a la vejez. Además de unos 800 mil incorporados al programa bono gas. La circunstancia de que dependan de una tarjeta, que se les puede quitar, los hace más vulnerables a las presiones políticas para votar.

Ofertas por paquetes

La persistencia de un sistema de votación que cultiva el arrastre, dejando pocas opciones de escogencia a los electores es un factor que desalienta la participación de los sectores más educados y críticos de la sociedad. Aunque desde el 2002 se instituyó el voto preferencial por los diputados, todavía no hay posibilidad de votar por el senador de un partido diferente. En la boleta municipal es peor porque el voto por el síndico arrastra a todos los regidores.

 Este año los cargos electivos son 1,538 más,  65.6 por ciento de incremento sobre los 2,438 de 2006, para totalizar 4,036. El voto en la boleta A para el Congreso, se lleva ahora no sólo a los 32 senadores y los 178 diputados por circunscripciones, sino que también arrastra a los 20 representantes e igual número de suplentes al Parlamento Centroamericano y los cinco diputados nacionales  por acumulación de votos. El sufragio por el alcalde arrastra ya no sólo a los regidores, sino también a los directores y subdirectores y a los vocales de los Distritos Municipales, a ser electos por primera vez.

La elección de 155 alcaldes y vicealcaldes evidencia el mini fraccionamiento territorial dominicano, pues en 1998 eran sólo 103, lo que marcan un incremento del 50 por ciento.

Las escasas posibilidades de elección desalientan la participación de los sectores más críticos de la sociedad que tienen escrúpulos por votar en paquetes que mezclan a buenos candidatos con la escoria del sistema político.

La conformación de dos grandes coaliciones sin mayores compromisos programáticos es otro factor que desincentiva y genera cuestionamientos a un sistema político donde tradicionalmente las alianzas terminan con la repartición de cargos. Esta vez el Partido de la Liberación Dominicana lleva 14 partidos reconocidos como aliados, conformando la mayor coalición de la historia nacional. El Partido Revolucionario Dominicano se sumó como aliados a otros 7 partidos. Sólo el Partido Revolucionario Social Demócrata, el Partido Revolucionario independiente y Dominicanos por el Cambio llevan boletas separadas y no en todas las circunscripciones.

Incremento

Es razonable esperar algún incremento por la elección de directores, subdirectores y vocales de los distritos municipales que suman mil 173, pero hay que tener en cuenta que  en las provincias más pobres y de menor población, donde tienen mayor incidencia, la votación generalmente supera el promedio de las presidenciales. Por ejemplo en Independencia, Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez, sobrepasó el 72 por ciento hace 4 años. En cambio en las grandes concentraciones urbanas, como Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago la votación válida quedó por debajo del 51 por ciento. Hay diez distritos electorales que registran apenas entre 610 y mil 237 electores.

En la medida en que el padrón electoral envejece, y el vigente se puso en vigor en los comicios presidenciales del 2000, crece la proporción de los abstencionistas forzados por los movimientos migratorios dentro y hacia fuera del país. También por el subregistro de los fallecidos, parte de los cuales permanecen en el padrón pero no podrán votar.

Importancia de esta elección

La circunstancia de que hoy se elige por seis años es una de las determinantes de la alta proporción de candidatos que buscan ser reelectos, 27 de los 32 senadores, para un 84 por ciento, 131 de los 178 diputados, equivalentes al 74 por ciento, y 90 de 155 alcaldes, para un 58 por ciento.

El nuevo congreso tendrá la misión de revisar decenas de leyes en virtud de la  Constitución proclamada en enero, y aprobar muchas otras nuevas. Pero también tendrá incidencia en la constitución de nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Defensor del Pueblo y en la renovación de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Con la mitad de los miembros del  Consejo Nacional de la Magistratura influirá en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

Las perspectivas apuntan a un afianzamiento de un bipartidismo, por el progresivo debilitamiento del Partido Reformista Social Cristiano que seguiría siendo absorbido por el Partido de la Liberación Dominicana. Al mismo tiempo podría darse una inclinación mayor de la balanza a favor de éste, por causa de la dispersión que afecta al Partido Revolucionario Dominicano llamada a incrementarse si decrece su representación.

En ese escenario saldría fortalecida una nueva tendencia caudillista-autoritaria representada por el presidente Leonel Fernández, quien tendría todas las posibilidades de conformar los nuevos órganos de control constitucional, judicial y electoral, a la medida de sus particulares intereses, dentro de los cuales resalta eternizarse en el control político de la nación, al viejo estilo de Joaquín Balaguer, sin ni siquiera responder a los cuestionamientos de la opinión pública.

Una mayor concentración del poder municipal en el partido de gobierno tampoco contribuiría a la descentralización ni a la equidad en la inversión pública propugnada en la Ley 176-07 del DN  y los Municipios.-