La sociedad dominicana se debate nuevamente entre la autocracia caudillista que proclama al Presidente de turno como ser providencial insustituible y la anarquía de los arrebatos como expresión de las debilidades institucionales y una cultura de carencias y flaquezas democráticas.
Esta semana el presidente Leonel Fernández se situó en el borde mismo del poder total autocrático con un partido que se consume en el silencio, mientras la oposición perredeísta, sacudida por las impudicias del arrebato y la garata, llegaba al límite mismo de la división y la dispersión.
El poder personal. Tal como se había advertido, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) violando el precepto de dos tercios de los votos, el presidente Fernández inició la semana observando también la del Tribunal Constitucional (TC), al objeto de burlar el mecanismo de consenso que impuso la Constitución de la República que él mismo hizo aprobar y proclamó hace un año.
En el CNM el objeto era asegurarse el control personal de las decisiones del organismo, que en su composición actual comparte con su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el TC, como se supone que haría con el Tribunal Superior Electoral, se trata de imponer a toda costa los jueces que le convengan a sus intereses personales, ya ni siquiera partidarios.
Con los presidentes de ambas cámaras legislativas, el procurador general y el aliado reformista que él mismo escogió para el CNM, el doctor Fernández tiene asegurada una clara mayoría, pero actúa como si desconfiara de la lealtad de alguno y buscara un poder personal decisorio en la integración de esos suprapoderes estatales y en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.
En el caso del TC es público el interés de llevar a la presidencia del mismo al juez Luciano Pichardo, quien debe salir jubilado de la Suprema Corte, por haber rebasado los 75 años de edad. Muchos se preguntan si éste jurisconsulto es el único que reúne condiciones para presidir el organismo, tanto que justifique hacerlo nacer con un certificado de ilegitimidad.
Alarma justificada. Lo que termina por detonar una gran incertidumbre en el liderazgo de las organizaciones más activas de la sociedad civil, el empresariado y las iglesias, es que los nuevos tribunales podrían ser decisivos para el proyecto continuista que parece atrapar hasta la inteligencia del mandatario, llevándolo a una reflexión confesada sobre algo que vulnera el orden constitucional.
No son para nada inocentes las alarmas expresadas por dirigentes empresariales y sociales, como tampoco las de los obispos dominicanos, solos o en su conglomerado de la Conferencia Episcopal, quienes vienen enfatizando la necesidad de respetar las leyes y la Constitución de la República.
Lo que dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Diez, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana y otras entidades que integran una Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, al igual que abogados constitucionalistas, es que la degradación de las leyes orgánicas, aprobándolas por simple mayoría porque no se dispuso de las dos terceras partes, es un golpe de Estado constitucional.
La desproporcionada reacción gubernamental, que distorsionó la esencia de las objeciones con acusaciones de tremendismo, ignorancia e intentos de intimidar a los poderes públicos, agravó los temores, lo que explica que en apenas horas todas las organizaciones empresariales reafirmaran que la inobservancia del artículo 112 de la Constitución constituye una amenaza al orden institucional del país.
La Coalición por la Justicia Independiente se manifestó en defensa del líder del empresariado, a quien se dirigió el boche del Gobierno.
Otra respuesta de la sociedad civil la constituyó una carta enviada el viernes al presidente Fernández, en la que 127 ciudadanos, en su mayoría dirigentes de instituciones sociales, empresarios y profesionales, le advierten que no hay espacio legítimo para una repostulación y que la ruptura del orden constitucional representaría un grave retroceso para la imagen de la nación en el ámbito del derecho internacional y de graves repercusiones a la luz de la Carta Democrática Interamericana.
La reunión del Palacio. En un esfuerzo por enderezar el rumbo, el Presidente de la nación convocó la noche del miércoles una reunión en el Palacio Nacional, en la que durante más de tres horas se debatió el conflicto derivado de la aprobación de las leyes orgánicas. Se invitó a una decena de juristas y a directores de periódicos como observadores.
Los informes confidenciales aseguran que aún allí, aparte de los funcionarios, hubo consenso de que para aprobar esas leyes se requiere dos terceras partes de los votos, aún si fueren observadas, y en la necesidad de deshacer el entuerto.
El doctor Juan Manuel Pellerano, maestro del constitucionalismo dominicano, habría sido patente cuando dijo que sólo hay que leer el artículo 112 de la Constitución. El director de Finjus, doctor Servio Tulio Castaños; el doctor Adriano Miguel Tejada y otros fueron terminantes. Y hasta el aliado Vincho Castillo dijo que ese no es un problema jurídico sino político.
Se barajaron dos salidas al embrollo: que el presidente de la Cámara de Diputados pida al Poder Ejecutivo la devolución de la Ley del CNM para volver a conocerla, lo que pareció difícil, pues implica una confesión de culpa, o que el Presidente la promulgue y de inmediato someta un proyecto de modificación para que sea legitimada aprobándola como lo decidan los dos tercios.
El dilema de Leonel. Una cadena de relativización de la Constitución y varias leyes que se ha venido registrando en los últimos meses alcanza su punto más crítico cuando este domingo 27 el Presidente recibe en un acto masivo dos millones y medio de firmas pidiéndole que procure seguir rigiendo los destinos de la nación para que no se hunda el país, una expresión reiterada en la historia de la nación.
El acto y el activismo de altos funcionarios y decenas de senadores y diputados, incluyendo a uno de sus presidentes han concentrado la atención nacional.
En la opinión pública prevalece la esperanza de que la inteligencia y serenidad de Fernández le induzcan a rechazar un proyecto que pondría en tela de juicio la institucionalidad nacional, dadas las sabidas dificultades y escasa legitimidad para una nueva modificación de la Constitución.
Pero hay una buena proporción de militantes y simpatizantes de su partido que creen que sólo Leonel les garantiza mantenerse en el poder.
Si el Presidente ha pasado de la reflexión que anunció el día 7 de marzo a una decisión, no encontraría un mejor escenario que el acto multitudinario para explicarla, tanto si acepta como si se sacrifica. Él debe saber que tiene en vilo a su propio partido y a la sociedad dominicana.
Pero entre los analistas las apuestas se inclinan por considerar que no anunciará decisión este domingo, y que esperará lo más posible para ver cómo se mueve el escenario, tanto nacional como internacional. Tiene el límite del 10 de abril para cuando se acordó la reunión del Comité Central del PLD para elegir los precandidatos. Pero con dos millones y medio de firmas en su maletín, bien puede encontrar algún pretexto para otro aplazamiento.
A todo esto, se trata del proyecto personal del doctor Fernández, sin la participación en el acto de hoy de ningún organismo de su partido.
Apenas un par de senadores y dirigentes del PLD se han atrevido a contradecirlo, y aliados como Max Puig, quien esta semana rechazó claramente la repostulación a nombre de su Alianza por la Democracia, y el diputado Pelegrín Castillo.
El PRD: la otra cara
Como si el continuismo del caudillismo y el providencialismo no generaran suficientes incertidumbres, ahí está la oposición representada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) empeñada en el otro extremo de la cultura política dominicana, el de la anarquía y el arrebato para imponerse por encima del dictamen democrático.
La destitución del presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la elección primaria que arrojó la candidatura presidencial de Hipólito Mejía para sustituirlo por uno de los perdedores y la amenaza de Miguel Vargas de auto proclamarse ganador, llevaron la garata a su punto más álgido, del que se salta a la división o se regresa al sentido común y el realismo político.
Una vez más el PRD desaprovecha la oportunidad de recuperar su antigua primacía y legitimarse como alternativa ante un gobierno en declive y un partido oficial anulado por un neocaudillismo.
Aunque debe acreditársele que ha mantenido la unidad en su representación en la Cámara de Diputados y sacó tiempo para elevar una instancia de inconstitucionalidad sobre la ley del Consejo Nacional de la Magistratura.
Al caer la semana había emergido una comisión mediadora integrada por el expresidente de Panamá Martín Torrijos, en su condición de presidente de la Internacional Socialista para América Latina, por el reputado abogado especialista en solución de conflictos Nelson Espinal Báez, y por el empresario Tony Rivera, que reúne la privilegiada condición de hermano de padre de Vargas Maldonado y cuñado político de Hipólito Mejía, pues su hermana Janet es la esposa del hijo mayor del candidato.
