Muy tarde vinieron a convencerse los líderes de la oposición política de que separados no tenían la menor oportunidad de enfrentar con éxito la maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los abusos del Estado y del arbitraje que caracterizaron el proceso electoral recién concluido.
Antes que su diversidad y los personalismos los dispersen, los seis excandidatos presidenciales que cuestionan la legitimidad de unos comicios afectados por un grave tollo organizativo, deberían concentrar esfuerzo en exigir una profunda reforma política que inicie el rescate de la institucionalidad democrática
El gran tollo electoral. Así como está claro que la mayoría de la población que votó el 15 de mayo se inclinó por la reelección del presidente Danilo Medina, también quedaron a la vista de todos los abusos del poder del Estado, la parcialidad política de los órganos electorales, la extrema desigualdad del financiamiento y el enorme tollo organizativo en que devino la votación y su escrutinio.
En las mayores jurisdicciones, como el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que concentran casi la tercera parte de los electores, el desorden fue tan grande que las juntas electorales han necesitado dos semanas para concluir el cómputo que tantas veces la JCE prometió que daría la misma noche de la votación. Y para terminar han tenido que anular los resultados en casi 500 colegios electorales, sobre todo en los niveles congresual y municipal, donde abundaron las incoherencias e inconsistencias del escrutinio, con indicios de manipulaciones y fraudes. Las irregularidades han quedado patentes en decenas de actas, de variedad tan amplia que requiere mucho espacio sintetizarlas.
Ya el sábado 21 una resolución de la Junta Electoral del DN anuló 153 colegios electorales, 139 “por no haber recibido sus resultados” y 14 “cuyas relaciones de votación fueron recibidas en blanco”. El miércoles 25, la Junta de Santo Domingo Oeste anuló las votaciones en 147 colegios; en 69 en la boleta C-1 para los diputados, 38 para todo el nivel congresual, 16 en el municipal y 14 en el congresual.
Más enredada aparecía la situación en Santo Domingo Este todavía al caer el viernes 27, con candidatos a alcalde en huelga de hambre reclamando nueva votación, mientras la Junta consideraba anular la cuarta parte de sus 1,375 colegios, mayoritariamente en los niveles congresual y preferencial de los diputados. En Santo Domingo Norte trataban de enmendar la situación de 157 colegios donde no se computó el nivel congresual, especialmente los diputados. En el DN y provincia de Santo Domingo las irregularidades habrían afectado más del 10% de sus 5,090 colegios, anulando parcial o totalmente el voto de más de 150 mil electores.
Alta abstención y nulidad. La abstención nacional, del 31 por ciento en la boleta presidencial, superó en dos puntos la del 2012, aunque se esperaba una reducción por efecto de la nueva cedulación que debió depurar el padrón de electores.
En las grandes urbes la abstención fue más elevada, registrándose 37 por ciento en la provincia de Santo Domingo, 36 en Santiago y 35% en el Distrito Nacional. Los votos nulos alcanzan al 6.13 por ciento, 5.53 y 4.42 respectivamente, sin incluir los derivados de la anulación de colegios completos.
A nivel nacional en la boleta A se computaron 103 mil votos nulos cuando faltaban 204 colegios, más del triple de los 30 mil registrados en el 2012. Las boletas congresuales anuladas podrían pasar de 300 mil, 54,269 solo en la provincia de Santo Domingo, sin los colegios anulados por completo.
El boletín 13 de la Junta Central Electoral, emitido la madrugada del viernes ignoraba los cientos de colegios anulados, pues consignaba el cómputo del 99.18 por ciento en el nivel más afectado, el congresual.
Tan altas nulidades indican grave fallo en la preparación del personal, y la instrucción a los electores, así como en la programación, y en la abstención habría influido el retraso de dos y tres horas en el inicio de la votación.
Ese 62% de Danilo. Más tarde o más temprano los candidatos de oposición tendrán que rendirse ante ese 62 por ciento que se anotó en las urnas el presidente Medina, que no está libre de ilegitimidades, como el abuso del Estado, desbordamiento del déficit fiscal, enorme derroche publicitario pagado del Presupuesto, casi todos los funcionarios altos y medios en su campaña, con evidentes recursos estatales, los mismos que se utilizaron también para comprar legisladores y dirigentes políticos para posibilitar la reelección.
Sin embargo, la diferencia es demasiado grande para que pueda ser desconocida. Todos los opositores debieron juntarse desde que los abusos del Estado quedaron evidentes, y haberse presentado al Palacio Nacional a exigir equidad y respeto a la competitividad democrática e independencia de los organismos electorales. Pero evadieron la menor concertación, se perdieron en disputas de candidaturas, y hasta el 6 de abril Abinader expresaba confianza en la JCE, que ya Roberto Rosario la había reducido a unipersonal.
En marzo se inició una concertación que llegó a contar con dos documentos. El primero titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, con cuatro emplazamientos al Gobierno y varios a la JCE, con el compromiso de apelar a la sociedad y a la movilización popular. El otro era un acuerdo para defender cada voto en las urnas, pero tras dos reuniones de los 7 candidatos opositores, el intento fracasó, como consignó El Tema de Hoy del 10 de abril. Varios seguían creyendo que la concertación solo beneficiaba al PRM y este, tras su pacto con el Partido Reformista se refugió en posiciones conservadoras y de prudencia, con las cuales no podía enfrentar al PLD-Estado.
Exigir reformas inmediatas. Se duda que los seis candidatos de oposición y los partidos que los respaldan puedan mantenerse unidos mucho tiempo desconociendo el resultado electoral, y el PLD y el Gobierno trabajarán para disolverlos. Fracasarían si creen que tienen fuerza para revertir los resultados, ni siquiera en niveles locales, dada la parcialidad de los órganos electorales.
En cambio, podrían apelar a la sociedad para exigir un compromiso de reformas políticas y electorales con calendario inmediato, que eviten futuros atropellos de un PLD triunfante que no tiene razón para renunciar a los efectivos métodos que ha implementado para mantenerse en el poder. Importantes sectores están convencidos de que la gobernabilidad y la institucionalidad democrática demandan serias reformas, no promesas para incumplir, como ha ocurrido múltiples veces con la Ley de Partidos y la del Régimen Electoral.
La última fue un pacto firmado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por Danilo Medina y otros candidatos en marzo de 2012, “para aprobarlas ese mismo año”.
Además de esas leyes fundamentales, se impone la revisión del financiamiento político público y privado, para hacerlo más equitativo, mayor democratización de las elecciones, y bloquear nuevas modificaciones reeleccionistas coyunturales.
Un aspecto indispensable sería la despolitización de la JCE y el Tribunal Electoral, escogiendo nuevos titulares por consenso, sin reparto partidista, por méritos profesionales y éticos. Criterio que debería pactarse también para la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional y hasta el Consejo de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia.
Los opositores tienen la oportunidad de abanderarse con esas reformas antes de que se disuelva su atrasada concertación. Podrían acreditarse la reivindicación de la institucionalidad democrática y electoral, que quedan en serio retroceso tras este inequitativo y abusivo tollo electoral.
