Responsabilidad social empresarial

Por Juan Bolívar Díaz

28_06_2015 HOY_DOMINGO_280615_ Opinión9 A

Pocas veces la responsabilidad social del empresariado dominicano ha quedado tan nítidamente expuesta en un discurso, como en el pronunciado el miércoles por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio.

Prosiguiendo el ejercicio responsable y valiente que ha caracterizado su corta gestión al frente del máximo organismo empresarial, Blanco Canto disertó sobre la necesidad de traducir en mejor calidad de vida de la mayoría de la población dominicana el crecimiento económico de los últimos cincuenta años y no titubeó en formular aprehensiones sobre las precariedades institucionales y esbozar algunos de los principales correctivos.

Sobre su propio sector, el presidente del CONEP señaló la necesidad de “ir más allá de los tradicionales programas de responsabilidad social y desarrollar modelos de negocios que, en sí mismos, cada día agreguen mayor valor a las comunidades que rodean nuestras empresas para fomentar las redes económicas y encadenamientos productivos que mejoren, a través de la propia actividad económica, los niveles de vida de las comunidades en que producimos y/o a las que vendemos”.

El discurso de Blanco Canto fue valiente al solicitar que se siga mejorando la calidad del gasto público en educación y salud, invirtiendo en los maestros, para más adelante llegar a reclamar una ley de responsabilidad fiscal con “reglas claras para el establecimiento y uso del presupuesto público, que ponga límites al endeudamiento y a los déficits fiscales”. Planteó que “quienes usen los fondos públicos al margen de lo dispuesto por las reglas presupuestarias deben ser sancionados con todo el peso de la ley”.

Atacó las debilidades institucionales y la cultura de acomodo de las normas legales y constitucionales para proclamar que “los dominicanos no podemos postergar un minuto más para ser gobernados por reglas de juego claras, transparentes y duraderas, pero sobre todo diseñar mecanismos fuertes que hagan obligatorios para todos el cumplimiento de esas leyes”.

Blanco Canto no evadió el próximo proceso electoral, advirtiendo que las próximas elecciones serán de las más complicadas de los últimos 20 años, por lo que resulta impostergable crear condiciones que permitan mantener la confianza en el sistema político, que consideró piedra angular de las instituciones, y mitigar el desgaste del liderazgo partidista. Volvió a reclamar una Ley de Partidos que garantice la institucionalidad democrática y la transparencia de esas organizaciones.

El énfasis estuvo puesto en “la aprobación de una robusta Ley de Garantías Electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación, la colocación de publicidad y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.

En la vorágine de los acontecimientos nacionales es posible que los planteamientos de Blanco Canto hayan pasado desapercibidos para muchos, por lo que invitamos a una lectura del texto. Hay que celebrar que el empresariado nacional tenga la valentía de expresar públicamente las preocupaciones que son generalizadas en sus propios ámbitos privados. La institucionalidad democrática es asunto fundamental para ellos y para todos los dominicanos preocupados por el devenir de la nación.

El líder empresarial no quiso quedarse en divagaciones generales y expuso con franqueza sus temores.

 

Invertir en la institucionalidad democrática

Por Juan Bolívar Díaz
CONEP JUAN BOLVAR

El comunicado publicado esta semana en los diarios por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) demandando del Congreso Nacional la aprobación de la largamente discutida ley de partidos y la adecuación de la legislación electoral al nuevo orden constitucional es alentador por cuanto implica una toma de posición del alto empresariado por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional, que anda de tumbo en tumbo después de un par de décadas de avances significativos.

No es la primera vez que la organización cúpula del empresariado manifiesta preocupación por el rumbo institucional y democrático de la nación, pero a decir verdad son muy prolongados sus silencios, justificando a quienes plantean que carece de una visión amplia del fundamento del desarrollo y el progreso, que tienen una vocación marcada por plegarse al presidencialismo en aras de intereses coyunturales de los grupos dominantes o por temor a que los políticos les evidencian vulnerabilidades.

El CONEP se ha sumado a quienes demandan una legislación que regule los partidos políticos y que haga eficiente el sistema electoral en aras de la estabilidad democrática de la nación. Recuerdan el largo periodo de debate, 15 años, de la ley de partidos y los mandatos de la Constitución promulgada hace año y medio.

Expresa convicción de “la importancia que reviste para el fortalecimiento institucional de nuestro país y de nuestra democracia la aprobación de una adecuada y robusta legislación que norme la vida interna de los partidos políticos y que coadyuve a su fortalecimiento y estabilidad institucional”. Abogan por mecanismos institucionales de supervisión y transparencia indispensables “para asegurar el equilibrio verdaderamente democrático que debe prevalecer en un sistema político representativo como el que garantiza nuestra Constitución”.

La realidad es que la degeneración del partidismo político sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos nacionales, a lo que han concurrido importantes intereses empresariales y neo-empresariales que acumulan en sociedad y complicidad con los actores políticos. El resultado es un sistema de vulnerabilidades, donde “to e to y na e na”, lo que mantiene políticas y modelos insostenibles y acaba conspirando contra la inversión privada, el crecimiento económico y la estabilidad de la nación.

Los que tienen más que perder deben ser los que inviertan más energías y recursos en la promoción de la cultura democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en la prevalencia de reglas claras y transparentes que no estén sujetas a los mezquinos intereses de quienes controlan los poderes públicos y prefieren el desorden, que sólo cuando caen en la oposición son partidarios de las normativas.

Precisamente por la precariedad institucional no se le puede pedir al empresariado que haga oposición frontal a los intereses coyunturales de gobierno, pero por lo menos se debe esperar un mayor compromiso con grupos y entidades sociales que promueven la institucionalidad democrática.

Cada vez son más los sectores económicos que entienden que no habrá prosperidad ni estabilidad sin fuertes instituciones democráticas, sin partidos sometidos a normas y principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas. Son los que han impulsado entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles o el Movimiento Participación Ciudadana. Pero estas entidades han dependido más del financiamiento de instituciones internacionales que de las nacionales.

El empresariado dominicano debe apostar por la institucionalidad democrática, en la que tendrá que invertir mucho más que hasta ahora. Sobre todo porque en los últimos años las instituciones internacionales han sacado el país de sus objetivos, unos porque creen que hemos progresado mucho, y otros porque se cansaron de invertir sin ver suficientes resultados. Porque el proceso de reformas ha sido muy lento y sufre de reversiones incomprensibles.

 

El modelo económico del país en la picota empresarial

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente del Grupo León Jimenes proclamó esta semana ante el Presidente Leonel Fernández la urgencia de sustituir el modelo económico que rige el país, al considerar que “no funciona y no llena ni las necesidades ni mucho menos las aspiraciones de nuestro pueblo”.

El discurso de don José A. León renovó una demanda del sector empresarial dominicano, especialmente de la rama industrial, preocupado por la pérdida de competitividad nacional en una economía que privilegia las importaciones y el gasto público basado en endeudamiento en detrimento de la producción nacional.

Firmes planteamientos.  El escenario donde el señor León pronunció su discurso fue la celebración del 48 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y en presencia del Presidente Fernández, en momentos en que el Gobierno busca desesperadamente recursos fiscales para cubrir  un déficit fiscal que la oposición cifra sobre los 70 mil millones de pesos en el primer semestre del año.

El empresariado nacional viene rechazando nuevas cargas impositivas para mantener en pie un modelo económico que propicia un desproporcionado incremento de las importaciones mientras los sectores productivos cargan pesos que le impiden competir en mercados abiertos, lo que se revierte en un creciente e insostenible déficit en la balanza de pagos del país.

León Asensio sostuvo que ya no es hora de hacer más estudios, que pasó el tiempo  de las divagaciones teóricas y que el país entero aguarda que adoptemos prácticas que nos permitan tomar la ruta de la prosperidad y el bienestar para todos, proclamando la necesidad de “trabajar en un proyecto de nación que frene efectivamente la corrupción y el narcotráfico, que aumente la inversión en la educación y salud para robustecer nuestro capital humano; que focalice el gasto público en actividades que incentiven a los sectores productivos para solventar una mayor creación de empleos”…

El líder de uno de los mayores grupos empresariales dominicanos señaló la incapacidad del modelo para generar empleos, a pesar de un crecimiento económico por encima del promedio latinoamericano en el último medio siglo. “Los sectores que más empleos creaban –la agropecuaria y la manufactura- ya no tienen el dinamismo para hacerlo; los que sí están creciendo -primordialmente los servicios- no crean los puestos suficientes; y aquellos que tienen la mayor capacidad para reducir significativamente la brecha –la pequeña y mediana empresa- no tienen acceso a los recursos que requieren”.

Un creciente clamor.   El pronunciamiento de José León da continuidad a un creciente clamor de cambios en el modelo de desarrollo nacional expresado durante el último año por los más relevantes líderes empresariales dominicanos, incluyendo a los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), de la AIRD, de la Asociación de Federaciones Industriales, de la Asociación de Industriales de Herrera y de  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. En el clamor han participado empresarios individuales como José Miguel Bonetti y Pepín Corripio.

Al hablar en la celebración del 47 aniversario de la AIRD, el 29 de mayo del 2009, el señor Bonetti, uno de los empresarios más influyentes de las últimas décadas, formuló similares planteamientos de un nuevo modelo económico que propicie el desarrollo económico sostenible con un Estado más eficiente, y que promueva la competitividad con la educación como motor del desarrollo individual y social.

Como presidente del CONEP, Lisandro Macarrulla fundamentó ampliamente la necesidad del nuevo modelo económico al disertar en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio del 29 de julio del 2009, tras rechazar una economía que se basa en las importaciones y el consumo y no en la promoción de la producción industrial y agropecuaria. En la ocasión criticó la baja inversión pública, el excesivo endeudamiento hasta para cubrir gastos corrientes, y el clientelismo.

Hace menos de un mes, el 30 de junio pasado, Manuel Díez Cabral, al hablar ante la Cámara Americana de Comercio como presidente de la AIRD, formuló un minucioso diagnóstico para fundamentar la necesidad de “cambiar hacia un modelo sostenible”, lo que implica “apoyar con más sentido  de equilibrio el desarrollo sectorial, social y geográfico”.

Difieren del gobierno.  Aunque, como es natural, los empresarios expresan sus reclamos en términos diplomáticos, sus diferencias con el Gobierno van en aumento, y se expresan en las críticas a la corrupción, al desmesurado gasto público, especialmente el corriente, al clientelismo y a la negativa a invertir lo requerido y pactado en educación y salud.

En medios empresariales es creciente la convicción de que los políticos manejan cada año mayor volumen de recursos, de los cuales se aprovechan por vía del clientelismo y la corrupción, con lo que cada vez son menos dependientes de las contribuciones del sector privado, lo que les confiere mayor autonomía de acción. De ahí también que cada vez tengan menos pesos los reclamos empresariales.

El presidente de la AIRD, Díez Cabral, se quejó de que el crecimiento del empleo público se incrementara en 24 por ciento en la última década, triplicando el alcanzado por el sector formal de la economía, situación que calificó como “escandalosa, peligrosa e insostenible”.

El líder industrial resaltó que el sector empresarial “es abanderado de que la actividad económica es un terreno correspondiente al sector privado”, clamando a la vez por un Estado fuerte, que juegue el rol regulador que le corresponde, capaz de hacer cumplir las normas y leyes que nos rigen.

Entre las mayores diferencias con el sector público está la recurrencia a incrementos de impuestos para solventar los déficits fiscales derivados de los excesos de gastos del gobierno. En su discurso del 30 de junio, el presidente de los industriales proclamó que “en los actuales momentos es absurdo hablar de un aumento de impuestos. De lo que sí debemos hablar es de cómo lograr que la eficiencia mostrada hasta el momento se extienda a todos los sectores y a toda la sociedad dominicana”.

De ahí el rechazo generalizado de los sectores empresariales al propósito anunciado esta semana por el ministro de Hacienda de elevar los gravámenes a los combustibles, lo que para el sector industrial implicará importantes incrementos de costos y en consecuencia elevación de sus dificultades competitivas.

Contundentes indicadores

En un extenso análisis de la última década, Díez Cabral, presidente de los industriales, aportó indicadores contundentes de que el modelo económico nacional ya no es sostenible, por lo que requiere un cambio:

-Mientras el PIB aumentaba 50 por ciento, las exportaciones de bienes y servicios apenas subían 15 por ciento. La aportación industrial al PIB disminuyó 9 puntos al caer del 34.3 al 25.8 por ciento.

-El empleo en la industria manufacturera cayó 23 por ciento. Se perdieron 116 mil puestos de trabajo en el sector formal. El empleo informal subió 29 por ciento, mientras el formal apenas creció 8 por ciento, pero en la administración pública aumentó 24 por ciento.

-Las exportaciones dominicanas sólo han crecido 5 por ciento, mientras las importaciones aumentaban en 55 por ciento, justo al amparo de los tratados de libre comercio.

-El déficit de la balanza comercial con Estados Unidos  pasó de 65 a 1,900 millones de dólares. Con Centroamérica se incrementó de 70 a 317 millones de dólares.

-La deuda pública pasó de 3,413 millones de dólares a 18 mil 613, creciendo sobre  400 por ciento en sólo una década, para representar el 40 por ciento del PIB, Como porcentaje de los ingresos tributarios, la deuda pasó del 15 al 42 por ciento.

-El crédito al sector manufacturero cayó del 11 al 3 por ciento del total prestado al sector privado.

-Aunque la manufactura es sólo 19.6 por ciento del PIB, aporta sin embargo el 34.7 por ciento de las contribuciones fiscales.

 

Haití: gran desafío a los dominicanos

Por Juan Bolívar Díaz

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La brillante y reconocida solidaridad de la sociedad dominicana con el pueblo haitiano tras el trágico terremoto de enero tiene que extenderse a la búsqueda de los enormes recursos que demanda la reconstrucción del devastado país como objetivo estratégico nacional pero dentro del marco de las Naciones Unidas.

La coyuntura es también propicia para dejar atrás los históricos desencuentros y propiciar los largamente aplazados acuerdos sobre asuntos migratorios, intercambio comercial, de seguridad fronteriza y en tantos otros ámbitos en los que la indisoluble hermandad insular obliga a los dos pueblos.

Objetivo estratégico

Tal como lo ha planteado el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, la reconstrucción de Haití es un objetivo estratégico nacional, razón por la cual el país tiene que contribuir a lograrla, buscando la más amplia participación internacional, sin la cual será imposible su financiamiento.

El gobierno dominicano ha mantenido la iniciativa tras una exitosa gestión de solidaridad desde el momento que se conoció la tragedia del 12 de enero, de la que ha sido parte casi toda la sociedad dominicana en sus más diversos estamentos. No podía ser de otro modo, dado que las dos naciones están atadas por la geografía, sin que ni siquiera los fenómenos telúricos pudieran separarlas, ya que las dos grandes fallas geológicas de la isla se extienden de oeste a este y ninguna de norte a sur.

Hubiese sido indigno de un pueblo noble, que los dominicanos no fueran los primeros que llegaran con todo lo que tenían a mano para dar su solidaridad frente a un drama escatológico que ha conllevado la pérdida de más de 200 mil vidas y que pasó tabla rasa a las infraestructuras del vecino dejando dos millones de personas sin vivienda, en lo que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo considera el más destructivo de los fenómenos naturales de la era moderna, cuantificando el costo de la reconstrucción en 14 mil millones de dólares. El verdadero desafío a la solidaridad comienza ahora que la tragedia de Haití pierde preponderancia en el escenario internacional.

Nadie puede estar más interesado que los dominicanos en que no se abandone  al vecino a su suerte, porque sólo este país está indisolublemente atado a la tragedia y porque en la medida en que no se deje espacio a la esperanza los haitianos saldrán a buscarla expulsados como los pilotos de una nave en picada y su primera tabla de salvación no es el espacio extraterrestre ni el mar, sino el territorio vecino. Lo que ha invertido en la solidaridad inicial es ínfimo en relación a lo que podría tocar a la República Dominicana si no se produce un concierto de asistencia internacional proporcional a la devastación.

Urgente cooperación

Las circunstancias obligan más que nunca a transitar el camino de la plena cooperación para “construir un presente y preparar un futuro que sea ventajoso a los dos pueblos”, como expresaba la carta de los intelectuales haitianos. Ese objetivo hace tiempo que ha sido planteado por innumerables instituciones y personalidades dominicanas, de todos los sectores políticos, sociales, empresariales y religiosos, incluyendo relevantemente al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Conferencia del Episcopado Dominicano en sendos documentos al respecto.

Probablemente la propuesta más integral para la cooperación bilateral es la contenida en el documento titulado “El Reto Haitiano en República Dominicana”, presentado el 4 de julio del 2008 por el CONEP, el cual reivindica la Comisión Bilateral y detalla diez aspectos básicos para la cooperación entre los dos países. “Con la esperanza de que simples desacuerdos y posiciones encontradas en el presente dejen de avivar los fuegos de la animosidad y de la exclusión. Las diferencias están llamadas a sustentar por fin el respeto mutuo y la colaboración de todos aquellos que viven y que ayudan a institucionalizar cada día más nuestro régimen democrático”.

Los diez aspectos señalados en el documento del empresariado son los referentes a la nacionalidad dominicana, el racismo en el país, la Ley General de Migración 285-04 (cuyo reglamento no se acaba de aprobar seis años después), la documentación civil,  repatriaciones y deportaciones, frontera, comercio, mercado y derechos laborales, medio ambiente y cultura.

No faltan quienes consideran que la coyuntura no es propicia para debatir  temas conflictivos, pero existe el temor de que la trágica situación que viven millones de haitianos dispare su migración hacia su salida más fácil, lo que obligaría a la adopción de disposiciones que podrían disipar el ambiente de reencuentro decretado por el terrible sismo. Podría ser preferible afrontar bilateralmente la contingencia, en el amplio espíritu de colaboración ahora existente.

Sin duda la debilidad actual del Estado haitiano, cuya gobernabilidad tendrá que abordarse dentro de pocos meses, hace más difícil la negociación bilateral. Hasta entre  dominicanos muy racionales se expresan dudas sobre la capacidad institucional del vecino, pero no habrá ninguna solución en Haití,  ni siquiera una restauración parcial, que no tenga como protagonista fundamental al pueblo haitiano, con todas sus debilidades y fortalezas.

Los protagonistas

El drama haitiano es mayor en cuanto el sismo se llevó también una considerable proporción de sus más capacitados recursos humanos, dejando casi inviable una nación que ya se consideraba fallida por su precariedad institucional, pobreza extrema y disolución, al extremo de que medio centenar de partidos y grupos se aprestaban a concurrir a los comicios parlamentarios que estaban programados para febrero y que ahora están en un limbo, al igual que los presidenciales que deberían celebrarse en noviembre próximo.

Tal como advirtió el presidente de Francia al visitar esta semana a Puerto Príncipe es al pueblo haitiano al que corresponder ser artífice de su recuperación. Lo dijo también el canciller de Brasil, como lo han manifestado cientistas sociales. Pero además ni los Estados Unidos ni ningún otro país, por más poderoso que sea, se va a echar sobre sus exclusivos hombros la responsabilidad de dar viabilidad a la nación haitiana.

En la perspectiva coyuntural internacional no se prevé ningún escenario mejor que  las Naciones Unidas para asumir la responsabilidad de la reconstrucción de Haití, por lo que es un acierto que al efecto se haya fijado para el 31 de marzo en su sede central de Nueva York  una reunión cumbre internacional. En ella deben concentrarse todos los esfuerzos dejando de lado cualquier intento de excesivo protagonismo, como sería la insistencia en celebrar otra cumbre mayor en Santo Domingo en junio próximo. Debe ser suficiente el encuentro preparatorio programado aquí para el 17 y 18 de marzo.

La Comisión Bilateral

Por el momento es un gran acierto la constitución de misiones técnicas de los gobiernos de Haití y República Dominicana para el diseño de un “Plan de Acción para Refundar Puerto Príncipe”, como anunciaron el día 13 el presidente Leonel Fernández y el primer ministro haitiano Jean Max Bellerive en una primera reunión efectuada en Santo Domingo.

La coyuntura parece más que propicia para dejar reactivada y hacer operativa la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana creada en 1996, pero dejada en inanición después de unos pocos acuerdos no implementados. El 22 de mayo próximo se cumplen tres años de que el presidente Fernández emitiera su decreto 263-07 donde disponía una serie de previsiones para reactivarla.

Justamente al ocurrir la tragedia del 12 de enero se esperaba una fecha para una inminente visita del presidente René Preval, en tanto funcionarios de ambos gobiernos habían coincidido en la necesidad de reactivar la Comisión Bilateral. La iniciativa correspondió al gobierno dominicano, concretada en la visita que hizo a Puerto Príncipe el ministro Temístocles Montás el 18 de diciembre último.

Es posible que esa iniciativa fuera la respuesta silenciosa que diera el presidente Fernández a la carta de principios de noviembre en la que 30 reconocidos intelectuales haitianos le expresaron preocupación por la seguridad de sus compatriotas residentes en el país. Le sugerían “reactivar, con el Ejecutivo haitiano, los mecanismos binacionales de cooperación para plantear, en la serenidad, todos los problemas y contenciosos no discutidos”, incluyendo “la obligación de nuestro país (Haití) de controlar su flujo migratorio hacia la República Dominicana con la finalidad de no superar un límite máximo manejable por las autoridades dominicanas”.

 

Es urgente renovar el diálogo con Haití

 Por Juan Bolívar Díaz
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Todavía no está segura la visita del presidente Préval  que renovaría la Comisión Mixta Bilateral para una etapa de negociaciones sobre asuntos de interés mutuo.

Aunque aquí se ha puesto fecha dos veces para una tentativa visita del presidente de Haití, René Préval, la realidad es que todavía no se ha concretado nada y parece necesario crear las condiciones adecuadas para lograrlo, con la expectativa de que abra una nueva etapa de negociaciones bilaterales tras una década de interrupción.

Tanto en el gobierno dominicano como en sectores empresariales y sociales aumenta la convicción de la necesidad de buscar acuerdos sobre problemas fundamentales como la migración, el comercio y la cooperación, sobre todo al entrar en vigor el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Una iniciativa positiva   La opinión pública nacional fue sorprendida cuando el 18 de diciembre el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, viajó a Haití y se entrevistó con el presidente René Préval y con su nuevo primer ministro, Jean Max Bellerive, a lo cual siguió el anuncio de que el mandatario visitaría el país en enero en interés de reactivar la Comisión Mixta Bilateral creada hace trece años, pero inactiva desde hace una década.

En principio se dijo que la visita de Préval sería en la primera semana de enero y luego fuentes extraoficiales la anunciaron  para la segunda, mientras se informaba que el embajador dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Silié, coordina con las autoridades.

Sin embargo, todavía el viernes el embajador Silié no estaba en condiciones de precisar fecha, aunque sí confirmó que el asunto se maneja diplomáticamente, razón por la cual no podía entrar en detalles. Pero en fuentes cercanas al gobierno de Haití se advirtió que todavía es temprano para anunciar una fecha. Uno de los consultados dijo que de materializarse ya sería para la segunda mitad del mes.

Las fuentes haitianas indican que la visita del secretario Montás fue bien acogida por las máximas autoridades haitianas y citaron las palabras del primer ministro en la cena que dedicó al visitante: “Toda la gente responsable en Haití sabe que no hay futuro, no hay estabilización, no habrá paz si no se plantea una relación positiva entre los dos países”. Bellerive expresó su esperanza de que lo antes posible sea reactivada la Comisión Bilateral, incluso sugiriendo que podría ser antes de la visita al país del presidente Préval.

Crear condiciones   Asesores del presidente Préval tendrían la misión de esbozar pasos concretos, primero para viabilizar la visita y, luego, para que la misma no resulte en una nueva frustración, quedándose en lo meramente protocolar. En Puerto Príncipe se  considera que todo lo relacionado con la visita y tentativos acuerdos ha de manejarse en forma bilateral, empezando por las informaciones. Y aunque no lo dicen abiertamente, está de por medio un largo período de muchos desencuentros y pocas coincidencias.

La circunstancia de que este es un año electoral en los dos países hace más difícil el tránsito a la cooperación, debido al creciente nacionalismo en las dos naciones. Para el próximo 28 de febrero están programadas elecciones legislativas en Haití, y para fin de año las presidenciales. Y el presidente Préval está estrenando su nuevo partido Le Unité. También se toma en cuenta que en República Dominicana hay elecciones legislativas y municipales en mayo.

La situación es tan sensible que recientes deportaciones masivas de haitianos podrían dificultar los avances bilaterales. En los últimos meses la opinión pública haitiana fue impactada por acontecimientos tan negativos como el asesinato e incineración de tres haitianos en el suroeste dominicano. Al comenzar noviembre una treintena de influyentes intelectuales, artistas y dirigentes políticos y sociales haitianos dirigieron una carta al presidente Leonel Fernández en tono respetuoso y conciliatorio pidiéndole sus  buenos oficios para garantizar la seguridad de los haitianos residentes en el país.

 Los signatarios se quejaban de campañas antihaitianas, pero se manifestaban “conscientes de la obligación de nuestro país de regular su migración hacia la República Dominicana a fin de no superar un nivel manejable por las autoridades dominicanas”. Y pedían “reactivar con el Ejecutivo haitiano los mecanismos de cooperación binacional para debatir, en la serenidad, todos los problemas y controversias actuales entre nuestros dos países”.

El presidente Fernández todavía no ha respondido la carta de los haitianos, pero al visitar Francia un mes después se dio el lujo de señalar las reformas constitucionales que a su juicio deben hacer los haitianos, entre otras para eliminar el primer ministro, y además pidió extender por diez años la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilidad de Haití, que se renueva por un máximo de un año y que el estamento intelectual y político haitiano había comenzado a pedir su final. Un intelectual haitiano preguntó recientemente cómo reaccionaría la opinión pública nacional si un presidente haitiano planteara las reformas constitucionales que deben hacer los dominicanos.

Creciente conciencia   Aunque las posiciones ultranacionalistas han estado muy activas en el país, cada vez hay más conciencia en diversos sectores dominicanos de la necesidad de lograr acuerdos con Haití para institucionalizar la migración, el comercio y la cooperación entre las dos naciones, indisolublemente unidas por la geografía insular.

 Las mejores muestras de ello son los dos gruesos  documentos emitidos por la Conferencia del Episcopado Dominicano en el 2005 y por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en el 2008, en los que se reclama una nueva etapa de entendimiento y cooperación entre las dos naciones, sin limitarse al interés nacional de controlar la masiva inmigración haitiana.

 En un extenso análisis titulado “El Reto Haitiano en la República Dominicana”, el CONEP plantea que el tema haitiano es prioritario en la agenda nacional. No puede seguir siendo desconocido, tampoco desatendido”, y sostiene que Haití, concomitantemente con los Estados Unidos, “es la nación a la que debemos prestar mayor atención, no sólo porque compartimos ecosistemas, tenemos una frontera común y un significativo intercambio comercial con esa nación sino también de manera más perentoria por la masiva inmigración anual de jornaleros haitianos al país”.

El máximo organismo empresarial dominicano formuló una veintena de propuestas en asuntos de interés para las dos naciones, desde el cumplimiento de la ley de migración promulgada en el 2004 y aún sin el correspondiente reglamento, hasta la garantía de derechos humanos y laborales de los inmigrantes haitianos. Aludiendo al tratado de libre comercio y cooperación con la Unión Europea, ya ratificado por República Dominicana y Haití, el CONEP plantea que “estos dos países deberán otorgarse entre sí lo que le  conceden a Europa, no sólo en el aspecto arancelario, sino también en las demás disciplinas y los procedimientos incorporados en el EPA”.

Los empresarios dominicanos han descubierto progresivamente que los haitianos no sólo suplen mano de obra barata e incondicional, sino que son un mercado privilegiado para las exportaciones nacionales que, en 2009, alcanzaron a 900 millones de dólares, quinta parte del total, según declaró por Teleantillas el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, Ricardo Koenig. Y apenas importamos de Haití diez millones de dólares.-

Falta voluntad política

Uno de los firmantes de la carta al presidente Fernández cree que la visita de Temístocles Montás a Haití fue la respuesta del presidente Fernández, quien estaría acogiendo la petición de “reactivar los mecanismos de cooperación binacional” y aprecia la iniciativa. Pero enfatiza en la necesidad de que una reunión de los jefes de Estado de las dos naciones no sea meramente protocolar. Se requiere una firme voluntad política de ambos lados para adelantar acuerdos.

Señala que es en ese nivel donde tendrán que darse pautas definitivas para lograr nuevos acuerdos y que sean cumplidos en materias tan delicadas como migración, seguridad fronteriza y comercio. Tienen que partir de un reconocimiento de las crecientes dificultades en ambos lados para canalizar acuerdos y ayudarse mutuamente, tomando en cuenta las dificultades crecientes. Dejar las políticas fundamentales en manos de comisionados, sin capacidad para tomar decisiones, es seguir dándole largas a los problemas y aplazar soluciones.

La Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana fue creada mediante una declaración conjunta de los presidentes Joaquín Balaguer y René Préval en ocasión de una visita de éste al país el 13 de marzo de 1996. Se reunió por primera vez en Puerto Príncipe en septiembre de ese año, tras el inicio del primer gobierno del presidente Fernández, y celebró reuniones semestrales en las dos capitales hasta 1999.

Los comisionados lograron acuerdos sobre migración, seguridad fronteriza, comercio, cooperación para salud humana, animal y vegetal y en deportes, y para estudios universitarios. Pero algunos de los acuerdos, especialmente para garantizar repatriaciones ordenadas y con respeto a los derechos humanos fueron ignorados, lo que creó un muro de incomunicación que lleva diez años.

El 22 de mayo del 2007 el presidente Fernández dio un paso adelante en interés de reactivar la Comisión Bilateral. Con su decreto 263 renovó los comisionados dominicanos y hasta designó tres asesores: Bernardo Vega, Wilfredo Lozano y el fallecido Frank Marino Hernández. Nunca han sido convocados.