Este mundo es insostenible

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ Opinión9 A

El invierno de este año apenas pudo reducir el flujo de los cientos de miles de asiáticos y europeos que cruzan y muchos dejan la vida en el Mar Mediterráneo, para tocar las puertas de Europa, reclamando alguna participación en el bienestar construido en este mundo con el aporte de todos. Y desde que asoma la primavera se eleva el oleaje humano volviendo a disparar la alarma en el continente europeo.

Es natural y comprensible que las naciones desarrolladas se empeñen en establecer límites a la masiva “invasión”, que parece una venganza histórica de la que varias de ellas protagonizaron durante siglos en lo que hoy se conoce como tercer mundo, y de la que derivaron tanta riqueza, que muchos consideran fue fundamental para su apogeo.

Lo más conflictivo es que esa migración y las políticas para contenerla generan conflictos internos, con discursos de estigmatización y exclusión de ciudadanos europeos y norteamericanos descendientes de inmigrantes, constituyéndose en un círculo vicioso, al disparar radicalismos y fundamentalismos en sus propios territorios y a nivel universal, caldo de cultivo de un terrorismo que nadie puede justificar por las deudas históricas de la esclavitud, la sobreexplotación de recursos naturales y los repartos políticos del tercer mundo. Pero que los traen de nuevo al tapete.

Lo que se proyecta es ominoso y demanda de un gran liderazgo con capacidad para enfrentar los graves desafíos, como el que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la creación del estado de bienestar, impulsado por el temor a la expansión del comunismo, fortaleció y sustentó las llamadas sociedades occidentales.

El problema es muy complejo y profundo, pues lo que lo genera no es otra cosa que la extrema desigualdad que se ha apoderado de este mundo después del final de la guerra fría que, si bien nos mantenía al filo de la confrontación total, contenía los extremos del mal reparto de los bienes y hasta prometía solidaridad con los más desposeídos de dentro y de fuera de los templos del bienestar.

Los datos que revelan recientes estudios internacionales como los de Oxfam, avalados en un informe conjunto, por la Comisión Económica para América Latina, indican que este mundo del siglo 21 es insostenible, y que no habrá seguridad para nadie. Que los fundamentalismos de diversas manufacturas, alimentados por la extrema desigualdad, nos mantendrán a todos en ascuas.

Lo datos están ahí: el año pasado solo 62 personas poseían la misma cantidad de riqueza que la mitad de la humanidad, es decir que 3,600 millones de seres humanos. Y la concentración se incrementa a velocidad de rayo, en 44 por ciento en solo cinco años. En el 2010 los que concentraban esa proporción de la riqueza eran 388.

Visto de forma más amplia, el uno por ciento de la humanidad, es decir unos 72 millones de personas, usufructúan más riqueza que el 99 por ciento restante, nada menos que unos 7,128 millones de seres humanos. En lo que va de este siglo la mitad más pobre de la humanidad solo ha recibido el uno por ciento de la riqueza generada, mientras el 50 por ciento de la misma ha ido al bolsillo del uno por ciento más privilegiado.

Así, con esa extrema desigualdad reproductora de pobreza, desesperación y sed de venganza, no habrá seguridad para nadie en este mundo, por más que se aceiten las maquinarias de la represión o la contención. La injusticia la inequidad y la iniquidad es tan descomunal, que muchos no quieren verla y apuntan a soluciones erradas, que agudizan las contradicciones.

Si en verdad fue Dios que hizo este mundo, tendrá que apresurarse a provocar su modificación, antes de que la inmensa tragedia del acaparamiento abata esta civilización.

La homosexualidad no se contagia

Por Juan Bolívar Díaz
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De entrada tengo que confesar el pecado: Cuando a fines del 2013 llegaron al país el embajador de Estados Unidos James Brewster y el nuncio papal monseñor Judes Taddeus Okolo lo celebré considerando que la presencia de un homosexual público y casado con otro ser humano del mismo sexo, y de un africano negro en esos cargos contribuiría a despejar arraigados prejuicios y discrímenes en la sociedad dominicana.

No se sabe si el nuncio Okolo habrá sufrido la discriminación de que son objeto los negros en los altos niveles sociales dominicanos, y hasta en medios y bajos, lo que se niega enfática y rabiosamente, pero es notable el bajo perfil que ha mantenido, muy reducido en relación a sus antecesores blancos. Y la discriminación del negro es histórica en el país, aún en la Iglesia Católica, pues cuando llegué al seminario Santo Tomás de Aquino en 1961, con mi sueño de pastor, allí se celebraba que Sindúlfo Andújar era el primer negro aceptado como seminarista. Y llegó a ser ordenado sacerdote más de una década después.

Al embajador Brewster no le han hecho sufrir, como le vaticinó un destacado obispo dominicano, porque él no ha guardado el bajo perfil que muchos esperaban y ha mantenido el llamado “orgullo gay”, que no es otra cosa que la pública defensa de los derechos humanos y sociales de quienes tienen preferencia por personas del mismo sexo. Gran parte de la opinión pública ha reaccionado con intolerancia, asumiendo que el diplomático debía mantener en secreto su condición sexual, como si la homosexualidad fuera una enfermedad contagiosa que pudiera infectar a nuestros niños y jóvenes.

El escándalo ha alcanzado niveles de paroxismo porque el embajador se presentó a un intercambio con estudiantes del excelente colegio Iberia, de Santiago, acompañado de su esposo. Se ha lanzado una campaña para pedir a Estados Unidos que se lo lleve antes que pueda desatar una epidemia peor que el dengue o el zika.

Ya eso es el colmo de la hipocresía. Brewster no se presentó ante niños, sino adolescentes, la mayoría estudiantes de secundaria que ya saben suficiente sobre homosexualidad, que la han visto no sólo en sus mismos ambientes, sino también en libros, revistas, en la televisión y el cine, y no habló de su preferencia sexual, sino sobre las Naciones Unidas.

La homosexualidad es tan antigua como la humanidad, y ha sido objeto de todos los estudios y controversias, incluyendo el debate de si es de origen genético o adquirido, pero nadie con mínima seriedad ha sostenido que sea una enfermedad contagiosa, aunque muchos la han tratado como una peste a la que hay que combatir, sometiendo a sus portadores a toda clase de humillaciones, persecuciones, agresiones físicas y morales y hasta al exterminio.

El listado de personajes de todas las categorías que han sido homosexuales es inconmensurable, gobernantes, artistas, escritores, deportistas, religiosos. Hasta de San Agustín se ha escrito que practicó la homosexualidad. Cuatro siglos antes de Cristo, Sócrates tomó la cicuta para envenenarse tras haber sido condenado bajo el cargo de corruptor de jóvenes.

Homosexuales y lesbianas sigue habiendo en todas las esferas de la vida contemporánea, sin excluir las religiosas, mientras se generaliza en la civilización la tolerancia, en gran medida porque una parte de los científicos entienden que es más genética que adquirida. Por lo que resulta más cruel la discriminación. Ante la duda, deberíamos inclinarnos por la generosidad y el respeto a la diversidad. Abundan en nuestra sociedad, desde los más altos cargos, en gran mayoría todavía reducidos por la estigmatización.

Deberíamos asumir la actitud del misericordioso papa Francisco, quien se declaró impotente para juzgarlos y no montar escenarios de violencia verbal en momentos cruciales para la institucionalidad y la convivencia nacional.

Solo una real reforma política generará competencia electoral

   Por Juan Bolívar Díaz

21_02_2016 HOY_DOMINGO_210216_ El País13 A

El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.

Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.

Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.

Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.

En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.

De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.

El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.

El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.

Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.

Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.

El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.

Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.

Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.

El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.

Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.

Diagnóstico de deterioro político e institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.

El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hacen al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.

Educación y desigualdad.  El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia.

Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.

El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales.

“Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.

Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad”.

Otro diagnóstico terrible.  Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006.

En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá.

República Dominicana baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.

Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que solo alcanza al 34.9 por ciento de la población, solo superado por Honduras y Trinidad-Tobago, que registran 28.7% y 32.8% respectivamente.

La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, solo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.

En valoración de la eficacia gubernamental, República Dominicana registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el Gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento.

La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.

Los mejores resultados.  En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente.

Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.

República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada solo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.

La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales.

Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento.

Y en asistencia a reuniones municipales República Dominicana ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.

Alerta roja al sistema.  El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.

Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los  cuales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.

El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del Gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.

El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años.

Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.

Un progresivo deterioro. Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.

Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la Policía Nacional y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3%.  Todas registran caída entre las encuestas de 2008 y  2012, en especial el Presidente, con 15 puntos menos,  la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron  en 8 puntos.

Entre  2006 y  2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8%. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7% y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.