Invertir en la institucionalidad democrática

Por Juan Bolívar Díaz
CONEP JUAN BOLVAR

El comunicado publicado esta semana en los diarios por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) demandando del Congreso Nacional la aprobación de la largamente discutida ley de partidos y la adecuación de la legislación electoral al nuevo orden constitucional es alentador por cuanto implica una toma de posición del alto empresariado por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional, que anda de tumbo en tumbo después de un par de décadas de avances significativos.

No es la primera vez que la organización cúpula del empresariado manifiesta preocupación por el rumbo institucional y democrático de la nación, pero a decir verdad son muy prolongados sus silencios, justificando a quienes plantean que carece de una visión amplia del fundamento del desarrollo y el progreso, que tienen una vocación marcada por plegarse al presidencialismo en aras de intereses coyunturales de los grupos dominantes o por temor a que los políticos les evidencian vulnerabilidades.

El CONEP se ha sumado a quienes demandan una legislación que regule los partidos políticos y que haga eficiente el sistema electoral en aras de la estabilidad democrática de la nación. Recuerdan el largo periodo de debate, 15 años, de la ley de partidos y los mandatos de la Constitución promulgada hace año y medio.

Expresa convicción de “la importancia que reviste para el fortalecimiento institucional de nuestro país y de nuestra democracia la aprobación de una adecuada y robusta legislación que norme la vida interna de los partidos políticos y que coadyuve a su fortalecimiento y estabilidad institucional”. Abogan por mecanismos institucionales de supervisión y transparencia indispensables “para asegurar el equilibrio verdaderamente democrático que debe prevalecer en un sistema político representativo como el que garantiza nuestra Constitución”.

La realidad es que la degeneración del partidismo político sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos nacionales, a lo que han concurrido importantes intereses empresariales y neo-empresariales que acumulan en sociedad y complicidad con los actores políticos. El resultado es un sistema de vulnerabilidades, donde “to e to y na e na”, lo que mantiene políticas y modelos insostenibles y acaba conspirando contra la inversión privada, el crecimiento económico y la estabilidad de la nación.

Los que tienen más que perder deben ser los que inviertan más energías y recursos en la promoción de la cultura democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en la prevalencia de reglas claras y transparentes que no estén sujetas a los mezquinos intereses de quienes controlan los poderes públicos y prefieren el desorden, que sólo cuando caen en la oposición son partidarios de las normativas.

Precisamente por la precariedad institucional no se le puede pedir al empresariado que haga oposición frontal a los intereses coyunturales de gobierno, pero por lo menos se debe esperar un mayor compromiso con grupos y entidades sociales que promueven la institucionalidad democrática.

Cada vez son más los sectores económicos que entienden que no habrá prosperidad ni estabilidad sin fuertes instituciones democráticas, sin partidos sometidos a normas y principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas. Son los que han impulsado entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles o el Movimiento Participación Ciudadana. Pero estas entidades han dependido más del financiamiento de instituciones internacionales que de las nacionales.

El empresariado dominicano debe apostar por la institucionalidad democrática, en la que tendrá que invertir mucho más que hasta ahora. Sobre todo porque en los últimos años las instituciones internacionales han sacado el país de sus objetivos, unos porque creen que hemos progresado mucho, y otros porque se cansaron de invertir sin ver suficientes resultados. Porque el proceso de reformas ha sido muy lento y sufre de reversiones incomprensibles.

 

Lecciones en Costa Rica y Panamá

Por Juan Bolívar Díaz
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La ciudadanía ha dado dos lecciones ejemplarizantes en los recientes comicios presidenciales celebrados en Costa Rica y Panamá, los dos países menos poblados de la región centroamericana, ratificando los beneficios de la alternabilidad en el poder, optando por nuevas propuestas que rompen el bipartidismo tradicional y rechazando la manipulación y la corrupción como mecanismos para prolongarse en el gobierno.

A diferencia de la persistente recurrencia al providencialismo continuista que caracteriza la historia dominicana, los centroamericanos han venido optando en las últimas décadas, tras superar los gobiernos militares y las guerras civiles, por una democracia fundada en la alternabilidad. Sólo el premio Nobel de la Paz Oscar Arias y Daniel Ortega han conseguido más de un mandato constitucional entre los seis países de la región.

El pasado jueves inició su período de gobierno en Costa Rica el presidente Luis Guillermo Solís, llevado al poder por el Partido Acción Ciudadana, una formación política que en la última década se constituyó en alternativa al viejo y desgastado liderazgo político, con un programa de centro izquierda que enfatiza el combate a la pobreza y la superación de la desigualdad. Se trata de una nueva organización política montada sobre las insatisfacciones de los sectores más activos de la sociedad.

La lección de Panamá fue más contundente todavía cuando el pasado domingo resultó electo presidente Juan Carlos Varela, fruto de una alianza política en rechazo abierto a la corrupción. Hasta que se contaron los votos, sin ninguna dilación ni titubeo, el escogido figuraba como tercero en las preferencias marcadas por las encuestas y la opinión pública.

En Panamá fue vencido el abuso de los recursos del Estado, empleados descaradamente por el presidente saliente Ricardo Martinelli, quien no tuvo rubor en extender hasta el recinto de votación su campaña por la candidatura de la continuidad, que incluía a su propia esposa como candidata a la vicepresidencia. El electorado ejerció el castigo a la corrupción que no han podido sancionar las instituciones panameñas, manipuladas por un presidente repetidas veces involucrado en maniobras fraudulentas de todas las dimensiones.

El rechazo se extendió al Partido Revolucionario Democrático, la herencia del legendario Omar Torrijos, devenido en otro instrumento de la corrupción política, el cual aparecía como favorito en la mayoría de las encuestas. La población premió a Varela, quien no obstante haber sido electo vicepresidente en la boleta de Martinelli, tuvo suficiente fuerza moral para rechazar la corrupción que envolvió al régimen.

La lección que han dado costarricenses y panameños cuadra perfectamente a los dominicanos, cuyo Estado encabeza las evaluaciones internacionales del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional en materia de corrupción, de malversación y de privilegio en el ejercicio político. Es probable que estos sorpresivos golpes electorales no erradiquen la corrupción y el clientelismo, pero contribuyen a poner límites. Y si los nuevos gobernantes no responden a las expectativas, que ellos y sus partidos sean a su vez sancionados en la próxima oportunidad, hasta que se imponga la decencia y el respeto a las aspiraciones sociales.

La lucha por fuertes instituciones democráticas es de larga duración, pero nunca será exitosa si predomina la inmovilidad y la resignación que afectan a amplios núcleos de la sociedad dominicana, conscientes de los riesgos que genera la inequidad y la iniquidad de la pésima distribución del ingreso, de la corrupción, del clientelismo y del rentismo en una gestión gubernamental que eterniza el atraso y la pobreza.

Ojalá que los dominicanos registren estos ejemplos ciudadanos de administración del poder del voto. El sistema político nacional precisa algunas lecciones para que comprenda que tiene que corregirse y si su putrefacción es irreversible, que surjan nuevas expresiones orgánicas de los anhelos sociales.

Las virtudes de la democracia

Por Juan Bolívar Díaz

Gran parte de los políticos dominicanos han degradado tanto el alcance de la democracia que nos quieren convencer de que consiste simplemente en el derecho a elegir y ser elegido, viviendo de espaldas a la ciudadanía, sin rendir cuentas y haciendo lo que les viene en gana sin el menor rubor ni respeto por la opinión pública.

 En teoría, cuando están fuera del gobierno profesan amor eterno a las organizaciones sociales y hasta formulan valientes y profundos programas de gobierno para echarlos a la basura tan pronto se juramentan en un cargo. En la oposición reclaman rendición de cuentas, desde las funciones públicas actúan como monarcas trasnochados de siglos y desprecian a la “llamada” o “perfumada” sociedad civil y acusan de envidiosos a los contestatarios.

Lo peor es que los políticos dominicanos en el poder quieren convencernos de que no aceptamos la realidad de que “la política es así”, que andamos siempre entre utopías, o que somos opositores impenitentes a todo lo que se hace desde el poder, no importa que sea el robo y la malversación, o el genocidio de miles de muchachos pobres, acusados de  delincuentes.

Pero todos los días las informaciones internacionales dan cuenta de acciones gubernamentales demostrativas de que el ejercicio democrático tiene sus virtudes, entre ellas la de responder a los reclamos de la sociedad, (hasta con ruedas de prensa), la de mantener un mínimo respeto por el clamor público y la de reconocer el derecho a la participación, a la protesta y a la información.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tiene sólo medio año en el poder y en lo que va de mes ha destituido a una docena de altos funcionarios, incluyendo un ministro y directores departamentales, a raíz de un reportaje de la revista Veja que dio cuenta de sobrevaluación de obras y cobros de comisiones. No tuvo que esperar que el caso pasara todas las instancias judiciales, que en todas partes conlleva meses y años.

Sometido a una serie de cuestionamientos que le han bajado la aprobación al 31 por ciento (proporción similar a la que le otorgan las últimas encuestas al actual mandatario dominicano), el presidente de Chile, Sebastián Piñera, acaba de realizar su segunda remodelación de gabinete en apenas 16 meses de gobierno, afectando a ocho secretarios de Estado, incluyendo los de economías, planificación, obras públicas y justicia, y a los dos más repudiados: los de la secretarías de gobierno y de educación.

La semana pasada un tribunal argentino condenó a otros siete altos oficiales por crímenes ejecutados durante la dictadura militar que concluyó hace 28 años a penas de prisión perpetua y a 18 y 22 años de reclusión. Unos 200 han sido condenados y queda pendiente un centenar de procesos.

Y el pasado lunes un editorial del principal diario español, El País, ante la profunda crisis económica de España, planteó al presidente Rodríguez Zapatero que “si quiere rendir un último servicio a su país debe abandonar el poder cuanto antes”, adelantando las elecciones programadas para marzo próximo, aunque el periódico reconoce que el mandatario no es el artífice de la crisis y dispone de toda la legitimidad para terminar su período. Nadie ha acusado a El País de conspiración mediática ni nada parecido y no se sorprendan cuando vean las elecciones adelantadas.

La condena pública por ejecuciones de terroristas de  la ETA por parte de un comando auspiciado por su gobierno, fue factor determinante de la pérdida del poder del gran presidente español que fue Felipe González. Y más cerca de nosotros, la justicia de Perú condenó al expresidentes Aberto Fujimori a una veintena de años de cárcel por auspiciar masacres aunque fuera a  nombre de la lucha contra el terrorismo.

Sí, la democracia contiene valores que nos son extraños. Hay que seguir soñando con verlos materializados en esta tierra donde jamás se ha condenado a un ladrón o a un asesino o genocida desde el poder, desde los que fusilaron al patricio Francisco del Rosario Sánchez y a María Trinidad Sánchez, en los albores mismos de la República.

 

El general de la transición democrática

Por Juan Bolívar Díaz
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“Ayer protegí celosamente nuestro ecosistema. Hoy a mis 92 años  te invito a convivir en armonía con nuestro planeta. Aunemos esfuerzos”. Con este texto escrito sobre una bolsa de tela se hizo presente el mes pasado entre sus amigos el general de la transición democrática. En un lado de la bolsa el militar inspecciona manglares, del otro el ciudadano en mangas de camisa se rinde ante la belleza de unas orquídeas.

 En la pasada Navidad le visité y quedé impresionado por el esfuerzo que hizo para comunicarme sus sentimientos, pero las cuerdas vocales se negaron a obedecerle y  pude percibir el asomo de una lágrima, testimonio de que todavía mantiene alerta sus facultades cerebrales. Pero sin duda que se está agotando el general.

  Lo evoco en aquellos días de la transición democrática de 1978 cuando como secretario de las Fuerzas Armadas del gobierno del presidente Antonio Guzmán le correspondió la responsabilidad de iniciar la profesionalización de los militares, sacándolos de la actividad política donde los había instrumentado Joaquín Balaguer.

 El general Rafael Adriano Valdez Hilario entregaba bandejas de despedida a aquellos duros militares que encarnaron el poder represivo de los doce años, con firmeza y serenidad, consciente del histórico papel institucional que le tocaba desarrollar. No había en él prepotencia ni provocación, pero tampoco titubeos ni temor.

 A fin de cuentas ya había pasado por coyunturas difíciles, como la del ajusticiamiento de Trujillo, cuando fue apresado, torturado y puesto en retiro por su amistad con el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, involucrado en el tiranicidio. Sería reivindicado por el general Rodríguez Echavarría a quien se unió en la jornada del 19 de noviembre de 1961 que liquidaría los remanentes de la tiranía.

 Lo había conocido someramente a principios de los setenta cuando tomó muy en serio su designación como director del Instituto Agrario Dominicano y se comprometió  con la aplicación de las leyes que reivindicaban al agricultor, impulsando asentamientos arroceros que todavía hoy representan el mayor éxito del agrarismo dominicano.

 Pero fue en la transición democrática que lo conocí y aquilaté. Nos acercó la circunstancia de que el diario El Sol, que yo dirigía, lo salvó del retiro maquiavélico que le trataba de imponer Balaguer unos días antes de la juramentación de Guzmán, cuando trascendió que sería el secretario de las Fuerzas Armadas del nuevo régimen. Una denuncia firme y oportuna le permitió asumir el cargo y cumplir un rol estelar.

 No entendí por qué fue relevado del cargo apenas año y medio después. Pareció que no se prestó a las trapisondas que se impulsaron desde el Palacio Nacional para reducir el liderazgo de José F. Peña Gómez, cuando ya algunos vislumbraban que sería un obstáculo al continuismo. Con la dignidad que le caracterizó en su carrera militar de cuatro décadas, Valdez Hilario solicitó al presidente que lo pusiera en retiro, en atención a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y considerando que había cumplido su misión.

 Don Adriano fue dos veces embajador en Haití y otra en Chile y sus últimas funciones públicas fueron de diputado por dos períodos consecutivos, entre 1994 y el 2002 en representación del Partido Nacional de Veteranos y Civiles.

 Como prueba de su nobleza queda la carta que dirigió al presidente Hipólito Mejía en mayo del 2003 encareciéndole la reivindicación de los militares que asumieron en 1965 la defensa de la Constitución y la soberanía nacional, aunque él fue del bando contrario “obedeciendo designios ideológicos y de dominación”.

 Ahora que todavía está consciente debemos reconocer a don  Rafael Adriano Valdez Hilario proclamándolo como el general de la transición democrática nacional.

Un alerta al sistema político

Por Juan Bolívar Díaz
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La encuesta  sobre Cultura Política de la Democracia en República Dominicana 2010 publicada esta semana ha venido a ratificar las voces de alerta que se vienen expresando en el país sobre una creciente insatisfacción con la endeble democracia dominicana y muy especialmente con el sistema partidista.

El Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) registra un declive en el país del apoyo a la democracia como sistema de gobierno y en la satisfacción con su funcionamiento, lo que “unido al declive en el apoyo al sistema político, señalan un malestar creciente con el funcionamiento de la democracia en la población dominicana”. Con reducción del 54 al 51 por ciento.

Todavía es considerablemente alta la lealtad de los dominicanos a los partidos políticos, ya que un 54% dijo simpatizar con alguno de ellos, pero es relevante una caída de 16 puntos en relación al 70% que había marcado en la medición del 2008 del Barómetro de las Américas. Es altamente significativo que los partidos políticos son la institución que menos confianza generan en la población nacional, con apenas un 33%, seguidos de la Policía, la Suprema Corte y el Congreso. Todas estas muy distantes de los medios de comunicación que tienen un nivel de confianza del 73%, seguidos por la Iglesia Católica, las Juntas de Vecinos y las iglesias evangélicas.

El apoyo al sistema político de redujo en el país “más de lo esperado”, colocándose en una posición relativamente baja en la comparación regional, ya que el porcentaje de la población dominicana que se coloca en la casilla de democracia estable se redujo del 38 al 25% entre el 2006 y 2010.

El país registra niveles muy por encima del promedio regional en renglones como percepción de inseguridad y de corrupción, pero donde resulta campeón indiscutible es en ofertas clientelistas durante las campañas electorales, con un 18%, pero superando al segundo, que es Argentina, casi en un cincuenta por ciento, mientras la gran mayoría quedó por debajo del 10%.

No hay dudas que estos resultados avalan las preocupaciones que se vienen expresando sobre la debilidad y vulnerabilidad de la democracia dominicana, frente a las cuales el liderazgo político reacciona argumentando que disfrutan de un amplio apoyo. Al presentar la encuesta del Barómetro de las Américas, la cientista social  Rosario Espinal  advirtió que la democracia dominicana se encuentra en una encrucijada, resaltando la urgencia de detener  la “avalancha de des-institucionalización que se registra en la nación dominicana al comienzo de este 2011”.

Las advertencias provienen de todos los frentes, incluyendo a autoridades como el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien al inaugurar un seminario internacional sobre partidos políticos, planteó la necesidad de reducir el costo de la democracia dominicana. O el ex presidente de la Cámara de Diputados Julio César Valentín, quien esta semana se quejó de los altísimos niveles de ingresos de los funcionarios públicos dominicanos contrastándolos con la pobreza del país.

Se vuelve a discutir sobre la necesidad de aprobar una Ley de Partidos Políticos que lleva más de una docena de  años de consensos y formulaciones diversas, que ha sido introducida al Congreso en unas siete ocasiones, sin que el sistema político termine de convencerse de la conveniencia de regulaciones para el fortalecimiento de los partidos mismos y de la democracia.

Muchos observadores se preguntan qué señal será la que están esperando los líderes políticos dominicanos para poner límites al deterioro institucional y democrático. La experiencia venezolana, por ejemplo, muestra que el sistema partidista fue fuerte y tuvo un gran apoyo de la población durante casi medio siglo, pero se derrumbó de repente, sin previo aviso, socavado por la corrupción, la malversación y por la erosión de las instituciones fundamentales del sistema democrático.

 

Justo homenaje a Polón Muñoz

Por Juan Bolívar Díaz
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Fue un hermoso y justo acto de justicia la proclamación del ingeniero Roque Napoleón Muñoz Peña como ciudadano meritísimo y modelo ejemplar a seguir por su recta trayectoria de combate a la corrupción y su conducta ética, constituyéndose en un referente moral de la sociedad dominicana, por su insobornable honestidad y patriotismo.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, realizó la proclama el jueves 9 de diciembre en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción instituido en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas, acogiendo una propuesta formulada por el Club Rotario de Santo Domingo, del cual es parte el homenajeado.

El acto fue impresionantemente emotivo por la circunstancia de que Polón Muñoz no pudo estar físicamente presente debido a la enfermedad que lo mantiene recluido, aunque lo siguió a través de los nuevos recursos tecnológicos que también le permitieron expresar su gratitud, con la voz ronca pero firme que lo ha caracterizado.

Fue el tercer año que Participación Ciudadana entrega su galardón a la lucha contra la corrupción. Pero seguramente pasará tiempo antes de que pueda reconocer a un ciudadano con tantos méritos en ese campo y con tan extensa carrera de servicio a la sociedad dominicana.

Único dominicano miembro directivo del Comité Olímpico Internacional, ex dirigente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, ex presidente del Comité Olímpico Dominicano, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y de la Federación de Ajedrez, promotor de los Juegos Deportivos Nacionales, miembro del Club Rotario y de Participación Ciudadana, Polón Muñoz ha sido un combatiente sin tregua.

Polón Muñoz se constituyó en un referente moral y ético en los años setenta cuando siendo dirigente del CODIA nos enseñó a luchar por la transparencia. Ya entonces luchaba por dar vigencia a la vieja ley que instituía concursos y licitaciones para otorgar las compras y contrataciones de obras del Estado, casi siempre burlada. Luego abogó por su actualización y formó parte de los redactores de la nueva normativa y todavía reclama  su cumplimiento.

En los últimos años hemos tenido la dicha de compartir con él en el movimiento Participación Ciudadana, donde ha derrochado energía como los más jóvenes, ofertando su tiempo y sabiduría. A su espalda hemos llegado a hacer bromas, reclamando el cumplimiento de tareas “antes que Polón se riegue”, pues siempre reclama más eficiencia y entrega. Nunca parece estar satisfecho, convencido de que hay que ser más consecuente en la lucha por la transparencia, por la democracia y por la creación de una sociedad más organizada y justa.

En Teleantillas lo hemos entrevistado innumerables veces, cada vez que ha sido  preciso insistir en la defensa de los intereses de la sociedad, y ahí ha estado su voz y su ejemplo al servicio de la nación.

Ejemplo de vida familiar y de ejercicio en su profesión de ingeniero civil, Polón Muñoz es de los seres imprescindibles, de los que dan sentido a la vida y están llamados a trascender la infinita levedad de la condición humana. Llegue hasta él nuestro aliento y reconocimiento ahora que ha retornado al país, después de varios meses de tratamiento en Puerto Rico, para seguir luchando por la vida con la dignidad y entereza que le caracterizan.

Eclipse democrático al interior del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque sujeta a  un plebiscito aprobatorio, la decisión de los integrantes del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de auto prolongarse por cinco años su estatus de dirigentes y por dos a la dirección media constituye un paso más en el eclipse de la democracia  interna en esa organización política.

 En lo inmediato acentúa el poder de la cúpula gobernante, especialmente de su líder el presidente Leonel Fernández, y obedece al temor de someterse al veredicto de las bases, pero también busca evitar luchas internas que pudieran debilitar el partido de cara al desafío electoral del 2012 que conlleva elección de candidato en pocos meses.

Sorpresiva decisión.  La auto prolongación del período  de los  integrantes del Comité Central (CC) del PLD, en la reunión efectuada el sábado 9 de octubre, sujeto a la aprobación de  un plebiscito no estatutario, sorprendió a la militancia partidista y  a la opinión pública. La prórroga implica también al Comité Político (CP) que “es el organismo ejecutivo del Comité Central”, integrado por el presidente, el secretario general y 23 miembros electos por  el CC. Decidieron también prolongar, pero sólo hasta después de las elecciones del 2012 el mandato de los dirigentes provinciales, municipales e intermedios.

La forma de elección de los integrantes del CC “por un período de cinco años”, según el artículo 13 de los Estatutos del PLD, está señalada en el artículo 16 que establece “el voto secreto y universal de la mayoría simple y no menor del 33 por ciento de los votos”. Se consagra la elección de 382 miembros, a los cuales se suman “de pleno derecho” los integrantes salientes del CP y los ex miembros del mismo con militancia ininterrumpida en el partido. 100 deben ser electos por todos los militantes del partido, 235 por los militantes que sufraguen “en cada lugar”. Otros 17  por los miembros de las seccionales del exterior y 30 más por el Comité Político que cesa en sus funciones.

Se estima que el CC actual tiene 400 miembros, de los cuales el 75.55 por ciento asistió a la reunión del sábado 9 que escogió la Comisión Organizadora del Congreso que debe reunirse cada cinco años, señalado como “el más alto organismo de dirección del partido” y que integran los miembros del CC, y los presidentes de los comités provinciales, municipales, intermedios, de las circunscripciones electorales y de las seccionales.

Minimización del partido.  La prolongación del período de la alta dirección es considerada  un paso adicional en el “proceso de minimización” a que viene sometido el PLD en aras del liderazgo cuasi  caudillista del presidente Fernández, quien concentra la dirección del partido en el Comité Político de 25 miembros, casi todos altos   funcionarios de su gobierno y por tanto subordinados a él.

 Hace tiempo que en el PLD se considera que el CP es el único  organismo operante. Los miles de comités de base e intermedios, como los provinciales y municipales ya no se reúnen  ni son consultados ni elaboran planes ni propuestas como en los orígenes. El CP tampoco ofrece los informes que eran costumbre en la organización. El CC se reúne más o menos cada año pero no delibera ni traza políticas y muy pocos de sus integrantes se muestran dispuestos a “romper el consenso grupal” que favorece al doctor Fernández.

La desestructuración es tan grande que ya nadie sabe cuántos son los comités de base ni los intermedios, aunque se supone que suman decenas de miles. Sus dirigentes han quedado atrapados en redes clientelares aceitadas por la acumulación de dinero en los altos dirigentes que reparten favores gubernamentales, instrumentándolo todo, al decir de uno de los dirigentes que todavía reivindican los orígenes del partido.

La corrupción al interior del PLD quedó al desnudo y fue denunciada por dirigentes medios que acudieron a la televisión quejándose del predominio del dinero y el poder de los funcionarios gubernamentales y municipales  en la elección de los candidatos para las elecciones congresuales  y municipales de mayo pasado.

El miedo a las bases.  Aunque hay mucha disensión en el PLD por la auto prolongación del período,  pocos  se han atrevido a  expresarlo públicamente, incluyendo a un puñado de miembros del CC, como los senadores Charles Mariotti y Euclides Sánchez, y especialmente Luis Incháusti, quien la considera “una violación y traición a las ideas y principios democráticos que  encarnó el profesor Juan Bosch”. Este combativo dirigente que se proclama defensor de las bases llegó a sostener esta semana que de los 25 miembros del CP sólo José Joaquín Bidó Medina, Lidio Cadet  y  José  Tomás Pérez han escapado a la corrupción.

Para un talentoso cuadro político peledeísta la extensión del mandato obedece al temor de muchos dirigentes de someterse al veredicto de las bases. Otro cree que la decisión forma parte de un proceso para preservar el liderazgo político del doctor Fernández ante el hecho cada vez más evidente de que tendrá que dejar la presidencia de la nación en el 2012. El presidente del Comité Provincial del PLD en Santiago, Monchy Rodríguez, fue citado por HOY diciendo que la decisión expresa una “posición unitaria alrededor del liderazgo nacional que preside Leonel Fernández”.

La prolongación fue aceptada o por lo menos no  objetada por  los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD, incluyendo al principal Danilo Medina, atendiendo al criterio expresado por el secretario general Reinaldo Pared Pérez de que obedece al interés de que el partido acuda unido a las elecciones del 2012. Pero la evidencia de que favorece el liderazgo de Fernández, es que el Comité Central es prolongado por cinco años y los dirigentes de los organismos medios sólo hasta después de las elecciones. Eso quiere  decir que de ganar la elección presidencial otro peledeísta tendrá que manejarse más de tres cuartas partes del período con el mismo comité central de Leonel Fernández.

No quieren riesgos

Seguidores de Danilo Medina explican que aceptaron la prolongación convencidos de que hay que evitar  las posibilidades de que una competencia por los cargos provoque enfrentamientos entre danilistas y leonelistas que se traduzcan en mayores segmentaciones y debiliten la unidad del partido.

Se puso de ejemplo que había una decena de dirigentes con aspiraciones de ser electos para secretario general, citándose entre ellos a Aristipo Vidal, Manuel Crespo, Luis de León, Radhamés Jiménez, Rubén Bichara, Simón Lizardo y Carlos Amarante Baret.

Por igual temían que el partido entrara en una etapa de ebullición interna fruto de las ambiciones de muchos militantes de acceder a los cargos de presidentes de los comités de base e intermedios, sobre todo de estos últimos que están incorporados a las nóminas estatales con sueldos más elevados.

En el 2008 en esta página se publicó  que 42 mil 434 presidentes de comités de base estaban en las nóminas de dos secretarías de Estado y otros 6 organismos estatales cobrando 143 millones 120 mil pesos mensuales.

También se aireó otra “Nómina Pago Inspectores” de 1,209 personas que cobraban a través del Instituto Agrario Dominicano entre 15 y 25 mil pesos al mes, que según fuentes eran presidentes de comités intermedios. Esta totalizaba 18 millones 355 mil pesos mensuales.

Cualesquiera que sean las justificaciones para auto prolongarse mandatos, inventando un plebiscito no contemplado en los Estatutos del PLD, ello revela el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática del sistema partidista dominicano, con mayores repercusiones cuando afecta al partido que gobierna y controla el Poder Legislativo.

Ello explica por qué sigue engavetado el proyecto de ley de partidos políticos objeto de numerosos consensos en los últimos trece años para pautar la democracia interna de las organizaciones políticas, incluyendo la elección de sus dirigentes y candidatos.

Si el principal partido teme a la elección democrática de sus dirigentes, es difícil que ese proyecto sea convertido en ley.

Asombrosamente ni el principal partido opositor está insistiendo en reclamar su aprobación aunque fue parte de los acuerdos pactados entre el presidente Leonel Fernández y el ahora presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado.-

 

Angel Miolán: un gran precursor

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la partida de Angel Miolán al caer esta semana desaparece el último de la legión de líderes políticos que encarnaron las luchas contra la tiranía de Trujillo muy joven dentro del país y luego desde el exilio, y que sembraron la semilla de la  democracia dominicana en la primavera democrática de 1961.

Don Angel Miolán como todos los seres humanos tuvo virtudes y debilidades, aciertos y errores, pero la balanza se inclina grandemente a su favor y hay que reconocerlo como un gran precursor, no sólo de la libertad y la democracia, sino muy especialmente del desarrollo turístico dominicano.

 Fruto de sus andanzas por un largo exilio de 27 años, desde que retornó al lar nativo en 1961 estuvo convencido de las potencialidades turísticas del país, abogando por el desarrollo de esa industria. Director de Turismo en los finales de los sesenta y principios de los 70, estableció las bases para lo que hoy es una de las actividades productivas fundamentales. Todavía resuenan las burlas cuando impulsaba la celebración del Festival del Merengue y le preguntaban “y los turistas dónde están”, para responder: “en la mente de Miolán”.

Pero por más relevante que fuera su promoción del turismo, a don Angel habrá que recordarlo principalmente como un político de cuerpo entero y tiempo completo. Baste recordar que contaba apenas dos décadas de haber nacido en 1912 en Dajabón, cuando llegó a Santiago y se involucró en los primeros movimientos de resistencia a la incipiente tiranía de Trujillo. Tras una conspiración en 1934 tuvo que huir a Haití y de ahí al exilio que lo llevó a Cuba, México, Venezuela y Costa Rica.

Junto a Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Cotubanamá Henríquez y Nicolás Silfa, le correspondió fundar en La Habana en 1939 el Partido Revolucionario Dominicano, la más duradera de las instituciones políticas nacionales que sería un instrumento fundamental en las luchas por la libertad y la democracia.

Cuando tras el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 se discutió en el exilio si desafiaban a sus familiares y seguidores que pretendían mantener el régimen, Miolán fue de los que no dudó y se puso al frente de aquella comisión que llegó al país 35 días después. Ese mismo día cayeron las cortinas oscurantistas que dramáticamente  habían desgarrado durante un año los bravos del Movimiento Popular Dominicano encabezados por don Máximo López Molina.

Angel Miolán no sólo era un hombre valiente, sino un político inteligente, graduado en las fraguas de aquellas décadas de luchas contra las tiranías que azolaban la región, un gran estratega y organizador que se movió en el filo de la navaja de los remanentes del trujillismo sin darle oportunidad a que aplastaran la alborada democrática, siendo objeto de incomprensiones y sospechas porque dejaba a otros las actitudes radicales.

Todos los que tuvimos la oportunidad de verlo de cerca en aquellos días, lo recordamos sereno y confiado, insuflando optimismo, como buen maestro que fue, enseñando a cultivar el árbol de la libertad, descubriendo y promoviendo nuevos líderes.

Luego Don Angel tuvo sus vaivenes políticos, como casi todos los de su generación, en una democracia aún hoy adolescente, pero fue miembro distinguido de una generación de líderes que cultivaban la honestidad, que se adscribían a corrientes ideológicas, que apostaban al devenir de una nación mejor organizada y con justicia social.

De recia estirpe fue sindicalista y periodista, senador, diplomático y sirvió al Estado durante muchos años, hasta morir casi en la pobreza, sin nunca haber acumulado riquezas, que no las pretendió.

Su vida frugal y ordenada le premió con casi 98 años sin perder la lucidez. Hace sólo tres años fue ofendido cuando le regatearon una modesta pensión que le aprobó la Cámara de Diputados, con sobrados méritos por haber desempeñado múltiples y altos cargos públicos durante más de 30 años, cuando se han otorgado centenares por montos muy superiores a personas que nunca fueron servidores públicos, incluyendo a personas ricas y muchos que no la necesitan.

¡Salve don Angel Miolán! Precursor de libertades y del turismo nacional, que siempre conservó la humildad, la honestidad y la fraternidad, cuya memoria nos permite reivindicar la política, esa actividad tan vituperada en nuestros tiempos.