Por Juan Bolívar Díaz

El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) es una dramática documentación de graves violaciones a los derechos humanos en la política de seguridad pública del Estado dominicano que deja al país muy mal parado ante el concierto mundial.

El amplio documento aborda la descomposición de la Policía Nacional desde múltiples visiones y contiene serias recomendaciones de reformas que deberían ser ponderadas por las autoridades y la opinión pública, en vez de responder con chovinismo patriotero divorciado de la globalización.

Cállate o te matamos.  Recogido en un libro de 69 páginas, de impecable edición, y sintetizado en un video testimonial de cinco minutos, el informe de AI lleva un título dramático: “Cállate si no quieres que te matemos” y el subtítulo “Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana”. Su capítulo cuarto, referido a los abusos policiales, está subtitulado con el lema “¡Policía, no me mate, que yo me paro!”, difundido el año pasado en las redes sociales después de varios asesinatos de personas que no se detuvieron cuando agentes del orden se lo ordenaron en lugares inapropiados.

En realidad el informe no es novedoso para los dominicanos bien informados, porque está integrado por denuncias que han sido recogidas por los medios de comunicación en las últimas décadas, aunque al ser avaladas por una prestigiosa institución internacional se constituyen en un dramático documento llamado a causar alarma y estupor en los ámbitos transnacionales preocupados por los derechos humanos y el estado de derecho.

Para mostrar la barbarie policial hubiesen bastado las estadísticas de  los muertos y heridos por la Policía Nacional en los últimos años, pero el informe se extiende en redadas masivas para extorsión, torturas y otros abusos. Consigna 2,367 homicidios policiales en los últimos seis años, para un promedio anual de 395, más de uno por día, según las propias cuentas de la PN, y 2,138, de acuerdo al conteo de la Procuraduría General de la República. Los heridos por los agentes policiales en los últimos cuatro años ascienden a 4,354, promediando 1,088 por año y tres por día.

AI denuncia los alegados intercambios de disparos como frecuentes ejecuciones, llamándolos “homicidios ilegítimos”, indicando que las muertes a manos de la PN representan un promedio del 15 por ciento de los homicidios ocurridos en el país entre el 2005 y el 2010. Esa cantidad de muertos representa anualmente entre 3 y 5 puntos de  la tasa nacional de homicidios, que ha girado en la última década entre 22 y 26 por cien mil habitantes.

Dramáticos testimonios.  El libro de AI contiene numerosos testimonios de víctimas y de testigos presenciales de abusos policiales, recogidos por delegaciones de esa institución en los meses de octubre del 2009 y 2010 y en marzo del 2011. Documenta asesinatos múltiples ejecutados por policías, como el de cinco choferes acribillados en el parque Mirador Sur el 30 de diciembre del 2008, en lo que inicialmente se informó como “intercambio de disparos”, para luego tener que admitirse que se trató de una ejecución múltiple. Lo mismo documenta la ejecución de un hombre y dos mujeres en Pueblo Nuevo, Santiago, el 20 de marzo del 2006. En ambos casos se llegó a condenas judiciales, pero se sostiene que la mayoría de los homicidios policiales quedan en la impunidad.

El párrafo que inicia las conclusiones del informe indica que la  PN  “comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no han puesto fin a estos abusos. Así mismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad”.

A continuación se señala que “Debido principalmente a la falta de voluntad política, no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana. Quienes están en el poder no se han enfrentado a las personas interesadas en mantener el sistema actual en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes”.

Amnistía denuncia la tortura como método investigativo y sostiene que “la conducta ilegítima y poco profesional de muchos agentes de policía contribuye a aumentar la delincuencia y la violencia en República Dominicana. La corrupción generalizada de la Policía, las actuaciones policiales agresivas y la participación de agentes del orden público en actividades delictivas socavan la capacidad del Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública”.

Un documento abarcador.  Contrario a lo que algunos argumentaron para descalificarlo, el informe es abarcador, enfocando los desafíos de la creciente delincuencia, el costo en muertes de agentes policiales y sus pésimas condiciones salariales y de vida. Recoge la cifra oficial de 354 policías muertos en los últimos 6 años, promediando 59 por año. No lo señala, pero esa estadística de la PN no se refiere sólo a las víctimas de los delincuentes, sino que incluye los que perecen en riñas personales.

El documento señala que la PN “opera en un entorno difícil y peligroso. En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social”. Indica cómo la tasa de homicidios pasó del 13 por 100 mil en 1991 al 26.41 en el 2005 y el 25 por cien mil en el 2010.

Acredita a la PN “un enfoque de tolerancia cero” contra la corrupción interna, al cifrar en 12 mil los agentes policiales destituidos entre el 2007 y 2010. Se refiere también a las precariedades salariales que impiden a la mayoría de los policías y sus familiares el disfrute de una vida digna y que los obliga al pluriempleo, en detrimento de su vida familiar y personal, y de su efectividad y motivación laboral. Especifica que el 45 por ciento de los policías tienen salarios mensuales de unos 5 mil 300 pesos, unos 140 dólares, cifra que considera “extremadamente baja” y que contrasta con el salario mínimo de 8 mil 356 pesos en las empresas de seguridad privada. Entre las recomendaciones del informe se incluye el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de todos los agentes del orden.