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Un soberanismo irresponsable

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Es irresponsable persistencia de al- gunos de que RD desafíe al mundo

No puede ser por ignorancia, sino por irresponsabilidad que algunos persistan en que la nación dominicana desafíe a todo el mundo globalizado, auspiciando graves y masivas violaciones de derechos humanos que contradicen principios filosóficos y jurisprudencias universales, y que están condenadas en múltiples tratados que el Estado dominicano suscribió soberanamente, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Aunque para muchos en este país, las leyes son apenas sugerencias y la Constitución “un simple pedazo de papel”, como acuñó Balaguer, es de rigor citar el numeral 3 del artículo 74 de nuestra Carta Magna que reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Las relaciones internacionales de hoy se rigen por muchos otros tratados, que ya superan el ámbito de los derechos humanos, y se refieren al comercio, el medio ambiente, la energía nuclear, la aviación y uso del espacio aéreo, los derechos de autor, las transferencias financieras y el tráfico de narcóticos. Se asume que todo Estado que los asume está obligado a cumplirlos, sin el menor pretexto de soberanía nacional.

Es que el concepto de soberanía nacional hace tiempo que fue desplazado, hasta para las grandes naciones, aunque algunas, como Estados Unidos, no han suscrito varios de esos tratados, para escapar de su cumplimiento. Por eso no pueden ser sancionados.

A veces ni siquiera los grandes y poderosos países son sometidos a sanciones por violaciones a preceptos de la convivencia internacional. En algunos casos resisten y salen relativamente indemnes, pero ese lujo no se lo pueden permitir la mayoría, con economías dependientes, como en el caso dominicano del turismo, remesas, el financiamiento, donaciones y acceso privilegiado a mercados como la Unión Europea.

Esta misma semana la Unión Europea discutía un paquete de sanciones a Rusia que involucrarían 10 mil millones de euros por estar auspiciando la fragmentación violenta de su vecina Ucrania. Los alegatos soberanos no serán suficientes para disuadir a los veintiocho países integrados en Europa.

En los últimos días se han multiplicado las críticas por las recientes visitas al país del vicepresidente de Estados Unidos, del secretario general de las Naciones Unidas y del presidente del Consejo de la Unión Europea, bajo el alegato de que vinieron a presionar al presidente Danilo Medina para que carguemos con Haití y todos sus problemas.

Es obvio que esas visitas no fueron turísticas ni simples coincidencias. Han sido parte de un esfuerzo concertado por ayudar al Gobierno dominicano a salirse de debajo de la patana en que la irresponsabilidad soberanista dejó al país tras la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, desafiante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuyas decisiones es compromisario el Estado dominicano por decisión soberana. Esos personajes han coincidido en apoyar los esfuerzos del Gobierno dominicano por encontrar una solución siquiera humanista, y a medias jurídica, al grave problema de derechos humanos.

Fue lo que en octubre pasado recomendó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, cuando anunció la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de un sistema del cual somos también compromisarios, que vendría, como en efecto hizo, a ayudar a las autoridades nacionales a encontrar una salida del grave escándalo internacional que aquí algunos pretenden acallar con desaforados y trasnochados gritos soberanistas.

A lo mejor creen que este país tiene capacidad para desafiar a la OEA, la ONU, la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos, a Estados Unidos y a la Unión Europea, para solo citar los más directamente involucrados en rechazar que este país de emigrantes e inmigrantes despoje de derechos a cientos de miles de personas nacidas en territorio nacional.

La mejor ayuda que se puede dar al Gobierno es incentivarlo a cumplir la ley que fue consensuada como solución, que la Junta Central Electoral y los ultranacionalistas aún regatean.

El presidente Medina, más que nadie, sabe que nuestro desprecio por la Constitución, las leyes y las normas no es aceptable en el mundo de hoy.

 

El Nunca Jamás de Guillermo Moreno

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La generalidad de los que han leído la querella del doctor Guillermo Moreno para que se investiguen las cuentas del expresidente Leonel Fernández (LF) y su Fundación Global (Funglode) concluyen en que es un documento con abundante fundamentación que por lo menos pone de relieve la ausencia de transparencia.

Aunque se presentan indicios documentales de serias irregularidades, muchos estiman que las debilidades institucionales de la nación dejan escasas  posibilidades de que la querella prospere, y hay quienes esperan que siquiera sirva para incentivar transparencia y escrupulosidad en la gestión pública.

La valentía de Moreno.  La iniciativa del jurista y profesor universitario que fuera el primer procurador fiscal del presidente Fernández en 1996 y candidato presidencial en las elecciones del año pasado, es un acto de valentía frente al poder político, económico y judicial  acumulado por el exmandatario y líder del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Por supuesto que está movida por intencionalidad política, como es lógico y normal en todas las actividades de los personajes públicos, pero merece una ponderación y respuestas más allá de la simple descalificación.

Frente al cúmulo de documentos contenidos en la querella, el más interesado en su dilucidación debería ser el propio acusado, sobre todo cuando todo el país le atribuye la también intencionalidad política de buscarse por lo menos un cuarto período de gobierno. El doctor Fernández y sus abogados podrían aprovechar la circunstancia para hacer transparente todo el financiamiento y el gasto de la Fundación Global que acaba de cumplir trece años de constituida, el 3 de enero del 2000, al amparo de su primer período de gobierno (1996-2000).

En el mundo democrático no se acepta que un presidente en ejercicio constituya una fundación y recabe recursos multimillonarios mientras ejerce la labor de gobierno, porque se presta al tráfico de influencia, cuando no a la extorsión. Eso se reserva a los ya retirados de la competencia política y en cualquier caso tienen que publicar anualmente sus ingresos y gastos, con las fuentes de financiamiento.

La falta de información sobre las fuentes de financiamiento y el gasto de Funglode ha sido objeto de murmullos en los ámbitos diplomáticos y de instituciones internacionales. Hasta personalidades invitadas a actividades de esa entidad han quedado sorprendidas por el lujo de sus instalaciones y se han interesado por saber cómo se financia. El año pasado se produjo una exclamación de molestia por parte de representantes de un organismo internacional ante tres periodistas cuando al pronunciar un discurso el embajador de su país informó de un programa con la Fundación Global. Aludieron a que la cooperación internacional debería  ser coherente con el reclamo de transparencia.

Consistente documentación.  Las lujosas edificaciones de Funglode, con oficina de alta clase en Nueva York, y sus múltiples actividades son suficiente evidencia de una entidad multimillonaria. Y lo fue casi desde el principio ya que al quebrar el Banco Intercontinental en marzo del 2003, tenía allí depósitos financieros por 104 millones 49 mil pesos, más 15 millones 67 mil 245 pesos en tres cuentas corrientes, y 15 mil 791 dólares, para un total superior a 119 millones de pesos, según detalló la comisión del Banco Central que intervino el banco.

La querella documenta la movilización de decenas de millones de pesos obtenidos mientras el doctor Fernández era presidente de la nación, pero manejados en cuentas personales, primero a nombre de Manuel Rodríguez Casado, y luego de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte, la primera asistente personal de Diandino Peña, ministro administrativo de la presidencia, luego ministro de Obras Públicas y finalmente director de la Opret, constructora de las dos líneas del metro capitalino. Las cuentas permanecieron a nombre de esos particulares que nunca fueron directivos de Funglode, aún años después que la entidad tuviera formal incorporación y pudiera operar en el mercado bancario.

Los lectores de la querella que ha sido profusamente difundida en innumerables sitios de Internet y en un folleto editado con el título de ¡Nunca Más!, resultan impresionados por la cantidad de facsímiles de cheques y cuentas bancarias que la documentan. Sostiene que la cuenta en Baninter a nombre de Rodríguez Casado, cerrada en septiembre del 2000, manejó entre depósitos y créditos 66 millones 622 mil 292 pesos en los primeros nueve meses de la fundación y cuando Fernández todavía era presidente de la nación. En algunas fechas los depósitos fueron multimillonarios: 11 millones 200 mil el 15 de junio, 15 cheques de un millón cada uno el 19 de junio, y un depósito de 7 millones de pesos el 15 de agosto, último día del gobierno 96-2000, mediante un cheque de administración comprado con dinero en efectivo.

Pesada carga para la Fiscal.  La querella con 104 “elementos de prueba” presentada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional el 24 de enero constituye una carga muy pesada que podría poner  en juego la tranquilidad y hasta la carrera de la joven abogada Yeni Berenice Reynoso, traída a la capital tras acumular prestigio en la fiscalía de Santiago. La generalidad de los observadores cree que es un peso demasiado grande por los poderes que concentra el expresidente Fernández, especialmente en las altas cortes. Aunque no faltan quienes esperan que ella se constituya en una especie de Baltasar Garzón, el juez español que ganó prestigio mundial con atrevidas acciones judiciales.

El 5 de enero Moreno y sus abogados adicionaron un documento amparados en el Código procesal Penal señalando una serie de diligencias que la fiscalía debería realizar ante instituciones financieras públicas y privadas para investigar los cargos que formulan al expresidente y su fundación. También las cuentas de las personas que manejaron recursos de Funglode.

Piden centrar indagaciones sobre las declaraciones juradas ante la Dirección General de Impuestos Internos que debió hacer la fundación a partir del 2005 cuando entró en vigencia la Ley 122-05 sobre entidades sin fines de lucro y que obliga a transparentar cada año los ingresos y egresos de las mismas. Solicitan identificar nombres y montos de los donantes, empresas o personas.

Los cargos específicos.   Los cargos presentados en la querella incluyen la violación al artículo 146 de la Constitución que sanciona la corrupción y penaliza a quien “prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Así como a quien “proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.

También imputan delitos establecidos en el Código Penal como concusiones de funcionarios públicos, de funcionarios mezclados en asuntos incompatibles con su calidad, violación a la ley que castiga el lavado e incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas, y los crímenes de prevaricación y perjurio.

Es obvio que no resulta fácil comprobar ni condenar tantos y tan graves cargos y menos a un líder político, con amplia defensa, pero la documentación es tan pesada y abundante que en cualquier democracia siquiera de mediana intensidad produciría un gran escándalo político. Por lo menos obliga a una minuciosa y extensa investigación a no ser que se le pretenda despachar políticamente.-

Muchas operaciones turbias

La querella de Moreno, sustentada por tres brillantes jóvenes abogados, Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez, muestra numerosas operaciones trianguladas de cuentas. Por ejemplo para la construcción y equipamiento del edificio de Funglode de la cuenta Marilis-Luisa se destinan al menos 15 millones de pesos a Promociones Madeira SA, pero los cheques eran depositados en una cuenta a nombre de Maritza López y/o José Abréu, funcionarios y aliados políticos de los gobiernos de Fernández. De aquí se documentan cuatro pagos entre febrero y septiembre del 2002 para equipos y cubicaciones de la fundación que totalizan 4 millones 474 mil pesos.

La querella ejemplifica cargos a LF como propiciar compañías e interpósitas personas como “empresarios” para captar recursos y ponerlos a su disposición a través de Funglode, lo que consideran incompatible con la función pública y violatorio de la ley; prestadores de servicios al Estado hacían contribuciones; entidades públicas convertidas en clientes y patrocinadores de la fundación. Se citan cheques con montos de cientos de miles de pesos de instituciones como el Banco Central, Indotel y varios ministerios para patrocinar cursos, seminarios, cenas y fiestas de la fundación.

Una extensa documentación se refiere al patrocinio de Funglode por diez empresas cuya propiedad se atribuye al actual senador Félix Bautista, íntimo colaborador de LF, quien dirigiera la poderosa Oficina de Ingenieros Supervisores de  Obras del Estado entre el 2000 y 2010. Según la instancia de Moreno sólo en el 2001 esas contribuciones totalizaron alrededor de 45 millones  de pesos, con citas y facsímiles de dos bancos. Documentan transferencias de diversas empresas contratistas del Estado por sumas de cientos de miles de dólares y millones de pesos.

 

Leonel arroja leña al fuego nacional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso con que el expresidente Leonel Fernández trató de justificar el inmenso déficit fiscal en que terminó su Gobierno constituye una autoincriminación al revelar su desprecio por la Constitución de la República y todo el sistema normativo del manejo de las finanzas públicas.

La pieza fue inoportuna, ya que subestimó la inteligencia de los dominicanos y echó combustible sobre la indignación generada por el déficit estimado en 187 mil millones de pesos y el paquete fiscal que busca conjurarlo, contribuyendo a mantener un movimiento de protestas que afecta el inicio del Gobierno de Danilo Medina.

 Agita la indignación.  Si el doctor Leonel Fernández no subestimara la capacidad de razonar de la mayoría de los dominicanos se habría economizado el discurso que pronunció el martes 13, que solo operó como un balde de combustible sobre el fuego de la indignación nacional por el inmenso abuso de las finanzas públicas implicado en el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos con que entregó el Gobierno.

Fue un discurso inoportuno en momento en que el presidente Danilo Medina salía del país y que solo serviría para incentivar un movimiento de protestas sin precedentes y un rechazo generalizado en todos los sectores sociales que el Gobierno ha manejado con discreción esperando que baje la marea que ha afectado su arranque.

Es que resulta imposible justificar un gasto  que superó más de ocho veces los RD$22,500 millones que el Congreso Nacional le había autorizado como déficit en la Ley de Presupuesto aprobada para el año en curso, criticado por los analistas económicos y políticos, el empresariado y los más variados sectores sociales, además de la dispersa y condicionada oposición política, y cuando su propio ministro de Economía durante ocho años, Temístocles Montás, había proclamado al presentar el ajuste que “las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit”.

Ni un solo economista, articulista o analista independiente, ni tampoco algún  dirigente empresarial o social  había avalado el discurso hasta ayer sábado,  aunque el doctor Fernández había obtenido el apoyo del Comité Político de su partido,  parte del Comité Central y de 105 diputados, mientras indignados manifestantes acosaban “como cuerpo del delito” su Fundación Global. Los reclamos de sanción por el déficit se extendieron en el país y en ciudades de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de importantes medios de comunicación, resaltando la CNN que le ha dedicado horas, cuestionando los niveles de corrupción imperantes, citando el Foro Económico Mundial que le atribuye la peor evaluación entre 144 países.

Múltiples manipulaciones.  El discurso de Leonel Fernández estuvo fundado en múltiples manipulaciones de cifras y circunstancias, al extremo que  el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien lo fuera también en sus 12 años de Gobierno, hubo de precisar que no fueron 49 mil millones de pesos los que recibió esa institución este año para cubrir sus obligaciones financieras,  sino tan solo 11 mil millones, una diferencia de 38 mil millones. Aunque la Ley de Presupuesto le asignó 23 mil 783 millones de pesos.

   Pero la más grosera manipulación fue el tratar de equiparar el déficit fiscal incurrido por Fernández, sin prioridad, planificación ni transparencia y decidido por él solo, con los déficits fiscales de  Estados Unidos, Europa o Japón, que son planificados  y aprobados por el Congreso. Llegó al extremo de citar el riesgo del “abismo fiscal” que afrontaría el Gobierno norteamericano desde enero, justo cuando el presidente Obama negocia acuerdos con el Congreso, porque  él solo no puede pasarse con un dólar sin exponerse a un juicio político. En ningún país donde se respete el orden institucional se le ocurre a un Presidente pasarse ocho veces del déficit aprobado en una ley de presupuesto y menos porque necesite ganar una elección o sembrar para volver.

Por demás, Fernández pretende ignorar que los graves problemas económicos de España, Portugal, Grecia, Italia, son preponderantemente fruto de los déficits fiscales acumulados, los que en los últimos 6 años de su gobierno alcanzan 400 mil millones de pesos. Trató de justificar el déficit en la caída este año de las recaudaciones, cuando las mismas se han elevado en 15% en relación al año pasado, con un incremento de 42 mil millones de pesos, al pasar de 279 mil millones a unos 321 mil millones.  La reducción es en relación a un presupuesto que desde antes de su aprobación fue denunciado como sobrestimado en ese renglón y subestimado en el déficit del sector eléctrico, al que se destinó apenas US$270 millones, cuando en el 2011 pasó de US$900 millones y este año se proyecta en US$1,270 millones.

Leonel se auto incriminó.  El doctor Leonel Fernández se auto incriminó al admitir que incurrió en un déficit de 187 mil millones de pesos, cuando solo  tenía autorización legal para 22,500 millones. Como cuenta con la fidelidad del Ministerio Público y de las cortes judiciales,  se considera por encima de la Constitución y de todo el sistema legal que pauta la disposición y fiscalización de las finanzas públicas. Asume lo público como privado al plantear que “Cuando alguien compra ¨fiao¨ o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda”

Participación Ciudadana recordó que el artículo 236 de la Constitución  establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, y citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.

Entre las leyes que pudieron ser violadas PC señala las Orgánica del Presupuesto,  de Contabilidad Gubernamental, del Sistema de Administración Financiera del Estado, la de Planificación de la Inversión Pública, de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la de la Contraloría General, de Crédito Público y las de los ministerios de Hacienda y de Economía. Además la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la de Función Pública.

El argumento de que el déficit fue por la reducción del ingreso presupuestado (11 por ciento)  se cae cuando se cuantifica un incremento del gasto que según Bernardo Vega montaría a 144 mil millones de pesos, 43 por ciento más que en el 2011, y con 100 mil millones de pesos más de lo presupuestado más de la mitad en inversión para su gloria personal de inaugurar decenas de obras, muchas de las cuales todavía requieren recursos para ponerlas en operación, incluyendo emblemáticas como la segunda línea del Metro, el Merca Santo Domingo, o el Instituto Tecnológico Superior. Hasta agosto, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 145 por ciento de su presupuesto de todo el año, y el de la Presidencia 105 por ciento. La deuda pública se incrementó en 1,278.4 millones de dólares (7.3 por ciento) solo en el trimestre julio-septiembre pasado.

Con el agravante de la premeditación, ya que el doctor Fernández avisó en septiembre de 2011, en Nueva York, que se proponía gastar 40 mil millones de pesos para asegurar el triunfo electoral de su partido este año. Lo que no dijo es cuánto consumiría para volver a la presidencia en el 2016. Se ha documentado que el 60 por ciento del gasto excesivo ocurrió entre el 21 de mayo y el 16 de agosto. En el proceso quedó evidente que se desarrollaban dos campañas electorales del mismo partido de Gobierno.

Fue notable que Leonel Fernández no se refiriera a las acusaciones de malversación y corrupción.

Una penosa subestimación

Ya hace años el presidente Fernández había dicho que su oposición política carecía de capacidad para conceptualizar, pero con el tiempo parece haberlo extendido a la generalidad de los dominicanos, como puso de manifiesto en los siguientes aspectos:

1.- Pretendió justificar el paquete tributario en el consenso nacional de años  sobre la necesidad de una “reforma fiscal integral”, citando los reclamos del CONEP, cuando es precisamente por no reunir integralidad y por considerársele un nuevo parche fiscal, que el empresariado y todos los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) lo han rechazado.

2.- Equiparó el “pacto fiscal” dispuesto por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que, según la misma, debería lograrse por consenso en el desestimado CES, con la imposición al vapor de la mayoría congresual de su partido.

3.- Comparó la presión fiscal dominicana con la de los países desarrollados, donde el estado de bienestar ofrece servicios de calidad en agua potable, energía, educación, salud, pensiones y seguridad ciudadana que el Estado dominicano no ofrece y tienen  costo adicional para los usuarios. Citó el artículo 36 de la END tratando de justificar la celeridad del parche tributario, aunque el mismo indica que “en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria”.

4.- Citó muy parcialmente las recomendaciones del FMI del 13 de diciembre del 2011 que incluían “medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB”, equiparándolo con mayores tributos, cuando puede ser también por vía de la reducción del dispendio y la corrupción como reclama la sociedad.

Algunos datos de gestión económica

• Los ingresos fiscales crecieron de 128 mil a 321 mil millones de pesos entre el 2004 y 2012, un 151 por ciento.

• Del 2006 al 2012 los ingresos crecieron 69 por ciento pero el gasto 150 por ciento.

• La deuda pública total casi se duplica de US$13,322 millones en  2005 a US$25,890 millones en  2012.

• Las exportaciones crecieron 40 por ciento de 2004 al 2011, pero las importaciones se incrementaron en 121 por ciento.

• Entre el 2003 y 2007 se acumuló un déficit fiscal de 18,284 millones de pesos, con promedio anual de 3,657 millones; del 2008 al 2012 fue de 394, 861 millones de pesos, promedio anual de 78,861 millones de pesos.

• La deuda del Banco Central pasó de 85 mil 600 millones de pesos en  2004 a 267 mil millones de pesos en  2012, creciendo en 181 mil 600 millones de pesos, un 212 por ciento.

Fuentes: Fernando Alvarez Bogaert, HOY, 14 de  Noviembre. El último dato es de la Comisión Económica del PRD.

 

Un gran parche tributario para el hoyo de Leonel

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Gobierno decidió jugarse su luna de miel con la población al presentar el mayor proyecto de reforma tributaria de la historia nacional sin atender el reclamo generalizado de que reduzca el enorme dispendio burocrático en organismos inoperantes  en salarios y pensiones de lujo.

 Por lo menos puso sobre la mesa el enorme hoyo fiscal dejado por el Gobierno de Leonel Fernández, que se burló de la Constitución,  la ley y la opinión pública gastando más del 43 por ciento sobre lo presupuestado para este año, con un déficit fiscal mayor de 183 mil millones de pesos, que sobrepasó las peores proyecciones.

La reforma del friquitaqui.  Con excepción de los voceros gubernamentales, hay unanimidad en la opinión pública en considerar el proyecto de reforma tributaria presentado el jueves 4 como el más ambicioso de la historia del país, con elevación de impuestos  de 55 mil millones de pesos en el 2013 y  más de 235 mil millones en cuatro años.

El proyecto ha sido denominado como “el tablazo del siglo”, y se discute si bautizarlo como la reforma del friquitaqui, del conconete, o del cazabe por gravar esos y otros populares comestibles.

 La propuesta superó el proyecto de 44 mil millones que había elaborado el Ministerio de Hacienda del pasado Gobierno, sin dejar de tocar ninguna de las categorías impositivas, a la renta, el patrimonio, transferencia de bienes industrializados (Itbis), selectivos al consumo, y modificando los regímenes de incentivos al turismo, zonas francas, cine, desarrollo fronterizo y eliminando exenciones hasta a las organizaciones sin fines de lucro que tendrán que pagar Itbi.

 Aunque habían prometido que no afectarían a los sectores populares, el paquete les toca indirectamente, pero será más gravoso para las clases medias comenzando por la elevación del Itbis del 16 al 18 por ciento y su extensión a 259 productos básicos con gravamen del 10 por ciento en el 2013, para alcanzar el 16 por ciento en los siguientes tres años.

El 55 por ciento del incremento es indirecto, al consumo, y el 45 por ciento directo,  a la renta y el patrimonio. El Itbis aportaría el 44 por ciento.

El proyecto incluye productos tan básicos como azúcar, sal, café, chocolate, aceites, panes, galletas, mantequilla, margarina, maíz, trigo, avena, maizena, las carnes, refrescos y hasta el agua y el hielo. Es tan abarcador que no dejó fuera ni siquiera renglones tan populares como el friquitaqui, las masitas o conconetes, el frío- frío, cazabe, el gofio, arepas, mondongo y tripitas.

El sector turismo no solo será afectado por eliminación de incentivos, sino también por la elevación y ampliación del Itbis y de impuestos selectivos, y las zonas francas por gravamen a sus beneficios y ventas locales. Gravan el ahorro, los combustibles y hasta las emisiones de gases de los vehículos que sacaría de circulación a millares de cacharros y guaguas destartaladas.

Sin echar leña al fuego.  Al explicar el proyecto gubernamental, el ministro de Economía, Temístocles Montás, dijo que en un primer momento pensaron abordar el déficit fiscal “solamente por el lado de la reducción del gasto”, pero luego comprobaron que el incremento de salarios de los últimos años se concentraba en 85 por ciento en educación, salud, Fuerzas Armadas y policías, y en los otros poderes del Estado, por lo que “descartamos recortes en estas áreas, para no echarle más leña al fuego”.

 Resulta difícil de asimilar que la malversación en gastos de representación, repartos y los desbordamientos de salarios, pensiones, bonificaciones y liquidaciones se escondan tras los sueldos más deprimidos y que no haya nada que hacer frente a los privilegios de los otros poderes del Estado, con sus barrilitos y cofrecitos, ni en los organismos autónomos y descentralizados donde se dan las mayores inequidades e iniquidades. Ahí hay gran celo constitucional y legal, no así en el cumplimiento de la Ley de Presupuesto, por ejemplo.

 Lo de no echarle leña al fuego merecería una explicación. Tal vez porque lo que echa el paquete tributario no es leña sino combustibles líquidos y gaseosos al fuego de la indignación de los contribuyentes frente a un sistema político que ha succionado en su propio beneficio una gran parte de los incrementos tributarios de la última década.

 Echarle leña al fuego parece que es ir contra la apropiación del patrimonio público por parte del sector político, que en los últimos cinco años elevó la nómina del Estado, incluyendo las pensiones, en 70 por ciento, con 35 por ciento de crecimiento tan solo entre el 2011 y agosto de este año, cuando pasó de 577,144 a 777,631 salarios.

Es cierto que las posibilidades de rectificación no son muchas, pero por lo menos para “calmar las graderías” el Gobierno debería buscar la supresión de algunos barrilitos, cofrecitos y nominillas.

Siquiera  para tratar de preservar las buenas voluntades que han generado el discurso y las primeras acciones del presidente Danilo Medina.

Para negociar en el CES

El proyecto presentado sorprendió al no especificar  ningún renglón de reducción del gasto, de la malversación, clientelismo y privilegios, que incluye entidades inoperantes como CORDE, CREP, INESPRE o las duplicidades en organismos asistencialistas, de tránsito y agropecuarios. Tampoco reduce vicecónsules y diplomáticos, ni  sueldos, liquidaciones y pensiones escandalosas que hubiesen compensado  el  “tablazo tributario”.

Economistas colaboradores del Centro Bonó, donde confluye un gran consenso del sector social, al igual que la comisión económica reformista que encabeza Guillermo Caram, han elaborado proyectos de reducción del gasto corriente que no fueron considerados por los planificadores gubernamentales. Aunque el CREES empresarial sugirió reducir el presupuesto del 2013, el proyecto presentado lo elevaría de los 430 mil millones de pesos originalmente aprobados para el 2012, a 458,259 millones.

 Sin embargo, un funcionario consultado fuera de récord recordó que se trata de una propuesta a discutirse en el seno del Consejo Económico y Social. La estrategia gubernamental podría ser apuntar al incremento de 55 mil millones de pesos para luego hacer transacciones. Aunque no faltan quienes se han decantado por una reforma amplia, “para resolver de un solo tiro”, contando con la débil oposición política.

 La pelota está ahora en la cancha del CES, donde los sectores empresariales, sindicales y sociales ya consensuaron sus “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, que insiste en la integralidad de la reforma con reducciones y reorientación del gasto. El proyecto gubernamental cumple el compromiso del 4 por ciento para la educación preuniversitaria y persiste en el combate a la pobreza con programas clientelistas. Extiende el programa Solidaridad a otros 200 mil hogares y eleva en 290 pesos su subsidio mensual, que entonces con 990 pesos, seguiría siendo un calmante que  afianza la dependencia de los pobres de la dádiva gubernamental.

Déficit sería de 183,465 millones de pesos

Desguañangue  de las finanzas

Ni los más críticos de la gestión del presidente Leonel Fernández advirtieron el nivel que alcanzaría este año el déficit fiscal con que operó desde el 2008 cuando logró la reelección, aunque economistas como Fernando Alvarez Bogaert, Apolinar Veloz, Nelson Suárez y Ernesto Selman lo habían proyectado entre 140 y 150 mil pesos. Apenas dos semanas atrás el Gobierno dijo al FMI que el déficit sería del 3.3 por ciento del PIB y ahora se destapa con un 8 por ciento.

 Aunque Temístocles Montás dijo que el déficit del Gobierno central “sería superior a 143 mil millones de pesos, un 6 por ciento del PIB”, en el documento “Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios del 2013”, presentado ante el CES por el director de Presupuesto, Luis Reyes, se eleva a 155 mil 946 millones de pesos, y 6.8 por ciento del PIB.

Sumados los organismos descentralizados y el Banco Central, el ministro dijo que “el déficit del sector público consolidado, o del Estado, será del orden del 8 por ciento del PIB”, precisando que “supera los 170 mil millones de pesos”. Pero el documento de proyección entregado refleja un cálculo de cada punto del PIB en 22,933 millones de pesos, lo que multiplicado por el 8 por ciento del déficit de todo el Estado, arroja un balance de 183 mil 465 millones de pesos.

Esos datos ofrecidos por el Gobierno indican que se triplicó el déficit del año 2011 y que se gastó un 42.6 por ciento por encima del presupuesto originalmente aprobado para el 2012 que ya incluía un déficit de 22 mil millones de pesos, no solo en violación de la Ley de Presupuesto, sino también del artículo 236 de la Constitución, el cual plantea que “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.

El hoyo fiscal que dejó Leonel Fernández superó todas las previsiones porque esta vez, a diferencia de otros años electorales se buscaban dos objetivos a la vez: el triunfo del partido en el 2012 y la base para el retorno del nuevo caudillo nacional en el 2016. Y lo hizo pese a todas las advertencias de economistas, empresarios y comunicadores, que por eso fueron acusados de orquestar “un plan mediático” contra el ilustre estadista.

Se reconoce que por fin el Gobierno transparentó la situación financiera, aunque es penoso que lo hiciera el mismo equipo económico que fue incapaz de parar la megalomanía del doctor Fernández. El ministro Montás concluyó la rueda de prensa del jueves 4 con estas ilustrativas palabras: “Las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit. No había manera de presentarle al país y al mundo un presupuesto con un déficit tan alto… Frente a esa situación entendíamos que no había otra alternativa que ir a una reforma tributaria y así se lo presentamos al CES”.

 

El Presupuesto no debe festinar el pacto fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.

En la sociedad civil, incluidos el empresariado y  economistas, se espera un programa fuerte de reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

En búsqueda del pacto fiscal.   Ante  la realidad de que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montás.

El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el 19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.

En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre” (mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras legislativas por el partido de gobierno.

A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas, el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas dentro de ese plazo.

Elevarían la presión fiscal.  En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.

La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”.  Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos fiscales.

Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de mayores cargas tributarias. Ya  el miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor atención a la educación instituido en ley de 1997, reclamado por un gran movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña electoral.

Arduas negociaciones.  El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu, reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES, esperan a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.

 De hecho los sectores sindicales y sociales ya han acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la defensa de sus intereses  y ayer sábado celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete de la última década.

Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que implique la totalidad de  los ingresos y gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social, superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.

 Los dirigentes empresariales, sindicales  y sociales han insistido una y otra vez en que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y hasta en el nacional.

Con el Presupuesto del 2012

Consultores empresariales y economistas vinculados a la sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal. Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de pesos.

Las formulaciones parten de la consideración de que el gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las negociaciones se extienden hasta el próximo año.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento”.

La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil, por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna se reivindica que el compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del presupuesto. Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.-

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

2011: un año de incertidumbres

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El  2011 concluye con tantas incertidumbres como comenzó, primero  institucionales y políticas, y ahora en el orden económico sin que pueda asegurarse si el Gobierno quiere y puede mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), congelado en el último trimestre.

A pesar de altos déficits fiscal y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un volátil escenario económico internacional y encarecimiento de las importaciones que agravan el déficit de balanza de pagos, el Gobierno logró mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento gracias a un alto endeudamiento.

Fracaso del continuismo.  Durante todo el primer trimestre del año el país fue sometido a un fuerte estrés político-institucional cuando tomó cuerpo el intento de imponer una nueva repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar de la prohibición incluida en la Constitución que él mismo había promulgado un año antes.

Una parte de los funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta la primera dama se manifestaron partidarios de otra reelección del doctor Fernández, mientras desarrollaban una movilización nacional en procura de dos millones de firmas para avalar el proyecto.

Paralelamente se desarrollaban acciones como la elección de un secretario general “provisional” de la Liga Municipal, la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin los dos tercios de los votos que manda la Constitución e intento de desconocer el límite de los 75 años para la elección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional, que configuraron un “relajamiento institucional para condicionar la sociedad a cualquier salto”.

El 14 de marzo aumentó la tensión cuando el Presidente se declaró “en reflexión” sobre la posibilidad de repostularse. El domingo 27 de marzo en un acto masivo recibió “más de dos millones 200 mil firmas” en libros encuadernados donde se le pedía que se postulara. Fue el 8 de abril cuando finalmente el mandatario anunció que declinaba la candidatura, aunque avalaba el argumento de los “ingenieros constitucionalistas” y algunos abogados de que podía optar por la reelección.

Para entonces ya se había lanzado la precandidatura presidencial del vicepresidente Rafael Alburquerque y el 10 de abril la de la primera dama Margarita Cedeño, tratando de crear una alternativa a la de Danilo Medina que había corrido casi solo. En medio de tensiones intrapartidarias  ella pronunciaría un dramático discurso de declinatoria al final del mes. Y Alburquerque apoyaría a Medina antes de que éste fuera finalmente electo candidato presidencial el 26 de junio, poniendo fin a las incertidumbres. Predominó la voluntad democrática en el partido gobernante.

 Intensa movilización social.  Por encima de las profundas insatisfacciones expresadas en las encuestas y recogidas por los medios de comunicación, especialmente por el desempleo, elevación del costo de la vida, la corrupción generalizada y el incremento del narcotráfico y la inseguridad, la sociedad dominicana protagonizó este año intensas luchas que incluyeron marchas, protestas y un paro casi general de actividades en junio.

Lo más relevante del año ha sido la amplia movilización social en reclamo del cumplimiento del mandato legal y ahora también constitucional de destinar el 4%  del Producto Interno Bruto a la educación. La incorporación de grupos juveniles y segmentos de clases medias y altas a las manifestaciones constituyó un aliento para los que promueven un mayor sentido de ciudadanía como contrapeso el pragmatismo salvaje en que ha devenido la actividad política.

Una Coalición por la Independencia de la Justicia concertó también a numerosas entidades de diversos estamentos sociales en los reclamos porque se elijan los jueces de la Suprema Corte y los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral en función de la integridad y la capacidad y no por simple conveniencia política. También hubo grupos que se movilizaron contra la delincuencia y la corrupción, aunque los órganos del ministerio público no produjeron ni un solo proceso judicial y ni siquiera parecieron preocuparse por las denuncias de malversación que se produjeron casi cada semana, incluso en auditorías de la Cámara de Cuentas.

La movilización más exitosa del año fue la que en el primer trimestre logró hacer respetar la Constitución, reivindicando el carácter de las leyes orgánicas y poniendo freno a los intentos continuistas que amenazaron hasta la integridad del partido de gobierno y sobre todo la institucionalidad democrática nacional. El empresariado, las iglesias, las instituciones que luchan por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento institucional, así como gran parte de los medios de comunicación constituyeron un sólido valladar social.

El mayor éxito del Gobierno.  El Gobierno ratificó su éxito en mantener la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del producto bruto proyectado al 4.5%, en el promedio regional, inflación del 8% e ínfima devaluación, pero continuando el endeudamiento interno y externo que ha duplicado la deuda dominicana en 7 años.

Crece la convicción de que esa pista se está agotando. En este 2011 por primera vez hubo que dedicar más del 50% del monto de los ingresos fiscales al servicio de la deuda.

El déficit fiscal que a finales de septiembre el Banco  Central cuantificó en más de 35 mil millones de pesos, volverá a sobre pasar los 50 mil millones, por cuarto año consecutivo. Aunque en junio hubo que hacer una rectificación fiscal poco ortodoxa para buscar unos 12 mil millones de pesos. Peso a ello las recaudaciones quedaron por debajo de lo presupuestado en diez mil millones de pesos. Mientras el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se proyecta sobre los 5 mil millones de dólares, un diez por ciento del PIB.

A lo largo del año siguieron siendo intensos los cuestionamientos a la política de inversiones y el gasto social a lo que se atribuye que la población no perciba los beneficios del crecimiento económico, mientras devastadoras evaluaciones internacionales dejaban al país en absoluto descrédito, como las de competitividad del Foro Económico Mundial que lo declaró campeón mundial en malversación de los recursos públicos y en confianza en la Policía, entre 142 naciones evaluadas.

El año concluye con gran incertidumbre sobre la suerte de la institucionalidad democrática y la estabilidad económica en medio de una nueva dispendiosa campaña electoral que se vaticina con ribetes de arrebatos por la incursión de todo el Gobierno en la promoción de su candidatura para cuyo triunfo ya el propio presidente Fernández tuvo la osadía de anunciar que invertiría 40 mil millones de pesos.

El acuerdo con el FMI ha quedado frisado. El Gobierno no ha pasado con éxito ninguna de las evaluaciones trimestrales desde su firma en el 2009, y desde septiembre no ha podido presentar una nueva carta de intención para reanudarlo, mientras adelantaba venta de bonos por 250 millones de dólares con cargo al presupuesto de 2012 de por sí sobrevaluado, convertía en deuda una línea de crédito de 210 millones de dólares en el Banco de Reservas y elevaba sobre esa cifra su deuda con los generadores eléctricos.

Economistas, empresarios, comunicadores y hasta el gobernador del Banco  Central han dejado constancia de la conveniencia de reanudar el acuerdo con el FMI, con la esperanza de que pueda moderar el vaticinado desguañangue de la economía nacional en aras de la prolongación en el Gobierno.

Resucitó y llegó papá

El mayor partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano (PRD) también fue sometido a fuertes tensiones en el proceso de elección de su candidato presidencial para los comicios de 2012, lo que culminó temprano el 6 de marzo con la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien fuera derrotado de forma aplastante en el 2004 cuando intentó la reelección en medio de una devastadora crisis financiera.

Al grito de “llegó papá”, el agrónomo Mejía logró una victoria que muy pocos creían posible al comienzo del año, superando por 7 puntos al presidente del partido blanco Miguel Vargas  Maldonado, el cual había sido candidato para la elección del 2008. La elección de Mejía fue más sorpresiva por cuanto su contendiente controlaba los cargos ejecutivos del partido, su Comisión Política y gran parte de los legisladores, alcaldes y dirigentes provinciales.

La elección generó grandes tensiones que sacudieron el PRD y sólo a regañadientes Vargas aceptó dos meses después que Mejía fuera proclamado candidato, y desde entonces mantiene una “presidencia institucional” del partido, sin participar en ninguna actividad de la campaña electoral y más bien proyectando una imagen de resentimiento sin límites en lo que parece un hecho sin precedentes en el mundo, aunque gran parte de quienes le promovieron han optado por la decisión partidaria.

Pero la resurrección del agrónomo Mejía no fue sólo en su partido, sino en el ámbito nacional, pues la generalidad de las encuestas, especialmente las más acreditadas, como la Gallup y la Penn Schoen-Berland lo han proyectado encabezando las preferencias electorales, bordeando el cincuenta por ciento. Para los analistas políticos él posicionamiento de Hipólito Mejía ha constituido “el retorno del año” como lo proclamaron los seis periodistas que participaron el viernes en el debate periodístico de fin del año de Teleantillas.

Una agenda para el presidente LF

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Al comparecer este domingo ante el Congreso Nacional, el presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para despejar las incertidumbres políticas que ha generado el proyecto continuista que impulsan sus más devotos seguidores y concentrarse en el afianzamiento de la institucionalidad democrática.

El impulso a la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ponderada integración de los nuevos órganos derivados de la nueva Constitución, la reforma política  y el restablecimiento del equilibrio fiscal forman parte de la agenda pendiente que le permitirían culminar con éxito su tercer período de gobierno.

La agenda pendiente.   Al entrar en la recta final del actual período gubernamental el presidente Fernández tiene una importante agenda pendiente que reclama su atención, buscar consensos y legitimar acciones trascendentales derivadas de la Constitución que promulgó el año pasado.

El proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo que el mandatario introducirá al Congreso requiere un adecuado clima político  para su aprobación consensuada si se  le quiere convertir en un instrumento fundamental para pautar el desarrollo sostenible y la fortaleza institucional de la nación en los años por venir. El proyecto ha sido prioridad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en los últimos dos años.

Hace un año el Presidente anunció que lo introduciría al Congreso en agosto de 2010,  luego se dijo que sería este 27 de febrero, aunque todavía en los últimos días era objeto de intensas jornadas de trabajo en el Consejo Económico y Social, donde representantes de diversos sectores sociales buscaban consensuarlo.

En la agenda gubernamental está todavía la adecuación de numerosas leyes al nuevo marco constitucional, en especial la ley orgánica del trascendente Tribunal Constitucional y la posterior elección de sus integrantes, así como los del Tribunal Superior Electoral y la evaluación y renovación de la Suprema Corte de Justicia.

En su comparecencia del año pasado ante el Congreso el doctor Fernández se comprometió también a hacer realidad una ley de partidos políticos y otra de participación popular y nuevas legislaciones sobre libertad de expresión y medios de comunicación, de radio, televisión e Internet, así como reformas a la ley electoral, la de municipios, de la cámara de cuentas, del defensor del pueblo y de los recursos de amparo. También anunció proyectos de reformas a las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aún pendientes al igual que una ley para regular las consultas y el referendo instituidos en la nueva Constitución.

La renovación judicial.  La aprobación definitiva de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la designación de sus miembros, como los del nuevo Tribunal Superior Electoral y la renovación de la Suprema Corte de Justicia son piezas relevantes de la agenda del presidente Fernández  y que reclaman mucha atención.

La evaluación de los miembros de la Suprema Corte y la sustitución de siete que ya pasan de la edad límite de 75 años, así como la elección de los miembros de los dos nuevos tribunales es una tarea particularmente trascendente que concita atención pública y exige ponderación y consenso más allá del partido gobernante.

En sectores sociales se ha incubado la preocupación de que estos órganos sean instrumentados por el amplio control que tiene  el Presidente de la nación sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos recuerdan y proponen la repetición de la experiencia de concertación y participación democrática que conllevó la elección de los actuales integrantes de la Suprema Corte en 1997, cuando se permitió a la sociedad civil presentar candidatos y la elección fue transmitida por televisión.

Esa participación se dio precisamente en la primera presidencia del doctor Fernández, quien estrenó el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero entonces el mandatario no disponía siquiera de otro voto en el organismo, a diferencia de ahora cuando cuenta con cinco de ocho integrantes. Ahora es el real desafío a su vocación democrática.

Todavía el primer escollo a vencer es lograr la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, bloqueada por la persistencia en ignorar el límite de 75 años para ser escogido juez del organismo, sugerido en la Constitución y que figuró originalmente en el propio proyecto del Poder Ejecutivo.

Esas tareas, la ley de partidos y las reformas electorales suponen una magnífica oportunidad para el doctor Fernández de afianzar su imagen democrática y su coherencia con los compromisos contraídos.  Lo mismo puede decirse del cumplimiento de las Iniciativas Participativas Anticorrupción pactadas con los organismos internacionales y organizaciones sociales y puestas a prueba en este “Año de la Transparencia y la institucionalidad”.

Ajuste fiscal y FMI.  Otro asunto importante en la agenda del presidente Fernández es lograr un reajuste fiscal que mantenga la estabilidad macroeconómica, que es su mayor prenda de gobierno, y que salve el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual está a la espera de una nueva carta de intención, referida al ajuste fiscal.

Ya se ha dicho que el sector eléctrico demandará nuevamente  como subsidio el doble de los US$350 millones asignados para este año y el aumento del precio del petróleo complicará aún más las perspectivas de que el país pueda salir del desequilibrio fiscal de los tres años anteriores.

El comienzo de 2011 no ha sido promisorio para el Gobierno en materia fiscal y los reclamos de los acreedores no han podido ser atendidos, mientras hasta los altos funcionarios reconocen que no hay condiciones para una elevación de las cargas fiscales en tanto las instituciones sociales demandan pequeñas y medianas inversiones a nivel nacional. Sólo un eficiente programa  de austeridad podría ayudar a mantener la estabilidad macroeconómica, para lo que no se le reconoce vocación al gobierno del presidente Fernández.

En el empresariado se expresan preocupaciones de que la política desestabilice nuevamente las finanzas públicas como ha ocurrido en los últimos tres años, razón por la  cual consideran fundamental el mantenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El gran desafío.  Para concentrarse en atender tan amplia agenda es urgente que el Presidente despeje las dudas que genera la campaña continuista, lo que le permitirá recuperar la compactación de su partido y la confianza de sectores conservadores que, como el empresariado y las iglesias, no le han sido contradictores.

Lo primero es que el Presidente se convenza  que cada día que pasa luce más difícil encontrar una escalera que le permita pasar por encima del artículo 124 de la Constitución sin una ruptura de la institucionalidad democrática, incluso dentro de su propio partido, donde ya hay cinco precandidatos invirtiendo tiempo y recursos en la búsqueda de la candidatura presidencial, uno de los cuales, Danilo Medina, no tiene aparentemente camino de regreso.

Así  como ahora luce casi imposible su repostulación,  Fernández tendría todas las posibilidades de volver dentro de  cuatro años, especialmente si concluye su gobierno fortaleciendo la institucionalidad democrática, promoviendo la Estrategia Nacional de Desarrollo  y reafirmando la unidad de su partido en el que seguiría siendo líder aún cuando un compañero alcance la presidencia, ya que éste tampoco podría reelegirse.

En ese marco el actual mandatario mantendría un fuerte liderazgo nacional y el reconocimiento internacional que perdería si intenta saltarse la valla constitucional. Quedaría con suficiente influjo en los órganos de poder en medida directamente proporcional a la transparencia y amplitud democrática que auspicie en la reestructuración de la Suprema Corte y la elección de los titulares del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Por lo contrario el intento continuista crearía una crisis institucional y política con repercusiones internacionales, confrontaciones y pérdida de confianza  que le harían muy difícil superar las limitaciones fiscales  y la gobernabilidad y podrían conducirlo a un fracaso que sería como un suicidio político. Todo luce tan claro que sólo la adicción del poder, el aventurerismo  y la rapacidad de los cortesanos puede confundir a un líder del talento político que ha demostrado Leonel Fernández Reyna.

 

La RD vive un proceso de relajación institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El debate sobre los alcances del Tribunal Constitucional (TC) en vez de afianzar el respeto por la Constitución proclamada hace un año,  parece reflejar un proceso de relajación institucional para crear las condiciones subjetivas que permitan imponer el continuismo presidencial.

Analistas políticos y sociales comienzan a advertir una peligrosa imposición del providencialismo presidencial que no respeta el principio de la separación de poderes y promueve actuaciones que ponen en peligro el Estado de derecho, como la imposición de  gravámenes al margen de la ley.

Proceso involutivo.  Cuando se creía que la nueva Constitución del presidente Leonel Fernández, viabilizada por un pacto con el ahora presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, abriría un período de fortalecimiento institucional se expresan preocupaciones sobre un nuevo avasallamiento del continuismo presidencial.

Las incertidumbres se manejan en los más altos niveles de los sectores económicos y eclesiásticos y en las peñas de los intelectuales y los profesionales, donde se advierte una tendencia a relativizarlo todo en aras del nuevo liderazgo providencial encarnado en el presidente Fernández.

Esta semana hasta la primera dama, doña Margarita Fernández, se lanzó al ruedo de la reelección, proclamando que es el pueblo quien la reclama “y siempre un buen gobernante debe seguir dirigiendo los destinos de una nación”, como si la Constitución  no la prohibiera expresamente, mientras funcionarios y legisladores recolectan firmas, pagadas con dinero, para pedir un referendo que avale el continuismo.

No se ha pasado por alto que fuera el propio gobernante que el mes pasado señalara el camino del referendo como vía para otra repostulación, con el agravante de que lo planteó como sustituto de una reforma constitucional, como si la consulta pudiera sobreponerse a la Carta Magna.

Pero no sólo está en juego el valor de la Constitución, sino también de la palabra del presidente Fernández, quien pactó con Vargas Maldonado para conseguir el apoyo necesario para la aprobación de su proyecto de Constitución. Y en ese pacto el dirigente opositor lo único que ha podido reivindicar es que prohibió la reelección continua, aunque libró al doctor Fernández y al ex presidente Hipólito Mejía (que ahora le disputa la candidatura presidencial del PRD) de la jubilación que le imponía la anterior Constitución al instituir una sola repostulación y “nunca jamás”.

La preocupación la expresan por lo bajo los líderes empresariales, pero la han hecho pública los religiosos, incluyendo a casi todos los obispos católicos, y politólogos y abogados como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Rafael Toribio, Eduardo Jorge Prats, Servio Tulio Castaños, Santiago Sosa y Francisco Alvarez Valdez. Se resume en el artículo del jurista Carlos Salcedo en el periódico El Día del viernes, en el que advierte que se puede estar abriendo las compuertas del colapso institucional.

Pobre Constitución.  No ha cumplido aún el primer año y la Constitución ya ha sido objeto de  interpretaciones acomodaticias a intereses coyunturales y se han violado varios de los plazos señalados en su Capítulo II “De las Disposiciones Transitorias”.

El primero cuando se eligieron los nuevos titulares de la Junta Central Electoral (JCE) ignorando la séptima disposición transitoria que plantea que los anteriores permanecerían en sus cargo “hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”. Para crear los nuevos órganos, el Tribunal Superior Electoral y una diferente JCE, se requieren leyes orgánicas que aún no han sido aprobadas y el primero no ha sido constituido.

Luego se ignoró que la Constitución incluyó (artículo 112) el “presupuesto, planificación e inversión pública” entre las leyes orgánicas que requieren dos tercios de los votos para su aprobación. Y cuando descubrieron que la Carta Magna dio carácter constitucional a la disposición del 4 por ciento del producto interno bruto para la educación contenida en la Ley 66-97, el Congreso peledeísta resolvió con una nueva figura jurídica, la suspensión por un año de ese mandato.

También fueron violadas las disposiciones transitorias primera y quinta de la Constitución de la República que dan un plazo de seis meses para la creación y entrada en funciones del Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público.

Y ya se da por hecho que también se violará la segunda disposición que da un plazo de un año para poner en vigencia el Tribunal Constitucional, el cual vence el día 26, para lo que sólo quedan 5 días laborables en los cuales es imposible aprobar la ley orgánica, convocar el Consejo Nacional de la Magistratura  y elegir los jueces. Sólo cuatro si el presidente sale de viaje el festivo día 24.

¿Proceso de acondicionamiento?  Un agudo observador que por nada del mundo aceptaría ser identificado, señalaba esta semana que todas estas interpretaciones acomodaticias de la Constitución no pueden ser gratuitas y que podrían formar parte de un proceso para acondicionar a la sociedad para que pueda aceptar la que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar del artículo 124 de su propia Constitución.

Desde luego, todavía son muchos los que no creen que un mandatario con tanto talento y serenidad política y preocupado por su imagen internacional vaya a intentar retorcer la Constitución para buscar un cuarto período de Gobierno y tercero consecutivo.

Aunque otros responden que el virus del continuismo ha carcomido tradicionalmente el cerebro de casi todos los presidentes dominicanos, incluso a otros talentosos y serenos como Joaquín Balaguer.

Las incertidumbres son mayores por cuanto el debate involucra precisamente a los órganos que, como el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, podrían ser llamados a dictaminar si el doctor Fernández se puede repostular, pese a la prohibición constitucional, como formulan los activistas del continuismo, o sobre los alcances del referendo sugerido por el propio mandatario.

El relajamiento institucional ha incluido una tendencia a aumentar las recaudaciones fiscales con mecanismos extrajudiciales, algunos considerados inconstitucionales por las asociaciones empresariales, como la doble tributación dictada esta semana por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en materia de propiedad inmobiliaria, ya con gravámenes de carácter nacional. El año pasado el Gobierno impuso una violación de la Ley de Proindustria, con una modificación de facto del régimen impositivo de las importaciones.  La sensación que se va apoderando de la ciudadanía es que aquí no valen la Constitución ni las leyes y menos los pactos políticos aún proclamados por televisión de cara a la nación, porque el pragmatismo y el salvajismo político validan todas las conveniencias partidistas y hasta individuales, bajo el viejo predicamento de que el poder no se cede ni se transfiere, ni siquiera a los compañeros de partido.

El conflictivo Tribunal Constitucional

Pero la más flagrante violación de la Constitución ha sido la aprobación por el Senado de una Ley Orgánica del TC que cercena las atribuciones que a este le otorgan los artículos 184-185 y 277, modificando a última hora el proyecto preparado por una comisión de juristas y enviado por el presidente Fernández. El deseo de complacer tardíamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia que en el momento correcto, cuando se discutía la Constitución, se opuso tenazmente a la supremacía del TC, no justifica el costo de una interpretación retorcida de lo que los mismos actores aprobaron hace un año.

Tampoco se justificaría el costo de la interpretación constitucional que permitiría llevar al TC algunos de los jueces que quedan jubilados de la Suprema Corte por haber pasado los 75 años de edad, cuando el artículo 187 indica que para ser miembro del TC se requieren las mismas condiciones. Esto lo ratificaba el proyecto de ley, pero también fue modificado en el Senado.

Cuando las objeciones de casi todos los expertos constitucionalistas, incluyendo a funcionarios del Gobierno, de bloques legislativos y de la opinión pública han evidenciado las dificultades de la Cámara de Diputados para ratificar lo aprobado por el Senado, se produjo una tardía propuesta de transacción del presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, que hubiese sido razonable para la reforma constitucional.

El relajamiento institucional hizo otro “striptease” esta semana cuando el presidente quiso mediar, pero sustituyendo el Poder Legislativo. Primero convocó a los actores del debate a su fundación privada para un coloquio que debió hacerse en salones del Congreso que es el apoderado del proyecto. Y aunque allí predominaron las objeciones de los constitucionalistas, el mandatario creó una nueva comisión “para que asesore al Congreso”, en una obvia confusión de roles constitucionales, puesto que es a los legisladores a quienes concierne escoger sus asesores.

 

Duros desafíos institucionales

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El recién iniciado año 2011 comporta serios desafíos a la institucionalidad democrática, a la fortaleza de los partidos y a la estabilidad macroeconómica nacional, determinados por el proyecto continuista del presidente Leonel Fernández, llamado a poner a prueba la Constitución de la República proclamada hace un año.

Los desafíos comenzarán este mismo primer mes con la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional  (TC) y la elección de sus jueces, así como los del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la que serán relevados por lo menos siete de sus dieciséis integrantes.

Mal augurio inicial.   La primera prueba al orden institucional la representa la aprobación por la Cámara de Diputados de la ley orgánica del nuevo TC instituido por la Constitución proclamada hace un año, ya avalada por el Senado.

Como mal augurio inicial se puede señalar la división hasta en el seno del Gobierno y de la SCJ por las facultades del órgano de control de la constitucionalidad que ya fueron objeto de intensas polémicas en el proceso de aprobación de la carta magna.

A la luz del artículo 277 se creyó zanjado el debate con ganancia para la comisión de expertos constitucionalistas que redactó tanto el proyecto de Constitución como el de ley orgánica del TC. Según el mismo, “Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”.

En el proyecto de ley orgánica del TC enviado al Congreso por el Presidente Fernández se mantenía la supremacía del mismo sobre las decisiones de la Suprema Corte en materia de constitucionalidad, pero ya en el Senado se le modificó en sentido contrario, originando una polémica encabezada por los constitucionalistas redactores, uno de los cuales, Olivo Rodríguez Huerta, quien defendía la autonomía de la SCJ, reconoce que su planteamiento fue desechado.

Concentración de poderes

Otra prueba inmediata para la institucionalidad democrática quedará definida cuando este mismo mes, atendiendo al plazo constitucional de un año, se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral y para sustituir a siete de los 16 que integran la Suprema Corte, quienes sobrepasan el límite de 75 años de edad. Y podrían ser más, ya que el organismo está facultado para evaluar el desempeño de los jueces supremos. Según el artículo 180 de la Constitución, las tres cuartas partes deben provenir de la carrera judicial. La presión del plazo podría ser un pretexto para sancochar una elección que pudo haber comenzado con más anticipación.

Los jueces de los tres organismos  podrían ser clave en la “interpretación constitucional” que avalaría la posibilidad de una repostulación del mandatario pese a la prohibición de la reelección. Ya en diciembre pasado, el influyente senador Félix Bautista dijo en discurso público en Nueva York que “ocho de los trece jueces que integrarán el TC favorecen la reelección del presidente”

Independientemente de que el doctor Fernández pueda o no aspirar a seguir en la presidencia de la nación tras su actual período, tendrá la posibilidad de concentrar el control de todos los poderes del Estado cuando reúna el CNM, lo que no abona en beneficio del fortalecimiento institucional de la nación.

Controlando ya el partido mayoritario, el Poder Legislativo, la Cámara de  Cuentas, la Junta Central Electoral, y una millonaria fundación personal, el mandatario podría agregarse los nuevos tribunales (Constitucional y Electoral),  y la Suprema Corte de Justicia, dependiendo de la selección y la voluntad que ejerza una concentración sin precedente en el régimen democrático.

El CNM está integrado por 8 miembros. Al presidente se suma el Procurador General, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el representante en el Senado del aliado Partido Reformista, con los que reúne la mayoría absoluta, que pudiera ser más amplia aún, dependiendo de la voluntad del presidente de la SCJ y otro juez de la misma que también son parte del Consejo. Un diputado del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) será el octavo integrante.

De referendo y primarias.   La recolección de firmas para pedir un referendo que abra paso a la repostulación del presidente Leonel Fernández, en contradicción con el artículo 124 de su propia Constitución, que prohíbe la reelección presidencial, conlleva una carga grande de incertidumbres para la institucionalidad democrática nacional.

La cuestión es más delicada, puesto que el propio primer mandatario avaló el referendo en el almuerzo que sostuvo con un grupo de periodistas el 20 de diciembre pasado. Llamó la atención que entre los múltiples temas tratados fuera el de la reelección el que autorizara a ser publicado, afirmando que no propiciará una reforma constitucional para repostularse. Pero sugiriendo que pudiera bastar un referendo.

HOY lo citó diciendo que el referendo “es justamente la consulta al soberano, pero existe; no es cambiar la Constitución; no, cambiarla no. El referéndum está ahí”. Aunque justamente se encuentra instituido en el artículo 210 de la Constitución, no está concebido como un mecanismo supra constitucional. La consulta sería para ver si la mayoría ciudadana quiere una reforma de la constitución para permitir la reelección.

El mecanismo implicaría, primero, la aprobación de dos tercios de cada cámara legislativa, con lo que no cuenta el presidente en la de Diputados. En caso de lograrlo, vendría una campaña electoral y una votación. Y si gana la mayoría tendrían que convocar la Asamblea Revisora de la Constitución.

El complicado proceso implica riesgos institucionales y democráticos para el partido de gobierno, donde hay por lo menos una fuerte corriente alternativa representada en Danilo Medina y, desde luego, para la nación, incluyendo su estabilidad macroeconómica. Sería muy difícil salir adelante con ese proceso en un año de limitaciones presupuestarias y compromisos de reducir los déficits fiscales, incrementando las recaudaciones y el cobro de la energía. Difícilmente sobreviviría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya en el 2010 tuvo que ser renegociado dos veces a causa de los excesos de gastos y de subsidios determinados por la campaña electoral.

El otro gran desafío a la institucionalidad democrática lo representan las elecciones primarias de los partidos mayoritarios. La primera, programada para el 6 de marzo, será la del PRD, la que, de resultar exitosa en el tiempo, las formalidades democráticas y la unidad interna lo fortalecerían como alternativa y dificultaría la opción continuista.

Si el PRD logra pasar la prueba presionaría al Partido de la Liberación Dominicana a guardar la democracia interna, cuidar más su unidad, y adelantar su elección primaria, lo que le restaría tiempo al complicado proceso del referendo y reforma constitucional. El fracaso del perredeísmo aumentaría la posibilidad de que se imponga una vez más el reeleccionismo, aún por encima de la Constitución.

¿Acuerdo inconstitucional?

El cambio en el proyecto de ley ha sido  denunciado como fruto de un acuerdo de último momento  del primer mandatario con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien desde que se planteó el tema en la reforma constitucional se opuso enérgicamente, aduciendo que esa formulación auguraba “un choque de trenes” y un caos jurídico. Si así fuere, se le quiere enmendar sobreponiendo la ley a la Constitución, en lo que ya se denuncia como  violatorio de la Carta Magna.

La polémica ha dividido públicamente al Procurador General de la República y el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, a abogados vinculados como el ex procurador Mariano Germán, y aliados políticos como el diputado Pelegrín Castillo de la nueva posición del presidente Fernández, respaldado por su consultor jurídico y el ministro de la Presidencia.

Con el límite constitucional del 26 de enero para establecer el nuevo tribunal, al cumplirse el año de proclamada la nueva Constitución, podría producirse un tranque, ya que la Cámara de Diputados no cuenta con los dos tercios de votos para ratificar lo aprobado por el Senado, y entre los que disienten no sólo se cuenta el bloque del opositor Partido Revolucionario Dominicano, con cuatro más de la tercera parte de los votos, sino también miembros del propio partido de gobierno y aliados.

Por la cultura presidencialista, hay quienes creen que predominará el “acuerdo Leonel-Subero”, que obedecería al interés del mandatario en quedar en buenas con la SCJ, la que también tiene voz disidente al respecto en su vicepresidente, Rafael Luciano Pichardo. Tampoco sería sorprendente que se viole el plazo constitucional, como ha ocurrido con las leyes orgánicas y la integración de los nuevos Consejo del Poder Judicial y Consejo Superior del Ministerio Público que debieron entrar en vigencia a los seis meses. Mientras tanto he ahí la primera incertidumbre institucional del año.