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Danilo Medina entre el querer y el poder

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Pocas veces un gobierno había comenzado con una situación económica tan difícil como la que enfrenta el presidente Danilo Medina, quien acabando de aprobar una traumática reforma tributaria se enfrenta de inmediato a una difícil negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica un choque de tarifa energética.

Sin poder responsabilizar al Gobierno anterior, ni pedir excusa por el desastre heredado, ni reducir significativamente el dispendio,  el nuevo régimen puede quedar atrapado en un círculo vicioso: caída de la actividad económica que neutralice los mayores tributos y más endeudamiento para mantener la ficción del crecimiento.

  Una imposición devastadora.  A toda máquina, sin medir implicaciones que no sean apurar el trago amargo de un solo tirón, la Cámara de Diputados completó la aceleración que se inició con el desplante al Consejo Económico y Social y pasó por el Senado, sin siquiera cumplir el ritual de la segunda lectura del proyecto de reformas tributarias para reducir el oficio a unos cinco minutos.

Voceros y comentaristas alquilados celebraban con insistencia la poca magnitud de los protestantes ante el Congreso Nacional, en el perímetro de la Universidad Autónoma y en comunidades calientes del interior del país, sin calibrar la profundidad del descontento y la frustración de los sectores empresariales, organizaciones sociales y clases medias que no se manifiestan en las calles pero influyen sobremanera en el rumbo político-social del país.

La semana se cerró con un incremento de las manifestaciones y nuevas  convocatorias de protestas para hoy domingo y días sucesivos, con el deplorable asesinato del universitario Willy Florián Ramírez. Se clamaba no sólo contra el paquete tributario, sino que  maestros salieron a reclamar reajuste salarial, los jueces organizados marcharon contra la destitución de dos colegas, estudiantes fueron al Palacio Nacional a exigir mayor financiamiento a la Universidad estatal y en pueblos y barrios se protestaba la falta de agua y electricidad. En Villa Estela, Barahona, la profesora Angela Moquete quedó gravemente baleada por la Policía cuando pedía agua. Luego falleció.

La indignación general por el desproporcionado déficit presupuestario llegó con velas nocturnas portadas por jóvenes de clases medias hasta el perímetro de la Fundación Global del expresidente Leonel Fernández, blanco de todas las críticas y acusaciones, mientras el partido Alianza País que preside el reputado jurista Guillermo Moreno formalizaba una solicitud para que el Procurador General investigue las responsabilidades del líder del partido oficial y de los dos ministros que manejaron la mayoría de las construcciones, los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Pendiente el choque eléctrico.  Hasta los economistas más optimistas, que ahora son pocos, convienen que aún con un rendimiento óptimo del paquete tributario, con el escaso margen político mostrado por el Gobierno para recortar el dispendio, y dados los mayores compromisos de pago de deudas y de inversión en educación, el déficit presupuestario se proyecta para el próximo año en un nivel sobre el 3 por ciento del producto bruto interno, por lo menos 70 mil millones de pesos.

Para lograr un acuerdo con el FMI, el Gobierno tendría que producir una elevación de la tarifa energética. El persistente déficit fiscal y la renuencia a aumentar el costo de la electricidad fueron los factores determinantes de la interrupción del acuerdo con el organismo  en la segunda mitad del año pasado.

En los documentos públicos del Fondo quedó constancia. Por ejemplo en la carta del entonces jefe de la misión para República Dominicana, Alejandro Santos, del 19 de octubre del 2011, se pedía un esfuerzo adicional “para asegurar esa estabilidad en un momento complicado”. Señaló que la reforma del sector eléctrico “ha sido el tema más complicado”, identificando dos metas “críticas desde el punto de vista macroeconómico: adopción por ley de la tarifa técnica en el sector eléctrico, e introducción por ley de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica”.

Santos recordaba que ya en julio el Gobierno había presentado una nueva carta de intención comprometiéndose a esos ajustes, razón por la que los directores del FMI aprobaron continuar el acuerdo, reiterando que era imprescindible “un ajuste substantivo” antes de volver al directorio. Cuantificó el ajuste en 18 por ciento y propuso un 9 de inmediato y prorratear la otra mitad en seis meses. El Gobierno prefirió dejar morir un acuerdo que le había proporcionado más de mil 500 millones de dólares.

Es obvio que el FMI tomará en cuenta que hay un nuevo Gobierno, pero hasta el ministro Montás reconoce que el choque eléctrico parece inevitable, sobre todo porque a final del año la deuda con los generadores y suplidores eléctricos, de la que también se ha quejado persistentemente el organismo, estará sobre los mil millones de dólares.

Tremendo círculo vicioso.  En todos los análisis de los economistas y empresarios emerge la preocupación sobre la magnitud de las consecuencias del paquete impositivo y se teme que el Gobierno quede atrapado en el mismo círculo vicioso en que cayó su antecesor: insatisfacción, protestas sociales, repartos para amortiguar el descontento y comprar fidelidades y silencios, y endeudamiento para sostener el crecimiento económico, mientras se acentúan las dificultades competitivas, y los déficits fiscales y de balanza de pago prosiguen debilitando la sostenibilidad económica.

En otras palabras, se ha sostenido un crecimiento sacándole dinero a la población, y casi triplicando la deuda pública en ocho años, mientras se elevaba en 70 por ciento la nómina estatal en los últimos cinco años, incluyendo los pensionados. El presupuesto nacional de 121 mil millones de pesos en el 2004, creció 150 por ciento al 2008, para triplicarse a 378 mil millones en el 2010 y pasar de 500 mil millones en este 2012, aunque sólo se presupuestó 430 mil millones de pesos. Con más de 400 mil millones de pesos en déficits acumulados en los últimos cinco años.

Las consecuencias del paquete tributario y el incremento de la tarifa eléctrica permitirían al Gobierno mantener la estabilidad y algún crecimiento económico, pero generaría mayores dificultades para los sectores productivos, para las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente desempleo y conflictos sociales. Para conjurarlos proseguiría el costoso clientelismo político que ha sido muy rentable.

En el medio de este panorama está la frustración de promesas y compromisos de que esta vez no habría simple parche tributario, sino un pacto fiscal integral para romper el círculo vicioso y establecer un nuevo modelo económico como reclamaron todos los eventos y documentos empresariales de los últimos años, lo mismo los celebrados informes de las consultorías a Harvard y Attalí, y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Por suerte para el Gobierno, la personalidad del presidente Danilo Medina, con algunas acertadas disposiciones de austeridad y mejor manejo administrativo, y la concentración de la indignación hacia el ex presidente Leonel Fernández, han amortiguado el desgaste. Pero cuando comiencen a sentirse los efectos del paquete tributario, repercutirán directamente hacia Medina y su Gobierno.

Para recuperar la perdida credibilidad en las instituciones estatales se requiere mucho más medidas que reduzcan el dispendio, en niveles que el sistema partidista y político no parece en capacidad de entender. No aceptan ni que les pidan cuentas. Todavía muchos creen que Danilo Medina quiere hacer “lo que nunca se ha hecho”, aunque cada vez se teme más que no pueda. Le urge dar algunos palos contundentes a los repartos, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones, altos salarios y pensiones, y suprimir  organismos inútiles. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.

La negociación con el FMI

  Temprano de la semana el ministro de Economía Temístocles Montás reconoció por Teleantillas que el siguiente desafío del Gobierno es lograr un acuerdo con el FMI que le facilite acceso a nuevo financiamiento, como cuestión esencial para mantener la ya precaria sostenibilidad de la economía nacional, consciente de que el organismo reclama elevación de la tarifa eléctrica para reducir margen del déficit fiscal.

Una misión del FMI llegó el lunes para recibir informaciones preliminares sobre la forma en que el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal que este año alcanza el nivel descomunal de los 187 mil millones de pesos y conocer del proyecto de presupuesto de  ingresos y gastos del 2013, cuyo borrador sería presentado al presidente Medina la próxima semana, con expectativa de llevarlo al Congreso antes de diciembre.

Una vez que este instrumento sea aprobado por el Congreso, lo que sería tan rápido como el parche tributario, es cuando el Gobierno presentará una carta de intención para formalizar negociaciones con el organismo internacional, lo cual el ministro Montás estimó que ocurriría ya en enero.

Pero en medio del rechazo general al nuevo parche tributario que frustró las expectativas de un pacto fiscal integral, la tasa cambiara pasaba la barrera de los 40 pesos por dólar, incrementando incertidumbres y recordando la urgencia de recursos financieros para mantener la estabilidad. Se contempla colocar entre mil y mi1 500  millones de dólares en bonos soberanos, aunque el reconocido economista José Luis de Ramón dijo esta semana en un coloquio organizado por la Cámara Americana de Comercio que el mantenimiento del tipo de cambio demandaría el próximo año contratar entre dos y tres mil millones de dólares.

 

¿Podrá Danilo librarse del hoyo de Leonel?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La precipitada aprobación de un nuevo parche tributario, a pesar de la avalancha de oposición de los distintos sectores sociales, dejará al Gobierno de Danilo Medina cada vez más dependiente y con menos posibilidades de diferenciarse de su antecesor y caudillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

Al pagar el costo político inmediato de frustrar el proyecto de pacto fiscal e imponer una reforma tributaria más que agravará las dificultades de amplios sectores sociales, y pendiente de recibir los beneficios económicos de los nuevos tributos, el Gobierno tendrá una mayor dependencia de los responsables del hoyo que busca tapar.

Extraña la precipitación. Muchos de los que han creído en la decisión del presidente Danilo Medina de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho” no logran entender sobre cuál estrategia se podrán alcanzar esos objetivos si el Gobierno escogió un camino que lo distancia abruptamente de los más diversos sectores sociales empeñados en superar el legado de clientelismo, malversación y corrupción que generó un hoyo fiscal sobre 185 mil millones de pesos este año y más de 400 mil en los últimos cinco.

No es solo que Medina centró su discurso electoral en la concertación de los tres pactos que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, fiscal, eléctrico y por la educación, sino que tan pronto se juramentó apeló al escenario constitucional para esos objetivos, representado en el Consejo Económico y Social (CES) y su decisión parecía firme cuando propuso a tres profesionales vinculados a las organizaciones sociales  como relatores del diálogo, Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

¿Qué provocó el cambio de dirección y la abrupta ruptura del diálogo con el CES? es una pregunta que busca respuesta. La dura posición de los sectores sociales al reclamar como cuestión previa la reducción del gasto y la malversación y el cambio de modelo político y económico no era nueva y se fortaleció enormemente cuando el Gobierno transparentó la magnitud del déficit y la indignación creció hasta reclamar sanciones para los responsables, tanto dentro del Consejo como en la opinión pública.

El sector social del CES, con mayor disposición a aceptar una mayor carga fiscal, se quedó petrificado esperando una contraoferta de los negociadores gubernamentales que reclamaban una aprobación inmediata, pretendiendo convertir el organismo en un simple sello gomígrafo, mientras voceros políticos, incluyendo algunos que habían justificado y defendido el desmadre,  hostigaban toda disensión.

Tanto el presidente Medina, como sus funcionarios de mayor credibilidad, que no tuvieron responsabilidad en el desmadre fiscal del último quinquenio, han insistido en que reducirían el gasto y el dispendio hasta en 50 mil millones de pesos. Lo incomprensible es que ante los reclamos y propuestas específicas, dieran la espalda sin  formular una contra propuesta identificando y cuantificando sus reducciones.

El pragmatismo político. Hay quienes creen que la estrategia inicial del Gobierno frente al CES sucumbió en el altar del pragmatismo político. Partieron de que la sociedad no pasará de unos días de protestas que las navidades se encargarán de dispersar y de la necesidad de mayores recursos a corto plazo para que el Gobierno no quedara “de brazos cruzados”. La precipitación tiene otra explicación: la urgencia de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abrir cauce a nuevas posibilidades de financiamiento, confiados en que proseguir el endeudamiento y el gasto, incluyendo otras cien mil tarjetas de ínfimos subsidios, les seguirá rentando política y socialmente.

El objetivo es comprensible, pero podría estar subestimando el estado de indignación y actitud de resistencia que hay en la sociedad, lanzándose contra una alianza casi sin precedente de los sectores sociales, empresariales y sindicales, más una oposición política, que si bien está dispersa y en parte bajo influjo de Leonel Fernández (parte de su éxito, al viejo estilo balaguerista), está obligada a participar en la resistencia.

Como creen domesticado al PRD, los voceros de esa estrategia ahora centran sus ataques contra el alto empresariado, lo que tiene un efecto intimidante, pero también alienta la conformación de un amplio frente. Fue relevante la publicación esta semana en el periódico Acento.com del “Credo tributario del empresario Juan Bautista Vicini Lluberes”, una de las cabezas del mayor grupo empresarial dominicano, quien tras expresar cálido y amplio reconocimiento al presidente Medina, concluye pidiendo al Congreso que “confíen en el mandatario y no le permitan cometer el error de pasar una reforma fiscal fuera del marco de un pacto y un compromiso colectivo, porque el déficit que enfrentamos no es tan solo el fiscal, estamos frente a un déficit estructural, comercial, energético y moral de los cuales solo se sale con demostraciones de credibilidad, generando la confianza de toda una población”.

El pánico como explicación. Pese a la avalancha de críticas y advertencias recibidas por la comisión bicameral que “estudia” el proyecto de reforma tributaria, prosiguiendo la precipitación, el viernes el Senado lo aprobó de urgencia, en dos sesiones consecutivas, tras algunas concesiones cosméticas que le reducirían otros mil millones de pesos sobre los 7 mil que le habían reducido al someterlo al Congreso, dejándolo para el primer año en unos RD$46 mil millones, 9,000 menos que el presentado al CES.

Ningún organismo de la sociedad le dio apoyo, pero eso no va a detener la determinación, que se repetirá cuanto antes en la Cámara de Diputados, dispuesta por el Comité Político del PLD. Algunos analistas la atribuyen al pánico que ocasionó en los ámbitos del expresidente Fernández el rechazo tan generalizado y enfático a la magnitud del déficit fiscal, pero sobre todo a la decisión adoptada por el CES de crear una comisión de expertos económicos y jurídicos para investigar las causas del déficit y determinar las leyes que se violaron y las consecuencias penales. En su quinta edición, del 10 de octubre, la revista “La Lupa sin Trabas” recogió las angustias en un reporte del reportero investigador Panky Corcino con  el elocuente título de “Vientos de Tormenta para Leonel Fernández”.

Hay versiones de que los leonelistas reaccionaron disgustados por la decisión de transparentar el déficit ante el CES, argumentando que dieron armas a la oposición y que harían muy largo el proceso de aprobación de cualquier parche, desgastarían el Gobierno y dejarían mal parado al partido. La vocación de unidad del Comité Político y lo que se ha denominado como el “tigueraje político” se impuso por encima de cualquier consideración. Ante los cuestionamientos externos al principio se chantajeaba a los danilistas, hasta en medios de comunicación, recordándole que si hubo déficit fue para que él fuera Presidente. Pero el argumento perdió fuerza en la medida en que se fue descubriendo que el déficit fue mayor después de las elecciones, en los tres meses de la transición, en aras de la glorificación del nuevo caudillo, en lo que ha sido señalado como inicio de su campaña por el retorno en el año 2016.

En brazos de Leonel

En la lucha interna por la candidatura presidencial, tanto dentro como fuera del PLD se apostaba a que Danilo Medina no sería candidato y hasta se creía que de serlo, no ganaría, simplemente porque el caudillo Fernández no lo quería ni lo permitiría. Una excelente estrategia permitió a Medina ampliar su base fuera del partido, ganar apoyo en todos los sectores y construir la imagen de que podría librar el país del nuevo caudillaje que ponía su grandeza y prolongación por encima de todas las políticas.

Danilo se acercó a múltiples sectores preocupados por la calidad de la democracia, lo que contribuyó a un amplio frente, sin formal concertación, en defensa de la Constitución y la institucionalidad democrática, que obligó a Leonel a aplazar su proyecto continuista, aunque sostuvo al anunciar su decisión que la Constitución le permitía repostularse. Las habilidades mostradas por Medina hasta crearon entusiasmo, mantuvieron la unidad partidaria, y superaron otros intentos de cerrarle el paso con la entonces primera dama Margarita Cedeño de Fernández, y con el vicepresidente Rafael Alburquerque. Y ya candidato, el leonelismo no tuvo alternativa que apoyarlo, ante el peligro que representaba “el loco” de Hipólito Mejía diciendo todos los días que “iban para la cárcel”.

Una “garganta profunda” asegura que desde antes de la juramentación de Medina, los activistas del leonelismo encabezados por Félix Bautista (vean la foto de satisfacción junto al presidente del Senado en la sesión que aprobó el paquete publicada ayer por Acento), juraron que esta vez los danilistas no les pasarían por encima. Asegura que la decisión del Procurador Francisco Domínguez Brito de defender la investigación de los negocios del senador por San Juan disparó las alarmas. Este habría  comenzado por reunir a la mitad de los senadores “para recordarles que ellos fueron electos en el 2010 con el dinero que él les aportó”.

Todo esto en medio de versiones sobre el descubrimiento de cuestiones que “de hacerse públicas dejarían chiquitos” los escándalos de las últimas semanas, de sueldos, liquidaciones, pensiones y auditorías explicativas de los déficits fiscales y reveladores de por qué el país es líder mundial en malversación y corrupción, según el Indice de competitividad del Foro Económico Mundial.

Si en ese panorama, con el caudillo y su gente a la defensiva, el Gobierno tuvo que salir huyendo del escenario del CES, si no pudo ni siquiera comprometerse a suprimir definitivamente la mitad de los 250 vicecónsules o que siquiera la difunta Corporación Dominicana de Empresas Estatales ya inexistente, menos que liquidaría barrilitos, cofrecitos y los “planes sociales” y repartos de casi todos los organismos del Estado, o que sancionaría alguna violación de la Constitución y las leyes, ahora de frente a toda la sociedad le resultará mucho más difícil librarse del hoyo de Leonel. Podría depender cada vez más de la unidad monolítica del PLD y los poderes que controla el líder cuyo objetivo fundamental es volver a la presidencia en el 2016. ¿Algún dominicano inteligente lo duda?

 

El peligroso costo de imponer la reforma

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.

Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.

Una resistencia avisada.  Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.

El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.

El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.

Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar  nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.

Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que  rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.

 Rechazo a otro parche.  Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.

En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.

De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año,  sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).

El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.

Lo que siempre se ha hecho.  Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.

El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.

Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.

Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.

Un camino muy costoso.  El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.

Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal.  La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha  financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.

Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.

 

Un gran parche tributario para el hoyo de Leonel

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Gobierno decidió jugarse su luna de miel con la población al presentar el mayor proyecto de reforma tributaria de la historia nacional sin atender el reclamo generalizado de que reduzca el enorme dispendio burocrático en organismos inoperantes  en salarios y pensiones de lujo.

 Por lo menos puso sobre la mesa el enorme hoyo fiscal dejado por el Gobierno de Leonel Fernández, que se burló de la Constitución,  la ley y la opinión pública gastando más del 43 por ciento sobre lo presupuestado para este año, con un déficit fiscal mayor de 183 mil millones de pesos, que sobrepasó las peores proyecciones.

La reforma del friquitaqui.  Con excepción de los voceros gubernamentales, hay unanimidad en la opinión pública en considerar el proyecto de reforma tributaria presentado el jueves 4 como el más ambicioso de la historia del país, con elevación de impuestos  de 55 mil millones de pesos en el 2013 y  más de 235 mil millones en cuatro años.

El proyecto ha sido denominado como “el tablazo del siglo”, y se discute si bautizarlo como la reforma del friquitaqui, del conconete, o del cazabe por gravar esos y otros populares comestibles.

 La propuesta superó el proyecto de 44 mil millones que había elaborado el Ministerio de Hacienda del pasado Gobierno, sin dejar de tocar ninguna de las categorías impositivas, a la renta, el patrimonio, transferencia de bienes industrializados (Itbis), selectivos al consumo, y modificando los regímenes de incentivos al turismo, zonas francas, cine, desarrollo fronterizo y eliminando exenciones hasta a las organizaciones sin fines de lucro que tendrán que pagar Itbi.

 Aunque habían prometido que no afectarían a los sectores populares, el paquete les toca indirectamente, pero será más gravoso para las clases medias comenzando por la elevación del Itbis del 16 al 18 por ciento y su extensión a 259 productos básicos con gravamen del 10 por ciento en el 2013, para alcanzar el 16 por ciento en los siguientes tres años.

El 55 por ciento del incremento es indirecto, al consumo, y el 45 por ciento directo,  a la renta y el patrimonio. El Itbis aportaría el 44 por ciento.

El proyecto incluye productos tan básicos como azúcar, sal, café, chocolate, aceites, panes, galletas, mantequilla, margarina, maíz, trigo, avena, maizena, las carnes, refrescos y hasta el agua y el hielo. Es tan abarcador que no dejó fuera ni siquiera renglones tan populares como el friquitaqui, las masitas o conconetes, el frío- frío, cazabe, el gofio, arepas, mondongo y tripitas.

El sector turismo no solo será afectado por eliminación de incentivos, sino también por la elevación y ampliación del Itbis y de impuestos selectivos, y las zonas francas por gravamen a sus beneficios y ventas locales. Gravan el ahorro, los combustibles y hasta las emisiones de gases de los vehículos que sacaría de circulación a millares de cacharros y guaguas destartaladas.

Sin echar leña al fuego.  Al explicar el proyecto gubernamental, el ministro de Economía, Temístocles Montás, dijo que en un primer momento pensaron abordar el déficit fiscal “solamente por el lado de la reducción del gasto”, pero luego comprobaron que el incremento de salarios de los últimos años se concentraba en 85 por ciento en educación, salud, Fuerzas Armadas y policías, y en los otros poderes del Estado, por lo que “descartamos recortes en estas áreas, para no echarle más leña al fuego”.

 Resulta difícil de asimilar que la malversación en gastos de representación, repartos y los desbordamientos de salarios, pensiones, bonificaciones y liquidaciones se escondan tras los sueldos más deprimidos y que no haya nada que hacer frente a los privilegios de los otros poderes del Estado, con sus barrilitos y cofrecitos, ni en los organismos autónomos y descentralizados donde se dan las mayores inequidades e iniquidades. Ahí hay gran celo constitucional y legal, no así en el cumplimiento de la Ley de Presupuesto, por ejemplo.

 Lo de no echarle leña al fuego merecería una explicación. Tal vez porque lo que echa el paquete tributario no es leña sino combustibles líquidos y gaseosos al fuego de la indignación de los contribuyentes frente a un sistema político que ha succionado en su propio beneficio una gran parte de los incrementos tributarios de la última década.

 Echarle leña al fuego parece que es ir contra la apropiación del patrimonio público por parte del sector político, que en los últimos cinco años elevó la nómina del Estado, incluyendo las pensiones, en 70 por ciento, con 35 por ciento de crecimiento tan solo entre el 2011 y agosto de este año, cuando pasó de 577,144 a 777,631 salarios.

Es cierto que las posibilidades de rectificación no son muchas, pero por lo menos para “calmar las graderías” el Gobierno debería buscar la supresión de algunos barrilitos, cofrecitos y nominillas.

Siquiera  para tratar de preservar las buenas voluntades que han generado el discurso y las primeras acciones del presidente Danilo Medina.

Para negociar en el CES

El proyecto presentado sorprendió al no especificar  ningún renglón de reducción del gasto, de la malversación, clientelismo y privilegios, que incluye entidades inoperantes como CORDE, CREP, INESPRE o las duplicidades en organismos asistencialistas, de tránsito y agropecuarios. Tampoco reduce vicecónsules y diplomáticos, ni  sueldos, liquidaciones y pensiones escandalosas que hubiesen compensado  el  “tablazo tributario”.

Economistas colaboradores del Centro Bonó, donde confluye un gran consenso del sector social, al igual que la comisión económica reformista que encabeza Guillermo Caram, han elaborado proyectos de reducción del gasto corriente que no fueron considerados por los planificadores gubernamentales. Aunque el CREES empresarial sugirió reducir el presupuesto del 2013, el proyecto presentado lo elevaría de los 430 mil millones de pesos originalmente aprobados para el 2012, a 458,259 millones.

 Sin embargo, un funcionario consultado fuera de récord recordó que se trata de una propuesta a discutirse en el seno del Consejo Económico y Social. La estrategia gubernamental podría ser apuntar al incremento de 55 mil millones de pesos para luego hacer transacciones. Aunque no faltan quienes se han decantado por una reforma amplia, “para resolver de un solo tiro”, contando con la débil oposición política.

 La pelota está ahora en la cancha del CES, donde los sectores empresariales, sindicales y sociales ya consensuaron sus “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, que insiste en la integralidad de la reforma con reducciones y reorientación del gasto. El proyecto gubernamental cumple el compromiso del 4 por ciento para la educación preuniversitaria y persiste en el combate a la pobreza con programas clientelistas. Extiende el programa Solidaridad a otros 200 mil hogares y eleva en 290 pesos su subsidio mensual, que entonces con 990 pesos, seguiría siendo un calmante que  afianza la dependencia de los pobres de la dádiva gubernamental.

Déficit sería de 183,465 millones de pesos

Desguañangue  de las finanzas

Ni los más críticos de la gestión del presidente Leonel Fernández advirtieron el nivel que alcanzaría este año el déficit fiscal con que operó desde el 2008 cuando logró la reelección, aunque economistas como Fernando Alvarez Bogaert, Apolinar Veloz, Nelson Suárez y Ernesto Selman lo habían proyectado entre 140 y 150 mil pesos. Apenas dos semanas atrás el Gobierno dijo al FMI que el déficit sería del 3.3 por ciento del PIB y ahora se destapa con un 8 por ciento.

 Aunque Temístocles Montás dijo que el déficit del Gobierno central “sería superior a 143 mil millones de pesos, un 6 por ciento del PIB”, en el documento “Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios del 2013”, presentado ante el CES por el director de Presupuesto, Luis Reyes, se eleva a 155 mil 946 millones de pesos, y 6.8 por ciento del PIB.

Sumados los organismos descentralizados y el Banco Central, el ministro dijo que “el déficit del sector público consolidado, o del Estado, será del orden del 8 por ciento del PIB”, precisando que “supera los 170 mil millones de pesos”. Pero el documento de proyección entregado refleja un cálculo de cada punto del PIB en 22,933 millones de pesos, lo que multiplicado por el 8 por ciento del déficit de todo el Estado, arroja un balance de 183 mil 465 millones de pesos.

Esos datos ofrecidos por el Gobierno indican que se triplicó el déficit del año 2011 y que se gastó un 42.6 por ciento por encima del presupuesto originalmente aprobado para el 2012 que ya incluía un déficit de 22 mil millones de pesos, no solo en violación de la Ley de Presupuesto, sino también del artículo 236 de la Constitución, el cual plantea que “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.

El hoyo fiscal que dejó Leonel Fernández superó todas las previsiones porque esta vez, a diferencia de otros años electorales se buscaban dos objetivos a la vez: el triunfo del partido en el 2012 y la base para el retorno del nuevo caudillo nacional en el 2016. Y lo hizo pese a todas las advertencias de economistas, empresarios y comunicadores, que por eso fueron acusados de orquestar “un plan mediático” contra el ilustre estadista.

Se reconoce que por fin el Gobierno transparentó la situación financiera, aunque es penoso que lo hiciera el mismo equipo económico que fue incapaz de parar la megalomanía del doctor Fernández. El ministro Montás concluyó la rueda de prensa del jueves 4 con estas ilustrativas palabras: “Las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit. No había manera de presentarle al país y al mundo un presupuesto con un déficit tan alto… Frente a esa situación entendíamos que no había otra alternativa que ir a una reforma tributaria y así se lo presentamos al CES”.

 

El Presupuesto no debe festinar el pacto fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.

En la sociedad civil, incluidos el empresariado y  economistas, se espera un programa fuerte de reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

En búsqueda del pacto fiscal.   Ante  la realidad de que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montás.

El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el 19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.

En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre” (mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras legislativas por el partido de gobierno.

A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas, el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas dentro de ese plazo.

Elevarían la presión fiscal.  En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.

La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”.  Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos fiscales.

Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de mayores cargas tributarias. Ya  el miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor atención a la educación instituido en ley de 1997, reclamado por un gran movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña electoral.

Arduas negociaciones.  El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu, reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES, esperan a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.

 De hecho los sectores sindicales y sociales ya han acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la defensa de sus intereses  y ayer sábado celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete de la última década.

Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que implique la totalidad de  los ingresos y gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social, superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.

 Los dirigentes empresariales, sindicales  y sociales han insistido una y otra vez en que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y hasta en el nacional.

Con el Presupuesto del 2012

Consultores empresariales y economistas vinculados a la sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal. Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de pesos.

Las formulaciones parten de la consideración de que el gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las negociaciones se extienden hasta el próximo año.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento”.

La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil, por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna se reivindica que el compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del presupuesto. Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.-

 

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.