Se imponen los esfuerzos de concertación con Haití

Por Juan Bolívar Díaz
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El diálogo dominico-haitiano reiniciado esta semana con la reunión en Barahona de los dos presidentes de la isla se corresponde con una creciente convicción de que no hay mejor alternativa para solucionar los diferendos que afectan las relaciones entre las dos naciones de la isla.

Se requieren mayores esfuerzos para evitar que los radicales sembradores de odios y confrontaciones aborten la decisión del presidente Danilo Medina de reabrir el diálogo binacional, alentado en los últimos días por sectores empresariales, sociales y religiosos convencidos de que se impone la racionalidad en las relaciones binacionales.

Inicio de la distensión. La reunión del pasado martes 13 de los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly marca el inicio de la distensión diez semanas después que el Gobierno dominicano rechazara la mediación de la Organización de Estados Americanos en los diferendos migratorios entre los dos países.

La tensión se agravó a mediados de septiembre cuando el Gobierno haitiano dispuso que 23 productos de exportación dominicanos solo entren a su territorio por vía marítima o aérea.

La reunión se extendió por cerca de cuatro horas, durante las cuales se acordó la normalización de las relaciones diplomáticas. Haití nombrará nuevo embajador y el dominicano, Rubén Silié, retornará a Puerto Príncipe. Se pactó también abordar las relaciones comerciales en un plazo de 15 días, dentro del cual habría una reunión de ministros y directores de aduanas. El Presidente dominicano quedó invitado a Puerto Príncipe, dependiendo del avance en las negociaciones.

Los más radicales se han alarmado porque en ese primer encuentro no se lograra el levantamiento de la restricción a las exportaciones dominicanas por tierra, algo muy difícil que ocurra antes de las elecciones presidenciales haitianas programadas para el próximo domingo 25, ya que allá, como aquí, la confrontación no está despojada de intencionalidad de lograr cohesión interna y apoyo político. Podría depender de cómo le vaya al candidato que apoya el presidente Martelly y si hay segunda votación el 27 de diciembre.

Habrá que negociar. Los haitianos están conscientes de haber tocado un punto sensible para los dominicanos, como es el comercio, en el cual ellos solo pueden aspirar a reducir desventajas, poniendo en vigencia un acuerdo previo sobre cuestiones aduanales, al que se comprometieron, o buscando mayores recaudaciones de unas exportaciones dominicanas que en lo formal montaron a unos 1,400 millones de dólares el año pasado, y otros tres o cuatrocientos millones más en la informalidad de los mercados binacionales.

Los empresarios de Haití han dado firme apoyo a las restricciones al comercio dominicano, por un lado alentados por intereses propios de importaciones de otros mercados y por interés de que los dominicanos compensen la enorme disparidad, pues ellos solo vendieron al país el año pasado por unos 10 millones de dólares en el mercado formal. Se conocen quejas por restricciones a productos haitianos como rones y cervezas que podrían tener mercado en el país, en particular entre los inmigrantes haitianos.

Tampoco se puede ignorar que entre las peticiones haitianas acogidas en la reunión del martes 13 figuró la de una “mayor ponderación” en las repatriaciones de inmigrantes. Han reclamado la revisión de un protocolo para las deportaciones acordado en 1991, lo que ha rechazado el Gobierno dominicano, atado al discurso soberanista, adoptado por gran parte de los funcionarios y el partido de Gobierno y de la opinión pública nacional.

En cualquier caso era iluso pretender que la restricción a las exportaciones fuera levantada tan simplemente en una reunión cumbre, sin previas negociaciones, aunque el mandatario haitiano deleitara a los concurrentes con su histrionismo de cantante popular.

No pelear con buen cliente. Recientemente Juan Vicini Lluberes, uno de los promotores del Consejo Económico Binacional Quisqueya, que planifica multimillonarias inversiones en la frontera, lanzó la toalla a las autoridades de Haití, al expresar su comprensión de que ellas pretendan mayores recaudaciones de un comercio tan favorable a los dominicanos. Y esta semana otro gran empresario, Pepín Corripio, advirtió que “no es inteligente pelearse con un buen cliente”.

Aunque visualiza las limitaciones políticas, y considera desafortunada la restricción haitiana, Corripio plantea que “la única solución, para no ser utópico, a pesar de que hay oposición a ello, es seguir hablando con el Gobierno haitiano para que nos digan qué es lo que verdaderamente quieren”, consciente de que en toda negociación hay concesiones.

Fuentes bien informadas aseguran que el presidente Medina entiende la necesidad de retomar el diálogo con Haití por encima de la algarabía de los radicales nacionalistas que pregonan la confrontación. El escenario internacional también lo recomienda. La próxima semana la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebra aquí un evento sobre integración regional, sin que garantizaran la participación de la Comunidad de Estados Caribeños (CARICOM) que reúne 14 países, incluyendo a Haití.

Para tener éxito cuando en enero el país asuma la presidencia de la CELAC, habrá que mejorar las relaciones con el bloque caribeño, lo que pasa por un diálogo constructivo con Haití. Más porque en mayo sesionará aquí la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.

La Iglesia alienta el diálogo. Inspirados en la exhortación que les hizo el Papa Francisco en su reunión de mayo pasado, los obispos dominicanos vienen asumiendo la defensa del diálogo y la solidaridad entre los dos países de la isla. Primero lo hizo la Comisión de Pastoral Migratoria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, luego los obispos de Santiago, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana, Freddy Bretón, Fausto Mejía y José Dolores Grullón.

Esta misma semana se produjo un encuentro de dos días entre los obispos dominicanos y haitianos de las diócesis fronterizas, tres de cada lado y sus responsables de pastoral migratoria, que concluyó bendiciendo la reunión de los presidentes Medina y Martelly, “aguardando extenderles el saludo a medida que los dos países fructifiquen en el justo diálogo bilateral con respeto mutuo y sin injerencia foránea”.

El editorial del periódico católico Camino de este domingo extendió un manto de amparo a la cumbre presidencial del martes, proclamando que “llega en un momento oportuno, para evitar que sigamos alimentando el desencuentro y el odio, cuando lo esencial es aprender a convivir con respeto buscando alternativas que permitan a cada nación crecer…”. Con relación al encuentro de los obispos fronterizos, el periódico del Episcopado expresó su esperanza de que “sirva de ejemplo” a los sectores políticos binacionales “para que comprendan que juntos podemos encontrar salidas esperanzadoras a los problemas que padecen ambas naciones”.

Mientras tanto entre consorcios de organizaciones sociales e intelectuales de ambos países se encaminan esfuerzos buscando aislar la confrontación para que predomine el entendimiento entre las dos naciones de la isla.

El genocidio civil no podrá sostenerse

Por Juan Bolívar Díaz

Los informes disponibles permiten afirmar que el gobierno del presidente Danilo Medina y el liderazgo de su partido, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, juegan al paso del tiempo con la esperanza de que baje la marea nacional e internacional que rechaza el genocidio civil decretado por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo lo ocurrido en el período navideño y las perspectivas internacionales lo que auguran es un mayor daño a la imagen del país, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares a corto plazo y luego una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin tregua navideña. En los ámbitos gubernamentales hubo la esperanza de que el período navideño bajaría la marea de rechazo nacional e internacional de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que avala el genocidio civil que de forma administrativa venía ejecutando la Junta Central Electoral (JCE) desde el 2007. Se llegó a pedir que se pasara ya la página del conflicto para que la sociedad se aboque a otros problemas, pero no hubo tregua navideña y las perspectivas apuntan a un incremento del rechazo.

Ya en vísperas de Navidad el Gobierno se vio precisado a reanudar las conversaciones con Haití, bajo la presión de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom) y de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, llegó a decir que “somos hermanos incondicionales del pueblo de Haití, y quien se mete con el pueblo de Haití, se metió con el pueblo venezolano”. El cerco caribeño parece haber incluido a Cuba, cuando el presidente Raúl Castro en discurso del primero de enero, quiso “reiterar al hermano pueblo haitiano y a su gobierno, que los cubanos jamás los abandonaremos y que siempre podrán contar con nuestra modesta colaboración”.

El gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por las implicaciones humanas de la sentencia, instando al dominicano a proseguir conversaciones internacionales y con la sociedad civil para abordar el problema con prontitud, mientras prometía continuar el diálogo que ya había iniciado.

El cardenal arzobispo de Boston, y miembro del Consejo de ocho asesores designados por el Papa Francisco para que le ayuden a gobernar la Iglesia y reformar la Curia Romana, se inscribió en la oleada navideña de rechazo a la sentencia y reclamó al Gobierno dominicano que preserve los derechos de los afectados. Mientras diarios como The New York Times y Boston Globe, publicaban nuevos reportajes sobre el conflicto.

Alarma creciente. En los ámbitos internacionales es creciente la alarma producida por el genocidio civil que ya afecta a miles de personas. Se da por hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordará la situación en una reunión que tiene convocada para finales de enero en Ginebra. Lo mismo haría una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a sesionar en los mismos días en La Habana.

Cuatro días en Washington fueron suficientes para comprobar el alto nivel de rechazo que tiene la desnacionalización de los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929. En los ambientes de la Organización de Estados Americanos se le considera la más grave violación de derechos humanos en la historia de la organización. Se atribuye a su secretario general José Miguel Insulza haber dicho que la solución del conflicto es prioridad número uno para el 2014.

Dirigentes de la sede en Washington del Consejo Nacional de Iglesias (Evangélicas), del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, de la Fundación Robert Kennedy, y de American University, así como pastores anglicanos vinculados a la defensa de derechos humanos, nos contactaron interesados en conocer más a fondo la situación. Algunos se muestran dispuestos a participar en acciones contra el país, incluso de repercusiones económicas, lo que se les advirtió que podría ser contraproducente y dañino hasta para el empleo.

Dominicanos que trabajan en organismos internacionales, incluyendo diplomáticos, testimonian el amplio rechazo que recibe la sentencia. Algunos se quejan incluso de haber sido considerados racistas simplemente por ser dominicanos, sin que hayan defendido la exclusión.

De la Comisión a la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país a principio de diciembre y rindió un informe preliminar de radical rechazo al genocidio civil, trabajará ahora en la elaboración de su informe final. Tiene previsto sesionar en marzo para recibir reacciones del gobierno dominicano y de cualquier interesado. Luego lo remitiría al Consejo Permanente de la OEA.

No se descarta que en el ínterin pueda solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para cautelar los derechos de miles de afectados. En su visita al país la Comisión recibió casi 4 mil denuncias, pero desde hace más de dos años es depositaria de instancias elevadas por unos 48 de los primeros afectados por la medida administrativa de la JCE.

De lo que no hay dudas es que si el Estado dominicano no revierte la apatridia en que la sentencia deja a decenas de miles de personas, como recomendó la Comisión Interamericana, la Corte será apoderada del caso y allí no habrá compasión con el despojo retroactivo de la nacionalidad, dada la jurisprudencia que estableció con su sentencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico, nacidas en el país.

Hay quienes cuentan con la lentitud de los trámites de la Comisión y la Corte, pero como este caso afecta a miles de personas podría ser acelerado, lo que ya solicitaron abogados del Centro de Asistencia Jurídica Internacional (Cejil), durante la sesión de la Corte en México en octubre pasado, cuando conoció el caso de un grupo de deportados hacia Haití pendiente de fallo, y ahora afectados por la sentencia 168-13.

El juego de Leonel y Danilo. Tanto el presidente Medina como su antecesor Fernández están plenamente informados del cerco internacional que confronta la nación, y ambos han coincidido en reconocer la improcedencia del despojo retroactivo de la nacionalidad así como de la necesidad de encontrar una salida institucional al conflicto. La Comisión Interamericana no sólo lo puso por escrito, sino que sus titulares hablaron con Medina y “con la mayor franqueza” le dijeron que esa sentencia no será aceptada en ningún organismo internacional, porque vulnera derechos fundamentales universales.

El Gobierno luce atrapado cuando el ministro de Interior y Policía y su consultor jurídico proclaman que el conflicto de la sentencia no está en la agenda de la reanudación del diálogo con Haití programada para el martes 7, y que sólo tratarán de migración, regularización de extranjeros, medio ambiente y comercio, mientras para el canciller de Haití el tema número uno es la desnacionalización de los descendientes de haitianos. Se quiere ignorar la razón por la que Venezuela “auspicia” el diálogo, que ahora tendrá de observadores a Caricom, Unión Europea y otras instituciones.

En contradicción aparece también el expresidente Fernández, a quien el digital Acento le reprodujo una charla en American University, donde llega a proclamar que Juliana Deguis, por quien se pronunció la histórica sentencia, es dominicana, como muchos otros que “culturalmente están integrados a la nación dominicana”. En un artículo, el lunes 30 en el Listín Diario, Fernández vuelve a plantear la necesidad de “una solución, que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional, satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los Derechos Humanos”.

Se ilusiona con que eso sea posible con el Plan de Regularización de Inmigrantes, aunque termina pidiendo “soluciones inteligentes, pragmáticas y viables que nos permitan, al mismo tiempo, proteger nuestra soberanía nacional y rescatar nuestro prestigio internacional”, lo que es un reconocimiento del cerco externo.

 Reos de ultranacionalistas

Los líderes del PLD lucen como reos de una minoría ultranacionalista aliada, que en las campaña electorales hace los peores papeles, a la que complacieron con la sentencia y ahora no encuentran forma de convencer de que renuncien al espacio que le regalaron y que le ha permitido aparecer liderando el Gobierno, el partido y la mayor parte de su amplio aparato mediático. Todos se comprometieron sin medir las consecuencias internacionales y ahora quieren pretender que hay una soberanía absoluta, por encima de los tratados que reconoce hasta la Constitución Nacional. Los nacionalistas han formulado advertencias chantajistas al gobierno y a Fernández.

El escenario de solución debería ser el nacional, como ha planteado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, no la negociación con Haití. Tampoco debe esperarse mayores daños al país. El camino más institucional de solución, sin desconocer la sentencia, es que el Estado pida una opinión consultiva a la Corte, última instancia en la materia, (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), evitando que le impongan medidas cautelares o un dictamen revocatorio.

Una alternativa sería una ley que interprete artículos constitucionales como el 18.2 que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los que la disfrutaban hasta el 2010; el 74.3 que otorga jurisdicción privilegiada a los pactos y convenciones sobre derechos humanos; el 74.4 que proclama el Principio de la favorabilidad en derechos humanos; y el 110 que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas, pero la justifica cuando implique beneficios. Lo han planteado expertos constitucionalistas. Danilo Medina y Leonel Fernández tienen capacidad para hacerlo, pero se desconoce si sus distancias les han permitido hablar sobre esta grave crisis.-