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Legislando para beneficio propio

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque esta vez no hay cambio en el presidencia y la vicepresidencia de la República, ni en más del 80 por ciento de los integrantes del Senado ni de dos tercios de la Cámara de Diputados, una vez más el período de “transición” se está convirtiendo en tiempo de repartos impúdicos a la vista impotente de toda la sociedad.

En los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, los regidores y alcaldes tratan de atribuirse pensiones improcedentes o se elevan sus sueldos, y en el Congreso Nacional se adelantan legislaciones para beneficio propio de los legisladores, sin que ningún poder pueda alcanzar a establecerles límites, ya que desde hace algún tiempo se ha extendido hasta la iniquidad el concepto de autonomía estatal.

Los mismos legisladores que crearon el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que instituye un seguro de salud y un sistema de pensiones, definido como universal para los empleados públicos y privados, legislaron en su propio beneficio, creando, por separado un Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, con niveles privilegiados de beneficios.

En este período de transición, el Senado y ahora acaba de refrendarlo la Cámara de Diputados, ha ampliado los beneficios de su plan de pensiones, pero también están creando el Instituto de Desarrollo Parlamentario y Capacitación Legislativa. Para colmo, diputados que pasan a ser alcaldes, apresuran una modificación de la Ley 176-06 sobre Municipios y el Distrito Nacional, en búsqueda de un mayor margen de autonomía administrativa.

Bajo el paragua de que aumentan del 10 al 12 por ciento, es decir en un 20 por ciento, los aportes al plan de pensiones de los pocos nuevos senadores y diputados a partir del próximo período constitucional, se incrementa en 67 por ciento el aporte para pensiones que han de extraer del presupuesto del Poder Legislativo, que pasaría del 6 al 10 por ciento del total. Eso no tiene otro nombre que legislar para beneficio propio.

Como si nada, los diputados aprobaron esta semana y a toda velocidad, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de creación del Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa. Puede parecer un buen propósito promover la formación de los legisladores, pero es otro privilegio a ser financiado con los dineros públicos. El Instituto impartiría diplomados y maestrías en técnicas legislativas y derecho parlamentario, con pretensión de reconocimiento como entidad de educación superior. Por supuesto con financiamiento estatal privilegiado, al margen de la Universidad del Estado y de tres docenas de academias privadas.

El otro desaguisado legislativo es la modificación de la Ley 176-07 sobre Municipios y el Distrito Nacional, para beneficio de varios diputados que pasarán el 16 de agosto a ejercer como alcaldes, relevantemente el actual presidente de la Cámara Abel Martínez, quien se juramentará como alcalde de Santiago.

Se pretende reducir el papel de las salas capitulares, en beneficio de los alcaldes, y modificar la distribución de los ingresos de los municipios, que según el artículo 21 de la Ley 176-07, sólo se puede puede erogar hasta el 25 por ciento en gastos de personal, y 31 por ciento para actividades y servicios municipales, reservando 40 por ciento para obras de infraestructura y adquisición de muebles, y el 4 por ciento restante para programas educativos, de género y de salud. También se pretende otorgar discrecionalidad al cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Vale recordar que la Ley 176-07 fue fruto de una larga década de concertaciones y asesorías nacionales e internacionales, y ahora se pretende una modificación al vapor. Por suerte a la actual legislatura sólo le quedan seis días hábiles, pues concluye el lunes 25.
Una vez más resalta la miseria de institucionalidad democrática que se gasta este país, con seres privilegiados que legislan para su propio beneficio, que se apropian de recursos estatales para “planes de asistencia social”, pero que no cumplen su función de fiscalizar y se pasan años y hasta décadas acariciando proyectos fundamentales como la ley del Régimen Electoral, la de Partidos, o el proyecto de ley de tránsito, transporte y seguridad vial.

Otra vergüenza nacional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
VERGUENZA

Los reportajes publicados esta semana por el diario newyorkino Wall Street Journal sobre el pago de comisiones en la compra dominicana de los famosos ocho aviones tucanos adquiridos en Brasil en el 2008, constituyen una nueva vergüenza nacional que de ninguna forma puede ser pasada por alto, por más que en este país hayamos perdido la capacidad de asombro.

No es que el periódico esté descubriendo el hilo en bollito, pues hace tiempo que se sabe que autoridades norteamericanas y brasileñas están investigando lo que aquí fue un secreto a voces desde que se anunció la compra y especialmente cuando fue aprobada por el Senado de la República, ocasión en que el rumor del soborno alcanzó dimensiones de río desbordado en tiempo de huracán.

Lo que ocasiona real vergüenza es la indiferencia con que las autoridades nacionales, de todos los estamentos, y el Congreso Nacional, han tomado la denuncia, y la complicidad o resignación con que se acepta en amplios espectros de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de las instituciones sociales, donde aparentemente crece la convicción de que el destino nacional es la corrupción.

Desde el principio hubo debate sobre la procedencia de la compra. Evidentemente porque no era una prioridad nacional invertir casi un centenar de millones de dólares en ocho aviones que en última instancia no íbamos a poder mantener en el aire las 24 horas del día para impedir que el país siguiera siendo puente del narcotráfico. En última instancia porque el costo de la lucha contra el narcotráfico no se le debe cargar a un país pobre, sino a los ricos, responsables de la demanda que fomenta el primer o segundo más grande negocio de la historia humana.

El tufo de la corrupción se olfateó desde que no hubo una licitación transparente y se optó por aviones poco eficientes para la prevención del uso ilegítimo del territorio nacional y cuando abundaron las informaciones de que Chile y Colombia habían adquirido naves similares a mucho menor costo.

Ahora el Wall Street Journal informa que en Brasil hay ocho funcionarios de la empresa vendedora imputados del delito de corrupción, que eso es el pago de comisiones. Relevante por involucrar a una empresa que cotiza en bolsas de valores internacionales, donde algunas normas son fundamentales.

Para colmo de la vergüenza, se identifica por su nombre a un oficial militar al que se habría pagado una comisión de 3.5 millones de dólares, sin hacerse lo mismo con un senador, que según los informes en manos de los investigadores, habría repartido entre sus colegas una parte de esa comisión. Pero aquí, ya el mismo día de la publicación del diario de Nueva York una fundación radicaba una demanda judicial, precisando los montos de otras comisiones derivadas del mismo negocio.

En justicia no hay suficiente fundamento para dar por procedente la demanda radicada por la Fundación Primero Justicia, que eleva el pago de comisiones a 13 millones de dólares e involucra hasta al entonces presidente de la nación. No se puede descartar que se busque aprovechar la circunstancia para pasar una factura al expresidente Leonel Fernández. Pero los hechos obligan a una investigación judicial propia, de la nación dominicana, sin depender de lo que soliciten las autoridades brasileñas. Investigación que no debe dejar piedra sobre piedra hasta esclarecer esta vergonzosa denuncia internacional.

Los más interesados en esa investigación deberían ser los involucrados, comenzando por el Senado de la República, a quien corresponde el primer paso. Pero es probable que ellos no lo crean necesario y mucho menos procedente. Cuentan con la indiferencia generalizada, y con el olvido. Pensarán que otros escándalos de corrupción con sumas muchas veces mayores han quedado en la impunidad y el olvido. Por suerte en este caso la sanción final no dependerá de las deterioradas instancias judiciales nacionales.

 

La JCE y los nacionalistas desafían la Ley 169-14

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
nacionalista jce

Retoman el discurso soberanista y dos meses después de la ley que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país, les siguen negando actas de nacimiento y los nacionalistas resisten una reglamentación

A dos meses de la aprobación unánime de la Ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares con actas de nacimiento la Junta Central Electoral (JCE) les sigue negando la entrega de sus documentos, mientras su presidente, Roberto Rosario, se suma a la renovación del discurso nacionalista.

Tras la proclama de “una nueva era en las relaciones domínico-haitianas” por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, y ante la visita del secretario general de las Naciones Unidas, los nacionalistas desafían al Gobierno con su radical oposición al reglamento para los que tendrían opción a la naturalización.

Sadismo nacionalista. A punto de cumplirse dos meses de que el Congreso Nacional aprobara a unanimidad la Ley 169-14, tras una concertación para resolver un grave problema humano de repercusiones internacionales, originado en la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la JCE sigue negando copias de actas de nacimiento y la emisión de cédulas a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país.

Las entidades defensoras de los derechos humanos se preparan para lanzar una ofensiva en reclamo del cumplimiento de la ley, al cumplirse mañana lunes 21 dos meses de que fuera aprobada de urgencia por ambas cámaras legislativas, habiendo sido promulgada dos días después por el presidente Danilo Medina. A decenas de los beneficiarios de la legislación se les ha negado la expedición de actas en las oficialías del Estado Civil de las provincias del Este y de Santo Domingo y Barahona, donde se concentra una gran proporción de los descendientes de inmigrantes haitianos. A los peticionarios se les sigue diciendo que están bajo investigación o se les remite a la JCE.

Tanto el Centro Bonó, como el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, y las agrupaciones de los domínico-haitianos como el Movimiento Reconocido, Dominicano como Tú y la Red Jacques Viau prefirieron dar tiempo a que la JCE dispusiera la entrega de las actas, pero consideran que dos meses es suficiente para haber atendido el mandato legal.

El mandato de la ley. En su artículo 12 la Ley 169-14 dispuso elaborar, en un plazo no mayor de 60 días, un reglamento sobre sus capítulos II y III de la ley referentes a los hijos de indocumentados nacidos en el país pero que nunca fueron registrados como ciudadanos, a quienes se somete a un proceso de regularización, registrándose en el libro de extranjeros, con derecho a optar dos años después por la naturalización dominicana.

El capítulo I, el literal a de su artículo primero establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de su inscripción”. El artículo 2 indica que la JCE “procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior”, y que la JCE “los acreditará como nacionales dominicanos”.

El artículo 3 excluye del beneficio de la ley a los registros instrumentados con falsedad de escritura pública “siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El artículo 4 dispone que a aquellos que ya habían obtenido cédula de identidad y electoral se les dote de la misma con su numeración anterior, y que se otorgue a quienes no se les había expedido.

La ley no condiciona sus beneficios a ninguna investigación, asumiendo el mandato de la sentencia 168-13 de que la JCE debe expedir las copias de actas y proceder a pedir su nulidad ante un tribunal si corresponde, ahora sólo si el beneficiario participó en falsedad de escritura.

El discurso nacionalista. La lentitud en acatar el mandato legal es más relevante por la urgencia con que ambas cámaras legislativas aprobaron la iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina y por lo que se les ha reconocido casi a unanimidad. Todo lo que tendría que hacer la JCE es derogar su Resolución 17-07 de diciembre del 2007 que suspendió la entrega de las actas de nacimiento de los domínico-haitianos, con la excepción de los que se haya comprobado que falsificaron escrituras en beneficio propio. No hay justificación para que se siga mortificando a personas que llevan años procurando actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, con un alto costo emocional, material y espiritual.

Contrasta que en vez de cumplir la ley, esta semana el doctor Roberto Rosario retomara el discurso nacionalista, denunciando lo que denominó “amenazas contra la identidad e independencia de la Patria en una extraña alianza de dos o tres dominicanos y algunos extranjeros”. Pese a ser tan pocos los supuestos amenazantes, el presidente de la JCE se quejó de que “la patria está débilmente defendida por los dominicanos”.

La radical oposición de la Fuerza Nacional Progresista al proyecto de reglamento de la ley elaborado por el Gobierno, acompañado de advertencias furibundas de recurrir al Tribunal Constitucional e intentos de chantaje contra el presidente Medina, es un indicador de que los ultranacionalistas no acaban de aceptar la transacción de la Ley 169-14. Llegan al extremo de considerar inconstitucional que el reglamento cree una unidad de ejecución del proceso de naturalización de los que no habían sido inscritos en el Registro Civil, ignorando la enorme cantidad de órganos ejecutivos y comisiones creados por decretos presidenciales.

La nueva era bilateral. Los nacionalistas aliados del partido de Gobierno, que controlan la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de Fronteras y la Comisión de Etica, además del nuevo Ministerio de Minería, han hostilizado abiertamente al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a quien han asimilado a los “traidores a la patria”. El furor creció a raíz de la proclamación de Montalvo el 10 de julio, de que “comienza una nueva era en las relaciones domínico-haitianas. Una era de entendimiento y cooperación mutua, que traerá más bienestar y más progreso a ambas naciones”.

Al hablar, a nombre del Gobierno dominicano en la última reunión entre autoridades de las dos naciones de la isla, Montalvo hizo un análisis a fondo de los desencuentros fruto de imágenes distorsionadas y falsas promovidas por viejas élites de ambos países interesadas en la confrontación. “Elites que siempre han temido que la colaboración y la solidaridad afectaran a sus privilegios y que, para impedirlo, han instrumentado los temores y los odios que nutren este desencuentro”.

Montalvo, considerado una especie de primer ministro del Gobierno, militante del partido gobernante, desde sus orígenes, hubo de recurrir a su líder fundador, el profesor Juan Bosch, para justificar el esfuerzo de entendimiento con Haití, recordando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.

 La visita de Ban Ki-moon. La visita al país del secretario general de la ONU esta semana también ofendió el sentimiento nacionalista y creó tanta confusión que el presidente del Senado le pidió que ese organismo ayude a controlar la “frágil frontera con Haití” para evitar el narcotráfico, trasiego de armas y otras acciones ilegales. Reinaldo Pared olvidó que esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas dominicanas que tienen 54 mil miembros.

En realidad fue apenas un diputado no electo, de la familia propietaria de la FNP, quien tuvo expresiones descorteses para Ki-moon, pero con mucho eco en los medios de comunicación y en la red de comentaristas de radio y televisión que defienden los puntos de vista del partido gobernante y sus aliados.

El funcionario internacional tuvo múltiples expresiones de reconocimiento al Gobierno y al Congreso Nacional por los esfuerzos implícitos en la Ley 169-14, por el proceso de regularización de inmigrantes y por los avances en el diálogo con las autoridades de Haití, así como por la solidaridad dominicana tras el terremoto que devastó la vecina nación. Pero Ki-moon no podía dejar de expresar las preocupaciones de los organismos especializados de la organización mundial por los nacidos en el país a quienes se negó el derecho al registro civil y ahora se les declara extranjeros.

Como aquí todo es relativo, son muchos los que no entienden que para el mundo internacional tiene vigencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las niñas Yan y Bosico, descendientes de haitianos, que dispuso su inscripción como dominicanas tras haber nacido en el país, bajo el planteamiento de que “los hijos no heredan la ilegalidad de los padres”, antes de que la Constitución estableciera que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados.

Aunque la Ley 169-14 reconoce a los descendientes de extranjeros inscritos, declara extranjeros a los que no fueron registrados, lo que se da por hecho que no será validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eventualmente llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no se ha manifestado tras la promulgación de la ley.

 

Otra elección sin Ley de Partidos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
Ley de partidos

A menos de dos años ya para la próxima elección general, prevista para el domingo 15 de mayo del 2016, todo parece indicar que el país se abocará a ese desafío sin que se haya aprobado la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se discute desde hace 16 años y que ha sido objeto de numerosos “consensos”, de acuerdos políticos y de una iniciativa de la Junta Central Electoral.

Hace cinco años que el órgano organizador y regulador de los procesos electorales sometió al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Partidos, que ha sido excesivamente manoseado por comisiones legislativas más interesadas en barajarlo que en dar paso a una normativa que frene el salvajismo en que se ha convertido la política tanto al interior de los partidos como en el ámbito nacional.

Al ser abordado por los periodistas esta semana, el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, admitió la responsabilidad de sus correligionarios en el bloqueo a que ha estado sometido el proyecto. Pero erró al atribuirlo a diferencias en torno a que las elecciones primarias sean organizadas de forma simultánea por la JCE. Si esa fuera la razón del bloqueo, ya habrían encontrado una salida como la expresada por el mismo Pared: que cada partido decida si organiza sus primarias por su cuenta y costo, o la encarga a la JCE.

Cuando en el 2004 se aprobó la Ley 286-04 que establecía las Elecciones Primarias simultáneas a cargo de la JCE, luego declarada inconstitucional, me conté entre quienes la denunciaron, por dos razones básicas: porque no señalaba quién pagaría el costo del proceso, aunque parecía implícito que sería la JCE, lo que se constituía en un financiamiento estatal adicional a los partidos, y porque tomaría semanas computar simultáneamente los resultados de todos los partidos.

Mantengo el criterio, a la luz de la experiencia. Baste recordar que en enero pasado la Comisión Organizadora de la elección de nuevos miembros del Comité Central del PLD se tomó una semana para arrojar el resultado. El domingo 12 de enero votaron para elegir apenas 138 dirigentes, con 970 candidatos registrados y no fue sino hasta el sábado 18 que pudieron dar el cómputo final.

Imagínense cuánto tiempo necesitarían para computar la elección de los candidatos a 4,132 cargos que estarán en disputa en el 2016 en tres niveles, presidencial, legislativo y municipal. Con que por cada cargo aparezcan tres candidatos, habría que computar votos a más de 12,396. Y si se multiplica siquiera por cinco partidos simultáneamente, aquello podría ser la de nunca acabar y terminar en la anarquía por millares de impugnaciones.

Pero es que la Ley de Partidos abarcaría mucho más que la elección primaria. Es una reglamentación de la democracia interna para elegir dirigentes, para limitar campañas y gastos, para transparentar las fuentes de financiamiento, impidiendo el abuso de los recursos estatales, para limitar los aportes individuales y de corporaciones. También para prohibir coacciones, sobornos y dádivas como forma de comprar votos, y para garantizar el cumplimiento de la cuota femenina mínima, y especialmente para sancionar las violaciones a los preceptos democráticos y de equidad.

Porque prefieren el desorden y el abuso de las cúpulas, porque los dirigentes no quieren someterse a la renovación democrática periódica, y porque no quieren renunciar al abuso de los recursos públicos y al financiamiento de fuentes ilegítimas es que no se ha aprobado la Ley de Partidos, tras 16 años de que fue consensuado el primer proyecto, ese y otros también consensuados introducidos una docena de veces al Congreso y le han pasado siete elecciones generales. Y Ya hay precandidatos a presidente, a legisladores y alcaldes gastando un dineral, que no sale de su propio peculio.

Danilo salva a un PLD cada vez más a la deriva

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
DANILO SALVA

El presidente Danilo Medina volvió esta semana a salvar la cara al liderazgo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al acoger el clamor que rechaza las regresivas modificaciones introducidas, incluso con procedimiento engañoso, al Código Procesal Penal (CPP).

En sectores políticos se observa hasta con alarma un giro sistemático del peledeísmo a los planteamientos derechistas que postulan los ultranacionalistas, promoviendo contra-reformas, mientras el reparto del Estado llega al extremo de que Roberto Rosario coloca a la Junta Central Electoral (JCE) por encima de la ley.

Un palo al Código Procesal. Una veintena de observaciones formuladas el miércoles por el Poder Ejecutivo al nuevo CPP aprobado por el Congreso Nacional constituyen un palo a una ley regresiva que ha cosechado un amplio rechazo de expertos juristas y constitucionalistas y de entidades y grupos vinculados a los derechos humanos y la institucionalidad.

El presidente Danilo Medina no sólo acogió el rechazo generalizado a la eliminación del derecho ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos, sino que también se manifestó contra la limitación del derecho a querellarse de las entidades del sector público. Sostiene, además, que algunas de esas modificaciones “entran en contradicción con lo dispuesto por la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal”.

Las observaciones del Ejecutivo, se indica, están llamadas a evitar un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho. “Ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”, sostiene.

El documento ataca una de las contrarreformas más promovidas por los sectores autoritarios, argumentando que resulta preocupante que se haya establecido como preferencial u obligatoria la medida de prisión preventiva. Pide mantener el principio de que la duda favorece al imputado. También se manifiesta contra “la propuesta transversal de los plazos del proceso expresados a lo largo de la ley en cuestión”.

Rompe el consenso grupal. No es la primera vez que el presidente Medina rompe el consenso grupal que caracteriza las actuaciones de su partido, y contradice el discurso predominante, para colocarse junto al clamor social. Entre los precedentes más relevantes se citan la revisión del contrato con la Barrick Gold y la suspensión del acuerdo que reconocía la estafa de las tierras de Bahía de las Aguilas.

Otro caso bien relevante está pendiente de ser dilucidado, cuando el mandatario envíe al Congreso un proyecto de ley en preparación que reconocería los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros inscritos en el registro civil, siempre que ellos no hayan intervenido en alguna irregularidad. Pese al escándalo internacional generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el discurso del liderazgo peledeísta ha ignorado la posición asumida desde el principio por el presidente Medina, que postula una solución humanitaria y de derecho.

Ha llamado la atención que los presidentes de las cámaras legislativas, varios ministros y altos funcionarios sostuvieron la posición radical de los ultranacionalistas sin siquiera aludir la del mandatario. Más allá de las firmes posiciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista y diputado Manuel Jiménez, la excepción ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero éste sólo públicamente en escenarios internacionales, como si no quisiera ir contra el consenso grupal partidario y los ultranacionalistas. Primero en Nueva York, luego en Washington y esta semana en un foro económico celebrado en West Palm Beach, Florida, donde volvió a plantear que se debe reconocer los registros de nacimiento de los nacidos en el país, según un informe de Matt Sedensky para la agencia Prensa Asociado, reproducido en el Miami Herald.

La aprobación irregular. Las modificaciones al CPP no han sido rechazadas sólo por su contenido, ya que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal denunció que hubo manipulación y engaño en el procedimiento y pidió una investigación y las sanciones que correspondan a los responsables, lo que hubo de ser aceptado por el presidente de la Cámara.

Tavárez Mirabal sostiene que en la ley aprobada se incluyó la modificación del artículo 85 que no figuraba en el proyecto que había discutido y consensuado la Comisión de Justicia de la Cámara para eliminar la facultad de la querella ciudadana contra los funcionarios públicos. Pero se le tramitó como “el mismo” aprobado en otra legislatura, razón por la cual no volvió a la comisión, se le liberó de lectura y se le aprobó de urgencia, en dos votaciones consecutivas.

No debe pasar desapercibido que la denuncia de la irregularidad proviniera de una diputada oficialista, lo que pone de relieve la falta de contrapeso en un Congreso dominado por un solo partido, pero donde los opositores muestran ineficiencia y complicidad. En la cámara hay 75 diputados perredeístas y 12 reformistas. En el Senado 31 del PLD y un reformista. Apenas un puñado de los opositores han disentido del proyecto, aprobado por mayoría precaria tras dos intentos fallidos por falta de quórum.

La JCE de Roberto Rosario. Otra demostración de la pérdida de la brújula institucional ha sido la negativa del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de acogerse a la solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado de que entregue los documentos relativos al contrato para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, objetado públicamente por empresas que aseguran haber ofertado tecnología más avanzada y de mucho menor costo.

La directora del organismo de control, doctora Yocasta Guzmán, se vio precisada a emplazar a Rosario para que entregara la información en un plazo que venció esta semana. Pero éste se ha colocado por encima de la ley y está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional para que declaren inconstitucional esa pretensión bajo el alegato de que la JCE es autónoma. Apenas reconoce la jurisdicción de la Cámara de Cuentas, pero esta sólo audita gestiones, no verifica licitaciones.

La JCE no está exenta de la vigilancia de la Dirección General de Contrataciones, según las leyes 340-06 y 449-06 que norman y reglamentan las compras y contratos estatales, o la ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que no se justificaría en un organismo que debe ser modelo de transparencia y credibilidad, pero que tiene un récord de cuestionamientos a sus contratos, como ocurrió con el firmado por Rosario con la empresa Somo para una tecnología que aún se cuestiona lo mismo que su costo de unos 84 millones de dólares.

El artículo 1 de la ley 340-06 establece las normas “que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, comenzando por el Gobierno Central e incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras, municipios y empresas estatales y “cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones, con fondos públicos”.

El párrafo 1 de su artículo 2 precisa que a los efectos de esta ley se incluye, entre otras instituciones a la JCE. El artículo 4 de la Ley de Función Pública también la incluye en sus normativas, lo mismo que a todas las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas, autónomas o no.

Lo más grave es que se quieran amparar en la autonomía para contratos estatales, y en una institución cuestionada también por la Cámara de Cuentas, en una auditoría que puso en evidencia que en el 2012 gastó más de mil millones de pesos que recaudó y no pasó por el fondo general de la nación ni el Presupuesto Nacional.

No hay que dudar que dejen sola a la directora general de Contrataciones en el reclamo de la ley, pues Roberto Rosario llegó a la JCE desde el Comité Central del PLD, y el Estado está repartido en minifundios, propiedad de sus incumbentes que, del partido o aliados, operan a su mejor conveniencia.

Ni siquiera los precandidatos

El consenso grupal peledeísta en torno a posiciones cada vez más regresivas es tan fuerte que ni los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD para el 2016 se han atrevido a marcar diferencias. Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado y secretario general peledeísta, no ha tenido la menor moderación frente a la desnacionalización de decenas de miles de personas o en relación a las regresiones consignadas en el CPP.

Los demás aspirantes públicos a la candidatura oficialista han preferido el silencio frente al intenso y extenso debate de la nacionalidad o las reprobaciones a las modificaciones del código. Ni siquiera el procurador general, Francisco Domínguez Brito, uno de los peledeístas más apegados a los principios y la ética, defendió el derecho de los desnacionalizados, y aunque expresó que no simpatiza con algunas de las reformas al código, se mostró discreto y resignado.

La impresión que quedó es que el liderazgo del PLD respaldaba firmemente la revocación del derecho de la ciudadanía a querellarse contra la corrupción, lo que ya había impugnado ante el Tribunal Constitucional el tesorero de ese partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un multimillonario confeso bajo investigación precisamente por querellas de entidades sociales.

 

Una gran oportunidad perdida

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

2013 podría ser el año de Danilo

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El presidente Danilo Medina Sánchez recibe el nuevo año con grandes desafíos económicos, políticos y sociales que pondrán a  prueba su liderazgo nacional y al interior de su partido, donde tendrá que lidiar con el protagonismo del expresidente Leonel Fernández Reyna.

El 2013 se presenta con tantos retos para el presidente Danilo Medina que podría marcar el derrotero de su Gobierno, enfrentando los graves problemas económicos que heredó para mantener la estabilidad y el crecimiento en un escenario nacional e internacional poco propicio.

Las mayores interrogantes giran en torno al rendimiento y las consecuencias sociales del paquete tributario que entra en plena vigencia desde el primero de enero, mientras deberá reafirmar su liderazgo tanto a nivel nacional como en su partido, donde tendrá que lidiar  con el protagonismo del expresidente Leonel Fernández.

 El paquete tributario.  La mayor interrogante con que inicia el año para el Gobierno es el impacto tanto positivo como negativo que tendrá el paquete tributario aprobado sin la menor concertación social. El mejor escenario para las autoridades sería que la masiva alza impositiva sea asimilada con resignación por la población y que rinda frutos recaudatorios en breve plazo para compensar y superar una temida reducción de las actividades productivas.

Los precios de múltiples artículos comenzaron a subir desde la aprobación de los nuevos impuestos en noviembre, pero el golpe sobre los bolsillos de la ciudadanía será mucho mayor cuando desde el 1 de enero rija el alza de la tasa del Itbis del 14 al 16 por ciento y su extensión a productos de consumo masivo como el café, azúcar, aceites y chocolate, y los nuevos impuestos selectivos a los combustibles y bebidas.

El Gobierno podría adoptar la sugerencia sindical de que se adelante la revisión del salario mínimo previsto para mediados de año, por lo menos como anestésico de contención del disgusto que ocasionará el incremento tributario, consciente de que el sector empleador buscará dilatar la negociación, especialmente si las cada vez más debilitadas centrales sindicales llegan con una demanda que han adelantado de aumento general del 30 por ciento.

Los estrategas gubernamentales confían que tras el largo asueto de las festividades navideñas pierda impulso el movimiento de protestas desatado tanto por el enorme déficit fiscal dejado por el presidente Fernández, como por el paquete tributario aprobado al vapor por un Congreso bajo control del Gobierno.

La crisis que afecta al principal partido de oposición, intensificada en las últimas semanas y en perspectivas de agravarse, es un factor que opera en beneficio del Gobierno. No hay una fuerza política en capacidad de capitalizar la insatisfacción ciudadana.

Y por otro lado al especializar un impuesto de 2 pesos al galón de la gasolina y el gasoil en beneficio de los transportistas, las autoridades mediatizaron un sector con gran capacidad para potenciar las protestas sociales.

El déficit presupuestario.  Uno de los más urgentes desafíos del Gobierno es lograr un incremento de sus ingresos y financiamiento para cubrir un déficit fiscal proyectado para el 2013 en RD$70,302 millones, aunque economistas temen que vuelva a acercarse a los 100 mil millones, unos porque estiman sobreestimados los ingresos y otros porque creen que estos se reducirán por las consecuencias del paquete fiscal. Ciento treinta y dos obras incluidas en el Presupuesto del 2013 requieren financiamiento por más de tres mil millones de dólares.

El otro problema grave es el energético, no solo porque sigue siendo insuficiente y caro, sino porque el subsidio se comerá este año unos 50 mil millones de pesos.

La elevación de la tarifa es  acariciada en los despachos del equipo económico, aunque el presidente Medina no quiere agregar otro elemento fuerte a la insatisfacción ciudadana.

Ese es un elemento fundamental si se quiere abrir las puertas a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que a su vez tendría repercusión en mejores condiciones para colocar bonos en el mercado internacional al menos por los mil millones de dólares ya aprobados por el Congreso.

También viabilizaría desembolsos pendientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y facilitaría inversiones extranjeras.

Como hay conciencia de que el primer desafío es mantener la estabilidad macroeconómica, evitando una mayor devaluación que repercuta en el exterior, en  ámbitos cercanos al presidente Medina se golosean dos fuentes de alivio: renegociación de contratos energéticos y sobre todo el de la Barrick para buscar un mayor ingreso desde el primer año por las recién iniciadas exportaciones de un oro que seguirá imperando en el mundo a consecuencia de las crisis de la economía internacional.

Ninguna de las dos serían tareas fáciles, pero cualquiera de ellas redundaría en fortalecimiento de la imagen de un Gobierno que pretende rectificar inequidades e iniquidades.

El tiempo de Danilo.  El presidente Danilo Medina precisa de algunos éxitos importantes en materia económica para afianzar su liderazgo, descartando que pueda buscarlos en el combate a la corrupción o que lo dejen alcanzarlos siquiera en una drástica reducción del dispendio, duplicidades y repartos.

Hasta ahora el mandatario ha tenido éxito en proyectar una imagen rectificadora del despilfarro. La modestia y sencillez con que se ha manejado, renunciando a viejos signos del poder, como la instrumentalización clientelista de las cajas navideñas, y la  considerable reducción del dispendio gubernamental y el mejoramiento de la calidad del gasto, le han ganado reconocimientos.

El mayor de todos por el cumplimiento de la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto a la educación preuniversitaria.

Hay quienes esperan importantes cambios de funcionarios y otras disposiciones que reafirmarían el liderazgo del mandatario, de forma que nadie dude que este es el tiempo de Danilo y que su gestión no depende del liderazgo o el poder de su antecesor y nuevo caudillo del partido gobernante.

Aparentemente Fernández insiste en mantenerse activo compitiendo por el escenario político, como lo evidenció al entregar personalmente cajas de comida y bebida navideña por un monto que los mismos repartidores estimaron en 80 millones de pesos, pero sin decir quién lo financió.

El protagonismo de Leonel es determinante de la necesidad de Danilo reafirmarse cuanto antes como líder nacional, porque lo que no pueda hacer en el 2013, le resultará más difícil en el siguiente, ya que para entonces comenzarán abiertamente las promociones de candidatos para el 2016.

La prohibición de la reelección presidencial conspira ahora contra Medina y favorece a Leonel, quien ha logrado erigirse como líder de su partido y ya se proyecta como la mejor garantía de que los peledeístas puedan seguir en el poder en el 2016.

Posible impacto recesivo

Como todo paquete impositivo que busca sacar más dinero a empresarios y trabajadores, el que entra en vigencia conlleva en sus inicios un impacto recesivo. Con menor capacidad de compra las empresas industriales, comerciales y de servicios, producirán y venderán menos mientras se genera resignación y compensaciones.

Tanto economistas independientes como funcionarios del Gobierno temen los efectos recesivos, más aún si se extienden e incentivan la evasión fiscal.

Y de hecho ya en los últimos días hasta las grandes empresas comenzaron a reducir gastos publicitarios, suspendiendo contratos, hasta ver cómo y cuándo se restaura la capacidad de compra de unos trabajadores que en más de la mitad tienen un ingreso por debajo del costo de la canasta familiar.

Un reciente estudio auspiciado por las principales centrales sindicales indica que el 60 por ciento de los trabajadores en general y el 90 por ciento de los del Estado, no alcanzan a cubrir una canasta familiar que estiman en RD$25,108.

El incremento salarial es presentado en ese estudio como una salida imprescindible. El problema es que el Gobierno, como una gran proporción de empresas, carece de recursos para elevar  los salarios. Para las empresas medianas y pequeñas, que son las más empleadoras, la situación se presenta difícil porque serán impactadas directamente por los nuevos tributos.

Si las protestas se reanudan con fuerza, el Gobierno tendría que manejarse con mucha astucia para evitar echar leña al fuego. Podría verse compelido a adoptar mayores disposiciones de ahorro, atendiendo algunos reclamos como por ejemplo liquidar gran parte de los más de 300 vicecónsules y liquidar algunos de los organismos inoperantes que están en las miras de los insatisfechos.

Lo que muy pocos creen es que el sistema partidista esté en capacidad de hacer concesiones a la sociedad, como la liquidación de los barrilitos, cofrecitos y exoneraciones privilegiadas de los legisladores.

 

El infinito desorden de las pensiones

by Juan Bolívar Diaz Santana

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Desde hace años he venido denunciando las iniquidades e inequidades que se dan en las pensiones que paga el Estado, deplorando los persistentes privilegios y reclamando un mínimo de justicia para miles de maestros, enfermeras y trabajadores azucareros que tras décadas de trabajo mendigan en las calles por el derecho que les otorgan la Constitución y las leyes.

 En este mismo espacio el 30 de septiembre catalogaba como “Una casta de privilegiados” a los pensionados por la Superintendencia de Bancos hasta con 650 mil pesos mensuales, siguiendo una práctica instituida en numerosos organismos descentralizados y autónomos. También deploraba que cientos  de personas hayan sido pensionadas con asignaciones entre 25 y 50 mil pesos mensuales, sin haber trabajado para el Estado, muchos sin necesitarlas, como parte de la política de compra de lealtades, adhesiones o silencios, mientras el 87 por ciento de los jubilados estatales recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos.

 En un artículo anterior, del 22 de julio, denunciaba la flagrante violación de la Ley 379-81 que establece el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos”, cuyo artículo 2 indica que “En ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de esos sueldos”. Con las expectativas del nuevo Gobierno concluía en “cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entra como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades”.

 Durante años hemos denunciado cómo el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Banco Central, Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones estatales buscaron diversos mecanismos, algunos sin fundamento legal, para establecer pensiones privilegiadas al margen de la universalidad que plantea la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social.

Esta legislación establece el principio de la solidaridad, mediante aportes individuales a un fondo para pensionar a indigentes, lo que evaden la mayor parte de los funcionarios públicos mejor pagados. El experto en administración Cándido Mercedes ha sostenido que si esos privilegiados hubiesen estado en el nuevo régimen de seguridad social el promedio de los aportes individuales no sería 17 mil 993 pesos, sino 21 mil 575, y los fondos acumulados casi duplicarían los 182,547 millones de pesos actuales.

El decreto 616-12 del presidente Medina ha dispuesto la suspensión de contribuciones estatales a los planes complementarios que se multiplicaron en organismos públicos, y la Superintendencia de Pensiones ha mostrado disposición a hacer valer las leyes, lo que constituye un aliento a la esperanza de rectificación.

  Pero las revelaciones de los últimos días no dejan dudas sobre el infinito desorden en que han devenido las pensiones públicas y la relativización de la ética. Ahora sabemos que muchos de los pensionados privilegiados, a veces previa liquidación no contemplada en la ley, siguen cobrándolas, aunque reciben un salario por funciones públicas, incluyendo a jueces de las altas cortes.

 El diputado peledeísta Francisco Matos amenazó  con revelar una lista de 380 funcionarios públicos que cobran sueldo y pensión. Pero personas bien informadas  afirman que pasan de diez mil y que hay quienes reciben tres sueldos públicos, porque cobrando en un cargo, están pensionados por la universidad estatal u otro organismo autónomo o descentralizado y en el Gobierno central.

 El presidente Medina debería completar la rectificación del decreto 616, disponiendo cruzar las nóminas estatales para eliminar las dobles pensiones y suspenderlas a quienes siguen cobrando al Estado, práctica no solo absurda e inmoral, sino también violatoria de la Ley de Función Pública y de la Ley 379-81 cuyo artículo 11 prohíbe más de una pensión y prescribe que  si un pensionado vuelve al servicio público tiene que dejar de cobrarla. También debe cumplirse el máximo de ocho salarios mínimos y suprimir todas las que se han otorgado a personas que no tienen derecho a la misma, salvo enfermos o discapacitados. Y que en cambio se conceda pensiones  a todos los que reúnen los requisitos y que las andan mendigando. Es justicia lo que se pide.

Urge la aprobación de la Ley de Salarios

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Senado peledeísta tiene el desafío de aprobar el proyecto de Ley de Salarios para el Sector Público Dominicano, elaborado por el Ministerio de Administración Pública, el cual establece importantes regulaciones para corregir graves distorsiones y racionalizar la retribución de los funcionarios del Estado.

Ya aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados, la coyuntura es ideal para poner en vigencia las regulaciones antes que sean designados los funcionarios del nuevo Gobierno, ya que después podrían evadirlas bajo el alegato de la irretroactividad de la ley, más aún cuando la sociedad reclama una reforma fiscal integral.

Un proyecto trascendente.  El proyecto de Ley de Salarios para el Sector Público, ya aprobado en la Cámara de Diputados, fue sometido al Congreso el año pasado, tras su elaboración por el Ministerio de Administración Pública, que trabajó en el mismo durante más de dos años, amparado en su Ley Orgánica y en el Reglamento 525-09 de Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y Funcionarios de la Administración Pública.

El titular del Ministerio, Ramón Ventura Camejo, ha concentrado energías en la elaboración y promoción de la Ley de Salarios, contratando asesoría internacional y realizando numerosos seminarios y mesas de trabajo en busca de consenso con los más diversos sectores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Se amparó en la “Carta Iberoamericana de la Función Pública”, aprobada a nivel ministerial.

El objeto de la ley está en el artículo 2 del proyecto: “establecer el marco regulador de la política salarial para todo el Sector Público dominicano, definir los componentes de las remuneraciones de los cargos presupuestados y establecer el régimen de prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de intereses”.

Las normativas serían aplicables “a todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública Central y Descentralizada, funcional y territorialmente, con la única excepción de los órganos y entes previstos en la Constitución de la República, los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera y los órganos del ámbito militar y policial”.

Desde su artículo 1 propone un “Conjunto de normas y procedimientos tendentes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativos y justos en la Administración Pública” y se fundamenta en consideraciones como la de que una ley como la propuesta “aporta a la sociedad transparencia, información y control del gasto, al mismo tiempo que garantiza el derecho de la ciudadanía a la auditoría social”.

Regulaciones fundamentales.  El proyecto establece regulaciones salariales fundamentales que tendrían al Ministerio de Administración Pública como órgano rector. Entre las principales figuran las siguientes:

Ningún funcionario podrá devengar un salario mayor que los de los presidentes de los tres poderes del Estado y ningún cargo podrá recibir un salario superior al de escalones superiores.

Habrá un régimen de incentivos determinado reglamentariamente en base a principios fundamentales de gestión por resultados establecidos en los planes operativos anuales y estratégicos institucionales.

Los gastos de representación quedarían limitados a un máximo de 15 por ciento  y la asignación para combustibles a un 10 por ciento del salario, exceptuando al Presidente y el Vicepresidente de la República.

El salario de los cargos de confianza de los titulares de los órganos no podrá superar el de viceministro o subdirector general. La inflación será indexada cada tres años, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Los funcionarios no podrán percibir ninguna otra remuneración ni ejercer funciones que conlleven remuneración o prestaciones de cualquier índole, excepto la docente.

Prohíbe la asignación y el uso de tarjetas de crédito, excepto al Presidente y Vicepresidente y a los presidentes de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia.

Suprime todos los cargos de subsecretarios o viceministros sin atribuciones específicas asignadas por la ley.

Se establece una serie de prohibiciones de carácter ético, como participar en empresas que tengan contratos o convenios con el sector público, utilizar el cargo para obtener beneficios, solicitar gratificación por realizar gestiones de su cargo, obtener préstamos y contraer obligaciones con relacionados del cargo público.

Una coyuntura propicia.  El actual período de transición a un nuevo Gobierno parece la coyuntura más propicia para aprobar y poner en ejecución la Ley de Salarios del Sector Público, por cuanto se asume que serán designados nuevos titulares en la gran mayoría de los cargos, por lo que no podría alegarse la irretroactividad de la ley.

Dado que el Presidente electo ha adelantado que no reducirá el gasto público a costa de despidos de empleados, podría acogerse a la racionalidad y limitaciones de la nueva ley para eliminar desproporciones y distorsiones que causan irritación.

Como el nuevo Gobierno recibirá una crítica situación derivada de los déficits fiscales de los últimos cinco años, que totalizan cerca de 300 mil millones de pesos, y con nuevos requerimientos sociales, comenzando por la mayor inversión en educación, se verá obligado a buscar mayores tributaciones. La Ley de Salarios para el Sector Público podría operar como ablandamiento de una opinión pública que demanda una reforma fiscal, que incluya reducción del gasto corriente.

El proyecto está bajo estudio de una comisión senatorial, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados. Según ha trascendido se ponderan varias propuestas de excepciones que podrían desfigurarlo o abrir puertas y ventanas para reducir su universalidad, como se hizo con la Ley General de Seguridad Social, de la que se han exceptuado los poderes Legislativo y Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Se ha dicho que la Dirección General de Impuestos Internos es de las entidades que han solicitado ser excluidas de las regulaciones porque precisan de mayores compensaciones.

Pero eso puede ser un pretexto para dilatar la aprobación de la ley, ya que el artículo 11 del proyecto prevé un régimen de incentivos por resultados, y según el artículo 13 la escala salarial será en base a la complejidad y riesgo de la función.

Un enorme desorden salarial

El régimen salarial del sector público es un enorme desorden caracterizado por arbitrariedades como que hay funcionarios que ganan hasta diez veces lo que percibe el Presidente de la República, muchos altos cargos reciben más por gastos de representación y otras compensaciones que su salario nominal, se registran enormes diferencias en salarios de funcionarios de igual rango, hasta en un mismo ministerio y hay unos niveles salariales muy elevados autoasignados en organismos descentralizados. El sueldo del chofer  del Director de Minería, de 150 mil pesos, duplica el de algunos ministros.

El mes pasado el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) hizo público un Informe sobre Niveles de Disparidad en los salarios de la Administración Pública, con resultados alarmantes, como el de que el Superintendente de Bancos tiene un salario de 899 mil 415 pesos, diez veces los 90 mil que se le asigna al Presidente de la República y equivalente a 180 salarios mínimos estatales.

El salario promedio de los seis superintendentes es de 537 mil 874, pero hay uno, el de Salud y Riesgos Laborales que solo percibe 333 mil 500 pesos.

En la nómina pública 7 ministros tienen sueldos de 75 mil pesos, mientras otros 7 ganan más de 200 mil, incluyendo a tres con 300 mil pesos, es decir cuatro veces más. Muchos directores generales y titulares de institutos gubernamentales duplican y triplican salarios de ministros. Los sueldos de 15 directores generales oscilan entre 60 mil y 522 mil, aunque el promedio entre ellos es de 179 mil 778, lo que implica distorsiones hacia arriba y hacia abajo.

El informe de PC muestra que la irracionalidad afecta también los salarios en niveles medios de la  administración pública.

Así, el promedio de los encargados de Recursos Humanos en 12 ministerios estudiados es de 79 mil 833 pesos, pero 4 reciben 52 mil pesos o menos, mientras otros 4 entre 100 y 130 mil.

El de Educación, que tiene casi 90 mil empleados a su cargo, recibe 67,835 pesos, mientras el de Relaciones Exteriores, con dos mil empleados, gana 130 mil pesos.

Se registran iguales disparidades entre encargados de Informática, consultores jurídicos, relacionistas y hasta en los choferes.

En una muestra de 12 encargados de Compras y Contrataciones de los ministerios se estableció la existencia de  11 sueldos diferentes.

El promedio de los salarios de 72 titulares de entidades públicas equivale a los de 25 profesores y a los de seis médicos.

Con tal panorama, la aprobación y cumplimiento de la Ley de Salarios del Sector Público sería casi una revolución.

 

Danilo se ganó su oportunidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Más allá de las reservas por la apabullante presencia del Estado en su campaña electoral, Danilo Medina Sánchez acumuló suficientes méritos para alcanzar la Presidencia de la República, con un vigoroso discurso propositivo y promesas de cambios para compensar el desgaste de ocho años de su partido en el poder.

Con la experiencia de seis años como virtual primer ministro en los gobiernos de Leonel Fernández, hubo de emplearse a fondo con inteligencia emocional, tenacidad  y paciencia para ganar la candidatura superando un intento continuista sin que se fracturara la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

No lo deben subestimar.  Danilo Medina Sánchez fue el gran subestimado de la campaña electoral, por parte de sus opositores que pretendieron ignorarlo centrando sus dardos en el líder del PLD Leonel Fernández, como de los integrantes del grupo hegemónico gubernamental que se empeñaron en demostrar que ellos eran la garantía del triunfo.

Es posible que sin el apabullante respaldo gubernamental la candidatura peledeísta no hubiese salido adelante, pero Medina puso ingredientes sin los cuales el peso muerto del desgaste y las insatisfacciones generadas por ocho años seguidos de gobierno hubiesen provocado otro resultado.

Fruto de la ardua lucha que tuvo que librar para alcanzar la candidatura, el  peledeísta pudo reunir un grupo de los mejores cuadros de su partido y orquestar un “sector externo” que incorporó a destacados profesionales, empresarios y técnicos sin compromisos partidarios que lo ayudaron a neutralizar la animadversión ganada por las principales figuras del gobierno y a sustentar sus promesas de cambios.

Al igual que en la campaña interna por la candidatura, en la lucha por la presidencia, el economista sureño tuvo que desplegar la mayor paciencia para subordinar todo asomo de sentimiento, pasando por alto prepotencias y subestimaciones para no perder el objetivo fundamental de ganar la elección. A diferencia de su principal competidor, no cometió el menor exceso verbal, aunque tuviera que hacer concesiones que a veces parecían excesivas.

La lucha por obtener la candidatura del PLD permitió a Danilo poner a prueba la paciencia, tenacidad e inteligencia emocional necesarias para convertirse en presidente  de una nación. Con esas virtudes y la ayuda de la sociedad en general, se impuso al inconstitucional proyecto continuista del presidente Fernández, y luego sorteó las emergentes precandidaturas  del vicepresidente Rafael Alburquerque y de la primera dama Margarita Cedeño. Al escoger a esta para la vicepresidencia, cuando se temía  contraproducente, garantizó la unidad de su partido y el apoyo del presidente Fernández y de los ingenieros financistas de la política.

 La urgencia de cambios.  Con tantos poderes amarrados como terminará su gestión el presidente Fernández, gracias a su extraordinaria capacidad para repartir favores, es obvio que su sucesor corre el riesgo de quedar atrapado bajo su sombra, como advirtió la revista especializada The Economist. Sobre todo siendo del mismo partido en el que el mandatario saliente conservará el liderazgo.

Pero eso mismo puede ser una razón para que el nuevo ejecutivo busque poner su sello personal desde el primer decreto, que habitualmente es el que designa el gabinete. Es probable que no pueda romper las amarras, pero pondrá su propio sello, como ha ocurrido tantas veces en la historia y muy recientemente en Colombia y Brasil, donde los presidentes Juan Manuel Santos y Dilma Rousseff incluso han despedido por corrupción a funcionarios leales a sus antecesores.

En la distancia que guardó en los últimos seis años, y por sus contactos cercanos con amplios sectores, Danilo Medina ha podido calibrar el nivel de insatisfacción con la gestión de su partido, y prometió más en privado que en público, por razones obvias, que haría cambios significativos, de personas y prioridades, en el gasto, la transparencia y el rechazo a la corrupción. En esa dirección firmó compromisos con la Coalición por la Educación Digna, con la Asociación de Industrias y con Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

La decadencia que registra la votación del PLD en las últimas  dos elecciones presidenciales que cayó del 49 al 37.7 por ciento, será un buen argumento para fundamentar la necesidad de cambios en el gobierno de Medina, aunque el presidente Fernández se adelantó a reclamar méritos atribuyendo a su gestión el nuevo triunfo de su partido. Una de las interrogantes imposible de responder es cuántos de los votos registrados por el partido morado provinieron del sector externo armado por Danilo, que al final se llegó a cuantificar en más de dos mil grupos, aunque obviamente una parte de ellos hubiese votado por otro candidato oficialista.

Sin demasiado expectativas.  Las esperanzas de cambios con el nuevo gobierno quedaron de manifiesto en las homilías del Jueves de Corpus Christi, del cardenal Nicolás López Rodríguez y del arzobispo de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa. El primero imploró para que Medina encuentre la vía de ejecución de su discurso, señalando la prioridad de atender la inseguridad, el empleo, la equidad y la educación.

El arzobispo santiagués fue más explícito al señalar que el nuevo Presidente no deberá tener miedo a la hora de enfrentar  males fundamentales como la delincuencia y la corrupción, mientras exhortaba a protegerlo de los que sólo buscan bienestar propio, recordando que será Presidente de todos los dominicanos.

Al presidente electo hay que dejarlo que arme su gobierno, lo que en sí mismo será una tarea ardua y delicada, ya que Leonel Fernández acostumbró a mantener los principales dirigentes del PLD al frente de algún segmento del Estado y a muchos no será fácil convencerlos de que den oportunidad a otros sin que formen un bloque de oposición interna al nuevo régimen.

Por donde quiera que se le analice no es recomendable que se forjen grandes expectativas de cambios. Medina recibirá las arcas del Estado con un grave déficit presupuestario fruto del gasto desenfrenado de los primeros cinco meses del año y su equipo económico tendrá que empezar por la desagradable y difícil tarea de montar una auténtica reforma fiscal, no simplemente tributaria como en la última década, que reclaman todos los sectores y que esta semana la presidenta de la Asociación de Industrias rechazó que pueda emprenderla el gobierno saliente.

El escenario internacional desfavorable y los déficits fiscales y de balanza de pagos del país, sin perspectivas de tanto financiamiento como en los últimos siete años, obligan a multiplicar los panes y los peces sin poder despedir burócratas, como ya advirtió el Presidente electo. Y tiene el agravante de que no podrá echar la culpa de sus dificultades al gobierno anterior, como es tradición.

En favor de Danilo Medina hay que apuntar los tres discursos positivos que ha pronunciado después de su elección, el 21 de mayo en la casa nacional de su partido y ante la tumba del fundador Juan Bosch, y esta semana al recibir el certificado de presidente electo. Humilde y abierto a la concertación y a la rectificación.-

    El tiempo de Danilo

Cuando fue proclamada su candidatura presidencial en Santiago, Danilo Medina proclamó que había llegado su tiempo, y ha insistido en que se preparó durante muchos años para asumir la responsabilidad de dirigir la nación con su propia impronta y con aspiraciones de no pasar desapercibido.

Aunque se le atribuyen limitaciones carismáticas, al presidente electo se le reconoce como un gran estratega y trabajador de la política. Fue de los que colocó los primeros ladrillos para las negociaciones que permitieron al PLD heredar el poder político de Joaquín Balaguer. Jefe de las campañas electorales que llevaron a Fernández al gobierno en 1996 y 2004, se constituyó en el armador político del régimen.

Durante el período 1996-2000 y del 2004 al 2006, fue un virtual primer ministro del Gobierno y desde esa posición hizo los amarres partidarios y externos suficientes para estar en capacidad de alcanzar la candidatura y ganar la presidencia. No midió con certeza el liderazgo caudillista del presidente Fernández cuando tropezó con él al pretender la candidatura presidencial para el 2008, pero asimiló el golpe, y con paciencia siguió trabajando y esperando el tiempo necesario para reflotar, desestimando las opiniones de quienes le urgían a un papel más protagónico..

Medina pagó tributo ante el nuevo caudillo de la tradicional política dominicana, pero quienes lo han tratado con intensidad sostienen que tiene la voluntad y la decisión de labrarse su propio camino. Se afirma que él es de los convencidos de que el ascenso a la presidencia abre muchas puertas en una sociedad tan presidencialista.

“Danilo Medina tiene plena conciencia del poder que retendrá Leonel Fernández después del 16 de agosto, pero no será un Presidente de la sombra”, sostiene uno de sus allegados. En su contra operará el hecho de que ahora no hay reelección consecutiva ni perspectivas de cambiar la constitución, ni tampoco elecciones de medio período que le permitan repartir para ganar control del Congreso Nacional, lo que será más limitativo teniendo al doctor Fernández con todos sus poderes como obvio aspirante a retornar en el 2016.