El presidente Danilo Medina se ha ganado otro reconocimiento con la decisión de desestimar el proyecto que había anunciado desde el año pasado de construir una nueva carretera entre Santiago y San Juan de la Maguana cuya realización conllevaba no solo un altísimo costo económico, sino también ecológico.
De acuerdo a lo informado por el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el Gobierno invertirá en el mejoramiento de la comunicación vial ya existente entre diversas comunidades en la dirección norte-sur, privilegiando la restauración de la vieja carretera que une el cruce de Ocoa con Piedra Blanca, lo que facilitaría la conexión de las dos regiones sin tener que pasar por Santo Domingo, San Cristóbal ni Baní, con la ventaja adicional de que beneficiará a importantes núcleos de productores agrícolas.
El ministro Castillo motivó la desestimación de la nueva carretera por su alto costo, unos 500 millones de dólares, como habían advertido expertos, tanto en público como en privado. Una inversión de esa magnitud iba a dejar el Gobierno con poca capacidad para atender infinidad de pequeñas y medianas obras de toda naturaleza reclamadas por las comunidades. Tampoco se justificaba un nuevo endeudamiento de esa magnitud para una obra que a juicio de muchos tardaría años en arrojar rentabilidad, a no ser la que obtendrían los propietarios de terrenos en la ruta, algunos de los cuales compraron tan pronto se habló del proyecto, según denunciara el año pasado la Sociedad Ecológica del Cibao.
Por otra parte, la decisión le ahorra una profunda herida a por lo menos dos parques nacionales de la cordillera Central, verdadera madre de gran parte de las corrientes fluviales que van quedando en el país, y que pondría en peligro la presa de Sabaneta, una de las grandes inversiones nacionales en materia fluvial.
Hay que celebrar que el presidente Medina haya tenido el valor de renunciar a una obra que él mismo consideraba como un gran legado, escuchando las advertencias, por lo menos las financieras, de quienes a lo largo de décadas se han opuesto a esa costosa agresión ecológica.
Falta que muchos asimilen la lección que conlleva esta rectificación y comprendan que este es un país pobre, 42 por ciento bajo la línea de la pobreza, de muy baja inversión social, donde la mitad de las viviendas aún no disponen de agua potable y una alta proporción vive muchas horas cada día sin energía eléctrica, con las ciudades sin alcantarillado sanitario, donde se reproducen fácilmente epidemias como la chikungunya por deficiencias tan elementales como la escasez de medicamentos en los hospitales.
Ya es tiempo que entendamos que hay que invertir mucho más en la gente, que es una iniquidad que el 90 por ciento de los pensionados reciban apenas 5,117 pesos mensuales y que el 69.7 por ciento de los empleados formales tengan ingresos menores a 19,290 pesos, cuando el umbral de la pobreza se fija en 21,493 pesos. Y que la tercera parte de los empleados del Estado todavía tienen salario de 5,117 pesos.
Nuestros niveles de educación y salud han sido cuestionados sistemáticamente en todas las evaluaciones internacionales, porque nuestros gobiernos priorizan la inversión en cemento que inauguran pomposamente, aunque sean un fracaso en retorno como el Metro de Santo Domingo que con dos líneas apenas mueve el 7 por ciento de los usuarios de transporte del Gran Santo Domingo. Ahí está el aeropuerto internacional de Barahona, inaugurado hace 20 años, donde apenas aterriza un avioncito dos o tres veces por semana. Y la fantasmal carretera Barahona-San Juan, o la Santo Domingo-Samaná donde pese a pagarse un peaje histórico de 900 pesos, hay que subsidiarla del Presupuesto Nacional.
Urge cambiar la cultura del cemento que llevó a distinguidos munícipes del Consejo Regional del Nordeste a pedir un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 30 minutos del internacional del Cibao, y a una hora del Catey de Samaná y del de Puerto Plata.
