Una estabilidad insostenible

Por Juan Bolívar Díaz

En circunstancias diferentes, tres reconocidos economistas aportaron datos esta semana que resaltan los graves riesgos a que se aboca la nación dominicana con un modelo de desarrollo absolutamente inequitativo que se sostiene sobre la base de un endeudamiento que está llegando a sus límites y con un nivel de pobreza que hace insostenible no sólo la estabilidad macro-económica, sino también la seguridad ciudadana y la paz social.

Miguel Ceara Hatton y Fabricio Gómez Mazara presentaron ponderados análisis socio-económicos durante un foro auspiciado por la coalición política Frente Amplio, en tanto que el veterano Carlos Despradel, conmemorando 50 años de su actividad como economista, comparecía en Uno+Uno para advertir sobre la necesidad de transformaciones de políticas económicas para evitar el colapso que amenaza el país.

Ceara Hatton resalta que entre el año 2000 y el 2012, los dominicanos y dominicanas bajo la línea de pobreza pasaron de 2.6 a 4 millones, impulsados en gran medida por la crisis financiera del 2003-04 originada en los fraudes bancarios, pero también cómo tasas de crecimiento económico anual entre 6 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) no se han traducido en crecimiento del empleo. Con una tasa de pobreza del 42.3 por ciento de la población, once puntos por encima del promedio latinoamericano, la República Dominicana no garantizará la estabilidad.

Ya lo habían advertido estudios del Consejo Nacional de la Empresa Privada y Ceara y Despradel lo ratifican: en esos 12 años se crearon apenas 272 mil empleos formales, de los que casi dos terceras partes fueron estatales, expresión contundente del clientelismo sostenido con un endeudamiento que este año alcanzará el 45 por ciento del PIB y obligará a destinar más del 40 por ciento de los ingresos fiscales para pagarlo.

El escaso potencial de los “no pobres” se expresa en el hecho de que el 78 por ciento de quienes cotizan a la seguridad social tienen ingresos menores de 20 mil pesos, y 68 por ciento menor de 15 mil pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar está en 26 mil 716 pesos, resalta Ceara.

Despradel plantea que al final del 2012 la deuda total del Estado alcanzaba los 25 mil millones de dólares, equivalentes a un millón de millones de pesos, y que al finalizar este 2013 ya estará sobre los 30 mil millones de dólares. Se aproxima el día en que se nos cerrará el crédito o habrá una moratoria. Las consecuencias serán otra crisis que elevará aún más el nivel de pobreza. Sólo una real austeridad y una reingeniería que incentive la inversión y la productividad privada, podrán contener el derrotero.

Gómez Mazara resalta que el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo ha establecido en 686 mil 833 los jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo que constituye una terrible amenaza a la seguridad y la paz social. Si sólo uno de cada diez de estos “ninis” se buscan la vida en actividades ilícitas, la inseguridad seguirá ascendiendo y la paz social estará cada vez más perturbada.

La irresponsabilidad de nuestras clases dirigentes queda al desnudo cuando Ceara resalta la tabla de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicativa de que este país ocupa el último escalón en inversión en educación entre los 21 de América Latina, en el período 2006-10, con una tasa de 2.40 del PIB y la posición 19 en inversión en salud con una tasa de 1.50 del PIB.

El desastre educativo determina que incluso una alta proporción de los jóvenes que alcanzan terminar el bachillerato, (y sólo la mitad lo inician) no tengan capacidad para un empleo productivo. En estos días se nos partió el alma cuando entre 15 estudiantes universitarios ninguno pudo apreciar aproximadamente las dimensiones de la mesa a la que estaban sentados. No dominaban la extensión de un metro.

Más allá de la cháchara nuestra de cada día, la realidad nos conduce a la inestabilidad económica y social. Y lo peor es que los sectores más influyentes parecen no darse cuenta.

Macondo está entre nosotros

Por Juan Bolívar Díaz

De verdad hay que reconocer cuan ilusos fuimos todos los que creímos que con la desaparición de Joaquín Balaguer, -el más acabado producto del primo-conchismo político de comienzos del siglo pasado- el país daría un salto a la modernidad con todo lo que conlleva de cambios de paradigmas, de institucionalidad y de abolición de la corrupción política y social.

 Desafortunadamente nuestros políticos se han dedicado a apostar a cuál reproduce con mayor efectividad los viejos métodos del clientelismo, el reparto de lo público y el cinismo, mientras hablamos de transparencia e institucionalidad. Los gestos, los silencios, sordera y mudez y hasta las inflexiones sonoras del más prolongado caudillo de nuestra azarosa historia se eternizan como emblema de sagacidad, ponderación y capacidad política que vergonzantemente se admira.

 Desde nueve meses antes de una elección andamos en caravanas de automóviles lujosos consumiendo un combustible cada vez más caro  que nos regalan o robamos, mientras en los principales partidos se desarrolla una doble campaña, de los candidatos del 2012 y de los que quieren serlo cuatro años después y  para colmo de ridiculez dicen que juegan un papel institucional.

 Este es el país que tiene una docena de embajadores ante las Naciones Unidas, 36 vicecónsules en Nueva York y 22 en Miami, más de 300 viceministros o subsecretarios y más de 250 generales, pero paga 8 mil pesos a los maestros y cinco mil a los policías para que hagan lo que puedan por contener el atraso y la delincuencia.

Pagamos un millón de pesos a Jacques Attalí para que nos diga lo que todos ya sabemos, para luego ignorar todas sus conclusiones, incluyendo la necesidad de invertir al menos 5 por ciento del producto bruto en educación, y luego firmamos compromisos internacionales de invertir un 5.5, pero declaramos enemigos a los necios que insisten en reclamar por lo menos el 4. El gobierno tiene miles de comunicadores en sus nóminas y doblega cada vez más la independencia de los medios, pero auspicia campaña para denunciar a un puñado de peligrosos agentes de la subversión o de los enemigos de la nación.

Tenemos que poner en retiro a unos jueces que han pasado de los 75 años limites, pero andamos a todo costo buscando una brecha para burlar la flamante Constitución o colarlos en una de las nuevas altas cortes, porque no pueden vivir fuera del entramado público. Mientras un subjefe de cómputos se autoproclama jefe  forzando la dimisión de su superior y los representantes de la institucionalidad lo premian. En tanto se arrea a los legisladores como ganado para que aprueben al vapor una ley que entrará en vigencia más de dos meses después. Pero dos meses no han sido suficientes para persuadir a un cónsul en Boston a que entregue el cargo del cual fue relevado por su presidente.

Nos  asombramos de que se roben y despeguen un avión en un aeropuerto internacional  en horas en que nada se mueve allí pero estamos resignados a que militares y policías dirijan el narcotráfico y todo género de actividad delincuencial mientras matamos a miles de muchachos pobres que salen a “buscarse lo suyo”.

Nos robamos las barandillas de los puentes, desmantelamos las torres eléctricas y el alambrado público, las espadas y los bustos de nuestros héroes, o las reliquias de los museos, para incrementar nuestras exportaciones de minerales, y  robamos doce veces una misma iglesia y asaltamos hasta al cura que nos confiesa.

Dios mío! Quién hubiese creído que Gabriel García Márquez era un “chivito excedido de frutas tropicales. Su Macondo con todo y su siglo de soledad se han quedado chiquititos. ¡Mete tu mano Señor!