Tag Archives: campaña electoral

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

13_12_2015 HOY_DOMINGO_131215_ El País12 A

Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

Trascendente y oportuno dictamen

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

o2

Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

 

Macondo está entre nosotros

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

De verdad hay que reconocer cuan ilusos fuimos todos los que creímos que con la desaparición de Joaquín Balaguer, -el más acabado producto del primo-conchismo político de comienzos del siglo pasado- el país daría un salto a la modernidad con todo lo que conlleva de cambios de paradigmas, de institucionalidad y de abolición de la corrupción política y social.

 Desafortunadamente nuestros políticos se han dedicado a apostar a cuál reproduce con mayor efectividad los viejos métodos del clientelismo, el reparto de lo público y el cinismo, mientras hablamos de transparencia e institucionalidad. Los gestos, los silencios, sordera y mudez y hasta las inflexiones sonoras del más prolongado caudillo de nuestra azarosa historia se eternizan como emblema de sagacidad, ponderación y capacidad política que vergonzantemente se admira.

 Desde nueve meses antes de una elección andamos en caravanas de automóviles lujosos consumiendo un combustible cada vez más caro  que nos regalan o robamos, mientras en los principales partidos se desarrolla una doble campaña, de los candidatos del 2012 y de los que quieren serlo cuatro años después y  para colmo de ridiculez dicen que juegan un papel institucional.

 Este es el país que tiene una docena de embajadores ante las Naciones Unidas, 36 vicecónsules en Nueva York y 22 en Miami, más de 300 viceministros o subsecretarios y más de 250 generales, pero paga 8 mil pesos a los maestros y cinco mil a los policías para que hagan lo que puedan por contener el atraso y la delincuencia.

Pagamos un millón de pesos a Jacques Attalí para que nos diga lo que todos ya sabemos, para luego ignorar todas sus conclusiones, incluyendo la necesidad de invertir al menos 5 por ciento del producto bruto en educación, y luego firmamos compromisos internacionales de invertir un 5.5, pero declaramos enemigos a los necios que insisten en reclamar por lo menos el 4. El gobierno tiene miles de comunicadores en sus nóminas y doblega cada vez más la independencia de los medios, pero auspicia campaña para denunciar a un puñado de peligrosos agentes de la subversión o de los enemigos de la nación.

Tenemos que poner en retiro a unos jueces que han pasado de los 75 años limites, pero andamos a todo costo buscando una brecha para burlar la flamante Constitución o colarlos en una de las nuevas altas cortes, porque no pueden vivir fuera del entramado público. Mientras un subjefe de cómputos se autoproclama jefe  forzando la dimisión de su superior y los representantes de la institucionalidad lo premian. En tanto se arrea a los legisladores como ganado para que aprueben al vapor una ley que entrará en vigencia más de dos meses después. Pero dos meses no han sido suficientes para persuadir a un cónsul en Boston a que entregue el cargo del cual fue relevado por su presidente.

Nos  asombramos de que se roben y despeguen un avión en un aeropuerto internacional  en horas en que nada se mueve allí pero estamos resignados a que militares y policías dirijan el narcotráfico y todo género de actividad delincuencial mientras matamos a miles de muchachos pobres que salen a “buscarse lo suyo”.

Nos robamos las barandillas de los puentes, desmantelamos las torres eléctricas y el alambrado público, las espadas y los bustos de nuestros héroes, o las reliquias de los museos, para incrementar nuestras exportaciones de minerales, y  robamos doce veces una misma iglesia y asaltamos hasta al cura que nos confiesa.

Dios mío! Quién hubiese creído que Gabriel García Márquez era un “chivito excedido de frutas tropicales. Su Macondo con todo y su siglo de soledad se han quedado chiquititos. ¡Mete tu mano Señor!

 

 

 

No podemos resignarnos ni cansarnos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Las medidas  cautelares dispuestas el viernes por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral que pretenden evitar el uso político de los programas asistencialistas del Estado llegan un poco tarde y probablemente no rendirán los frutos esperados, pero son otro buen precedente en el arbitraje electoral dominicano que mejora en proporción inversa al deterioro de los principios democráticos, la transparencia y la honorabilidad de la política nacional.

Se trata de reivindicar los principios de la equidad democrática, de separar el Estado de los intereses partidistas, de hacer cumplir el espíritu y la letra de preceptos constitucionales y legales, y de enarbolar el principio de equidad en la competencia democrática, legajo que alguna vez tendrá que predominar en la vida institucional de la nación, por encima de las conveniencias y visiones coyunturales.

La positiva resolución de la Cámara Administrativa de la JCE remite a la necesidad de reglamentar estrictamente las campañas electorales para evitar todo género de exceso, como ya propuso el mismo organismo a mediados del 2007 y aprobó el pleno de los jueces en septiembre de ese año, proyecto que no sólo fue rechazado por quienes ejercen el Gobierno y otros sectores, sino también por los partidos de oposición.

Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que los opositores no acogieran con calor aquel proyecto y no propusieran profundizarlo cuando estaba destinado a limitar la irrupción del poder del Estado en la competencia democrática. La respuesta es sencilla: porque la generalidad de los políticos dominicanos enarbolan el principio de que “el poder es para usarlo”, y como siempre se creen a punto de alcanzarlo son refractarios a cualquier ordenamiento o regulación.

Los que ahora disfrutan del poder rechazarán, hasta con indignación, las nuevas disposiciones, aunque ya tendrán poco efecto a tres semanas de las elecciones congresuales y municipales, empezando por la primera resolución que requiere de las instituciones estatales informar a la JCE de los programas sociales a ejecutar hasta el 17 de mayo, lo que en el mejor de los casos se llevará una semana más.

Pero estas medidas cautelares quedan como precedente, lo que ya es importante en la precariedad institucional dominicana. Se prohíben las actividades proselitistas en el marco de los programas sociales gubernamentales y se dispone que los partidos no hagan coincidir sus campañas con los repartos estatales.

Con esas resoluciones se reconoce la necesidad de mayor equidad en las campañas electorales, lo que va en beneficio del sistema partidista y de la democracia dominicana. Pero hay que insistir en que sólo es un comienzo. Alguna vez tendremos que reconocer, por ejemplo, que no es normal en ninguna democracia que se respete, que el presidente de la nación y todos los altos funcionarios del Gobierno que no son candidatos anden en campaña electoral por todo el país, utilizando todos los recursos del Estado.

Carece de lógica que la ley pida a los empleados estatales, aún los que no administran presupuestos, que tomen una licencia de sus cargos desde el momento en que son aceptados como candidatos, pero que al mismo tiempo permita que sí hagan campaña los más altos funcionarios, que no son candidatos pero disponen de las ejecuciones administrativas y las inversiones.

No podemos cansarnos ni resignarnos al abuso y la malversación de los recursos del Estado, no sólo ahora en este gobierno, sino en cualquiera. Es obvio que hay quienes sólo ven la paja en el ojo ajeno, pero también los de amplia visión y estos son los imprescindibles. Los que han defendido los principios democráticos frente a todos los partidos y gobiernos.

No nos resignemos ni cansemos de denunciar la apropiación de lo público y la corrupción en todas sus expresiones, que siguen creciendo y siempre son justificadas cínicamente por quienes antes decían rechazarlas, con el agravante de que estos desarrollan una capacidad enorme para impugnar y descalificar a quienes aspiran a una nación de fuertes instituciones y al respeto de hasta el último peso de los ingresos nacionales.-