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¿Cuáles cinturones apretarán?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Todos deberíamos convenir con el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en cuanto a que ha llegado la hora de apretarnos el cinturón, dada la magnitud que ha alcanzado el déficit fiscal del gobierno, impulsado por el desguañangue que tuvieron que realizar para conservar el poder en las elecciones de mayo pasado.

Ese desguañangue prosiguió en el período de transición por el desbordamiento del gasto y del reparto realizado por el presidente Leonel Fernández, que en su competencia por superar a Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer como gran constructor de obras físicas, abusó hasta del dinero de los hospitales públicos para dar la pintura final a todo lo que era posible, aunque a gran parte de las obras le faltaren terminación interior y equipos para ser operadas.

Es impresionante también la magnitud del crecimiento de las nóminas del Estado en los últimos 20 meses del gobierno de Fernández, no sólo por vía del empleo, sino también con 20 mil 313 pensiones, una parte de las cuales fueron repartidas selectivamente con niveles de 25 a 50 mil pesos, aunque el 80 por ciento de los pensionados del Estado sólo reciben 5 mil 100 pesos mensuales. Una gran inversión de Leonel Fernández para abonar su eterna ambición de poder y reinar tanto o más tiempo que Trujillo o Balaguer.

El licenciado Reinaldo Pared Pérez debería comenzar por detallar cuáles cinturones cree él que deben ser los primeros en ser apretados. Si los de esa masa del 80 por ciento de la población que tiene salarios por debajo de 20 mil pesos mensuales, que a duras penas cubren el costo de la canasta básica, o los de los privilegiados que derrochan ofendiendo a los más pobres.

Daría un gran ejemplo el dirigente político y legislativo si comienza por plantear la eliminación de los barrilitos y cofrecitos de senadores y diputados para reducir su costo individual de 23.8 millones de pesos por año. Sólo con la eliminación del Fondo para asistencia social de los senadores (que no corresponde a la función legislativa) se ahorrarían 229 millones de pesos anuales, y si le suman los cofrecitos de los diputados y sus asignaciones para regalos navideños, por inicio del año escolar y las festividades de las madres y el amor, la reducción anual pasaría de los 500 millones de pesos.

El cinturón debería apretarse también, para ejemplificar y comenzar,  a todas los beneficiarios de pensiones privilegiadas, a los sueldos ofensivos que superen los 300 mil pesos, de todo el Estado sin excepciones, como están haciendo los gobiernos no sólo de España, Portugal y Grecia, donde el desmadre económico es insostenible, sino también en Italia y hasta en Francia, la segunda locomotora de la Unión Europea.

Como no hay partido de oposición en capacidad de poner freno al desbordamiento del gasto gubernamental y estatal, corresponde a las organizaciones de la Sociedad Civil endurecer su resistencia, fortalecer una gran coalición por la decencia política y económica, y tomarle la palabra al presidente del Senado.

Sí, que se planten con los “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, aprobados por el Consejo Económico Social, y comiencen exigiendo que los administradores de la cosa pública sean los primeros en apretarse el cinturón, pero sin amortiguadores, no sólo con medidas cosméticas, reduciendo siquiera un diez por ciento al inmenso huacal de 777 mil asalariados y pensionados del Estado.

Como parece que el presidente Danilo Medina está realmente empeñado en rectificar barbaridades, un endurecimiento de la Sociedad Civil organizada, incluyendo el alto empresariado y las iglesias, pudiera ayudarlo a establecer límites. Este es el momento y la coyuntura propicia para obligar a los políticos a rectificar. Si simplemente se les da más recursos, la fiesta proseguirá. Estamos hartos de que prometan austeridad, como han hecho con cada reforma tributaria. Que cese definitivamente la malversación de nuestras contribuciones y comencemos a enjuiciar a los mayores corruptos.

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

Y una sola explicación verdadera

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La única explicación verdadera al inmovilismo de las autoridades dominicanas frente al desbordamiento de la inmigración haitiana que se registra desde finales de la década de los ochenta es que tanto los gobiernos como una parte importante del empresariado son beneficiaros de una abundante mano de obra incondicional y barata que a su vez degrada la oferta laboral en el país.

El mantenimiento de tan amplia oferta laboral, que trabaja por salarios menores, sin horario ni días fijos de descanso, incapacitada de organizarse ni de exigir mejores condiciones de vida y trabajo, que duerme en las mismas construcciones y en casuchas es de los factores que han impedido a los trabajadores dominicanos crear y mantener  eficientes entidades sindicales.

Hasta los años ochenta una alta proporción de la inmigración haitiana se contrataba formalmente para el corte y tiro de la caña y era dotada de carnet por el Consejo Estatal del Azúcar. Al final de la zafra eran devueltos a Haití, aunque siempre algunos se quedaban clandestinamente. Pero a los 15 o hasta 20 mil braceros que traía el consorcio estatal, se empezó a agregar una proporción de informales, fruto de un tráfico humano que se pagaba en ambos lados de la isla y que pasó a ser una fuente de enriquecimiento de caciques fronterizos, de militares y buscones. Empeoró cuando el CEA dejó de contratar.

Primero se traían braceros para los ingenios privados y ya luego hasta para los del Estado. Y después pasaron a ser buenos para casi todas las actividades agrícolas, en proporciones que alcanzan hasta el 80 y 90 por ciento. Y más tarde ocurrió lo mismo con la construcción, y ahora con el chiripeo en general.

Y cuando el gobierno amplió el acueducto capitalino, comenzando los noventa, los contratistas apelaron a los especialistas en traer braceros directamente desde Haití. Eran más baratos que los que ya sobraban en el país. Se demostró en los servicios informativos de Teleantillas. Hasta para remodelar el edificio de la cancillería dominicana en los finales de los noventa, se apeló a los haitianos, como mostró el periódico El Nacional.

Lo más grave es que paralelamente los beneficiarios de esa inmigración tendieron una cortina de humo difundiendo e imponiendo la teoría de la invasión haitiana. Nunca hubo tal invasión, ellos los traían y les empleaban. Recuérdense las “tres anécdotas distintas…” del pasado domingo.

Durante más de 15 años entrevistamos más de 20 veces al padre Pedro Ruquoy, en el telediario Uno más Uno. Con valentía y energía denunciaba el tráfico de haitianos por la frontera, llegando a identificar por sus nombres y apellidos a los operadores del negocio, civiles y militares, de ambos lados de la frontera. Ese inmenso sacerdote que dejó las comodidades de su natal Bélgica para ejercer la piedad cristiana como director de la Pastoral para los haitianos de la Diócesis de Barahona, salió en el 2005 casi expulsado, acosado como propulsor de la haitianización del país.

Siempre abogó por la regulación de la inmigración haitiana, pero no podía ser indiferente ante la suerte de los que encontraba en los bateyes, llegando al extremo de declarar como hijo a un niño que encontró abandonado. El padre Ruquoy lleva cinco años ejerciendo la compasión y la solidaridad cristiana en un país africano y desde entonces otras decenas de miles de haitianos han cruzado la frontera, ya no solo para trabajar, sino hasta para mendigar en las calles. Y las autoridades nacionales siguen sin hacer otra cosa que esporádicas redadas para deportaciones sin la menor consideración humana. La nueva ley de Migración, fruto de muchos años de seminarios y consensos, lleva seis años esperando un reglamento.

Ya hasta los dirigentes haitianos vienen a decirnos que hay que abordar de manera seria el problema de la inmigración. Fue lo que hizo la semana pasada el Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, considerándolo tarea fundamental ahora que ha sido reactivada la Comisión Mixta Domínico-Haitiana. Esperemos que haya voluntad política para hacerlo.