El primer reto de la oposición es concertar programa mínimo

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque advierten que el panorama político carga muchos elementos de incertidumbre, tras los bruscos cambios de las últimas semanas, los dirigentes de oposición reconocen que resultará muy difícil derrotar la reelección del presidente Danilo Medina, montada sobre el poder del Estado y unos quince partidos, incluidos los tres tradicionales.

Sólo una conjunción del liderazgo de oposición en torno a un proyecto de nación que responda a las graves insatisfacciones nacionales podría generar energías e ilusiones para por lo menos contener la concentración del poder que ha venido protagonizando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en base al reparto del Estado y el clientelismo.

Múltiples incertidumbres. Los bruscos cambios políticos de las últimas diez semanas arrojan incertidumbres que permiten a los analistas políticos sostener que no está definido el escenario para las elecciones del 2016, aunque se reconocen las amplias ventajas del presidente Danilo Medina para conseguir la reelección con todo el poder del Estado, reparto y clientelismo incluidos, montado sobre unos 15 partidos políticos, entre ellos los tres tradicionales.

El panorama político se complicó a partir del 19 de abril cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución para viabilizar la reelección del presidente Medina, sepultando las expectativas de retorno del expresidente Leonel Fernández. Una semana después Luis Abinader consolidó su emergencia de los últimos años, al vencer abrumadoramente en una ordenada elección primaria al expresidente Hipólito Mejía.

No pasaron tres días para que Leonel se viera abandonado por sus legisladores después de proclamarse guardián que evitaría la reforma de la Constitución y en mayo Danilo le conquistó casi todos sus legisladores, sumó de inmediato a los de los otros dos partidos tradicionales, el Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) para ejecutar una “casi mágica” reforma constitucional que a la vista de toda la sociedad conllevó un costo económico e institucional invaluable.

La “conquista” reeleccionista de unos 40 diputados, que eran el patrimonio político que le quedaba al presidente del PRD Miguel Vargas, obligó a éste a precipitar la renuncia a su candidatura presidencial, en junio, a 11 meses de los comicios, anunciando un brumoso pacto con el partido de gobierno que el presidente Medina ni ningún dirigente del PLD ha definido.

Cambios muy abruptos. En apenas dos meses la caída del liderazgo de Leonel arrastró a Vincho Castillo, reducido al romper con Danilo y su gobierno, la fuerte emergencia de Abinader dejó fuera de juego a Hipólito, quien sin embargo quedó mejor parado al aceptar el dictamen democrático, lo que a su vez precipitó a Vargas. Sólo después de todo eso y aparentemente compelido por el costo político de la imposición de la reforma constitucional, fue que el presidente Medina abrió la boca para tratar de justificar su cambio de criterio sobre lo nefasta de la reelección en la historia nacional.

De repente el país se encontró con un acontecimiento sin precedente: la anunciada alianza de los tres partidos tradicionales, rivales de medio siglo, precipitada con tanta anticipación a las elecciones, sin que el candidato común (Danilo) los haya convocado públicamente y sin definir sus bases ni objetivos.

El tres en uno confronta aún muchas incertidumbres: aunque los legisladores del PRSC respaldaron la reelección de Medina, su candidato presidencial, Quique Antún, funcionario del gobierno, dice que aún no hay nada definido, mientras al interior del PLD se teme el incumplimiento de lo pactado entre danilistas y leonelistas y toma fuerza el rechazo al reparto y reservas de las candidaturas congresuales y a las alcaldías. En tanto en lo que queda del desangrado PRD, se disputan el favor de los peledeístas esperando que les garanticen mantener posiciones, difícil en el caso de los diputados por el voto preferencial.

Remotas posibilidades. Nadie puede pretender que será fácil estructurar una opción electoral que en diez meses pueda desplazar el inmenso poder de la plataforma reeleccionista, aunque también con debilidades y rechazo. Está de por medio el desgaste del PLD tras 12 años de gobierno, por lo que algunos prevén la posibilidad de un escenario de cambio como el que se montó en 1978 tras los también 12 años del gobierno de Balaguer, derrotado pese al abuso de todo el poder del Estado, incluyendo un consorcio empresarial que ya no existe y la superada participación política de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ya en las elecciones del 2012 el PLD redujo su votación al 38 por ciento, perdiendo como partido 199 mil votos en relación a las del 2008, y dependió de sus aliados para alcanzar el 51 por ciento, pese a haber gastado más de 150 mil millones de pesos, más de un tercio de excedente por encima del presupuesto nacional.

Una alternativa tendría que apostar a reducir al PRD al 1 por ciento que obtuvo el PLD con Juan Bosch en 1978, a conquistar gran parte de los 700 mil nuevos votantes, y a capitalizar las insatisfacciones con una gestión de 16 de los últimos 20 años, que no ha reducido la pobreza ni resuelto las deficiencias de los servicios básicos, ni garantizado seguridad ciudadana y que ha sido catalogada con un nivel de corrupción sin precedente.

La difícil concertación. Todos aceptan que para ganar credibilidad tienen que superar el simple sorteo de candidaturas, con firme compromiso de un plan de nación que cambie el modelo de desarrollo, el reparto del Estado y la corrupción y que cree la ilusión de un cambio de rumbo de la sociedad dominicana. Tanto los que promueven la “Convergencia por un Mejor País”, encabezada por el PRM, como Guillermo Moreno, Max Puig, Eduardo Estrella, y Minou Tavárez han planteado la necesidad de dar fundamento programático a una nueva opción. Pero ninguno ha convocado formalmente al resto, sea a una concertación, convergencia o mesa de diálogo que vienen postulando hace más de un año.

Es obvio que todos han invertido gran parte del tiempo en constituir o reactivar sus propias plataformas partidarias, y algunos, como el PRM, trabajan en sus bases programáticas, pero el tiempo se les agota para iniciar una batalla tan cuesta arriba contra una maquinaria de poder encarnada en una corporación política absolutista. Están los grupos progresistas que han fracasado en numerosos intentos de concertación electoral.

No faltan quienes conciben el frente opositor como un simple apoyo a las aspiraciones individuales, y el otro extremo de los que quisieran un programa revolucionario irrealista en un escenario dominado por el conservadurismo y la desmovilización popular que podría conducir al aislamiento y de nuevo a la insustancialidad del 1 por ciento de los votos. Pero no hay dudas que requerirían un programa mínimo que los vincule a las amplias capas sociales insatisfechas.-

 

El empinado camino de la concertación

Por Juan Bolívar Díaz
TEMA DE HOY

Crece en el país la convicción sobre la necesidad de concertación para constituir un amplio frente que detenga el proceso de monopolización del poder, por lo menos con una nueva composición del Congreso Nacional sino puede producir una alternabilidad a los últimos tres períodos de gobierno, llamados a prolongarse por siete más.

Guillermo Moreno acaba de proponer una mesa de concertación sobre bases bastante parecidas a la plataforma de la Convergencia por un Mejor País, por lo que nadie entiende las razones por las que no se materializa, a no ser el predominio de la vocación individualista prevaleciente en los sectores progresistas y de izquierda.

El diálogo de Guillermo. El jurista Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, y una de las reservas éticas de la política nacional, acaba de proponer una “mesa de diálogo y concertación política” para dar fundamento programático a la concertación o convergencia planteada por otros para cambiar el curso político, económico y social del país. Comparte el criterio de que por el monopolio del poder prevaleciente, “ningún sector político, por sí solo, puede desplazar el partido gobernante y su proyecto de perpetuación en el poder”, que el presidente del PLD, Leonel Fernández ha proyectado por lo menos hasta el 2044.

Moreno sostiene que “Al partido gobernante nadie le podrá derrotar en el terreno del clientelismo y de las prácticas políticas tradicionales. No se le va a derrotar por el número de siglas que se sumen en acuerdos de cúpulas o por proclamas o programas formales de los que luego nadie se acuerda y mucho menos respetan”.

La condición esencial para participar en el diálogo que propicia “es que haya identidad en la necesidad de un cambio político para producir un cambio de rumbo”. Precisa que la mesa “tiene que avanzar para producir a la brevedad posible un acuerdo de mínimos que vaya construyendo puentes de conexión e identidad con y desde la ciudadanía”. Que se debe concertar la ampliación de los derechos a una educación de calidad, a la salud, la seguridad social, el trabajo decente, el salario justo, el transporte seguro, a la vivienda y la alimentación.

Guillermo Moreno deja bien claro que la concertación no puede ser “para un desplazamiento puro y simple del partido gobernante, sin asumir expresamente el cambio de modelo y comprometerse a hacer las reformas y transformaciones que le den un nuevo rumbo al país”.

Ni tanto ni tan poco. Cualquier concertación que aspire a capitalizar el descontento político de amplio espectro tendría que partir de una base de reformas que contenga el deterioro económico, político y social, que reivindique la institucionalidad democrática y se comprometa muy concretamente a desmontar la parcelación y reparto del Estado, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, y plantee el imperio de la ley.

No puede ser una lista de propósitos generales, sino una enunciación programática que, por ejemplo, implique el compromiso de todos sus candidatos a eliminar los barrilitos, cofrecitos, nominillas, sueldos y pensiones privilegiadas que llegan a implicar hasta dos cientas veces el salario mínimo estatal, limitación de los vicecónsules, embajadores y altos cargos y organismos gubernamentales parasitarios.

Sin pretender una revolución socialista ni un proyecto autoritario al estilo venezolano, la Concertación o Convergencia debe programar la reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso al estilo brasileño, refundar la República en el cumplimiento de la Constitución y las leyes y en el fortalecimiento de las instituciones, como el Poder Legislativo, con reformas que reencausen los partidos políticos y desmonten la manipulación de los órganos judiciales, el ministerio público y los organismos de control.

No pueden ser unas cuantas páginas apresuradamente hilvanadas, pero tampoco un ampuloso programa que distraiga la oposición mientras los aspirantes a la continuidad saturan la ciudadanía de propaganda, con un aparato mediático que genera fatalismo y resignación. El concierto no puede ser determinado por una sola fuerza, por más masas que aporte, pero tampoco se puede ignorar la realidad de la diversidad.

Liderazgo y candidatos. Lo primero que requiere todo proceso de concertación es de líderes en capacidad de dirigirlo, sobreponiendo los intereses personales y grupales para armonizar el conjunto y generar una sinergia que cree nuevas ilusiones más allá del entorno partidario en amplios segmentos sociales insatisfechos, abstencionistas o resignados ante el deterioro de la política partidista y del ejercicio gubernamental.

La Convergencia podría contar con múltiples aspirantes a candidaturas en todos los niveles, pero para escogerlas es fundamental un liderazgo con autoridad moral y en disposición a dar ejemplo de renunciamiento. El antecedente a tener en cuenta sería el del frente que venció a Balaguer en 1978, bajo el liderazgo de Francisco Peña Gómez. El poder del peledeísmo en el poder es tan apabullante como el que encarnaba Balaguer en su período gubernamental 1966-78, que el PRD solo no hubiese podido relevarlo.

Sólo después de pasar por un diálogo como el propuesto por Moreno, convocando a todas las fuerzas políticas y sectores interesados, con bases programáticas para el cambio de rumbo, deberían discutirse candidaturas de Convergencia. Para politólogos como Rosario Espinal la escogencia de la candidatura presidencial no puede implicar una larga campaña ni luchas que frustrarían la concertación y generarían incertidumbres y desconfianzas.

Algunos favorecen una consulta popular con el padrón de electores, exceptuando a los militantes de los partidos del frente gobernante. Hay quienes plantean una “encuesta jumbo científica” primero con todos los aspirantes y si nadie logra más del 50 por ciento, una segunda rápido con los dos preferidos. Los 32 candidatos a senadores deberían escogerse por consenso del liderazgo del frente opositor, incluyendo a representantes de cada partido y a personas relevantes de los diversos ámbitos sociales, mientras para diputados y cargos municipales debería imperar la votación democrática de las jurisdicciones, guardando la cuota propuesta del 25 por ciento para representación de las minorías.

Fraguar esa concertación no luce fácil. El desafío es fuerte para los que quieren una opción alternativa, favorecida en los más diversos sectores nacionales, unos por cansancio de la gestión peledeísta de tres períodos consecutivos y cuatro de los últimos cinco, y otros por temor al regreso del doctor Leonel Fernández, por el poder que concentra, por el desastre fiscal y la corrupción en que dejó el país y las dudas de que pueda gobernar sin repetirlos.-

 Bastantes coincidencias

Tras esos planteamientos se debe asumir una respuesta pública de los sectores que promueven la Convergencia por un Mejor País, dada la coincidencia con la agenda programática que ésta proclamó en su asamblea del 6 de julio, cuando llamó a concertar un cambio político “que no sólo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y de la sociedad dominicana”.

No sobran las advertencias de ambas partes, puesto que el pragmatismo político que se ha apoderado del sistema partidista lleva a muchos a una simple disputa por alcanzar el poder para reproducir, como ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente, los modelos excluyentes, conservadores, corruptores y personalistas que han marcado la historia nacional desde la fundación de la República.

La plataforma de la Convergencia fue proclamada por ocho agrupaciones políticas, una de las cuales, el Frente Amplio, ya es la conjunción de otras tantas de la izquierda que se conformó para las elecciones del 2012. Entre los convergentes está el Parido Revolucionario Mayoritario (PRM), constituido por los principales líderes y dirigentes nacionales del dividido Partido Revolucionario Dominicano, lo que aportaría perspectivas de masas a un frente opositor, pero también podría transportar la vocación divisionista y los vicios del viejo sistema de partidos que muchos quieren desplazar.

Con el agravante de que los agrupamientos de la izquierda y personalidades progresistas no han sido inmunes a las prácticas seudo democráticas, los individualismos y la renuencia al concierto, como se ha demostrado en los intentos de concertación para las dos anteriores elecciones presidenciales. Para la última, Alianza País que postulaba a Guillermo Moreno, el Frente Amplio, con Julián Serulle, Alianza Por la Democracia, que llevó a Max Puig, Dominicanos por el Cambio, postulando a Eduardo Estrella, y el Partido Democrático Independiente, con Ismael Reyes, pasaron más de un año barajando una concertación que al final fracasó. Sólo Moreno pasó del 1 por ciento en la votación del 2012, con 62 mil 290 votos, 1.37 por ciento.

 

La seguridad social reta la concertación

Por Juan Bolívar Díaz
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A casi seis años de ser instaurado el sistema de salud del fundamental régimen contributivo hace agua por diversos flancos en medio de la incapacidad de sus rectores y actores para operar un gran acuerdo nacional fundado en la concertación de Gobierno, empresarios y trabajadores.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), máximo órgano rector del sistema, ha devenido en una torre de babel zarandeada por intereses sectoriales y con escaso liderazgo de quienes tienen la misión de defender una de las mayores  conquistas de la sociedad dominicana.

Un limitado balance. Los rectores del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sus actores sectoriales se sienten satisfechos con haber alcanzado una cobertura de salud del 52 por ciento de la población, con 2.9 millones de afiliados al régimen contributivo y 2.3 millones en el subsidiado, para un total de 5.2 millones de personas, pero la insatisfacción se generaliza en la población que cada vez tiene que pagar mayores cuotas adicionales para recibir una limitada cobertura de servicios médicos y de medicinas.

El mayor éxito del sistema parece ser la acumulación de 210 mil millones de pesos por las contribuciones de  empresarios y empleados para el  sistema de pensiones, pero su rentabilidad ha sido limitada, apenas por encima de la inflación acumulada en una década de implementación, en su mayor parte depositados en el sistema financiero cubriendo déficits del Banco Central. Tendrán que pasar muchos años aún para ver su eficiencia cuando los afiliados puedan comenzar a acceder a pensiones.

Por razones políticas los ejecutivos del SDSS con el Gobierno a la cabeza hicieron mucho énfasis en registrar una alta proporción de afiliados al seguro de salud mediante el régimen subsidiado.

Sin embargo, han ignorado el mandato legal de instituir el régimen mixto, (contributivo-subsidiado), a pesar de que en éste los beneficiarios estarían llamados a pagar una parte de su costo. Esa deficiencia conspira contra el 57 por ciento de la población que tiene un empleo informal.

Siempre se ha aducido que es más difícil implementar el régimen mixto, ya que en alta proporción sería de empleados independientes o de micro y pequeñas empresas, lo que es cierto si se compara con el contributivo que abarca a las medianas y grandes empresas, así como a las instituciones estatales y sociales. Pero la explicación se cae al comparársele con el régimen subsidiado, que es absolutamente individual y no paga.

  Ampliación del plan básico. Un proyecto de ampliación del Plan Básico de Salud, presentado al Consejo de la Seguridad Social el 8 de julio por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la amenaza de la Asociación de Clínicas Privadas de suspender los servicios a todos los usuarios si no le elevan las tasas, han detonado nuevas tensiones en el sistema.

Ya provocó un agrio intercambio de cartas entre el superintendente Fernando Caamaño y la directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, originado en respectivas entrevistas en el telediario Uno+Uno.

El proyecto de la SISALRIL responde a dos resoluciones del CNSS de junio del 2012 y de abril pasado,  y propone 3,708 nuevos servicios, medicamentos y procedimientos quirúrgicos, pero para financiarlos plantea la indexación de la cápita por inflación acumulada de 8.08 por ciento, al mismo tiempo que una elevación de 418 pesos mensuales por afiliado, en tres etapas entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Además un insignificante ajuste de 3.99 pesos mensuales por afiliado a la prima por accidentes de tránsito, que las aseguradoras están renuentes a cubrir.

En su entrevista por Teleantillas, y en una comunicación remitida a la presidenta del CNSS, Nélsida Marmolejos toma con poco entusiasmo la propuesta de Sisalril para ampliación de los servicios, argumentando que en muchos casos se trata de identificación de procedimientos que estaban cubiertos por paquetes. Centra su atención en el rechazo de la indexación de la cápita y de la elevación de los costos de los servicios y la prima de accidentes. Tiene razón en rechazar una elevación del 61 por ciento por los tres ajustes a la cápita actual de RD$788.58.

Caamaño auspicia el reajuste convencido de que sin el mismo no habrá expansión de los servicios, a menos que  se combata frontalmente (cosa que duda) la evasión y la elusión que practican muchos empresarios y organismos estatales, como ayuntamientos, lo que él tiene en serias dudas. Asegura que muchas empresas declaran salarios hasta por la mitad del promedio de unos 7 mil pesos de los salarios mínimos, mientras los altos salarios públicos y privados quedan fuera del sistema.

  Voluntad y liderazgo. El SDSS es definido como una inmensa torre de babel, demostrativa de la incapacidad de la sociedad dominicana para concertar en asuntos fundamentales. Un agudo conocedor del mismo lo definió así: el Gobierno pone la dirección, ministros, gerentes, los patronos tienen la tesorería, las aseguradoras cuentan con la SISALRIL, los bancos con los fondos de pensiones, y los sindicatos con la DIDA.

Es convicción general que después de Milton Ray Guevara, el primer presidente del CNSS, como ministro de trabajo, sus sucesores Ramón Fadul y la actual Maritza Hernández, han llegado al cargo con escaso conocimiento del sistema y menos voluntad política para liderarlo. El consejo ha devenido en un ente que no decide al no poder concertar, lo que es fundamental, ya que los tres sectores que lo integran, el público, los empresarios y los sindicatos tienen capacidad de veto.

La insostenibilidad financiera del sistema de salud está determinada por el pecado original de no haber implementado, como manda la ley, el nivel primario de atención, ni siquiera el Ministerio de Salud Pública ha centrado su atención en ese asunto primordial para reducir los costos. Las sociedades médicas resisten su implementación e imponen sus tarifas a través del copago.

 El silencio sindical. Todos los sectores saben del subregistro de salarios y las evasiones. Empresarios justifican lo primero alegando que se trata de empleados de medio tiempo o por hora, especialmente en zonas francas y turismo. Pero en cualquier caso, están cotizando hasta menos de la mitad pero hay que darle servicios iguales a quienes cotizan como empleados de tiempo completo.

En el fondo hay nostálgicos que todavía sueñan con un seguro estatal sin negociar con la salud, que nunca funcionó, que discuten la indexación por inflación que defienden en los salarios, y sectores empresariales que han maximizado sus beneficios y pretenden inflar el globo hasta los límites de la explosión, contando con que ningún gobierno va a cargar  con esa responsabilidad.

Y ahí están los sindicalistas, llamados a representar el interés de los trabajadores,  pero que han perdido hasta la voz de denuncia, con sus cuotas de cientos de empleos y financiamientos para actividades sindicales.

El mejor ejemplo de su irresponsabilidad fue cuando en diciembre del 2010 acordaron que el Consejo devolviera 9,995 millones de pesos del fondo de riesgos laborales. Ellos recibirían 60 millones de pesos para emplearlos en programas de capacitación, a los empresarios se les acreditaban RD$6,982 millones  y al Gobierno le devolvían RD$3,123 millones.

A instancia del Colegio Médico, un tribunal de amparo anuló meses después la resolución del CNSS, pero ya la voracidad de gasto del Gobierno de Leonel Fernández había dispuesto de su cuota y hasta ahora nadie ha reclamado la devolución.

Diagnósticos pesimistas

Los diagnósticos que se formulan coinciden en señalar que el Sistema de salud ha entrado en una etapa de insostenibilidad, que las aseguradoras estatales, Seguro Nacional de Salud (SENASA) Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y Seguro Nacional de Maestros,  están en quiebra técnica o en serias dificultades.

SENASA ha sido manejada con criterios de competitividad, pero en desventaja al cargar con los pensionados del Estado y ofertando una mayor cobertura de servicios que las aseguradoras privadas, El desastre lo constituye el IDSS que sigue siendo un patrimonio político que el gobierno entregó hace 9 años al doctor Sabino Báez.

La Ley que crea el SDSS, 87-01, otorgó un plazo de gracia de cinco años al IDSS para que pudiera transformarse en una eficiente administradora de riesgos y proveedora de servicios de salud en capacidad de competir con las de carácter privado. A pesar de haber partido con una alta proporción de afiliados y la más grande red de instalaciones y equipos fuera del ministerio de Salud, doce años después el Instituto languidece y si no ha desaparecido es por el subsidio  del Estado.

En el ámbito privado han desaparecido o se han fusionado con otras, media docena de las aseguradoras creadas originalmente, las últimas la SDS y La Colonial de Seguros asumida por la Universal de Seguros, una de las tres que van concentrando la población asegurada. Mientras fueron suspendidas aseguradoras de entidades autónomas del Estado, como a UASD.

Se denuncia una infinidad de maniobras para reducir el alcance de los servicios de salud, o dilatarlos, mientras la asignación de 2 mil pesos anuales como límite de cobertura de medicamentos, que siempre ha sido pírrica, es cada vez más insuficiente por el aumento sistemático de sus costos. Por su parte los médicos especialistas cada vez imponen mayores cuotas como copago por sus servicios. Todo ello genera una creciente insatisfacción de los usuarios que saturan de quejas la Dirección de Información y Defensa de los afiliados (DIDA), una de los ejes del sistema y probablemente el menos financiado.

 

Urgente concertación política

Por Juan Bolívar Díaz
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La crisis en la gerencia del sistema informático  de la Junta Central Electoral (JCE) que se ha extendido a la importante Junta Electoral de Santiago, y la irrupción de narcotraficantes en la extensa y costosa campaña electoral dominicana, más la urgencia de adecuar la legislación y los nuevos órganos electorales al marco constitucional instituido en enero del 2010, están demandando una urgente concertación del liderazgo político.

 Las expresiones de Monseñor Agripino Núñez Collado al término de la última reunión entre los secretarios generales y delegados electorales de los dos partidos mayoritarios, indican un fracaso en los intentos de concertar una solución al conflicto originado en la dimisión del administrador general del Sistema Informático de la JCE, Miguel Angel García, complicada con la cancelación de un miembro de la Junta Electoral de Santiago, lo que por solidaridad generó la renuncia de otro. La recusación del presidente de la misma complica aún más la situación.

 La ausencia de concierto político en torno al arbitraje electoral pone en riesgo los avances que se habían logrado en los últimos años. Tanto la gerencia de informática como la Junta Electoral de Santiago habían sido determinadas por consenso y no se advierte una razón válida para que ahora se rompa.

 Las objeciones al ingeniero Franklin Frías como administrador del centro de cómputos de la JCE, válidas o no, han sido generalizadas desde hace una década, sólo que alternándose los actores. Si en el 2001 fueron justificadas y aceptadas cuando provenían del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, entonces en la oposición, lo mismo debe ocurrir ahora cuando la impugnación proviene de todos los partidos que no forman parte del gobierno.

 No se puede ignorar que ahora hay agravantes. A García lo hicieron saltar de la  gerencia general creada para subordinar a Frías. Y saltó cuando no encontró respuesta del presidente de la JCE a sus interrogantes después que su subordinado dirigió una circular a todo el personal en la que se autoproclamó jefe máximo del organismo. Todo lo dejó documentado García al publicar su dimisión.

 Hay que restablecer el consenso partidista en torno a la JCE. Poner a Frías sobre el mismo sólo sirve para incentivar desconfianzas e incertidumbres. La concertación es más urgente porque sin ella no será posible aprobar el proyecto de reformas electorales  elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que por constituir una ley orgánica requiere dos tercios de los votos de las cámaras legislativas que nadie tiene.

 El concierto es preciso también para que la urgente institución del Tribunal Superior Electoral no eche combustibles sobre el fuego. Lo mismo para la aprobación de los reglamentos operativos del mismo, que tomarían tiempo. Ya empiezan a acumularse expedientes en el proceso electoral por ausencia del órgano contencioso, lo que no hubiese ocurrido de haberse observado el mandato transitorio de la Constitución que mantenía los antiguos jueces hasta la constitución de los nuevos órganos electorales.

 La ocurrencia de un acusado de narcotráfico patrocinando un grupo de apoyo a la candidatura presidencial del principal partido opositor y la documentación de que había financiado la candidatura del actual presidente de la nación, es otro motivo para la urgente concertación, sin la cual será imposible la oportuna aprobación de los proyectos de leyes de Partidos Políticos y de reformas electorales que contemplan medidas para limitar el financiamiento y reducir los costos de las campañas.

 El sistema político debe dejarse de hipocresías y aceptar la urgencia de regulaciones. La ciudadanía consciente sabe que el multimillonario financiamiento de nuestras descomunales compañas proviene en gran proporción de fuentes ilegítimas: del robo público, del tráfico de influencias, del dinero mal habido, de la inversión que busca rentabilidad y del abuso de los recursos del Estado. Hay que poner límites, pero ya!