Subsidios “Alivian” la pobreza, sin combatirla

Por Juan Bolívar Díaz

Hasta septiembre del 2012 el Estado dominicano había destinado 40 mil 426 millones de pesos en ocho años de su programa “Progresando con Solidaridad”, con el objetivo de combatir la pobreza que afecta a más del 42 por ciento de la población, alcanzando a 2 millones 71 mil hogares.

Según las estadísticas oficiales los “subsidios sociales” alcanzan a 7 de los 10 millones de dominicanos y dominicanas, pero en proporciones tan bajas que no resuelven ninguna carencia y cuando mucho terminan estabilizando la pobreza y constituyendo una inmensa red clientelar.

Siete subsidios oficiales

Son siete los subsidios administrados por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, hasta agosto bajo la coordinación del vicepresidente Rafael Alburquerque, y ahora de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Los tres primeros fueron “Comer es Primero”, el de mayor monto, y dos para incentivar la asistencia de los niños y niñas a las escuelas y a los que alcanzan la educación superior. Luego se sumaron los bonos para adquirir gas propano para hogares y choferes y otro para energía eléctrica. En los últimos tres años fue creado el “incentivo a la Policía Preventiva”. Todas las estadísticas citadas en este trabajo provienen de la página oficial del programa que hasta el viernes sólo llegaba a septiembre del 2012. Se accede en www.solidaridad.gov.do.

El más significativo de los 7 programas es Comer es Primero, que había consumido el 57 por ciento del total: 22 mil 931.3 millones de pesos. Fue también el primero en ser implementado por la administración del presidente Leonel Fernández a partir de octubre del 2004, aunque en la gestión del presidente Hipólito Mejía que le antecedió se inició un programa para incentivar el envío de los niños a las escuelas, pero la página oficial en Internet no da cuenta del mismo.

El segundo mayor subsidio es el destinado al uso del gas propano en los hogares, implementado a partir del 2008 cuando se dispararon los precios de los combustibles, el cual ha consumido 8 mil 171.8 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del total. Empero el segundo más viejo, desde el 2005, fue el de incentivo a la asistencia escolar, para el que se han destinado 3 mil 615.9 millones de pesos, 9 por ciento. Le siguen el Bonogas-Choferes, que ha consumido 2 mil 332.7 millones de pesos, 6 por ciento, y el Bonoluz, desde el 2009, con 2 mil 188.3 millones de pesos, el 5 por ciento.

Para incentivo a la educación superior se destinaron 626.6, y para la Policía Preventiva 559.4 millones de pesos, con el l.5 y 1.3 por ciento respectivamente.

Son apenas migajas

De los 7 programas el único que tiene un monto significativo por persona es el Bonogas Choferes, pero es a la vez el que alcanza al menor número de beneficiarios, sólo 15 mil 921. Con base en los primeros 9 meses del 2012, último período incluido en la página oficial de Internet, los choferes recibieron 484.8 millones de pesos, para un total individual de 30 mil 452 pesos, 3 mil 384 pesos mensuales. Con todo trabajando 25 días del mes apenas representa 135 pesos por jornada, con los cuales pueden comprar galón y medío de gas y dos tercios de galón de gasolina corriente o gasoil.

El programa más emblemático y en el que más se invierte, Comer es Primero, recibió en los 9 meses indicados 3 mil 768.5 millones que al repartirse entre 612 mil 688 beneficiarios, tocó a 6 mil 151 pesos, sólo 683 promedio mensual. Se supone destinado a ayudar a la alimentación de una familia, pero esa suma apenas alcanza para comprar una libra de arroz por día a precio promedio de 22 pesos. Nadie se atrevería a creer que eso ayuda a una familia a combatir la pobreza, apenas una migaja para que no se mueran los que viven en la indigencia.

El programa que alcanza a mayor número de hogares, unos 766 mil 186, el bonogas, implicó en 9 meses 1,556.6 millones de pesos, apenas 226 mensuales por familia, con lo que a 98 pesos el galón, compran poquito más de 2 galones que les permitirían cocinar alimentos mínimos por un par de semanas.

Pero lo que es verdaderamente ridículo es pretender que con 288 pesos mensuales se estimula a un niño a asistir a la escuela, pues eso no alcanza para comprarle una camiseta, un plátano por día o cuatro litros de leche al mes. Son 211 mil 778 las asignaciones.

El Bonoluz alcanza a 499 mil 107 hogares, que en los 9 meses erogó 1,366.6 millones de pesos,2 mil 738 por unidad, para 338 pesos al mes, con lo que apenas se paga el consumo de bombillas. Los incentivos a la educación superior alcanzan a 27 mil 361 estudiantes con asignación, 420 pesos mensuales con lo que pagarían su transporte de 8 días cuando mucho. El incentivo a los policías representó 744 pesos por mes, unas 20 libras de habichuelas al mes.

¿El 70% de la población?

Las estadísticas oficiales plantean que los 4 programas dirigidos a la familia, sin contar los de choferes policías y universitarios, alcanzan a 2 millones 71 mil 105 hogares, y a un total de 7 millones 7 mil 456 personas, lo que representaría el 70 por ciento de la población nacional, de unos 10 millones. Ello indica que se ha pretendido abarcar a más del 42 por ciento de la población que según el informe de este año de la CEPAL vive en la pobreza.

En Comer es Primero el millón 624 mil 304 de beneficiarios en 606 022 hogares, representa 2.68 por familia, pero en bonogas los 2 millones 348 mil 341 beneficiarios en 757 mil 566 hogares, da a 3.09 por familia. Con cualquiera de las dos proporciones por hogar, si se le suman los más de 700 mil empleados y pensionados de todo el Estado, implicaría que 9 de cada diez dominicanos y dominicanas reciben alguna transferencia estatal, lo que parece un absurdo.

Sin embargo, esa proporción habría que reducirla, probablemente a la mitad, ya que en la práctica la mayoría de las familias reciben transferencias de por lo menos dos de los programas. De cualquier forma, lo que implican esas cifras es que Progresando con Solidaridad es una amplia red de reparto, con más criterio de clientelismo político y amortización de las insatisfacciones sociales que interés real de ayudar a las familias a superar el estado de pobreza, ratificando el dicho popular de que quien mucho abarca poco aprieta.

El programa de Bonogas Choferes tiene la clara intencionalidad de mediatizar a un sector determinante en las protestas sociales, por su incidencia en las tradicionales paralizaciones de ciudades. El de la Policía Preventiva es todavía menos justificable, puesto que lo corr4espondiente sería elevarles swus míseros salarios y asignaciones para dieta.

Programas bajo evaluación

Todo el programa Progresando con Solidaridad está bajo evaluación del gobierno del presidente Danilo Medina, según fuentes informadas. Desde que inició en agosto se contempla elevar las asignaciones, pero el déficit fiscal recibido lo ha impedido. Con todo pretender en lo inmediato aumentar 25 pesos promedio al de Comer es Primero.

En organismos internacionales que, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, han colaborado en la financiación y planificación de los programas, se reconoce su fracaso en cuanto no han cumplido el objetivo fundamental de impulsar la superación de la pobreza y porque no se ha dado seguimiento para ver si los beneficiarios cumplen su contrapartida, por ejemplo de enviar los hijos a la escuela. Lo mismo piensan funcionarios gubernamentales, por ejemplo del Ministerio de Economía, pero nadie quiere evaluarlos públicamente. Menos los políticos que con esas dádivas pretenden descargar sus malas conciencias.

A falta de pan, casabe, decía un consultado, señalando que nacionales y extranjeros conscientes de la ineficiencia de esa inversión, tranquilizan sus conciencias con el argumento de que por lo menos palian el hambre de los más pobres. En países como México y Brasil, donde se originaron esos programas, las asignaciones alcanzan hasta medio salario mínimo por familia, mientras aquí andan por la décima parte.

Se reconoce que en conjunto las emisiones de tarjetas para las transferencias han tenido ribetes de clientelismo político, e incluso Participación Ciudadana registró en los últimos procesos electorales que en algunos barrios los activistas políticos han utilizado los listados de los beneficiarios de subsidios para acarrearlos a las mesas de votación y tratar de influir su decisión.

Los más de 40 mil millones de pesos destinados a esos programas hubiesen servido para construir las aulas que faltan y mejorar los servicios hospitalarios. Pero habrían tenido meno efecto político.-

Preocupa un resultado electoral muy cerrado

Por Juan Bolívar Díaz
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Las últimas encuestas publicadas esta semana muestran un afianzamiento de la candidatura presidencial de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un retroceso o estancamiento de la de Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en particular la de Gallup-HOY.

Un resultado electoral tan estrecho, dentro del margen de error, como el que proyectan las encuestas independientes, además de obligar a una segunda votación, remitiría a los conflictivos resultados de la década del 90 para volver a poner a prueba la institucionalidad democrática y el arbitraje electoral.

Danilo Medina se afianza.  La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana colocó por primera vez a Danilo Medina en el liderazgo de las preferencias electorales, dejando en un segundo lugar a Hipólito Mejía, quien encabezaba los resultados desde que fue electo candidato presidencial en marzo del año pasado.

Aunque casi dentro del margen de error, el peledeísta supera en 3.5 puntos al perredeísta con miras a los comicios presidenciales de mayo próximo, con un registro de 48.7 a 45.2 por ciento. De esa forma Mejía perdió la ventaja que mantuvo hasta la Gallup-HOY de noviembre que arrojó 47.9 a 42.6 por ciento. En agosto había sido 47.9 a 33.4 por ciento.

Es significativo que Medina ha mantenido un ritmo de crecimiento en las últimas dos encuestas Gallup-HOY, mientras por primera vez Mejía ve disminuir el porcentaje de sus preferencias, cayendo 5.4 puntos. Se ratifica la tendencia que marcó otra encuesta acreditada, la Penn, Schoen and Berland a finales de enero cuando arrojó 46 a 44 por ciento a favor del candidato del PLD.

La percepción del candidato oficialista se fortaleció también con la publicación esta misma semana de la encuesta Greenberg, auspiciada por el periódico Diario Libre, donde también lidera aunque con una mínima ventaja de un punto, 47 a 46 por ciento, lo que técnicamente es un indiscutible empate.

La última encuesta del Centro Económico del Cibao, también publicada esta semana, atribuye una ventaja de 7.5 puntos a Mejía con registro de 51.2 a 43.7. Esta firma ha tenido aciertos en los últimos torneos electorales, pero como ahora trabaja para  el PRD no genera el mismo crédito, como ocurre también con varias encuestas que auspicia el PLD.

Factores explicativos.  En múltiples escenarios se andan buscando explicaciones al vuelco que marcan las encuestas, con por lo menos pérdida de la gran ventaja que atribuían hasta final del año pasado a Hipolíto Mejía, pero no es tan difícil encontrar algunos muy importantes, que es lo que deben estar haciendo los estrategas perredeístas y no conformarse con descalificar los nuevos resultados.

En primer lugar puede que estén subestimando el discurso y las capacidades políticas de Danilo Medina, a quien siempre se ha atribuido parte fundamental del mérito de que el PLD se convirtiera en fuerza política dominante, y quien lograra imponerse como actual candidato presidencial luchando contra el poder y las ambiciones del presidente Fernández, un nuevo casi caudillo del partido.

Aunque Leonel Fernández siga privilegiando la defensa de su enorme acumulación política y económica, con una campaña paralela que incluye aclamaciones  para volver en el 2016, eso pasa necesariamente por el mantenimiento de su partido en el poder, sobre todo después que Hipólito Mejía ha jurado que sancionará la corrupción.

Así el PLD ha aparecido como si hubiese superado sus diferencias, poniendo el interés partidario por encima de todo y lanzando a la calle todo el poder del Estado, en gasto legítimo e ilegítimo, en claro cumplimiento de la proclama del mandatario en septiembre pasado cuando dijo en Nueva York que invertiría 40 mil millones de pesos para lograr un nuevo triunfo electoral.

Tal vez los perredeístas también estén subestimando lo que representa el millón 800 mil tarjetas del conjunto de “programas sociales”, desde comer es primero, incentivo a la asistencia escolar, bonogás y bonoluz. Sobre todo si una maquinaria da seguimiento a esos electores, como ya se está haciendo, con visitas y por teléfono.

Otra explicación es la apabullante propaganda de la candidatura oficialista a través de todos los medios, como lo ha evidenciado la observación electoral de Participación Ciudadana en sus boletines periódicos: a diciembre 63 por ciento de todas las vallas en las carreteras principales, con 82 por ciento de las medianas y 75 de las grandes; en todo enero 70 por ciento de la inversión publicitaria (contra 20 por ciento de Mejía) en medios de comunicación, con 95 por ciento en prensa y 90 por ciento en radio. Además de un ejército de miles de comunicadores de todas las categorías pagados en todo el país y del control del contenido de varios canales, radioemisoras y periódicos.

Y mientras el PLD da la impresión de haber superado sus dificultades internas, el PRD ratifica una imagen de disoluto, esta vez con un presidente que trabaja abiertamente en contra de su candidato. Eso no afecta significativamente el voto de los perredeístas, pero sí de sectores conservadores de clases medias y altas.

Costos muy peligrosos.  Las dobles vueltas electorales conllevan un costo económico adicional no sólo en campaña de los partidos, que aquí son onerosas, sino también en la organización misma de la elección, pero sobre todo porque todavía el abuso de los recursos públicos es muy alto bajo el predicamento de que “el poder no se cede”, lo que dispara la malversación y podría poner en riesgo hasta la estabilidad macroeconómica, dadas las peligrosas perspectivas de la economía nacional e internacional.

Una segunda vuelta en las actuales circunstancias de la nación pondría en juego la institucionalidad democrática y la fortaleza del sistema electoral, con una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral bajo control del partido de gobierno, lo que remite a los escenarios de trauma electoral que prevaleció hasta 1994.

La JCE que afrontó la doble vuelta del 96 tenía una mayoría de abogados independientes y estaba encabezada nada menos que por César Estrella Sahdalá, de una honorabilidad y valor a toda prueba. El actual presidente, Roberto Rosario, llegó al cargo como miembro del Comité Central del PLD y con una mayoría bajo su control, lo que sería altamente conflictivo en un escenario de competencia cerrada. Las primeras decisiones del Tribunal Electoral, donde también hay dirigentes de partidos, contribuyen a crear incertidumbres y temores.

También las juntas electorales que rigieron los comicios entre el 2002 y 2006 estuvieron bajo control partidario, entonces del PRD, pero los resultados de esos comicios no dejaron espacio a maniobras ni alegatos. Aunque vinculados al perredeísmo, los doctores Manuel Ramón Morel Cerda y Luis Arias que la presidieron, no eran dirigentes de ese partido.

Sin duda que ahora con un mejor padrón de electores y otros avances del sistema electoral, no debería temerse el retorno a los traumas electorales, cuando las encuestas indican resultados muy estrechos, vuelven a tomar cuerpo los fantasmas de un pasado no tan lejano de arrebatos electorales.

Temores de doble vuelta

En la medida en que va subiendo la pasión política, con el primitivismo que caracteriza los procesos electorales dominicanos, aumentan las preocupaciones por una tentativa segunda vuelta que prolongaría más de un mes la campaña electoral. El numeral 1 del artículo  219 de la nueva Constitución indica que una segunda vuelta se debe realizar el último domingo del mes de junio, que este año caería el día 24.

Desde la institución de la doble vuelta en 1994, sólo en 1996 ha tenido que celebrarse, cuando en la primera votación José Francisco Peña Gómez ganó a Leonel Fernández 46 a 39 por ciento, para perder en la segunda  por 51.3 a 48. 7 por ciento.

A partir de entonces todas las elecciones presidenciales se han decidido por márgenes de votación tan amplios que no han dejado espacio a impugnaciones ni alegatos de fraude, más allá de las acusaciones de abuso de recursos estatales y compra de conciencia. En el 2000 el ganador Hipólito Mejía duplicó en la primera vuelta a Danilo Medina, con votación de 49.85 a 24.94 por ciento, resultado tan apabullante que hizo absurda la segunda votación. En el 2004 Fernández volvió a la presidencia con votación de 57 a 34 por ciento, y fue reelecto en el 2008 por 53.8 a 40.5 por ciento.

Aún en 1996 cuando la diferencia fue estrecha, el perdedor, en este caso Peña Gómez, reconoció la victoria de su contrincante en la misma noche del cómputo y antes de que éste concluyera. En el 2000 el PLD lo hizo en la noche del día siguiente después que Joaquín Balaguer, el tercer competidor y que había alcanzado casi lo mismo que el segundo, con 24.60 por ciento, rehusó someter al país a una segunda campaña electoral.