El PRD en tránsito a su desguañangue

Por Juan Bolívar Díaz
Lío PRD

El espectáculo antidemocrático y violento de lo que debió ser una convención eleccionaria sume en el mayor descrédito y auto descalificación al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el más antiguo del país y uno de los más tradicionales de América Latina, fundado hace tres cuartos de siglo.

En lo inmediato, el desguañangue del perredeísmo abona la muy probable repostulación del expresidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su anunciado proyecto de dominación política por lo menos para los próximos 30 años.

Escenario poco auspicioso. El virtual secuestro en que había caído el Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo su mayor expresión en expulsiones y suspensiones sumarias que incluyeron al expresidente de la nación Hipólito Mejía, quien como último candidato presidencial dos años antes había obtenido el 47 por ciento del voto luchando contra todo el Estado, decretaba una profunda división, pero nadie podía esperar que fuera tan torpemente fraguada como ocurrió en la convención eleccionaria del 20 de julio.

El escenario para la imposición fue montado a lo largo de un año, excluyendo a cientos de miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del partido, luego durante una sesión en diciembre sin previa convocatoria, eligiendo una Comisión Organizadora de la convención presidida por Julio Maríñez, uno de los más radicales y sectarios promotores de la expulsión de Mejía y del presidente en funciones Andrés Bautista, y de la suspensión del secretario general Orlando Jorge, y de la secretaria de organización Geanilda Vásquez.

Miguel Vargas Maldonado, quien había excedido en un año el cuatrienio para el que fue juramentado presidente del PRD en 2009, se negó a integrar una comisión organizadora plural, por lo que la mayoría de los dirigentes conocidos, encabezados por Mejía y Luis Abinader, decidieron abstenerse, iniciando la constitución de su propia alternativa que recién se materializa en el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM).

De los contradictores solo Guido Gómez Mazara y un grupo que lo ha sustentado optaron por la pelea dentro, lo que parecía una quijotada, pero ni con ellos se montó un escenario de competencia democrática.

Tuvieron que apelar al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que les entregaran el padrón de votantes del que se excluyó a cerca de las dos terceras partes del anterior, y hasta para que le proporcionaran la lista de las mesas electorales.

Mucho peor de lo esperado. Se vaticinaban graves incidentes si muchos de los excluidos del padrón procuraban ejercer su derecho, pero lo ocurrido el domingo 20 superó lo previsible, al punto de que no se pudo votar en municipios tan grandes como Santo Domingo Este, San Cristóbal, La Vega, Baní, Azua, Bonao, Higüey y Monte Cristi, y se hizo parcialmente en Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Santiago y hasta en el mismo Distrito Nacional, donde la violencia montada en la Casa Nacional perredeísta fue tan desbordada que opacó lo ocurrido a nivel nacional.

En muchos municipios hubo enfrentamientos con heridos, destrozo de urnas y boletas de votación, y general exclusión de delegados de la candidatura de Gómez Mazara.

Pero lo ocurrido en la Casa Nacional perredeísta fue suficiente para descalificar todo el proceso, cuando al principal candidato alternativo se le impidió el acceso al local y ejercer el voto. Como prueba de voluntad pacifista, Guido Gómez se hizo acompañar de su madre Carmen Mazara. Las cámaras televisivas mostraron cómo se desató una balacera contra ellos y sus seguidores, cuando se alejaban del local.

El lanzamiento de una botella plástica no podía justificar decenas de disparos de escopetas que hirieron por lo menos a dos personas, por parte de quienes debían ser los más preocupados por mantener el orden, mucho menos las exhortaciones a disparar a matar formuladas por el diputado Fiquito Vásquez, el “juez” que presidió el tribunal que expulsó a Mejía y Bautista, recogidas por el camarógrafo Víctor Vicente de Noticias SIN, por la que le incautaron el vídeo que tuvieron que devolver al tercer día.

Los atropellos contra otros periodistas, incluyendo el arrebato de celulares para impedir que grabaran y transmitieran la agresión, completaron el desproporcionado escenario de una absurda convención fundada en la protección de miles de policías y decenas de vigilantes privados. En Santiago el trato a los periodistas fue distinto, repartieron sobres con diez mil pesos por cabeza.

Sella la división del PRD. El conato de convención y la constitución días antes del PRM sellan definitivamente la quinta división del partido más antiguo del país, motor de los avances democráticos del período post Trujillo. La primera protagonizada por uno de sus fundadores, Nicolás Silfa, la segunda por su primer gran líder Juan Bosch, luego la de Jacobo Majluta y finalmente la que encarnó Hatuey de Camps. En cada caso nació un nuevo partido, pero con una clara mayoría quedando con el nombre y los símbolos.

Desde antes del desastre convencional todas las encuestas y la percepción de los analistas atribuyen un apoyo minoritario a quienes esta vez quedarían con la matrícula del partido, lo que podría condenarlo a transitar el derrotero seguido por el otro partido más antiguo, el Reformista Social Cristiano, cuyo apoyo determinó la victoria del PLD en 1996, pero se auto relegó al tercer lugar, y en las dos últimas elecciones presidenciales ha caído a votación de 4 y 6 por ciento.

Uno de los mayores absurdos políticos que se recuerden ha sido el que el grupo de Vargas Maldonado dejara fuera casi dos tercios de sus empadronados, en vez de sumar como hacen todos los que pretenden ganar elecciones.

En la presidencial de 2012, con Hipólito Mejía de candidato y Vargas Maldonado en la acera del frente, el Partido Revolucionario Dominicano fue el partido más votado con un millón 911,341 votos, 199,605 más que el millón 711,732 votos que obtuvo el PLD. Los aliados pusieron la diferencia.

Beneficia a Leonel y el PLD. El grupo de Vargas parte de la convicción de que ese partido ha sobrevivido a todas sus divisiones, pero esta tiene características de secuestro de la democracia interna que podría condenarlo a la insignificancia política o la desaparición, como ha ocurrido con los partidos tradicionales de su época, con la excepción del Revolucionario Institucional (PRI) porque logró gobernar México durante siete décadas, con gran capacidad para reciclar sus cuadros dirigenciales, y el subdividido peronismo argentino. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), inspirador y aliado del PRD, no pudo escoger candidato para la última elección en Perú en el año 2011.

La suerte del PRD como fuerza política podría depender de la capacidad que demuestren Mejía y Abinader para sacar adelante el PRM y la Convergencia electoral que vienen armando, y del uso que haga Guido Gómez del capital político que le ha dejado su habilidosa confrontación.

Pero mientras tanto, la división luce tan profunda como para relegar al partido blanco en los comicios de 2016 y en lo inmediato amplía la perspectiva del expresidente Fernández de conseguir una nueva postulación por el PLD.

Con el principal opositor dividido a fondo, su liderazgo y la lealtad de los beneficiarios de su gestión gubernamental de 12 años pasarán por encima del rechazo que en el universo le atribuyen las encuestas.

Mientras se define si surge un fuerte relevo del PRD, como ha ocurrido en toda la región tras las crisis de los partidos tradicionales, crecen las posibilidades de Fernández volver al poder en el 2016 y de materializar su vaticinio de que el PLD gobernará hasta el bicentenario de la República en el año 2044.

Increíble fiesta democrática

Si todo ese despliegue de violencia era inverosímil, como si hubiese sido dispuesto para deslegitimar aquella convención, fue más increíble que ese mismo día, cuando ya se autoproclamaba reelecto como presidente del PRD, Vargas Maldonado dijera que aquello había sido una “fiesta de la democracia”. Y al día siguiente el cómputo arrojó 233 mil 428 votos, apenas el 43 por ciento del padrón reducido a 538 mil 478 electores, sin detallarlo por municipio. Más realista podrían ser los 124 mil 586 votos computados para la elección de secretario nacional de Organización. Por el secretario general no se votó porque sólo hubo un candidato.

Los 198 mil 175 votos atribuidos a Vargas son apenas el 31 por ciento de su propio padrón, el 14 por ciento del anterior que incluía más de 1 millón 400 mil perredeístas, y el 10 por ciento del 1 millón 911 mil 341 votos que ese partido obtuvo en la elección presidencial del 2012.

Esa farsa política fue montada con la complicidad de la JCE que se negó a fiscalizar un acto fundamental de un partido que este año recibirá 220 millones de pesos del presupuesto nacional, y más de mil millones hasta los próximos comicios, y del TSE que avaló las exclusiones en abierta violación a los derechos adquiridos, ambos organismos actuando en congruencia con su integración, fruto del pacto político que Vargas suscribió en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández, entonces sólo como ex candidato presidencial y que la debilidad institucional perredeista avaló a posteriori.

 

En vez de regulación van a subir los sueldos

Por Juan Bolívar Díaz

Comisión senatorial desguañanga proyecto de ley de regulación de los salarios del Estado convirtiéndolo en aumento a los altos funcionarios y eliminando la corrección de incompatibilidades  entre funciones  y las  sanciones a violaciones  éticas.

El proyecto de regulación de los salarios públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) fue desguañangado por la comisión senatorial que lo estudió, por lo que podría concluir en una ley de incremento de los altos sueldos estatales, acentuando las inequidades que se pretendía corregir.

Una fuente bien informada puso en duda que Danilo Medina acepte iniciar su gestión elevando los salarios de los altos funcionarios por encima del promedio latinoamericano, justo cuando necesitará dar demostraciones efectivas de austeridad para justificar un incremento de las contribuciones fiscales.

Auténtico desguañangue.  La comisión del Senado que estudió el proyecto de Ley de Regulación Salarial para el Sector Público terminó convirtiéndolo en un  desproporcionado incremento de los sueldos de los altos funcionarios, cuando se reclama austeridad y reducción del gasto corriente para contener el cada vez más alto y preocupante déficit fiscal.

El incremento de sueldos sería general y de altas proporciones a corto plazo, ya que en su artículo 31 el nuevo proyecto “prohíbe las situaciones de inequidad” y otorga un plazo de tres meses para realizar “un levantamiento de personal y sus retribuciones reales… a los fines de establecer mecanismos que garanticen la equidad salarial institucional y por tanto en el Estado”.

La comisión presidida por el senador José María Sosa Vásquez echó por la borda el trabajo de varios años del MAP, que incluyó consultorías internacionales, seminarios y consultas, y reformuló ampliamente el proyecto, estableciendo tarifas para altos funcionarios y dejando a las entidades autónomas y descentralizadas en libertad para darse su propia escala salarial.

El proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados exceptuaba de la regulación solo a las entidades financieras y empresas del Estado, pero la comisión senatorial complació a decenas de otras instituciones que también reclamaron su exclusión. En teoría, el artículo 4 incluye en la regulación a todas las instituciones estatales, pero en la práctica el 12 la limita a las dependientes del Poder Ejecutivo,  porque el 12 deja al Legislativo, Judicial y a las entidades autónomas y descentralizadas en facultad de fijar su propia escala salarial mediante resolución de su “autoridad competente, según el régimen propio establecido en la Constitución, ley o reglamento que lo rige”.

El nuevo proyecto elimina por completo el capítulo IX del original que señalaba dos principios de incompatibilidades y conflictos de intereses y ocho prohibiciones de carácter ético, entre ellas que los funcionarios no podrían recibir ninguna otra remuneración pública distinta a la propia de su cargo, la que les prohibía el nepotismo y participar en empresas que tengan negocios o convenios con el Estado.

Se ampliaría la inequidad.  Cualquier análisis, como el del consultor París o el efectuado recientemente por Participación Ciudadana diagnostica una enorme brecha de inequidad salarial en el sector público dominicano y por eso se aboga por una ley marco que evite que altos funcionarios ganen hasta 900 mil pesos mensuales de salario, sin contar gastos de representación, pagos de combustibles, bonificaciones y otras compensaciones, mientras un médico gana entre 30 y 40 mil pesos, un maestro entre 8 y 12 mil pesos por tanda, un teniente de 10 a 12 mil pesos y con un salario mínimo de 5 mil 750 pesos en el gobierno central.

Con la escala que plantea el proyecto de la comisión senatorial se ampliaría la inequidad en el sector regulado y se permitiría que los autónomos y descentralizados, donde están los mayores salarios, la siguieran aumentando.

Al fijar el sueldo de los ministros en 350 mil pesos se le cuadruplica a los 7 que ganan 75 mil y se aumenta 75 por ciento a los otros 7 que ganan 200 mil y en 16 por ciento a los 3 que reciben 300 mil pesos.

Los ministros dominicanos ganarían 92 mil 721 pesos más que sus pares españoles, cuyo salario fue reducido este mes a 5,338 euros mensuales, equivalentes a 257,279 pesos.

El incremento del gasto salarial sería monumental si se aplica la equidad salarial ordenada en el artículo 31 del proyecto senatorial, porque implicaría también altísimas proporciones de aumento para los viceministros, directores generales y departamentales de toda la administración pública, así como para el resto de los empleados, sobre todos los de salario mínimo, lo cual no es solo incosteable sino contradictorio con la situación de las finanzas públicas y el reclamo generalizado de austeridad en el gasto gubernamental.

Los altos salarios públicos dominicanos se han venido justificando en la necesidad de pagar bien para reducir la posibilidad de soborno del sector privado, pero no se aplica, por ejemplo a los policías responsables de perseguir a los narcotraficantes y si es por capacidad y especialidad, no se hace justicia a los médicos cirujanos.

Congelarían el proyecto.  Un alto funcionario público, cercano al debate salarial expresó su convicción de que el equipo económico del presidente electo Danilo Medina no dará su aprobación a la escala salarial propuesta por la comisión senatorial, considerando que contradice los esfuerzos por plantear una real política de austeridad y reducción de gastos para abrir perspectivas a un incremento tributario dentro de una concepción de reforma fiscal.

La razón por la que se urgía la aprobación del proyecto elaborado por el Ministerio de Administración Pública y aprobado por los diputados era para ayudar al nuevo Gobierno, ya que se le concebía como regulador, no elevador, de salarios, e incluso que forzaría una reducción en varios cientos situados muy por encima del tope salarial racional que se asignaría al máximo responsable del Estado, que es el Presidente de la República.

Concluida la legislatura, y aún si se convoca una extraordinaria, sería difícil aprobar y promulgar el proyecto senatorial, que ya tiene contradictores hasta entre los mismos senadores, en los 14 días laborables que restan para que se instale el nuevo Gobierno, y menos aún en sus primeros meses. Todo parece indicar que la regulación salarial en la que el MAP invirtió tantos recursos quedará congelada por un buen tiempo.

El especialista fiscal Nelson Suárez evaluó esta semana que solo en el Gobierno central el pago de sueldos y salarios se elevó de 29,812 millones de pesos en el 2004, a 80,182 millones en el 2011.

Para relevar la inequidad, apuntó que el año pasado el Ministerio de Educación, con nómina de 114 mil empleados, gastó en servicios personales 25,183 millones de pesos, un promedio individual de 220,903 pesos anuales y 16,992 mensuales, mientras seis entidades con total de solo 10,749 empleados pagaron 14,514 millones de pesos, es decir un promedio de un millón 350 mil 293 pesos por persona al año y de 103,868 pesos mensuales.

La diferencia salarial por persona entre los dos grupos fue de 6.11 veces.

De un extremo al otro

 Sin indicar fundamentos valorativos de puestos, dedicación o responsabilidad, la comisión fija salarios iguales de hasta 500 mil pesos para el Presidente de la República y los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte, de 400 mil para el vicepresidente y el presidente del Tribunal Constitucional. La debilidad es obvia cuando asigna 375 mil pesos para el presidente del Tribunal Superior Electoral, más que los 350 mil que ganaría el presidente de la Junta Central Electoral, aunque el primero tendría trabajo eventual y no manejaría más que unas decenas de empleados  en un solo local, mientras el segundo es responsable de la organización electoral y todo lo concerniente al registro civil y cedulación, con varios miles de empleados y más de doscientos locales en todo el país. También se fijan los sueldos de los ministros y del Procurador General, que ganarían 350 mil pesos.

El objetivo inicial era que el salario tope del sector público fuera el del Presidente de la nación, ahora se extendió a otros tres funcionarios y se fijó en 100 mil pesos más que los 400 mil que se barajó la semana pasada. Así pasaría de ser el cuarto de menor paga al quinto mayor entre 20 países latinoamericanos, de acuerdo a una tabla del consultor del MAP Enrique París, quien en base al producto interno bruto per cápita ajustado por paridad de poder de compra, estimó que el sueldo presidencial dominicano debería ser 9,655 dólares (377 mil 510 pesos), en el promedio latinoamericano bajo ese criterio.

Con 500 mil pesos, equivalentes a 12,788 dólares, el sueldo del Presidente dominicano (y los de los otros poderes del Estado) se eleva en un 281 por ciento sobre los 3,354 dólares que gana actualmente para quedar entre los cinco mejor pagados, después  de Guatemala, Chile, Brasil y México. Eso sería 4,515 dólares por encima del promedio real latinoamericano de 8,273 dólares. Superaría el sueldo del Presidente de España, que este año equivale a 291,610 pesos, en un 71 por ciento. En proporción a los salarios públicos mínimos de los países latinoamericanos, el sueldo del Presidente dominicano sería el segundo, al superarlo 87 veces. El de México es 155 veces, y el de Guatemala 85, Brasil 51 y Chile 43. Todos los demás superan el salario mínimo oficial menos de 30 veces.