La “Convergencia” sería alternativa democrática

Por Juan Bolívar Díaz
PRD

La virtual división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha creado condiciones propicias para la emergencia de una nueva fuerza que ocupe el vacío de oposición y pudiera constituirse en una alternativa al continuismo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales dentro de 26 meses.

La participación de los grupos mayoritarios del escindido PRD garantizaría un fuerte arranque de la ”Convergencia por un Mejor País”, cuyo estatuto general en discusión plantea elección abierta de candidatos, pero antes abrirían una concertación de programa de gobierno.

Una sumatoria política. La virtual división que afecta al PRD, donde no han podido establecer los más mínimos acuerdos para reencausar la democracia interna tras dos años de confrontaciones, y la prematura lucha en el PLD por la candidatura presidencial iniciada cuando faltaban tres años para las próximas elecciones generales, están impulsando la conformación de lo que se ha denominado “Convergencia por un Mejor País”, cuyo primer objetivo es buscar el poder en el 2016.

Se encuentra en su fase final el estudio de un proyecto de estatuto general tras lo cual abrirían un proceso para consensuar un programa mínimo de gobierno y luego proceder a una elección primaria para escoger candidatos mediante voto universal y secreto para todos los cargos a ser electos en mayo de 2016.

La propuesta partió del grupo Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia que profesionales e intelectuales insatisfechos con la gestión peledeísta conformaron entre el 2010 y 2011 buscando constituir un “frente amplio electoral” con participación de varios partidos de centro e izquierda con franquicia electoral y de núcleos populares. El esfuerzo no concretó.

Hasta ahora participan del proyecto los sectores perredeístas que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, los partidos con reconocimiento electoral Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, el Movimiento Rebelde de Juan Hubieres que lo procura, y los agrupamientos La Multitud, Red de Acción Política y Ciudadanos por la Democracia.

Tratarían de incorporar también a los reconocidos Alianza País, que lidera Guillermo Moreno; Partido Revolucionario Social Demócrata, que encabeza Hatuey Decamps, y Dominicanos por el Cambio, presidido por Eduardo Estrella.

Moreno condiciono su participación a la previa concertación de un programa que empiece por rechazar el prevaleciente reparto del Estado.

Un proyecto democrático. Los politólogos Pedro Catrain, César Pérez, Wilfredo Lozano y el economista Miguel Ceara Hatton, de los fundadores de Ciudadanos por la Democracia, vienen reclamando la constitución de una convergencia de todos los sectores preocupados por la institucionalidad democrática, en lo que han insistido después que el expresidente Leonel Fernández dijera que el PLD gobernará el país hasta el 2036, que luego amplió al 2044, es decir otros 30 años.

Pero han insistido en que la esencia del proyecto debe partir del rescate de los procedimientos democráticos, respeto a las minorías y renovación del liderazgo político promoviendo la incorporación de las organizaciones juveniles y la participación de las diversas expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes.

El preámbulo del proyecto de estatuto indica que es imprescindible la construcción de un espacio político de vertebración unitaria.

“Desde el respeto a los liderazgos, la pluralidad, la tolerancia la personalidad política y jurídica particular, los principios y declaraciones contenidas en las normas de funcionamiento de cada uno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes que componen este esfuerzo unitario proclamamos la plena vigencia de Cambio 2016, Convergencia por un Mejor País”.

El artículo 3 dice que “La Convergencia nace con el objetivo de cambiar la situación política, económica y social de la República Dominicana, que los partidos, movimientos políticos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes describen en el Manifiesto Político que explica su planteamiento programático”. La elaboración del manifiesto sería fruto del consenso mediante una mesa de diálogo.

Aporte de los perredeístas. La participación de la llamada Corriente Mayoritaria del PRD, integrada por los grupos que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, garantizaría una fortaleza considerable de la Convergencia desde su nacimiento. El proyecto se inspira en experiencias internacionales, como la de La Concertación que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988 e inició la restauración de la democracia con el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) y siguió con los de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, hasta el 2010, cuando fue desplazada del poder por Sebastián Piñera, para retornar en este 2014 de nuevo con Bachelet.

Se estima que Mejía y Abinader arrastrarían la mayor parte de los perredeístas inconformes con lo que denuncian como “secuestro del partido por su presidente Miguel Vargas y el expresidente Leonel Fernández y sus cortes”. Se sienten avalados por la mayoría absoluta que les atribuyen la generalidad de las encuestas publicadas desde que estalló la crisis perredeísta tras las elecciones del 2012.

Abinader y Mejía sumaron el 43 por ciento de las preferencias en el universo de los encuestados en la Gallup-HOY de septiembre pasado, contra 21 por ciento de Vargas. Entre quienes se dijeron perredeístas las diferencias eran mucho mayores, 73 a 12 por ciento. En la Gallup-HOY de enero pasado el dueto acumuló 46 por ciento a 21%. Y entre los perredeístas 75 a 13 por ciento. En una encuesta de mediados de febrero del Centro Económico del Cibao dispuesta por Abinader y Mejía el resultado fue 57 por ciento para ellos en el universo contra 20% a Vargas, y entre los perredeístas 86 a 11 por ciento, ambos empatados sobre el 44 por ciento.

Importantes interrogantes. Muchas son las interrogantes que se formulan sobre el proyecto de Convergencia. La primera si los involucrados tendrán la capacidad de concertación, vocación y ejercicio democrático para construirla, lo que se ha frustrado en procesos electorales anteriores tratándose de partidos minoritarios.

En 1973, cuando Juan Bosch abandonó el PRD cinco meses antes de los comicios presidenciales de 1974, en tan corto tiempo bajo el liderazgo de José Francisco Peña Gómez se estableció el Acuerdo de Santiago, en un pacto de cuatro partidos que logró capitalizar el descontento y encabezar la oposición.

Al llegar mayo, Balaguer utilizó hasta las Fuerzas Armadas en las calles para hacer campaña e imponerse, obligando a la abstención del frente cinco días antes de la votación.

La situación ahora es diferente, pues el PRD no tiene un Peña Gómez que lo unifique y el frente electoral no llevaría el nombre y símbolos del partido. Habría que ver si la mayoría de los perredeístas se convencen de que pueden prescindir de él, siquiera coyunturalmente. La encuesta de febrero preguntó si considerarían correcto que Mejía y Abinader salieran del PRD hacia la Convergencia. Lo aprobó el 51 por ciento del universo y el 68 por ciento de los perredeístas.

Otra interrogante es si los dos perredeístas se pondrían de acuerdo para presentar una candidatura presidencial a la Convergencia, o si llevarían a la misma las tradicionales luchas internas de los perredeístas. Desde el año pasado Abinader se proclamó precandidato presidencial y las encuestas lo muestran en ascenso. Mejía ha dicho que trabajará por la Convergencia sin subordinarlo a ser candidato, aunque también sin descartarlo.

Desde luego, el dueto de la Convergencia tendría que convencer a muchos perredeístas que todavía se aferran al nombre y la historia del más viejo partido nacional.

Los asuntos esenciales

Los partidos y grupos participantes conservarían su plena independencia pero estarían obligados a cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Convergencia que serían Consejo General, Dirección Ejecutiva Nacional, con una Mesa Colegiada, un Coordinador General y un Portavoz, diversas comisiones y una Comisión Permanente y tendría órganos locales, provinciales y municipales acordes con la organización electoral del país.

Se plantea que la elección de los candidatos sería mediante voto directo universal, individual y secreto a través de un proceso de primarias en el que participarían los candidatos que presenten todos los partidos y agrupamientos integrados.

Así escogerían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y el 80 por ciento de los cargos al Congreso Nacional y los municipios.
El restante 20 por ciento sería destinado a proteger el derecho de las minorías participantes, previa reglamentación.

El proyecto establece que las personas postuladas deberán aceptar los objetivos y programas de la Convergencia y su compromiso con un código de ética, además del cumplimiento de los principios éticos establecidos por las leyes y los que adopte la Convergencia.

Antepone los intereses generales a cualquier interés personal, y solo percibirán los honorarios, salarios y dietas establecidos para cada función.

 

Un parche mal pegado en la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
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El pacto suscrito esta semana por los presidentes de los dos partidos mayoritarios, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, con la bendición del cardenal Nicolás  de Jesús López Rodríguez, constituye un parche mal pegado aunque en lo inmediato conjura la crisis en la Junta Central Electoral (JCE).

Mientras las decisiones sobre la boleta electoral procuran compensar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, quien, al igual que monseñor Agripino Núñez Collado, se vio forzado a aceptar la permanencia de Franklin Frías en el Centro de Cómputos de la JCE.

El triunfo de Rosario.   Si hubo un triunfador en el acuerdo que conjuró la crisis del Centro de Cómputos de la JCE fue el presidente del organismo, Roberto Rosario, cuya propuesta de  crear una “Gerencia de Informática” prevaleció con ligeras variantes frente al amplio reclamo para sacar al ingeniero  Franklin Frías de la dirección de esa fundamental unidad procesadora  de los resultados electorales.

El presidente de la JCE consolida su posición con la decisión del pleno del organismo de mantener la tradición de colocar en la primera casilla de la boleta electoral al partido que más votos obtuvo en la elección anterior, que esa vez fue el PRD, y al atender parcialmente la oposición de éste a que se incluyera en la misma las fotografías de los candidatos vicepresidenciales como reclamaba el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Empero, la resolución fue salomónica al indicar que las fotos se incluirán en caso de que sea precisa una segunda votación para la elección presidencial de este año.  El partido oficialista reclamaba la inclusión, sin precedente en el país, al privilegiar la promoción de su candidata vicepresidencial, la primera dama Margarita Cedeño, a quien las encuestas señalan como más popular que su candidato presidencial Danilo Medina.

Rosario propuso en octubre una “Gerencia de Informática Electoral” como solución a la crisis surgida el mes anterior con la dimisión del licenciado Miguel Angel García al cargo de gerente general del Centro de Cómputos al que había llegado diez años antes justamente cuando el PLD objetó a Frías, quien había sido designado por una Junta Electoral fruto de la entonces mayoría senatorial perredeísta.

La sociedad civil y monseñor Núñez Collado respaldaron la objeción peledeísta y el presidente Hipólito Mejía y su partido acogieron la objeción, lo que no ocurrió ahora. García dimitió cuando Frías se autoproclamó en una circular como el jefe del departamento con obvio apoyo de Rosario. El polémico funcionario fue luego ratificado por la mayoría del pleno de la JCE.

La clave del Cardenal.  Tanto Hipólito Mejía como monseñor Agripino Núñez Collado quedaron mal parados sin otra opción que aceptar el acuerdo, lo que ambos se apresuraron a hacer públicamente, aunque el primero no ha ocultado su disgusto, y el segundo lo ha rumiado entre sus allegados. La clave la puso el cardenal López Rodríguez, quien sustituyó al rector de la Universidad Católica Madre y Maestra en la mediación cuando este intentaba  ser coherente con la solución de hace una década. Lo dijo públicamente en noviembre, lo que le ganó un reproche público del secretario general del PLD.

Cuando el presidente del PRD pactaba ese acuerdo, con la bendición del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Núñez Collado quedaba sin alternativa.

Mejía no estaba sujeto a la obediencia, pero su rechazo generaría un enorme ruido, alentando el conflicto interno de su partido y con el riesgo de aparecer “enfrentado a la Iglesia”, dado el historial del purpurado que nunca ha evadido pleitos con líderes como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Jorge Blanco o Jacobo Majluta.

El error de Mejía fue haber sido víctima de su impulsividad, cuando tres días antes de la firma del acuerdo reiteró que Frías tenía que irse, como lo hizo también su delegado ante la Junta Central Electoral, Salvador Ramos.  Ambos después que los términos del acuerdo habían sido publicados en el periódico digital 7Días.com y comentados en otros medios.

La ocurrencia de la semana mostró a un presidente Fernández en toda su capacidad de arreglos para fortalecer su posición y la de su partido, con el favor del Cardenal y del propio presidente del PRD.

También exhibiendo un poder inflexible, a diferencia de Hipólito Mejía hace diez años, si se asume que ahora como en el anterior conflicto, la presencia de Franklin Frías al frente del Centro de Cómputos de la  JCE no era fundamental, imprescindible o cuestión de principio institucional.

Lo peor para el PRD.   Para el PRD y sus perspectivas, el balance no puede ser más devastador. Echaron un pleito durante cinco meses para al final ser vencidos por su propio presidente, quien parece ratificar la generalizada convicción de que se ha constituido en un Caballo de Troya.

Se atribuye a Reinaldo Pared Pérez haberle dado crédito por la forma en que condujo las “negociaciones del PRD institucional”.

Intimos de Miguel Vargas Maldonado y algunos de los pocos que aún lo siguen, no tienen ningún rubor en proclamar que prefieren la victoria del PLD, incapaces de aceptar los resultados de la elección primaria de lo que en tres semana se cumplirá un año. Varios de los que constituyeron su “estado mayor” en la precampaña juran que está cerrado absolutamente y rehúye contacto con ellos.

Aseguran que ha evadido hasta el expresidente panameño Martín Torrijos, quien a mediados del año pasado medió públicamente para que superaran los resentimientos dejados por la elección del candidato presidencial.

Pero fue resaltante que Vargas Maldonado haya sostenido “varias conversaciones” con el presidente Fernández, como dice el primer párrafo del acuerdo, pero que ignorara por completo al candidato presidencial de su partido, con la agravante de que no le importa lo que piensen los demás.

Al principio se creía que reaccionaría a la consideración de que la derrota del PRD cavaría su tumba política, pero allegados entienden que sería lo mismo con una victoria de Hipólito Mejía. Si como quiera se pierde su capital político, él por lo menos estaría determinado a recuperar el capital económico que invirtió en la frustrada campaña por la candidatura.

Fuera del PRD no se entiende la inoperancia de sus órganos institucionales ni la indiferencia con que el liderazgo perredeísta sigue los acontecimientos.

Mejía evade el enfrentamiento definitivo, por los costos de imagen y la distracción que conllevaría para su campaña. Prevalece la decisión de “dejar a Miguel tranquilo” con la esperanza de que los electores, sobre todo los independientes, entiendan el conflicto.

Pero nadie se atreve a asegurar que el nuevo acuerdo de Vargas Maldonado con el presidente Fernández sea su última jugada, aunque le haga tanto daño político como el “Pacto para las reformas constitucionales” del 2009. Y no faltan quienes advierten que podría haber otras aún peores, antes, durante o después de la votación del 20 de mayo.

Persistirá la desconfianza

El acuerdo de esta semana introdujo dos variantes a la propuesta original de Roberto Rosario, presentada a los partidos el 25 de octubre, antes de que fuera conocida por el pleno de la JCE, que debía estar integrada por el director Frías y dos subdirectores que propondrían el PLD y el PRD.

Ahora se incluyó un cuarto miembro que de inmediato propuso el cardenal López Rodríguez en la persona de su sobrino José Agustín López Nieto.

A la gerencia se le da ahora la categoría de “colegiada”. El segundo punto dice  que sus decisiones “serán acordadas a unanimidad” y en caso que no la hubiese, decidiría el presidente Rosario o como última instancia el pleno de la JCE, lo que también estaba en la propuesta original. Frías tendría ventaja en las ejecuciones por su experiencia en el Centro de Cómputos y su ascendencia sobre los técnicos.

El titular de la JCE vinculado al PRD Eddy Olivares objetó la gerencia cuatripartita, reiterando su firme rechazo a Frías. Sostuvo que “su sola presencia mantendrá ese neurálgico departamento sembrado de dudas y desconfianza”.  Él, como parte de la opinión pública, no entiende por qué el PLD no aceptó el consenso que creyó fundamental hace diez años.

La solución es poco institucional y de escasa legitimidad democrática, pues desconoció la posición de los candidatos presidenciales de oposición, incluyendo al del mismo PRD, que todavía el viernes 3, cuando ya había trascendido el acuerdo, reiteró que “Frías tiene que irse”.

También lo habían reclamado los candidatos Guillermo Moreno, Julián Serulle, Max Puig, Eduardo Estrella e Ismael Cruz, así como Hatuey de Camps y otros dirigentes políticos.

Aunque la generalidad de la opinión pública parece haber aceptado el acuerdo como salida a una crisis que se prolongó excesivamente, no faltan quienes resaltan sus debilidades, especialmente por su carácter de imposición con el sello de aliento mezquinamente interesado a las debilidades institucionales del PRD.

El sociólogo César Pérez ha sido de los más duros al definirlo como “un arreglo afrentoso, fruto de la politiquería, la bellaquería y la pusilanimidad de determinados sectores de los poderes fácticos y formales del país”.