La Calidad del gasto educativo

Por Juan Bolívar Díaz
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Hay que celebrar la pormenorizada evaluación del gasto en educación que entregó esta semana la Acción Empresarial por la Educación, conocida como EDUCA, que se suma a los monitoreos semestrales que viene realizando la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), la cual involucra a numerosas entidades sociales preocupadas por el mejoramiento de la educación nacional.

El nuevo estudio demuestra que falta mucho camino por recorrer para alcanzar los objetivos por los cuales la sociedad dominicana luchó durante tres décadas porque nuestros gobiernos asumieran la responsabilidad de invertir mucho más recursos en el fundamento del progreso y la realización de los seres humanos y de las naciones, que es la educación.

Uno de los mayores éxitos de la sociedad civil organizada fue haber logrado que los candidatos presidenciales del proceso electoral del 2012 firmaran el compromiso de cumplir la ley general de educación de 1997, que dispone una inversión del 4 por ciento del Producto Bruto Interno para la educación preuniversitaria, lo que materializó el gobierno del presidente Danilo Medina, a partir del 2013.

Cuando se alcanzó el primer objetivo, ya el promedio del gasto en educación básica de la región latinoamericana rondaba el 5 por ciento del PIB, el doble de lo que registraba el país. Nos tomó 16 años lograr el cumplimiento de la Ley 66-97, que a su vez fue fruto de un consenso que costó mucha movilización y persistentes reclamos de las instituciones, los educadores y comunicadores más empoderados de su responsabilidad social. EDUCA estima que durante los años en que se evadió cumplir la ley, dejamos de invertir en educación el equivalente a 10 mil 569 millones de dólares.

Conviene recordarlo en estos días cuando grupos políticos, legisladores y comentaristas llegan al extremo de cuestionar el derecho de las organizaciones sociales a participar activamente en la búsqueda de consenso sobre las reformas electorales y los perfiles de competencia de sus árbitros y jueces que demanda la endeble institucionalidad democrática. Sin el activismo de los grupos sociales todavía estaríamos como en aquellos penosos años en que las escuelas eran hacinamientos de niños, con frecuencia sin siquiera tizas ni borradores, y los maestros sobrevivían en la más penosa pobreza.

El informe de EDUCA es un amplio documento que merece una lectura detenida, donde resalta el esfuerzo por relevar los efectos positivos de la inversión, con logros patentes en construcciones escolares, aunque todavía en la mitad de lo programado, en el mejoramiento de la condición salarial y del nivel profesional de los educadores, en la extensión del horario de las escuelas y en la oferta de alimentación y materiales educativos a la población escolar.

Pero la celebración de los avances no puede impedir que veamos las deficiencias que consigna el informe de EDUCA, que contiene serios cuestionamientos a la calidad del gasto educativo, advirtiendo que de mantenerse su tendencia se haría insostenible en apenas tres o cuatro años. La causa fundamental es la desproporcionada elevación del gasto en personal, especialmente del administrativo. Mientras en los últimos cinco años el personal docente aumentó en 27 por ciento, el administrativo lo hizo en 78 por ciento, con 33 mil 307 nuevos empleados, que elevaron la nómina de los no docentes en 148 por ciento.

El informe revela que el clientelismo halló en el 4 por ciento del PIB para la educación una nueva fuente de sustento. Es obvio que más escuelas y aulas requieren más maestros y asistentes administrativos, pero es desproporcionado que el personal secretarial y asistente creciera en 89 por ciento, los guardianes en 80 y los conserjes en 52 por ciento. Un buen indicio es que en la provincia Espaillat, de donde es quien fuera el ministro de Educación en esos años, con un joven hijo que gastó millones de pesos para ser diputado, fueran designados 938 conserjes, con crecimiento del 243 por ciento.

Lo menos que podría esperarse es que el nuevo ministro de Educación, Andrés Navarro, a quien se le acreditó la eliminación de un millar de botellas en su anterior cargo de Relaciones Exteriores, contenga y revoque el clientelismo en gasto educativo.

Lo que sí debemos triplicar

Por Juan Bolívar Díaz
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Con esa suave sonrisa y el tono de voz tan amigable que la caracterizan, la nueva ministra de Educación, doctora Josefina Pimentel, esbozó esta semana las líneas generales del Plan Decenal de Educación, resaltando la necesidad de cumplir las metas de acceso universal a la educación inicial, primaria y secundaria y desde luego elevar el  de su calidad. La cobertura inicial es apenas 25 por ciento, la primaria sobre 80 y la secundaria anda por el 50 por ciento.

En una extensa entrevista televisiva, la destacada sicóloga y experta en educación se refirió a la necesidad de ampliar el horario de la docencia para lo cual es imprescindible eliminar la doble y hasta triple tanda por planteles, así como de bajar el promedio de alumno por aulas, que en los centros urbanos del país ronda los 60.

Tenemos 5 mil 400 planteles escolares, donde se alojan 11 mil 400 centros educativos, lo que promedia más de dos tandas, y que en 600 de ellos hay triple, es decir mañana, tarde y noche, con promedio de apenas cuatro horas por tanda escolar. Y ya sabemos que múltiples factores reducen la docencia a menos de tres horas diarias.

El ministerio de Educación planea para el próximo año iniciar planes pilotos de una sola tanda por recinto, pero para poder generalizarlos tendríamos que duplicar el número de aulas, es decir pasar de las actuales 31 mil a más de 60 mil. Y casi habría que triplicarlas para reducir el promedio a unos 35 alumnos por aula. Eso implicaría también triplicar el número de maestros, que actualmente son 67 mil en el sistema público.

Por supuesto que la obra no estaría completa si paralelamente no se aumenta  considerablemente el salario promedio de los docentes, que según el economista Miguel Ceara, con estadísticas del 2010,  en el nivel básico es de 10 mil 120 pesos incluyendo incentivos, lo que no cubre siquiera el costo de la canasta familiar del quintil más pobre de la sociedad dominicana, que según las estadísticas oficiales asciende a 10 mil 400 pesos mensuales. En el nivel medio el salario promedio es de 11 mil 237 pesos.

Por esos pírricos salarios más del 50 por ciento de los maestros laboran en por lo menos dos tandas para reunir una suma que les permita vivir con alguna dignidad. Para lograr la tanda única habría que comenzar por duplicar el salario de los maestros sólo para mantenerlos en los niveles de pobreza actual. Que si es para dignificar la profesión y promover la educación de calidad, entonces habría que triplicarlos.

La situación de la educación pública universitaria no es diferente. El nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, informó esta semana que el promedio de alumnos por aula es de 60, y que los docentes llegan a cargar hasta con 40 horas semanales, para  reunir un salario que les permita sobrevivir. Con 178 mil alumnos, más de la mitad del total nacional,  la UASD tiene sólo 2 mil 876 profesores, apenas el 25 por ciento de todas las universidades. Con 3 mil 696 millones de pesos de subsidio oficial para este año, la academia tiene un déficit de mil 500 millones en el 2011.

Es mucho lo que hay que hacer para vencer la vergüenza de que ocupemos los últimos escalones en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, entre 139 países evaluados, el 137 en calidad de la educación primaria, 136 en calidad de la educación en matemáticas y ciencias, y el 133 en calidad de la educación en general.

Ya lo vemos, en número de aulas y maestros y en calidad de la educación tenemos que triplicar los profesionales, el esfuerzo y la inversión, no en el Ejército  Nacional como propuso recientemente el Jefe de esa institución.