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Legislando para beneficio propio

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque esta vez no hay cambio en el presidencia y la vicepresidencia de la República, ni en más del 80 por ciento de los integrantes del Senado ni de dos tercios de la Cámara de Diputados, una vez más el período de “transición” se está convirtiendo en tiempo de repartos impúdicos a la vista impotente de toda la sociedad.

En los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, los regidores y alcaldes tratan de atribuirse pensiones improcedentes o se elevan sus sueldos, y en el Congreso Nacional se adelantan legislaciones para beneficio propio de los legisladores, sin que ningún poder pueda alcanzar a establecerles límites, ya que desde hace algún tiempo se ha extendido hasta la iniquidad el concepto de autonomía estatal.

Los mismos legisladores que crearon el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que instituye un seguro de salud y un sistema de pensiones, definido como universal para los empleados públicos y privados, legislaron en su propio beneficio, creando, por separado un Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, con niveles privilegiados de beneficios.

En este período de transición, el Senado y ahora acaba de refrendarlo la Cámara de Diputados, ha ampliado los beneficios de su plan de pensiones, pero también están creando el Instituto de Desarrollo Parlamentario y Capacitación Legislativa. Para colmo, diputados que pasan a ser alcaldes, apresuran una modificación de la Ley 176-06 sobre Municipios y el Distrito Nacional, en búsqueda de un mayor margen de autonomía administrativa.

Bajo el paragua de que aumentan del 10 al 12 por ciento, es decir en un 20 por ciento, los aportes al plan de pensiones de los pocos nuevos senadores y diputados a partir del próximo período constitucional, se incrementa en 67 por ciento el aporte para pensiones que han de extraer del presupuesto del Poder Legislativo, que pasaría del 6 al 10 por ciento del total. Eso no tiene otro nombre que legislar para beneficio propio.

Como si nada, los diputados aprobaron esta semana y a toda velocidad, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de creación del Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa. Puede parecer un buen propósito promover la formación de los legisladores, pero es otro privilegio a ser financiado con los dineros públicos. El Instituto impartiría diplomados y maestrías en técnicas legislativas y derecho parlamentario, con pretensión de reconocimiento como entidad de educación superior. Por supuesto con financiamiento estatal privilegiado, al margen de la Universidad del Estado y de tres docenas de academias privadas.

El otro desaguisado legislativo es la modificación de la Ley 176-07 sobre Municipios y el Distrito Nacional, para beneficio de varios diputados que pasarán el 16 de agosto a ejercer como alcaldes, relevantemente el actual presidente de la Cámara Abel Martínez, quien se juramentará como alcalde de Santiago.

Se pretende reducir el papel de las salas capitulares, en beneficio de los alcaldes, y modificar la distribución de los ingresos de los municipios, que según el artículo 21 de la Ley 176-07, sólo se puede puede erogar hasta el 25 por ciento en gastos de personal, y 31 por ciento para actividades y servicios municipales, reservando 40 por ciento para obras de infraestructura y adquisición de muebles, y el 4 por ciento restante para programas educativos, de género y de salud. También se pretende otorgar discrecionalidad al cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Vale recordar que la Ley 176-07 fue fruto de una larga década de concertaciones y asesorías nacionales e internacionales, y ahora se pretende una modificación al vapor. Por suerte a la actual legislatura sólo le quedan seis días hábiles, pues concluye el lunes 25.
Una vez más resalta la miseria de institucionalidad democrática que se gasta este país, con seres privilegiados que legislan para su propio beneficio, que se apropian de recursos estatales para “planes de asistencia social”, pero que no cumplen su función de fiscalizar y se pasan años y hasta décadas acariciando proyectos fundamentales como la ley del Régimen Electoral, la de Partidos, o el proyecto de ley de tránsito, transporte y seguridad vial.

Solo una real reforma política generará competencia electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

   Por Juan Bolívar Díaz

21_02_2016 HOY_DOMINGO_210216_ El País13 A

El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.

Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.

Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.

Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.

En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.

De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.

El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.

El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.

Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.

Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.

El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.

Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.

Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.

El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.

Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

13_12_2015 HOY_DOMINGO_131215_ El País12 A

Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

Precisiones sobre déficit y austeridad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Tras la publicación el 18 de noviembre del trabajo “Leonel arroja leña al fuego nacional”, recibí una amable comunicación de un amigo que fue diplomático en el país durante varios años donde formula una importante precisión sobre el origen del déficit fiscal que confronta la economía española, que vale la pena compartir con los lectores:

“Los problemas de España no arrancan del déficit público, inexistente al comienzo de la crisis. Arranca de la explosión de la burbuja inmobiliaria y del endeudamiento privado, tanto de empresas (que compraban todo lo que revendía fuera de España), bancos (para poder seguir prestando a promotores inmobiliarios y conceder hipotecas) y las familias que se hipotecaban”.

“Ese es el enorme apalancamiento que supera el 300 por ciento del PIB. Luego, sí, el Estado ha incurrido en enormes déficits debido a la caída de los ingresos (que le ha venido muy bien a Leonel Fernández para confundir y manipular) y al aumento del gasto por ejemplo en subsidios de desempleo (aproximadamente un 3 por ciento del PIB). Piense, además, que las pensiones suponen un 9 por ciento del PIB. La pensión de jubilación media es de 951 euros/mes y entre jubilados, incapacidad (casi 1 millón) y viudez etc. cubre a 9 millones de personas”.

 Estas precisiones son fundamentales para entender la naturaleza del déficit fiscal español y la forma en que se ha manejado, que son similares al origen y manejo de la crisis norteamericana: la explosión de la burbuja inmobiliaria, el abuso de banqueros irresponsables, con apropiación de enormes sumas, lo que arrastró otros sectores de la economía y obligó a invertir decenas de miles de millones de dólares para rescatar hasta a la General Motors y la Chysler. Estados Unidos invirtió en eso mucho más de un millón de millones de dólares y es parte del déficit fiscal que padece, sin las consecuencias que ha tenido para España, no porque sea menor en relación al producto bruto, sino porque es quien rige la economía mundial. Aunque allí también parece que la capacidad de endeudamiento se agota peligrosamente.

 En España sólo la quiebra del consorcio financiero Bankia ha costado 23 mil 465 millones de euros, equivalentes a 29 mil 566 millones de dólares, y a un billón 220 mil 180 millones de pesos, que es 2.4 veces el proyecto de presupuesto dominicano para el 2013.

 Por cierto que un juez de la audiencia nacional ha encontrado suficientes razones para dar curso a una querella judicial contra 33 “consejeros” de Bankia considerando que sus ejecutorias “podrían desestabilizar todo el sistema financiero”.

 En resumen, que ciertamente hay déficits fiscales en España, como en Estados Unidos, pero de origen diferente al dominicano, y manejados institucionalmente, porque ni Zapatero/Rajoy ni Obama podían incurrirlo por decisión individual, burlando las normas constitucionales y legales, sin autorización del Congreso. Mucho menos podían meter a sus países en un déficit del 8.5 por ciento del PIB, (el español anda por el 6 por ciento) para ganar elecciones e iniciar una campaña electoral para volver al poder. Tampoco porque necesitaran terminar obras que la continuidad del Estado debía afrontar. Mucho menos para repartir y subsidiar gastos electorales.

 Otra precisión fundamental es sobre la austeridad y el gasto. En España, los que piden extremar la austeridad conspiran contra los pensionados o los servicios básicos. En República Dominicana la exigencia de austeridad es para reducir el dispendio y la corrupción a fin de que los recursos alcancen para la población más pobre, no en forma de dádivas de cajitas navideñas o la libra de arroz por día que permite el programa Comer es primero, sino para combatir eficientemente la pobreza.

 En España los legisladores no tienen barrilitos ni cofrecitos, ni cada entidad del Estado dispone recursos a discreción y sin transparencia para “planes sociales”. Tampoco hay organismos con cientos de empleados sin funciones ni los mandatarios tienen fundaciones con gastos millonarios mientras ejercen el poder público. Aquí austeridad es respeto a lo colectivo, como mandan la Constitución y numerosas leyes.

 

La primera reivindicación

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Si se da crédito a lo dicho por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, la primera reivindicación de los senadores que toman posesión mañana, 31 de ellos  de su mismo partido y el restante un aliado devoto que está consultando a la Virgen de La Altagracia si se juramenta en el cargo, podría ser elevarse el salario para corregir una distorsión.

Según lo dicho  por el presidente del Senado a la estelar periodista Esperanza Ceballos, los senadores sufren una grave injusticia que debe ser corregida, al ganar 50 mil pesos menos que los diputados. Trascendió que algunos querían corregirla al concluir la reciente legislatura.

Tal vez porque alguno advirtió el texto del artículo 140 de la flamante Constitución proclamada el 26 de enero pasado, el cual dice: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Como se puede observar, ese texto no deja duda y seguro será invocado por algunos que, como Pared Pérez, fueron de los arquitectos de la flamante Constitución, y evitarían que se convierta en otro “simple pedazo de papel”, como las 37 precedentes. Aunque es extraño que el reputado abogado no se haya referido a ese “imprudente artículo”.

Así pues hasta prueba en contrario los legisladores no podrán aumentarse sus remuneraciones sin violar la Carta Magna. Aunque no se descarta que encuentren alguna forma de interpretarla, como que todavía no se ha aprobado la ley que sancione esa inobservancia.

Otra podría ser una indexación de la inflación de los últimos años, que según el léxico fiscal de actualidad no es un aumento. O simplemente aplicarlo a los beneficios adicionales de los senadores.

Parece cierto que en el sueldo formal los diputados reciben más que los senadores, 175 mil a 125 mil mensuales. Pero hay “reivindicaciones” que no disfrutan los primeros. Los senadores reciben además 50 mil como gasto de representación, 25 mil por viáticos, 25 mil para hospedaje, y con asistir a 8 sesiones y a 5 reuniones de comisiones cada mes redondearían otros 40 mil pesos. Y no es tan difícil, fíjense que sería 2 jornadas de trabajo al mes, sin horario fijo.

Así las cosas, los senadores tienen un ingreso nominal de 265 mil pesos al mes, aparte de las asignaciones de 289 mil pesos para pagar personal en su oficina central, 142,500 para empleados en su oficina provincial y 190 mil para pago de servicios. Todos esos renglones totalizan 886 mil 500 pesos mensuales.

Si se le suman los “fondos para asistencia social”, (Barrilito), que promedian 598 mil 750, en proporción a la población representada (el mínimo de 420 mil y máximo 900 mil pesos por mes), el senador promedio sale a un millón 785 mil 250 mensuales.

Pero todavía habría que sumarle lo que cuestan los choferes y personal policial y militar que sirve a cada uno de ellos, pagados también por el Senado, lo mismo que gastos de teléfonos, pasajes al exterior y una exoneración impositiva de un   vehículo cada dos años que la mayoría vende por cientos de miles de pesos.

Como los senadores quieren igualarse sus sueldos nominales con los diputados, podría ser justo que éstos a su vez quieran igualarse los demás ingresos, por ejemplo cambiar sus “cofrecitos sociales” de 50 mil por un barrilito promedio de 598 mil.

Todo eso en un país donde el 88 por ciento de los empleados formales ganan menos de 25 mil pesos al mes, sin ninguna otra compensación, y el 60 por ciento menos de 10 mil pesos.

Donde el salario de más de la mitad de los servidores públicos, incluyendo los municipales,  está en 5 mil pesos o menos. Donde hace dos años el presidente Fernández dispuso que las pensiones del Estado fueran elevadas a un mínimo de 5 mil pesos, que es lo que reciben millares de maestros, enfermeras y otros que sirvieron al país durante tres y cuatro décadas.

No hay dudas, los nuevos “representantes del pueblo” tienen una buena agenda para iniciar sus labores con reivindicaciones salariales. ¡Manos a la obra carajo!

 

La vigilia de la Sociedad Civil

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque con la ausencia de las grandes organizaciones empresariales y de las universidades, ochenta entidades de los más diversos sectores se han declarado en vigilia ante la inminencia de la reorganización del Poder Judicial y la puesta en vigencia de nuevos órganos institucionales.

Tras el proceso electoral piden la reactivación de las organizaciones sociales en reclamo de los cambios que urgen al país, incluidas  reformas políticas, control de la gestión pública, con mayor calidad del gasto, transparencia, freno al deterioro moral y lucha contra la  corrupción.

Piden movilización.  En un comunicado, ochenta entidades de los más diversos ámbitos sociales proclaman que “las organizaciones sociales necesitan reactivarse, predicar con el ejemplo, no reproducir los males que afectan a los partidos políticos, articularse mejor y emprender acciones conjuntas para lograr los cambios que con urgencia requiere nuestra sociedad”.

Plantean que en ese esfuerzo deben participar también los políticos y funcionarios públicos con verdadera preocupación por resolver los problemas nacionales, todos aquellos que hayan demostrado en la práctica un real compromiso con la institucionalidad democrática y el ejercicio ético de la función pública.

Tras una reflexión colectiva llegaron a la conclusión de que el reciente proceso electoral “ha puesto de manifiesto el notable deterioro partidario, expresado en prácticas antidemocráticas de los partidos en la elección de sus candidatos, enorme inequidad en la competencia proselitista, impunidad ante las violaciones de la Ley Electoral y los bochornosos actos de violencia, clientelismo, transfuguismo, falta de transparencia en el origen y destino de los excesivos fondos utilizados en la campaña, entre otros delitos y transgresiones”.

Los dirigentes sociales confiesan su decepción por el gran número de denuncias de fraudes e irregularidades, no sólo entre los diversos partidos, sino también en el seno de los mismos, aumentando la pérdida de confianza de la ciudadanía. “No es casual que en los principales centros urbanos, donde reside la población menos vulnerable al clientelismo, más de la mitad de los electores no acudiera a las urnas”, plantean.  Preocupados por la profundización del deterioro institucional y la falta de principios éticos en el ejercicio de la política y la administración del Estado, “se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los poderes públicos a fin de promover que la política y la conducción del Estado se ejerzan con responsabilidad”.

Reestructuración institucional.   Las ochenta organizaciones exhortan a la ciudadanía y a la prensa nacional  a mantenerse muy vigilantes de los cambios institucionales que se derivan de la nueva Constitución, priorizando la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser reestructurada, y de los nuevos órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Aunque el comunicado no lo dice, en muchos dirigentes sociales subyacen temores de que el control absoluto del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del bloque gobernante genere una subordinación del Poder Judicial al interés político partidista, por lo que plantean que sus integrantes “deben seleccionarse en estricto cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la Constitución, de manera que haya garantía de que actuarán con independencia e imparcialidad”.

Reclaman particular atención a la instauración del Tribunal Constitucional, “cuyas decisiones son definitivas e irrevocables” y porque “es la entidad que tendrá la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

El comunicado llama la atención sobre la elección del Defensor del Pueblo, que suponen que tendrá lugar tras dársele rango constitucional, después de ocho años de haberse aprobado la ley que lo instituye. Esperan que cuente con independencia y los recursos necesarios para cumplir su objetivo.

Se refieren también a la próxima reestructuración de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, de la que dicen que “debe mejorar substancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”.

Los grandes ausentes.   La agenda denominada  “Más Movilización Ciudadana para Mejorar la Institucionalidad Democrática” fue objeto de la reflexión y planteamientos de decenas de entidades de todos los ámbitos sociales, incluidos  la Federación de Asociaciones Industriales y  la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, pero se echa de menos al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Cámara Americana de Comercio y las asociaciones de industriales de Santiago.

También es notable la ausencia de las universidades, con la excepción del Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tampoco aparecen las iglesias evangélicas que, al igual que las entidades cúpulas del empresariado, formaron parte de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano, que en los finales de los noventa y hasta hace pocos años jugaron un papel relevante en la promoción de la institucionalidad democrática.

Mucho se ha especulado en los últimos dos o tres años sobre las razones que tuvo el alto empresariado para reducir su participación en las concertaciones sociales. Algunos la atribuyen a cansancio, otros a temores al poder político, otros a frustraciones de dirigentes y a predominio de los más conservadores.

Entre los sustentadores de la agenda hay múltiples entidades católicas, como la Confederación Dominicana de Religiosos, que congrega las órdenes religiosas, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.

También las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza, las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, la Pastoral de Turismo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Radio Santa María y Radio Marién.

Del Frente sindical sólo firma el comunicado el Consejo de la Unidad Sindical.

El grueso son entidades como Participación Ciudadana, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana contra la Corrupción y el Comité pro Defensa de los Derechos Barriales.

También  Ciudad Alternativa, Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica y La Lucha.

Aparecen también decenas de organizaciones de productores agrícolas, barriales y entidades de base, incluidas juntas de vecinos.

Reformas políticas y transparencia

Las organizaciones de la sociedad civil proclaman la urgencia de “adoptar medidas para mejorar el sistema electoral, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política”. Plantean la necesidad de aprobar la ley de partidos que se debate desde hace una década, relegada por las ventajas derivadas de la falta de regulación y de la defectuosa aplicación de las disposiciones vigentes. También la ley de participación social para promover un mayor control sobre la gestión pública.

No pasan por alto los barrilitos y cofrecitos y las exoneraciones de vehículos en beneficio de los senadores y diputados, sosteniendo que “mientras los legisladores continúen apropiándose de recursos de manera ilegítima, el Congreso carecerá de autoridad para cumplir su rol de fiscalización del uso de los recursos del Presupuesto Nacional por parte de las demás instancias del Estado. Tampoco tendrá autoridad moral para aprobar nuevas cargas tributarias a la población o gravar bienes y servicios actualmente exentos”.   Tras pedir una mayor vigilancia ciudadana sobre el desempeño de los legisladores como de las autoridades municipales, exigen políticas y acciones destinadas a garantizar calidad y transparencia del gasto público y a convertir el presupuesto nacional en herramienta de desarrollo, con equidad y atención a las prioridades. También reclaman movilización para que no se difiera más el cumplimiento de la ley que hace 13 años establece un mínimo del 4 por ciento del producto bruto interno para la educación.

Así mismo llaman a combatir la corrupción y la impunidad, proclamando que “es urgente frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado”, ya que ambas estructuras exhiben una retroalimentación perversa, porque “la falta de democracia, las trampas, la corrupción y la ausencia de ética en los partidos, son conductas que la dirigencia de éstos llevan a las instituciones públicas y con los recursos materiales e institucionales del poder político impulsan el clientelismo, el favoritismo y las prácticas corruptas, como forma de fortalecer las estructuras partidarias”.

 

Asomos de proyectos en campaña electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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A dos semanas de las elecciones congresuales y municipales la propaganda política alcanza niveles de frenesí con altísimo costo, especialmente para los candidatos a diputados por efecto del voto preferencial, llenando los espacios de radio y televisión y las vías públicas de todo el país.

Las dos formaciones políticas que polarizan el sistema político han publicado proyectos legislativos y la de oposición incluyó una agenda de acción municipal, pero muy pocos candidatos hacen referencia a los mismos en sus campañas, pese a los reclamos de instituciones y personalidades sociales.

Propaganda sin control.  Como el sistema político se ha negado a establecer límites al gasto en las campañas hay candidatos que han invadido las calles y carreteras con vallas de todas las dimensiones, algunas de las cuales llegan a costar sobre 200 mil pesos semanales, según denunció esta semana el politólogo Pedro Catrain, quien dijo disponer de dos millones de pesos, fruto de pequeñas contribuciones para promover su candidatura a diputado, pero advirtió que algunos de sus contrincantes gastan más de esa suma por semana.

La mayor inversión corresponde a los candidatos a diputados, porque son los únicos que tienen una doble competencia en virtud del voto preferencial. Primero los partidos tienen que buscar ganar la mayor proporción, pero cada candidato debe tratar de hacerse visible para sus electores, lo que no necesitan quienes compiten para senadores, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, vocales, ni para los postulados al Parlamento Centroamericano ni para los cinco diputados por acumulación de votos.

La primera gran erogación de los casi  15 mil candidatos que luchan por los 4 mil 36 cargos electivos fue la realizada para obtener las candidaturas, aunque esta vez casi la mitad fueron asignadas por las cúpulas dirigenciales y la totalidad en las organizaciones menores. Un ciudadano que aspiraba a diputado aseguró haber gastado 9 millones de pesos en promoción, activistas y  regalías para, al final, ver frustradas sus expectativas.

En la medida en que se acerca la votación, los partidos y candidatos que disponen de más recursos, especialmente del partido de gobierno,  invaden la radio y la televisión sin perdonar ningún tipo de programa. Las transmisiones de los juegos del béisbol de Estados Unidos estaban saturadas esta semana de propaganda electoral, en su gran mayoría morada. La propaganda de los candidatos es predominantemente de exaltación individual y la de los partidos queda en generalidades “para que siga el progreso” o porque “el cambio va”.

“Pacto con el Progreso”.  El Partido de la Liberación Dominicana rehuyó todo compromiso con los medios de comunicación y organizaciones sociales que promovían debates entre los candidatos, como  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Lo más cercano a debates son los coloquios con candidatos diversos que viene realizando el telediario Uno + Uno de Teleantillas, que ha logrado incorporar candidatos peledeístas como Minou Tavárez y Alejandro Montás.  El candidato morado para síndico de San Cristóbal, José Montás, y su contrincante del PRD, Raúl Mondesí, protagonizaron un debate el lunes en ese espacio.

El PLD fue el primero en responder a los reclamos de propuestas cuando el 15 de abril presentó su agenda legislativa de 8 puntos “Pacto con el Progreso”, algunos tan abstractos como el de legislar para “expandir e institucionalizar la reforma de seguridad social”, o el que promete garantizar la permanencia de la Tarjeta Solidaridad, estimada como un “instrumento de justicia social”, en vez de proponer la superación de la pobreza.

Otro punto plantea apoyar el Plan Decenal de Educación y reafirma el compromiso con la modernización del sistema educativo, cuando en diez años de gobierno se han quedado en la mitad de lo que la ley dispone para el sector.  Mayores burlas ganó el propósito de una nueva ley de Etica Gubernamental, cuando se ha despreciado el código existente.

Un planteamiento muy abstracto es el de “expandir e institucionalizar la reforma de la seguridad social”, al igual que el de  legislar para la protección del medio ambiente, materias en las cuales se cree que el país ha avanzado significativamente.

Más concretamente promete promover empleos mediante incentivos fiscales, y fortalecer las instituciones que combaten el crimen organizado y el narcotráfico con mayores recursos presupuestarios, impulsar una ley  contra la extorsión criminal y organizaciones corruptas, así  como adaptar todas las leyes al nuevo marco constitucional.

Las propuestas del PRD.  Por su parte el Partido Revolucionario Dominicano presentó no sólo una agenda con 25 propósitos legislativos, sino también un “nuevo modelo de gobernanza y gobernabilidad local”, que es todo un plan de gobierno concebido para fortalecer la eficiencia y la autonomía municipal.

Como es natural en los partidos de oposición, sus proyectos son más amplios y detallados en cuanto a propósitos legislativos y de administración municipal. Concretan propuestas para un programa de empleos productivos, para una ley de primer empleo, financiamiento a la microempresa y un fondo para rehabilitar las cuencas hidrográficas.

Las reformas del Código Procesal Penal y del Código de Niños y Adolescentes, de la ley que castiga el narcotráfico para endurecerla, y una ley de reforma de la Policía figuran entre los planes para combatir la delincuencia. El programa incluye no aprobar aumentos o nuevos impuestos ni préstamos que no garanticen rentabilidad económica y social, reducir el itebis al turismo y eliminar gradualmente el gravamen del 28 por ciento al Internet.

El PRD coincide con el PLD en “una ley que formalice e institucionalice la entrega de la Tarjeta Solidaridad”, y en un nuevo código de ética y transparencia de la administración pública,  pero se distancia al prometer la eliminación del barrilito de los senadores y modificar el contrato con la Barrick Gold sobre la mina de oro de Cotuí.

El modelo de gobernabilidad local que propone es un extenso y minucioso documento de 9 páginas a renglón seguido, que hace énfasis en la descentralización, en la transparencia municipal, en la participación social y ciudadana, en la modernización de la gestión municipal y urbanística, el ordenamiento territorial, desarrollo económico local, ordenamiento del tránsito y transporte, imagen urbana e identidad municipal, así como en la seguridad ciudadana, el saneamiento ambiental y la prevención y mitigación de desastres.

Los dos programas perredeístas son más completos, mucho más amplios y concretos que el peledeísta, pero por igual no son enarbolados por sus candidatos, algunos de los cuales ni siquiera saben de su existencia o contenido. En cualquier caso al menos las dos formaciones políticas que comprometen a 22 de los 26 partidos reconocidos han intentado responder el clamor de propuestas para que la campaña electoral no se limite a la chercha, el escándalo y el caravaneo que tantos recursos malversan.

Una campaña costosa

Aunque las erogaciones oficiales para la organización de las elecciones y la campaña electoral de los partidos serán de 2 mil 385 millones de pesos, habría que sumar muchos millones más sacados de los ahorros que acumulaba la Junta Central Electoral y el financiamiento de otras fuentes a partidos y candidatos.

De forma oficial se ha informado que del presupuesto nacional se erogaron 1,300 millones de pesos para la logística electoral y 1,085 que fueron canalizados a los 26 partidos políticos y un movimiento municipal reconocidos, el 80 por ciento de los cuales correspondieron a los dos mayoritarios.

Pero la opacidad del sistema partidista impedirá siquiera una aproximación a la suma recabada por partidos y candidatos con el sector privado, en algunos casos de sus propios bolsillos y mucho menos al dinero proveniente de fuentes ilegítimas como el lavado de activos y la sustracción de recursos estatales.  Hay quienes creen que el dinero sacado del Estado, a través del gobierno central y los ayuntamientos supera con creces el financiamiento oficial, no sólo por el robo y el tráfico de influencia, los barrilitos y cofrecitos, sino también por el pago de nóminas y nominillas que se incrementan en las campañas electorales.

Es difícil aproximarse al costo de cada caravana presidencial, donde se mueven cientos de altos y medianos funcionarios, de asistentes, choferes y guarda espaldas, de soldados y policías que utilizan helicópteros y vehículos de los organismos públicos con combustibles, sueldos y dietas pagadas por los mismos.

Cualquier suma puede parecer baja si se tiene en cuenta que sólo para “asistencia social” los 27 senadores que buscan la reelección recibieron 685 millones de pesos en los últimos cuatro años, parte de los cuales fueron reservados para la campaña electoral.