Por Juan Bolívar Díaz
La marcha contra la impunidad, que superó todas las expectativas constituyéndose en la mayor manifestación cívica de la historia nacional y que parece haber marcado un punto de inflexión frente a la corrupción, junto al reiterado compromiso internacional de develar toda la trama de corrupción de Odebrecht, podría obligar a las autoridades a responder.
La presión que tiene el Gobierno es mayor por la convicción general de que la constructora brasileña financió campañas electorales, por lo que buscarían un par de chivos expiatorios que pudieran contener la indignación nacional, agravada por el silencio del presidente Danilo Medina y de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Irrupción de la clase media. Si fue sorprendente la magnitud de la marcha contra la corrupción y la impunidad de decenas de miles de personas, fue más impactante su composición social, con una clara irrupción de las clases medias, incluyendo segmentos altos, empresarios y hasta monjas que desafiaron la desinformación pagada del Gobierno. Fue una demostración de civismo, por convicción e indignación, exigiendo límites a la putrefacción política, y alcanzó impacto internacional. Nadie acudió bajo promesas de empleo o para mantenerlo, ni por los repartos de dinero, vestuarios, comidas y bebidas, como en las actividades partidistas.
La participación en la marcha del domingo 22 multiplicó seis o siete veces los que acudieron a una convocatoria similar en el 2011 por la aplicación de la ley que dispone invertir en educación el 4 por ciento del PIB, a juicio de los organizadores, varios de los cuales han sido protagonistas en ambas y con capacidad para reproducir demandas.
Tras el éxito, el muy plural comité organizador anunció que proseguirá “reclamando por todas las vías pacíficas posibles la identificación y sometimiento judicial de los sobornados de Odebrecht y la conformación de una comisión independiente acompañada por Naciones Unidas” para investigar las contrataciones con esa empresa “hasta que se recuperen los miles de millones robados al pueblo dominicano”. De inmediato generaron demostraciones en los estadios de beisbol de Santiago y Santo Domingo, iniciaron captación de firmas y planifican un concierto en la festividad de la independencia nacional.
También la presión externa. Hay consenso en que la presión externa será un factor determinante para que haya sanción en el reino de la corrupción con impunidad que es el país, como indican las evaluaciones. Esta misma semana el índice de corrupción de Transparencia Internacional (TI) mostró un nuevo retroceso de RD, que cayó de la posición 103 a la 120 entre 176 naciones, en relación al año anterior, con una quemazón de 31 puntos sobre 100.
Los peores escándalos de corrupción han quedado en la impunidad, aún en el caso del secretario de organización del PLD, Félix Bautista, a quien el ministerio público de su mismo gobierno le documentó un expediente que envuelve 26 mil millones de pesos, que hoy equivalen a más de 550 millones de dólares, casi seis veces el monto de los sobornos de Odebrecht, independientemente de la sobrevaluación de las contrataciones.
Entrevistado por Uno+Uno de Teleantillas, el presidente de TI, José Ugaz, resaltó el compromiso de la autoridades brasileñas de develar las personas y organizaciones políticas comprometidas en la trama Odebrecht y la decisión de esa entidad de acompañar la investigación hasta el fondo, a la vez que elogió la marcha dominicana y proclamó que la presión social es fundamental para alcanzare sanciones. Ugaz es un reputado penalista peruano que fue fiscal adhoc de las investigaciones del escándalo de sobornos del presidente Fujimori-Montesinos que llevó a la cárcel con condenas judiciales a estos dos y a más de 200 funcionarios de los tres poderes del Estado, empresarios y dirigentes sociales.
El silencio gubernamental. El avance de las investigaciones en los otros países involucrados en el escándalo, presiona también en RD, que proporcionalmente lidera el escándalo con sobornos por 92 millones de dólares. En Panamá ya hay 17 imputados, en Perú, Colombia, Argentina varios funcionarios presos, y con suspensiones de contratos y otras sanciones a la Odebrecht. Guatemala, donde los sobornos confesados sólo suman 18 millones de dólares, suspendieron los pagos en obras por 399 millones de dólares.
Los presidentes de Perú, Colombia y Ecuador, se han puesto a la cabeza de las exigencias de sanciones. Pedro Pablo Kuczynski dirigió un discurso a los peruanos proponiendo mayores sanciones a la corrupción en un país que en un año pronunció más de 2 mil sanciones por corrupción, incluyendo altos funcionarios, pidió la acción conjunta de los tres poderes del Estado. El ecuatoriano Rafael Correa, dijo a Uno+Uno el jueves, que su gobierno está a la cabeza de las investigaciones, junto al poder judicial, y recordó que en el 2008 suspendió contratos a la Odebrecht y la obligó a pagar el costo de poner en servicio una planta de generación hidroeléctrica que construyó con graves deficiencias de arranque.
Aquí el presidente Danilo Medina, al igual que el PLD y la Comisión de Ética Gubernamental, ha ignorado el escándalo internacional y la indignación nacional, dejándolo en manos de un procurador general sin experiencia investigativa, y conformando una comisión para investigar solo la contratación de las plantas de Punta Catalina, la que sigue bajo objeciones por incluir a vinculados, como su presidente Agripino Núñez, que era directivo de la empresa co-constructora de las mismas, a un consultor del gobierno y a César Sánchez, que cuando fue administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales negoció y firmó el segundo de los 17 contratos nacionales con la Odebrecht, y actualmente es asesor de la misma con sueldo de 350 mil pesos mensuales.
Buscarían chivo expiatorio. La situación dominicana en el escándalo es compleja, sobre todo por la particularidad de que Joao Santana salió de la asesoría del presidente Medina en sus dos exitosas campañas electorales para la prisión en Brasil, imputado como brazo político de Odebrecht en financiamiento de campañas electorales en varios países.
El jurista Namphy Rodríguez escribió esta semana que se impone el relevo de Odebrecht en la construcción de las plantas de Punta Catalina, señalando que en las actuales circunstancias es inconcebible que el Gobierno ponga en manos de esa empresa los 600 millones de dólares que captará por bonos estatales. El mandatario ha estado preocupado y, según fuentes bien informadas, habría buscado transferir la terminación de las plantas, que pidió a la constructora Estrella, asociada para la obra física, que la asumiera, pero ésta habría declinado por falta de experticio en su tecnología. En medio del escándalo es difícil contratar otra firma que asuma la tarea y nadie la quiere paralizar.
Por otro lado, cobran fuerza las versiones de que se buscaría algún chivo expiatorio que calme la indignación nacional. Un empresario bien informado identificó a los grandes constructores de Leonel Fernández, especificando a Víctor Díaz Rúa, el ministro de Obras Públicas que negoció varios contratos con Odebrecht. Cuando se le objetó que luciría parte de la confrontación partidaria Medina-Fernández, aludió a una compensación: tramitar el expediente de la OISOE que implica al danilista Miguel Pimentel Kareh. Esta semana el dirigente del PLD Fernando Fernández, excercano colaborador político del presidente Medina, advirtió que se buscan chivos expiatorios y proclamó que sería un error que empeoraría la situación y que todos los responsables deben responder ante la justicia.
El presidente Medina parece atravesar por su mayor turbulencia en sus dos períodos de gobierno, y esta semana tiene otro desafío, cuando la comisión senatorial que estudia sus observaciones y propuestas sobre las excepciones a la penalización del aborto rinda su informe y tengan que decidir. Necesitan dos tercios para rechazar la propuesta presidencial como hace un año, pero ahora sería un grave tropiezo político.-
