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La declaración jurada de patrimonio

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
decl jurada

Debe ser saludada y ponderada la Ley 311-14 promulgada por el presidente Danilo Medina el pasado 8 de Agosto que instituye el “Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio” con el expreso objetivo de promover la gestión ética y proveer a los órganos estatales de prevención y control de la corrupción administrativa las herramientas normativas que les permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.

La nueva ley forma parte de un paquete promovido por los senadores Charles Mariotti y Julio César Valentín como respuesta a los reclamos ciudadanos de mayores esfuerzos para prevenir y reducir la enorme corrupción administrativa que tanto ha degradado la actividad política y la gestión estatal, generando una enorme decepción y rechazo.

Se trata de un importante paso de avance en relación a la ley 82 de 1979 que establecía la declaración jurada para los altos funcionarios del Estado, pero que adolecía de mecanismos de control y sobre todo de sanciones para quienes obviaran y la burlaran.

Se otorga un plazo máximo de 30 días para presentar la declaración ante notario público, tanto al inicio de la función estatal como al concluirla, y para darle seguimiento se crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como un órgano especial de la Cámara de Cuentas.

El delito de falseamiento de datos es sancionado con penas de uno a dos años de prisión y multas de 30 a 40 salarios mínimos del Gobierno central y los funcionarios que sean responsables de enriquecimiento ilícito son sancionables con penas de 4 a 10 años de prisión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y con la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años.

Una de las novedades es que los altos funcionarios están en “la obligación de probar el origen lícito del patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente”, misma que podrá solicitar la confiscación de los bienes que no sean justificados.

Lo primero que resulta imperativo ahora es el estricto cumplimiento de la nueva ley, que debe partir de la promulgación de su reglamento, dentro del plazo establecido de 90 días.

Es obvio que esta ley puede ser otro simple pedazo de papel, o constituirse en un mecanismo más eficiente de promoción de transparencia y prevención de corrupción. Se toma con cierto escepticismo por la escasa voluntad política de sancionar la corrupción y la prevalencia de todo un sistema de impunidad.

Se acredita esta ley a las manifiestas intenciones del actual Gobierno de promover mayor transparencia y contener el enriquecimiento ilícito, lo que ha quedado en entredicho por incumplimientos importantes de la Ley de Función Pública, de la Ley de Regulación Salarial del Estado y de dos decretos de austeridad y del decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El Decreto de austeridad 499-12 responsabilizó a la Contraloría General de la República de presentar informes trimestrales de evaluación de sus previsiones, y nunca se conoció siquiera el primero. La Dirección de Ética fue encargada de solicitar informes financieros anuales a los funcionarios que debían hacer declaraciones juradas para evaluar su consistencia, lo que nunca se ha cumplido. El titular mismo de esa dirección, doctor Vincho Castillo, presentó una declaración jurada a todas luces ridícula que fue objeto de cuestionamientos públicos no respondidos.

Por los anteriores señalamientos es que muchos han tomado con reservas la promulgación de la nueva ley sobre declaración jurada. El tiempo dirá si esta vez hay decisión política o simple entretenimiento de la opinión pública.

Tope salarial de $400 mil supera el promedio de AL

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La reunión el viernes del presidente  de la Comisión de Transición de  Danilo Medina, Gustavo Montalvo, con la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos alienta su aprobación antes que se instale el nuevo gobierno

Trascendió esta semana que algunos senadores alientan la aprobación del proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público, para lo cual esperan la convocatoria de una legislatura extraordinaria antes del cambio de gobierno para que se aplique plenamente a los nuevos funcionarios.

Mientras cobra fuerza en el Congreso la fijación del salario del presidente de la República en unos 400 mil pesos (10 mil 230 dólares), ligeramente por encima del promedio en América Latina, el cual sería el máximo a ser percibido por los funcionarios del Estado dominicano.

Se fortalece el proyecto.  Alentado por las medidas de austeridad adoptadas en Italia y España en la primera mitad del mes, y tras una vista pública donde sólo una institución formuló reparos, tomó fuerza esta semana el proyecto de Ley sobre Regulación Salarial en el Sector Público, aunque el presidente de la comisión que lo estudia dijo que reciben “presiones asfixiantes” de organismos estatales que reclaman quedar fuera de la regulación.

Alarmados por los niveles del déficit fiscal, economistas de todas las tendencias, dirigentes empresariales y políticos siguieron reconociendo que el nuevo gobierno tendrá que abrir una etapa de austeridad y reordenamiento fiscal. El empresario Ignacio Méndez, del sector externo del presidente electo, adelantó que “se están revisando las prioridades y el volumen de los gastos”

Aunque se ha dicho que decenas de organismos públicos han formulado objeciones al proyecto, sólo representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las presentaron en la vista pública celebrada el martes 17 por la comisión senatorial que lo estudia. Una delegación del Banco Central dijo que éste no tiene objeciones, ya que el proyecto de ley lo exceptúa, lo mismo a todas las entidades estatales de naturaleza financiera. La DGII reclamó la misma exclusión en virtud de su importancia como organismo recaudador que ya tiene un sistema salarial especial de incentivos técnicos, pero los defensores del proyecto aducen que el mismo prevé un régimen de incentivos “por resultados” y una escala salarial “sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”.

Contrario a lo que se esperaba, en la vista pública no hubo muchas intervenciones y al parecer los objetores prefirieron mantenerse tras bastidores. Se señala la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte. El proyecto recibió apoyo de representantes del movimiento Participación Ciudadana, entidad que lo ha respaldado  con varios estudios y en las consultas previas a su elaboración. También lo apoyaron asociaciones de empleados públicos y la Central Unitaria de Trabajadores, ésta última reclama un salario mínimo de 10 mil pesos para el sector público, el doble del vigente.

Para el nuevo gobierno.  Entre los senadores cobró fuerza un núcleo que promueve el proyecto y que proclama la necesidad de aprobarlo antes que se instale el nuevo gobierno para que tenga aplicación plena sin que nadie pueda alegar irretroactividad, ya que se establecería un salario tope, el del presidente de la República, y los de los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte de Justicia en sus respectivas jurisdicciones. También porque limitaría los gastos de representación al 15 por ciento del salario, el pago de combustibles al 10 por ciento, y suprimiría las tarjetas de crédito, excepto a los titulares de los poderes del Estado y al vicepresidente de la nación.

El influyente senador Charles Mariotti, muy cercano al presidente electo Danilo Medina, dijo públicamente el jueves que la ley debe regir para los nuevos funcionarios a ser designados a partir del 16 de agosto y que esa iniciativa “es clave para una reestructuración más racional y equilibrada del Estado”.  El senador Adriano Sánchez Roa insistió en que más de 60 instituciones reclaman ser excluidas de la ley, y dijo que si les hacen caso, la iniciativa carecería de valor.

Como la legislatura ordinaria concluye el próximo jueves, varios legisladores cuentan con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque una extraordinaria para conocer varios proyectos pendientes, lo que permitiría aprobar la ley salarial antes que se instale el nuevo gobierno. La expectativa aumentó con una reunión el viernes de Gustavo Montalvo con el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reynaldo Pared Pérez, y la Comisión senatorial que estudia el proyecto, en la cual se habrían consensuado algunas enmiendas, que serían discutidas este lunes con el Ministro de Administración Pública. Aunque fuera aprobado  por el Senado antes del jueves, no habría tiempo para que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, donde tendría que volver el proyecto por los cambios que se le introducirán.

El tope de 400 mil pesos.  El proyecto de ley salarial no establece montos específicos pero en su artículo 11 faculta al Ministerio de Administración Pública “para que someta anualmente a la Dirección General de Presupuesto las escalas salariales correspondientes a los distintos cargos que conforman la administración pública”.

Pedro Germosén recogió en su crónica del jueves en HOY que en el Senado se contempla un salario tope de 400 mil pesos mensuales para el presidente de la República, al parecer derivado de una consultoría del ministerio, lo que a la tasa actual de 39.10 pesos por dólar equivaldría a 10 mil 230 dólares. El salario del presidente dominicano sería superior en 1,957 dólares al promedio de lo que reciben los mandatarios de América Latina que es de 8 mil 273 mensuales, y en 2 mil 130 dólares el promedio de 8,100 dólares de los de Centroamérica.

De acuerdo con un informe de este mismo mes de julio del consultor Enrique París, del Ministerio de la Administración Pública, los presidentes de 15 de los 20 países latinoamericanos tienen sueldos inferiores a los 10 mil dólares mensuales y los otros 5 hasta 18 mil 657 dólares que recibe el de Guatemala, uno de los más pobres del continente. El menor es el de Bolivia con 1,900 dólares, seguido por Haití con 2,000 y Nicaragua con 3,200 dólares. El dominicano en cuarto lugar con 3,354 dólares, ahora equivalentes a 131,000 pesos.

Entre los cinco mandatarios latinoamericanos  mejor pagados se encuentran los de los países más grandes y ricos, Argentina, México, Brasil y Chile, que oscilan entre 10 mil 793 y 16 mil 165 dólares mensuales.

Con un salario equivalente a 10 mil 230 dólares, el presidente dominicano se situaría entre  los 9 mil 968 que gana el de Colombia, y los 10 mil 793 de la presidenta de Argentina. Entre los criterios para definir el sueldo presidencial el consultor París señala que “el indicador cuantitativo de desarrollo económico y bienestar es el PIB per-cápita ajustado por paridad de poder de compra”, indicando que República Dominicana “se ubica en el promedio de América Latina”. Sugiere que el dominicano “se ubica entre El Salvador y Costa Rica”, en el primero el sueldo presidencial es de  7 mil 746 dólares y en el segundo 12 mil 425.

En la generalidad de los países latinoamericanos los sueldos del presidente fijan tope al resto de la administración pública, aunque en varios hay excepciones como la de los bancos centrales. El informe de París indica que en América Latina se observa una tendencia “a acortar las distancias entre las remuneraciones de los niveles jerárquicos del Poder Ejecutivo”.

El desorden salarial del Estado dominicano quedó documentado en el análisis titulado “Urge la aprobación de la Ley de Salarios” que publicamos en HOY el 17 de junio en base a un estudio de Participación Ciudadana.

  Buscan ayudar a Danilo.

De lo que tratan algunos legisladores es de facilitarle a Danilo Medina la adopción de algunas racionalidades y una política de austeridad que en todos los sectores se considera imprescindible para plantear mayores tributos, concebidos dentro de una “reforma fiscal integral”.

Medina ha adelantado que no hará reducción masiva del número de empleados del Estado, razón por la cual tendría que ejemplificar reduciendo gastos de representación, y abusos con tarjetas de crédito, transparentando el gasto público e imponiendo racionalidad en los salarios de los altos cargos.

Es obvio que el Presidente podría establecer todas esas medidas mediante un decreto previo a la designación de sus altos funcionarios, lo cual no sólo es legítimo, sino que ninguno se atreverá a impugnar. Medina designará una alta proporción de nuevos altos funcionarios, pero también ratificará a muchos de los actuales.

La ley ayudaría sobre todo al partir del principio de una escala salarial por jerarquía, ya que el sueldo actual del presidente de la República, estimado en 130 mil pesos, considerado un eufemismo, tendría que ser sincerado en proporción considerable, lo que Medina no querrá hacer por su propia iniciativa para no aparecer como si se estuviera elevando el salario en momentos en que se reclama austeridad.

El tope presidencial haría caer algunas decenas de salarios desproporcionados, que pasan de 500 mil y llegan hasta 900 mil pesos mensuales, como los de varios superintendentes, directores y administradores, especialmente de organismos autónomos y descentralizados.

Eclipse democrático al interior del PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque sujeta a  un plebiscito aprobatorio, la decisión de los integrantes del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de auto prolongarse por cinco años su estatus de dirigentes y por dos a la dirección media constituye un paso más en el eclipse de la democracia  interna en esa organización política.

 En lo inmediato acentúa el poder de la cúpula gobernante, especialmente de su líder el presidente Leonel Fernández, y obedece al temor de someterse al veredicto de las bases, pero también busca evitar luchas internas que pudieran debilitar el partido de cara al desafío electoral del 2012 que conlleva elección de candidato en pocos meses.

Sorpresiva decisión.  La auto prolongación del período  de los  integrantes del Comité Central (CC) del PLD, en la reunión efectuada el sábado 9 de octubre, sujeto a la aprobación de  un plebiscito no estatutario, sorprendió a la militancia partidista y  a la opinión pública. La prórroga implica también al Comité Político (CP) que “es el organismo ejecutivo del Comité Central”, integrado por el presidente, el secretario general y 23 miembros electos por  el CC. Decidieron también prolongar, pero sólo hasta después de las elecciones del 2012 el mandato de los dirigentes provinciales, municipales e intermedios.

La forma de elección de los integrantes del CC “por un período de cinco años”, según el artículo 13 de los Estatutos del PLD, está señalada en el artículo 16 que establece “el voto secreto y universal de la mayoría simple y no menor del 33 por ciento de los votos”. Se consagra la elección de 382 miembros, a los cuales se suman “de pleno derecho” los integrantes salientes del CP y los ex miembros del mismo con militancia ininterrumpida en el partido. 100 deben ser electos por todos los militantes del partido, 235 por los militantes que sufraguen “en cada lugar”. Otros 17  por los miembros de las seccionales del exterior y 30 más por el Comité Político que cesa en sus funciones.

Se estima que el CC actual tiene 400 miembros, de los cuales el 75.55 por ciento asistió a la reunión del sábado 9 que escogió la Comisión Organizadora del Congreso que debe reunirse cada cinco años, señalado como “el más alto organismo de dirección del partido” y que integran los miembros del CC, y los presidentes de los comités provinciales, municipales, intermedios, de las circunscripciones electorales y de las seccionales.

Minimización del partido.  La prolongación del período de la alta dirección es considerada  un paso adicional en el “proceso de minimización” a que viene sometido el PLD en aras del liderazgo cuasi  caudillista del presidente Fernández, quien concentra la dirección del partido en el Comité Político de 25 miembros, casi todos altos   funcionarios de su gobierno y por tanto subordinados a él.

 Hace tiempo que en el PLD se considera que el CP es el único  organismo operante. Los miles de comités de base e intermedios, como los provinciales y municipales ya no se reúnen  ni son consultados ni elaboran planes ni propuestas como en los orígenes. El CP tampoco ofrece los informes que eran costumbre en la organización. El CC se reúne más o menos cada año pero no delibera ni traza políticas y muy pocos de sus integrantes se muestran dispuestos a “romper el consenso grupal” que favorece al doctor Fernández.

La desestructuración es tan grande que ya nadie sabe cuántos son los comités de base ni los intermedios, aunque se supone que suman decenas de miles. Sus dirigentes han quedado atrapados en redes clientelares aceitadas por la acumulación de dinero en los altos dirigentes que reparten favores gubernamentales, instrumentándolo todo, al decir de uno de los dirigentes que todavía reivindican los orígenes del partido.

La corrupción al interior del PLD quedó al desnudo y fue denunciada por dirigentes medios que acudieron a la televisión quejándose del predominio del dinero y el poder de los funcionarios gubernamentales y municipales  en la elección de los candidatos para las elecciones congresuales  y municipales de mayo pasado.

El miedo a las bases.  Aunque hay mucha disensión en el PLD por la auto prolongación del período,  pocos  se han atrevido a  expresarlo públicamente, incluyendo a un puñado de miembros del CC, como los senadores Charles Mariotti y Euclides Sánchez, y especialmente Luis Incháusti, quien la considera “una violación y traición a las ideas y principios democráticos que  encarnó el profesor Juan Bosch”. Este combativo dirigente que se proclama defensor de las bases llegó a sostener esta semana que de los 25 miembros del CP sólo José Joaquín Bidó Medina, Lidio Cadet  y  José  Tomás Pérez han escapado a la corrupción.

Para un talentoso cuadro político peledeísta la extensión del mandato obedece al temor de muchos dirigentes de someterse al veredicto de las bases. Otro cree que la decisión forma parte de un proceso para preservar el liderazgo político del doctor Fernández ante el hecho cada vez más evidente de que tendrá que dejar la presidencia de la nación en el 2012. El presidente del Comité Provincial del PLD en Santiago, Monchy Rodríguez, fue citado por HOY diciendo que la decisión expresa una “posición unitaria alrededor del liderazgo nacional que preside Leonel Fernández”.

La prolongación fue aceptada o por lo menos no  objetada por  los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD, incluyendo al principal Danilo Medina, atendiendo al criterio expresado por el secretario general Reinaldo Pared Pérez de que obedece al interés de que el partido acuda unido a las elecciones del 2012. Pero la evidencia de que favorece el liderazgo de Fernández, es que el Comité Central es prolongado por cinco años y los dirigentes de los organismos medios sólo hasta después de las elecciones. Eso quiere  decir que de ganar la elección presidencial otro peledeísta tendrá que manejarse más de tres cuartas partes del período con el mismo comité central de Leonel Fernández.

No quieren riesgos

Seguidores de Danilo Medina explican que aceptaron la prolongación convencidos de que hay que evitar  las posibilidades de que una competencia por los cargos provoque enfrentamientos entre danilistas y leonelistas que se traduzcan en mayores segmentaciones y debiliten la unidad del partido.

Se puso de ejemplo que había una decena de dirigentes con aspiraciones de ser electos para secretario general, citándose entre ellos a Aristipo Vidal, Manuel Crespo, Luis de León, Radhamés Jiménez, Rubén Bichara, Simón Lizardo y Carlos Amarante Baret.

Por igual temían que el partido entrara en una etapa de ebullición interna fruto de las ambiciones de muchos militantes de acceder a los cargos de presidentes de los comités de base e intermedios, sobre todo de estos últimos que están incorporados a las nóminas estatales con sueldos más elevados.

En el 2008 en esta página se publicó  que 42 mil 434 presidentes de comités de base estaban en las nóminas de dos secretarías de Estado y otros 6 organismos estatales cobrando 143 millones 120 mil pesos mensuales.

También se aireó otra “Nómina Pago Inspectores” de 1,209 personas que cobraban a través del Instituto Agrario Dominicano entre 15 y 25 mil pesos al mes, que según fuentes eran presidentes de comités intermedios. Esta totalizaba 18 millones 355 mil pesos mensuales.

Cualesquiera que sean las justificaciones para auto prolongarse mandatos, inventando un plebiscito no contemplado en los Estatutos del PLD, ello revela el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática del sistema partidista dominicano, con mayores repercusiones cuando afecta al partido que gobierna y controla el Poder Legislativo.

Ello explica por qué sigue engavetado el proyecto de ley de partidos políticos objeto de numerosos consensos en los últimos trece años para pautar la democracia interna de las organizaciones políticas, incluyendo la elección de sus dirigentes y candidatos.

Si el principal partido teme a la elección democrática de sus dirigentes, es difícil que ese proyecto sea convertido en ley.

Asombrosamente ni el principal partido opositor está insistiendo en reclamar su aprobación aunque fue parte de los acuerdos pactados entre el presidente Leonel Fernández y el ahora presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado.-