Correlación entre corrupción, relajo institucional y pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
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La alarma se disparó esta semana cuando se conoció el último informe de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que deja al país con la mayor tasa regional de indigencia (20 por ciento) y 41 por ciento en la pobreza, pese a figurar entre los de más alto crecimiento económico de las últimas décadas.

Sin embargo, está diagnosticado, y lo ratificó aquí esta semana el experto internacional Daniel Kauffmann, que hay una estrecha correlación entre los niveles de pobreza, corrupción e impunidad que por demás se reproducen en la delincuencia de todo género y nivel, incluyendo el narcotráfico.

Liderando la indigencia. En realidad las tasas de pobreza e indigencia en RD que presenta el documento “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado el lunes 26, se mantienen similares al anterior, la diferencia es que el país aparece como líder porque otros, como Paraguay, registraron avances significativos, y no se midió a Haití, Guatemala y Honduras, con los que competimos históricamente. Sólo registran datos de 12 países de AL, sin los de Argentina y México, siempre mejor situados, ni los de Bolivia, donde el informe anterior había reducido la pobreza e indigencia a tasas de 36 y 19 por ciento.

El problema no es sólo que RD aparece liderando la pobreza y la indigencia, con tasas de 40.7 y 20.2, sino que supera con mucho el promedio latinoamericano, de 28.1 y 11.7 por ciento.

El resultado objetivo es que la pobreza nacional supera el promedio en 45 por ciento y la indigencia casi en 73 por ciento. Paraguay está casi empatado con tasas de 40.7 y 19.2, pero con notable avance positivo, ya que en el informe anterior registraba 49.6 y 28 por ciento de pobreza e indigencia. Otro que recibe crédito es El Salvador, donde la pobreza cayó del de 45 a 41 y la indigencia de13.5 a 12.5 por ciento.

La CEPAL, un organismo del sistema de Naciones Unidas, tiene prestigio en la región desde los años sesenta. Pero su diagnóstico no difiere de los que en el último año ofrecieron otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y Oxfam-Intermón, y en años anteriores el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Una grave contradicción. Lo que más llama la atención de los analistas es que el país mantenga tales niveles de pobreza e indigencia, pese al alto crecimiento económico que registra en los últimos 60 años, como han venido diagnosticando estudios nacionales e internacionales. Lo hizo el PNUD hace justo una década, cuando sostuvo que RD era de los países del mundo de mayor crecimiento en el anterior medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo había desaprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Baste señalar el contraste del nuevo informe de la CEPAL con el ofrecido pocos días antes por el Banco Central dominicano, que estimó en 7.5 por ciento la tasa de crecimiento del PIB en 2014, cuando el promedio latinoamericano del organismo regional fue apenas de 2.7 por ciento, casi la tercera parte.

El crecimiento económico dominicano de la última década es estimado en 5.5. En ambos casos liderando la región.

La generalidad de los análisis escarban en la distribución del ingreso, pero habría que buscar también en la artificialidad del crecimiento económico, basado en gran proporción en endeudamiento estatal, nacional e internacional, sector financiero y no financiero, que se multiplicó seis veces en lo que va de siglo, con un derroche enorme, y gasto corriente que ya consume el 85 por ciento. Con una deuda estatal consolidada de unos 34 mil millones de dólares, que incluye la del Banco Central, cada dominicano que nace ya debe 3 mil 400 dólares, más de 150 mil pesos.

Los diagnósticos nacionales. La unidad nacional del PNUD, diagnosticó suficientemente la pobreza y la desigualdad prevalecientes, pero también lo han hecho instituciones públicas. El mejor indicador, de los recientes, es la Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera, presentada en noviembre por el Banco Central, donde se registra que casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tiene ingresos mensuales menores de 18 mil pesos, con un ingreso promedio nacional de 19 mil 409 pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar nacional se estima en 27 mil 887, y en 36 mil 697 a nivel de la capital.

Un indicador indiscutible es el de la Tesorería de la Seguridad Social, que registra el 70 por ciento de los afiliados con salarios mensuales menores de 20 mil pesos. Y hay que tomar en cuenta que los asegurados son los trabajadores formales, con mayor nivel promedio de ingresos. En 2013 el FMI diagnosticó que el salario real se había reducido en 27 por ciento desde comienzo del siglo. Otro indicador de pobreza es que todavía el 45 por ciento de los asalariados estatales ganan el salario mínimo público de 5,117 pesos, suma que recibe también el 85 por ciento de los pensionados.

Con todos esos datos y un 26 por ciento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la pobreza real puede ser todavía mayor que la diagnosticada por la CEPAL. Y si no es así, hay que atribuirlo a que una proporción considerable de los dominicanos y dominicanas tienen dos o más empleos o actividades económicas para sobrevivir, lo que se traduce en jornadas laborales de 12 y 14 horas. Así se “estabiliza” la pobreza, al reducirse la capacidad de estudio y entrenamiento, de esparcimiento y de convivencia familiar y social.

Corrosión institucional. Esta misma semana, durante una charla en el aniversario del telediario El Día, el experto internacional Daniel Kaufmann presentó un mapa continental de la corrupción, proyectado en pantalla gigante en el auditorio del Banco Central, en el que aparecían cuatro países teñidos de rojo, por su alto nivel de corrupción: RD, Venezuela, Paraguay y El Salvador. El orador sostiene que en “algunas naciones de la región la corrupción se ha convertido en sistémica o endémica”.

Kaufmann resaltó la necesidad de la transparencia, pero precisando que no es suficiente si no hay voluntad política, sanciones y participación social y si las instituciones no funcionan. En realidad el proceso de la corrupción termina en la corrosión de la justicia, el Congreso, los organismos de control, partidos políticos y otros sectores, que es lo que viene ocurriendo en el país. El reparto clientelar se expande por el cuerpo social anestesiándolo, y junto al rentismo consumen una proporción de lo que Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y hasta Bolivia vienen invirtiendo en los últimos años.

Con la impunidad se minan las instituciones y el efecto demostración reproduce hacia todos los sectores la corrupción que se ejerce desde el gobierno del Estado. La justificación de la riqueza fácil lleva a todo género de delincuencia y al narcotráfico que termina penetrando Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y la política misma, convirtiendo a RD en uno de los mayores puentes del narcotráfico internacional. El círculo vicioso concluye en el deterioro democrático que diagnosticó en diciembre un estudio de la Fundación Konrad Adenauer.

 

 

 

El continuismo es endémico en RD

Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana registra el 36 por ciento de las 14 reelecciones presidenciales ocurridas en América Latina en los últimos 40 años, duplicando a los otros siete países donde se han producido, y Joaquín Balaguer es el líder indiscutible con cuatro, con un intervalo de ocho años, seguido del peruano Alberto Fujimori, quien logró dos.

Más de un centenar de presidentes latinoamericanos se han retirado definitivamente tras cumplir sus períodos de gobierno, mientras apenas una decena logró retornar al poder tras uno o más períodos de alternabilidad.

Muy pocas reelecciones.  Cuando se pasa balance al proceso político latinoamericano de las últimas cuatro décadas se comprueba que, contrario al planteamiento nacional de que el poder no se abandona, las reelecciones presidenciales han sido mas bien excepciones que norma, y sólo República Dominicana y Brasil y Perú registran más de dos.

De dieciocho países latinoamericanos, excluyendo a Cuba, donde no ha habido comicios con más de un partido, sólo en seis se han producido reelecciones de los presidentes, ninguna de ellas en las naciones centroamericanas, donde más de 50 mandatarios se han retirado tras cumplir períodos de cuatro años de gobierno.

La República Dominicana es la líder en el reeleccionismo latinoamericano de las últimas cuatro décadas, cuando se ha fortalecido la tendencia a elegir sus gobernantes, aunque varios países, particularmente sudamericanos, pasaron por regímenes militares, el más prolongado en Chile donde se extendió por 17 años.

Joaquín Balaguer encabeza con amplia ventaja la lista de los gobernantes que han sido reelectos en esos 40 años, habiéndolo logrado en dos etapas, la primera en 1970 y 1974, y tras un intervalo de 8 años fuera del poder, nuevamente en 1990 y 1994. A esas cuatro hay que sumar la conseguida en el 2008 por el presidente Leonel Fernández, para totalizar cinco, que son el 36 por ciento de las 14 reelecciones ocurridas en la región.

Brasil y Perú son los otros países de la región donde se han registrado más de una reelección. En el primer caso por los presidentes Fernando Henrique Cardoso, que gobernó entre 1995 y 2003, y Luiz Inácio Lula da Silva, quien el año próximo concluye el período iniciado en el 2003. El peruano Alberto Fujimori es, aparte de Balaguer, el único que ha conseguido dos reelecciones consecutivas, aunque no pudo concluir su tercer mandato, habiendo gobernado del 1990 al 2001.

Los otros cinco presidentes que consiguieron una segunda elección consecutiva (una sola reelección) fueron Raúl Menem en Argentina (1989-99), Álvaro Uribe en Colombia (2002-10), Evo Morales en Bolivia (2005-15), Rafael Correa de Ecuador (2007-13) y  Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013). Este tiene en realidad tres elecciones consecutivas, porque acortó su primer período a dos años tras una nueva Constitución.

Los que regresaron.   Son apenas diez los presidentes latinoamericanos que han logrado retornar al poder entre el 1970 y el 2010, después de por lo menos un período de intervalo. El primero en lograrlo fue Juan Domingo Perón, en Argentina,  el que más tiempo tardó en volver, del 1955 en que fue derrocado al 1973, pero para morir un año después. Le siguieron los venezolanos Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes iniciaron sus segundos períodos en 1989 y 1994. Habían concluido sus primeras gestiones en 1979 y 1974, respectivamente.

Oscar Arias, de Costa Rica, retornó en el 2006, tras haber gobernado entre 1986 y 1990. El peruano Alan García salió del poder en 1990 para retornar en el 2006 y Daniel Ortega salió también en 1990 y volvió en el 2007. En Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente entre 1993 y 97 y volvió a ser electo en el 2002, pero fue desplazado al año siguientes  por una asonada popular. Jean Bertrand Aristide y René Préval, en Haití,  también registran dos elecciones con intervalos cada uno, el primero en 1991 y 2001 y el otro en 1996 y 2006. El décimo que volvió fue Leonel Fernández, quien lo consiguió sólo 4 años después de haber salido del poder en el 2000.

Durante las cuatro décadas indicadas la República Dominicana, Colombia, Guatemala y Costa Rica son de los que más elecciones con intervalos regulares han tenido, 11 en cada caso. México y Venezuela registran menos porque sus períodos presidenciales han sido de 6 años en el primer caso, y de 5 y ahora 6 en el segundo.

Han sido muy escasos los que han fracasado en el intento de volver tras un intervalo fuera del poder. Más de un centenar se resignó a un solo período. Por ejemplo en los seis países de América Central, incluyendo a Panamá,  ha habido 53 presidentes electos y sólo Arias y Ortega se repostularon y volvieron después de haber dejado el poder.

Puro providencialismo.   El continuismo que hasta mediados del siglo pasado fue una epidemia política en América Latina, está fundado en el providencialismo. Comienza siempre proclamando imprescindible al gobernante de turno, que al principio se sonroja, luego deja correr la pelota y al final entra al juego, a menudo incentivado por temor a que su partido pierda el poder y le pasen cuenta por malversaciones y hasta crímenes.

El primer pretexto para alentar las ondas reeleccionistas es que si el mandatario se acoge a la Constitución y proclama que no se va a repostular, “lo dejan solo” y se debilita el gobierno. Eso obliga a sus partidarios a hacer el coro o por lo menos guardar discreto silencio para no caer en desgracia, mientras se prepara el escenario para la continuidad.

Cientistas sociales como Daniel Zavatto, quien ha venido múltiples veces al país, atribuyen el continuismo a las debilidades institucionales, la personalización de la política y al hiperpresidencialismo. Siempre tiene un costo institucional, democrático y hasta económico, pues se practica abusando de los recursos del Estado.

En el caso dominicano el continuismo invade todas las instituciones y los funcionarios y líderes no conciben el retiro. Don Antonio Guzmán no pudo pasar la prueba de la descompresión del poder y prefirió suicidarse. Hipólito Mejía intentó continuar en medio de una terrible crisis financiera cuando muy pocos lo veían posible, y ya está en ajetreos para retornar. Balaguer, ciego, quería volver a los 94 años, y Juan Bosch fue candidato con dificultades mentales y casi nonagenario.

Pero la renuencia al retiro supera la política y se constituye en una endemia cultural en el país. Por eso los actuales jueces de la Suprema Corte interpretaron que no se les puede aplicar la ley de carrera judicial que plantea su retiro a los 75 años, aún cuando le garantiza el 90 por ciento de su salario, como justa compensación. Tres extraordinarios directores de periódicos, Don Rafael Herrera, Germán Ornes y don Mario Álvarez, murieron en sus puestos de mando, pese a sufrir largas enfermedades. Y glorias del béisbol como Samuel Sosa y Pedro Martínez han rehuido proclamar su retiro.-

El tercero traumático

El planteamiento de que un tercer período de gobierno consecutivo es dañino se convierte en un axioma, a la luz de la historia latinoamericana. En el caso de Joaquín Balaguer desde su primera reelección en 1970 medió la fuerza militar y el abuso total del poder. Lo mismo ocurrió en 1974. Esas dos elecciones no catalogan como democráticas. Y la siguiente, en 1978, concluyó en derrota y una grave crisis política cuando intentó desconocer por la fuerza ese  resultado.

Lo mismo ocurriría en el segundo período de gobiernos balagueristas, con sus reelecciones  de 1990 y 1994, ésta última derivada en la peor crisis política nacional tras la guerra civil y la intervención norteamericana de 1965.

El caso de Alberto Fujimori en Perú es paradigmático. Logró una cómoda y fácil reelección en 1995, tras haber tenido suerte con la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y con la estabilización de la economía que había encontrado maltrecha en 1990. Para repostularse la primera vez hubo de reformar una Constitución que la prohibía, instituyendo una reelección. Para buscar una segunda reelección sustituyó tres jueces del Tribunal Constitucional para conseguir una “Ley de interpretación auténtica”, según la cual con la nueva carta magna se contaba de nuevo y por tanto podía postular para un tercer período consecutivo. Es justamente lo que postulan aquí quienes plantean que las elecciones del presidente Leonel Fernández anteriores a la Constitución proclamada en enero no cuentan para la prohibición de la reelección inmediata que postula su artículo 124, lo que, según esa “interpretación auténtica”, le permite postularse de nuevo en el 2012.

Para lograr el tercer período consecutivo, Fujimori pervirtió no sólo el Tribunal Constitucional, sino muchas otras instancias democráticas, y Vladimiro Montesinos compró políticos, comunicadores y hasta empresarios y religiosos. Se impuso a todo costo, pero la explosión de los “Vladivideos”, desató una crisis política que lo obligó a huir del Perú cuatro meses después, en noviembre del 2000. Extraditado en el 2007 cumple condenas que suman 32 años de cárcel por latrocinio, matanzas, secuestros y abuso de autoridad.