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Entre el júbilo y la tristeza

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
jubilacion

La promulgación de la Ley 169-14 (muy simbólico el número) que revoca una de las ignominias más graves en la historia institucional de la República, produce júbilo y debe ser celebrada por todos los que mostraron sensibilidad y solidaridad con decenas de miles de personas a quienes la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional despojaba de la nacionalidad que se les había conferido acorde con el régimen constitucional del jus solis que rigió en el país hasta el 2010.

Aunque hace justicia a un importante segmento de la dominicanidad, la ley penaliza en extremo al grupo más pobre entre los pobres y más vulnerable, los que nunca fueron registrados o a quienes se les negó el registro en violación de un derecho humano fundamental, a los cuales se les declara extranjeros, ordenándoles registrarse como tales para luego de dos años tener opción a la naturalización ordinaria, lo que trueca el júbilo en tristeza. Habrá familias con hijos dominicanos y extranjeros a la vez.

Aunque no se haya obtenido una victoria total frente al odio y la discriminación que inició en marzo del 2007 la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, ratificada luego por su Pleno, hay que celebrar que se haya tenido que revocar la ignominia del despojo retroactivo de sus actas de nacimiento a decenas de miles de personas que habían sido documentadas como dominicanas.

Nunca se sabrá con certeza cuántos eran los despojados, entre otras razones, porque, al abarcar ocho décadas, unos ya transitaron al descanso eterno, otros emigraron a distintas latitudes y muchos viven tan excluidos que han prescindido de toda documentación. La última cifra de los desnacionalizados que se ha manejado en los organismos públicos es de 24 mil 392, que luce bien conservadora. Pero si esos a su vez tuvieran un promedio de dos hijos sin declarar, totalizarían 73 mil 176. Recuérdese que Juliana Deguis, la protagonista de la sentencia, tiene cuatro hijos que ahora, al recuperar su nacionalidad, podrá declarar como dominicanos.

Haber revocado el despojo es ya una gran victoria que por momentos parecía imposible por la conjunción de fuerzas políticas que concurrían en el discrimen y por la indiferencia y el miedo de muchos que debieron contribuir a la contención del odio y el chantaje ultranacionalista.

Aunque se haya aceptado la ley como una solución parcial, como transacción para limitar la intransigencia y la irresponsabilidad, se debe deplorar que a otras decenas de miles que nacieron en el país y han vivido en él por décadas, se les declare extranjeros y se les obligue a regularizarse como tales, bajo amenaza de deportación, lo que constituiría otra grave ignominia, porque aquí tienen su arraigo y porque los protegía el régimen del jus solis hasta la Constitución del 2010, como ya dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, en el caso de las niñas Yean y Bosico. Los organismos internacionales de derechos humanos ya han adelantado que seguirán defendiendo los derechos de estos, y ojalá que algún día sean reafirmados.

Mientras tanto hay que celebrar la revocación de la peor parte de la ignominia, junto a la valentía de Ana María e Isidro Belique, la serena decisión de lucha de Elena Lorac y Juan Telemín, y el coraje de Altagracia Jean, Rosa Iris Diendomi, Epifania Charl, Juan Alberto Antonine y Germania René, entre tantos otros dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos que se empoderaron de sus derechos, se asociaron en “Reconocidos” y crecieron en la lucha.

Esta victoria, aunque parcial, no se habría logrado sin el apoyo fundamental del Centro Bonó, institución de los jesuitas que enaltece las valores cristianos, y de muchas otras entidades religiosas y sociales, como el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Dominicanos por Derecho o el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, que integró a más de 500 personas, cuyo empuje fue fundamental en la etapa post sentencia. Los abrazos solidarios multiplicaron la sinergia.

Nadie debe dudar del valor fundamental que ha tenido la solidaridad internacional que hay que agradecer y proclamar contra todo chantaje nacionalista. Porque los derechos humanos son universales.

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

El difícil trance del Pacto Fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El equipo económico del Gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.

Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.

Disyuntiva del Gobierno.  La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.

Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el Gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.

En realidad el Gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.

La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con  los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.

Los impuestos dividen.  Esta semana durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la  calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir dónde elevar las contribuciones.

El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abreu del sector laboral.

Así como es de difícil que el Gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.

La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los  compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009)  pactados e ignorados por el presidente Fernández.

No con las manos vacías. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente,  dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo Gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.

Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo Presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.

Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el Gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar.  Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas  específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.

El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.

Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.

En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo Gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-

El presupuesto para el 2013

La verdadera disyuntiva del Gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.

Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.

 El Gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o  pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del  PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.

Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el Gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el Gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el Gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.

 

Oración por los domínico-haitianos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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En los ámbitos de defensa de los derechos humanos es cada vez más frecuente la interrogante sobre qué tendrá que ocurrir para que en este país acabemos de comprender que hay domínico-haitianos, como domínico-españoles, domínico-chinos, domínico-americanos y muchas otras extensiones de la nacionalidad.

Mientras  se expande  vigorosamente el rechazo a la política que niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento a miles de ciudadanos ya reconocidos, muchos de ellos desde hace décadas.

Ya en octubre pasado, un alto ejecutivo de una de las más reputadas universidades de Washington, tras reconocer las dificultades que impone la inmigración masiva tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, concluía señalando que había que aceptar que hay millones de méxico-americanos, o italo-americanos o domínico-americanos, para preguntar por qué no podíamos entender que hay también  domínico-haitianos.

Se refería el académico a la denuncia, llevada hasta una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una coalición de organizaciones dominicanas y americanas que defienden los derechos de los miles de domínico-haitianos a quienes por una circular de la Junta Central Electoral desde el 2007 se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento.

Se trata de una decisión administrativa que aplica retroactivamente la Ley de Migración del 2004 y la Constitución del 2010, que restringieron el derecho a la nacionalidad dominicana a los hijos de residentes ilegales aunque nazcan en territorio nacional.

Aunque muchos no compartan la restricción constitucional, se entiende dotada de legitimidad, pero de ninguna forma puede aceptarse su aplicación retroactiva a quienes nacieron cuando la Constitución no establecía tal restricción. Y mucho menos para aquellos a quienes ya se les había reconocido.

Esa aplicación retroactiva choca con preceptos de la misma Constitución dominicana, por demás generalizados en las constituciones de todo el mundo, así como con los códigos de derechos humanos y en  tratados y convenios internacionales.

Esa práctica inhumana ha sido denunciada en las últimas dos semanas en los informes sobre derechos humanos de Aministía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y acaba de serlo por el Quinto Encuentro Regional de Migración y Movilidad Humana, al que asistieron obispos y religiosos de América Central, el Caribe, México y Estados Unidos, celebrado esta semana en esta capital.

La declaración final del encuentro es una defensa solidaria de los migrantes en toda la región, rechazando la criminalización de la inmigración ilegal adoptada por legislaciones de los estados norteamericanos de Alabama y Arizona, y por el trato inhumano a migrantes haitianos en República Dominicana.

Se pronuncia específicamente en defensa a los dominicanos de ascendencia haitiana, prometiendo que proseguirán la lucha por el derecho a la nacionalidad dominicana de los descendientes de haitianos nacidos en el país antes del 2010.

Si la legislación adoptada en Alabama y Arizona ha sido rechazada firmemente en todo el mundo, por considerar un crimen la inmigración ilegal, mucho más lo será el despojo de la nacionalidad a los domínico-haitianos a quienes se las habían reconocido durante décadas.

Ahora que los obispos dominicanos han coincidido con sus colegas de la región y de Estados Unidos sobre los derechos de los migrantes, debe esperarse que la Conferencia del Episcopado Dominicano adopte una actitud de firme defensa de los domínico-haitianos, como lo viene haciendo hace años el Servicio de los Jesuitas para los Refugiados y Migrantes, el Centro Bonó, el Centro de Asesoría Jurídica de la Iglesia y otras entidades religiosas y sociales.

Varios obispos dominicanos se han manifestado individualmente en rechazo a ese atropello, pero el refuerzo colectivo de la Conferencia Episcopal debe ser un gran impulso al reclamo de justicia.

Hagamos una oración por miles de domínico-haitianos que reclaman copias de sus actas de nacimiento para acceder a educación, para sacar o renovar pasaporte y hasta para contraer matrimonio.

 

Que no nos empujen al mar

by Juan Bolívar Diaz Santana

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No ha habido ningún funeral en Catedral, ni se decretaron días de duelo. Ninguna autoridad ha declarado, siquiera por rubor, consternación ante la inmensa tragedia en la que por lo menos 52 dominicanos perecieron el fin de semana anterior en el naufragio de la yola en la que transportaban sus sueños de progreso hacia los Estados Unidos, vía Puerto Rico.

Tampoco se proclamó un alerta general ni se movilizaron aviones ni helicópteros cuando al amanecer del sábado 4 de febrero se produjo el naufragio ahí mismo, saliendo apenas de la bahía de Samaná, del que se supo en pocas horas por las habilidades de algunos que lograron sobrevivir, que serían en total 13. Como se afirma que la yola llevaba más de 70 hombres y mujeres, se presume que las víctimas fatales serían cerca de 60.

Lo más desgarrador fue cuando la tarde del miércoles la marea arrojó hacia la costa 23 cadáveres ya descompuestos, y dirigentes comunitarios y la pobre Alcaldía del municipio tuvieron que hacer una colecta para proporcionar combustible a las yolitas de pescadores que protagonizarían el rescate. Depositados en fundas plásticas, sin fotografías que permitieran identificarlos, esos despojos humanos fueron  rápidamente depositados en una tumba colectiva.

La tragedia de la bahía de Samaná retrató de cuerpo entero tanto la miseria como la insensibilidad de la sociedad dominicana que sigue empujando hacia el mar a muchos de los que quieren salir de la pobreza y las privaciones y que lo venden todo o se endeudan ellos y sus familias para correr la aventura de las yolas, a través de las cuales decenas de miles han realizado sus sueños. Pero no se sabe cuántos los han hecho naufragar para siempre.

El Centro Bonó fue tal vez la única institución que dio una mirada profunda al drama de Samaná con una declaración titulada “No dejemos que nos sigan empujando al mar”, con la que no sólo condena a quienes por comisión u omisión permiten el impune y millonario tráfico de indocumentados, sino que también desentraña sus raíces en la pobreza que según la CEPAL afecta al 47.8 por ciento de la población nacional, con casi 20 por ciento de indigentes.

Lo peor es que no son los indigentes los que asumen la aventura de las yolas, sino los desesperanzados, los que no se conforman con el chiripeo, los salarios de sobrevivencia y las boronas en forma de fundas, cajitas o tarjetas para mantener la pobreza.

A menudo se van y se mueren los que muestran más empeño en salir adelante, los de mayor energía, dejando aquí los conformistas, los deprimidos y los reducidos a vivir de limosnas políticas.

Hemos desarrollado una gran insensibilidad y vemos esas tragedias como inevitables, como simple consecuencia de la irreflexión, aunque sabemos que el negocio deja cientos de millones de pesos cada año y ha sido fuente de grandes acumulaciones. Contradictoriamente es el millón de dominicanos y dominicanas emigrados en las últimas cuatro décadas, el que mantiene la estabilidad de la economía nacional. Sin los tres mil millones de dólares que remesan cada año, el naufragio hubiese sido total.

Hagamos un responso por estos náufragos, y expresemos solidaridad con sus acongojados familiares, pero acogiendo el llamado del Centro Bonó a no permitir que nos sigan pisoteando el presente y el futuro, “exigiendo el cumplimiento de la ley y el pleno ejercicio de los derechos, luchando por un país de oportunidades equitativas para todos y todas”.