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No pienso morder silencio

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

Debo advertir que no pienso morder el silencio que me aconsejan, algunos de buena fe, para escapar del cerco de acoso, estigmatizaciones y amenazas en que me encuentro junto a otros colegas, por denunciar la corrupción y le iniquidad, por defender derechos humanos y promover relaciones de buena vecindad con los hermanos haitianos. Aunque confieso que por momentos quisiera largarme para la Patagonia, allá bien al sur del continente, donde vacacioné una vez y quedé con la ilusión de pasar unos meses, entre lagos y nevados infinitamente hermosos.

A veces la emoción me conduce a un bote salva vida individual. Pero la razón me dice que es un poco tarde con casi medio siglo en este angustioso oficio. Ya una vez lo abordé por un año, tras dos atentados que procuraban mi silencio eterno. Pero de eso van a cumplirse 45 años y entonces, en 1970, el terrorismo de Estado cobraba una víctima cada 28 horas. Ahora es diferente y albergo la esperanza de que no llegaremos al extremo del asesinato, aunque cada vez es más preocupante la necrófila consigna de “muerte a los traidores”, que grupos extremistas, algunos pagados por entidades gubernamentales, proclaman en plazas públicas y medios de comunicación.

Ya esta semana otro grupito, esta vez en San Francisco de Macorís, duplicó la lista de “traidores disfrazados de periodistas”, merecedores de la muerte. Además de este articulista y de Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, sumaron a Marino Zapete, Alicia Ortega, Fernando Hasbún y Edith Febles. Hay que relevar la responsabilidad de los dirigentes del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad que impidieron el uso de su local para pregonar exterminio.

El asesinato a golpes de un joven haitiano, posteriormente colgado en el parque Ercilia Pepín de Santiago, al día siguiente de que fanáticos encapuchados quemaran allí una bandera de Haití, profundiza las preocupaciones sobre las consecuencias de la siembra de odio y estigmatizaciones. Sin siquiera haber identificado a la víctima, ni a sus presuntos victimarios, la Policía atribuyó el crimen a otros dos haitianos con la supuesta intención de robarle. El Centro de Formación Agraria de Santiago (CEFASA), una institución religiosa, fue más rápida que la policía al identificar a la víctima el jueves como Claude Jean Harris, un pacífico limpiabotas de 22 años, que según su esposa se llevaba bien con todo el mundo.

Hay razones para temer que estemos ante la primera víctima mortal del discurso del odio puesto en marcha en las últimas semanas. Si era para robarle, no se explica que lo ataran de pies y manos y que luego de matarlo a golpes lo colgaran en una plaza pública, frente al principal hospital de Santiago, en una zona de mucho tráfico. Las preocupaciones son tan lógicas que el Jefe de la Policía Nacional acudió al escenario el jueves y dispuso que una comisión especial investigue a fondo.

El general Manuel Castro Castillo ya llevaba una semana investigando personalmente el asalto a la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, ejecutado a media mañana, cuando un grupo de cinco personas golpeó al guardián, amordazó a la trabajadora doméstica y cargó con dos cajas fuertes. No se puede descartar el robo como móvil, pero vale la pregunta de si un solo policía es suficiente para esa residencia.

Debe asumirse que la actuación personal del jefe policial partió de la instancia superior del Gobierno. También porque el canciller Andrés Navarro dijo el jueves que aparentemente hay sectores empeñados en dañar las relaciones con Haití, cuando hace unos meses el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo proclamó una nueva era en los vínculos bilaterales. Y es posible que haya fragmentos sociales empeñados en marchitarlos.

Mientras los investigadores policiales esclarecen suficientemente esos acontecimientos recientes, sigue siendo un imperativo que toda la sociedad, dominicana, encabezada por sus máximas autoridades, y por sus orientadores espirituales, reclame con firmeza un alto al discurso necrófilo, de odios, estigmatizaciones y exclusiones.

 

Tensa negociación Gobierno-Barrick

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno y la minera Barrick Gold han seguido negociando tras el enérgico reclamo del presidente Danilo Medina de una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata provenientes de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, aunque la oferta empresarial parece muy distante de la expectativa.

En un clima de exacerbación nacionalista el Gobierno elevó su ofensiva con la retención del último embarque de oro y plata, buscando forzar un “acuerdo amigable”, consciente de que los términos del contrato no le son favorables en el escenario de un arbitraje internacional que podría resultar de la imposición legislativa planteada.

La “solución amigable”.  Tras el virtual ultimátum público contenido en el  discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero reclamando una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata, las conversaciones entre el Gobierno y la minera Barrick Gold han proseguido, como antes,  bajo rigurosa confidencialidad, con ofertas de transacción sin modificar el contrato, pero hasta ahora lejanas de las expectativas gubernamentales.

Apenas horas después del reclamo presidencial, la Barrick emitió un documento en el que confirmaba que “hemos sostenido acercamientos amigables con el Estado dominicano”. El presidente Medina había reclamado una renegociación del contrato, y dijo que tras decenas de reuniones se estaba llegando al límite de la paciencia.

En una carta del presidente de la minera, el exdiplomático estadounidense Manuel Rocha, precisó que en once reuniones “nuestra empresa propuso varias fórmulas fiscales al Estado”, pero todas fueron descartadas. Fragmentos de esa carta fueron publicados esta semana por el periodista Marino Zapete y reproducidos por Acento.com. La Barrick confirmó luego la misiva, aunque rechazando que contuviera términos ofensivos para el primer mandatario, como se había comentado.

La empresa prefiere hablar en términos de acuerdo amigable, lo que quedó de manifiesto cuando el 4 de marzo su gerente de Comunicaciones, Jorge Esteva, dijo a la periodista Alicia Ortega que la renegociación del contrato “no está sobre la mesa”, reiterando la disposición al diálogo para “buscar alternativas para contribuir a paliar el déficit del Estado”, señalando que “no entendemos la necesidad de una renegociación”, llegando a expresar esperanzas de que “estén considerando las consecuencias” de la imposición del impuesto adicional que había planteado el presidente Medina apenas cinco días antes.

La fórmula de Balaguer.  El Gobierno sigue buscando el acuerdo amigable poniendo la máxima presión a la Barrick en un ambiente de exacerbación de sentimientos nacionalistas estimulados entre legisladores, dirigentes políticos y sociales y a través de la inmensa maquinaria mediática progubernamental.

El presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez se expresa en términos radicales, asegurando que no permitirán afrentas; el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas habló de “tumbar guaraguaos y halcones”; el diputado Luis Jiménez pidió militarizar la mina, y el diputado Juan Hubieres, auto denominado “comandante rebelde”, reclama nacionalizarla.

Comentaristas han hablado de comprar la empresa, sin considerar su valor, aparte de los cuatro mil millones de dólares invertidos.

Por su parte, una comisión de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el contrato con la Barrick ya “pudo identificar violaciones a varias disposiciones constitucionales, a la Ley 146 sobre Minería y a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00”, que lo invalidarían.

En tanto 161 intelectuales y artistas daban pleno apoyo al Presidente de la nación y, sin la menor alusión a los responsables nacionales, denuncian “inmorales manipulaciones utilizadas por las voraces empresas multinacionales para acordar los abusivos y lesivos contratos que les permiten explotar los recursos naturales…cuyos términos resultan manifiestamente ilegales”.

En ese contexto, que sectores empresariales empiezan a temer como expresión de “populismo político”, fue que decidieron desempolvar “el librito de Balaguer”, quien en su momento instruyó a su director de Aduanas para que dificultara las exportaciones de ferroníquel de la Falconbridge, presionando una revisión del contrato que las amparaba, y logró el objetivo.  Para el lunes 18 estaba programada una reunión bilateral, pero poco antes Aduanas retuvo el embarque 20 de la Barrick desde el miércoles 13 hasta el mismo lunes 18 y adujo irregularidades en el manifiesto de exportación y el viernes 22 hizo un registro minucioso del siguiente.

Una carta de la Barrick al director de Aduanas sostiene que el embarque retenido, valorado en 11.6 millones de dólares, siguió el procedimiento normal y que el “error” contenido en el manifiesto que señalaba una procedencia de Estados Unidos fue generado por un nuevo código arancelario que le había proporcionado el organismo estatal. Con despliegue de prensa se verificó el cargamento y se llegó a acusar a la empresa de violaciones a las leyes aduanales y se informó que sería multada con 972 millones de pesos, el doble del valor del embarque. Eso alimentó el clima de rechazo a la empresa, a la que, sin embargo, le autorizaron el embarque sin formalizarle violación ni multa.

Tras mostrar públicamente sus cartas respectivas, ambas partes continuaron las exploraciones de fórmulas, conscientes de que no les conviene jugar a la confrontación de facto. Pero en fuentes gubernamentales se dice que las propuestas de la empresa han seguido “muy lejos” de las expectativas del Gobierno que quiere multiplicar más de diez veces los 56 millones de dólares anuales que según dijo el presidente Medina recibiría en los primeros tres años de exportaciones, hasta que la Barrick recupere su inversión de 4 mil millones de dólares, pero solo habría recibido oferta de una duplicación.

Ofertas insatisfactorias

Se trata de versiones extraoficiales por el nivel de confidencia de las conversaciones y lo delicada de la situación.

 Por el Gobierno preside las negociaciones el ministro de la Presidencia y hombre de total confianza del Presidente, Gustavo Montalvo, renuente a las entrevistas y confidencias periodísticas y Rocha se manifiesta más aferrado a la prudencia diplomática que cuando representaba en el país los intereses de Estados Unidos como ministro consejero de su embajada.

Montalvo rompió su silencio el jueves 21 de este mes, informando que el Gobierno aceptó la mediación del exembajador en Estados Unidos Derek Hudson Burney, enviado por el Gobierno de Canadá, sembrando la expectativa de que “muy pronto” pudiera haber anuncios acerca de las conversaciones.

El problema de la oferta de Barrick es que no solo se queda corta en las expectativas gubernamentales. Medina dijo en su discurso que había rechazado la oferta de “adelantar el pago de impuestos futuros”, que corresponderían a próximas administraciones. Luego habló de establecer por ley un impuesto al excedente de precios de los metales en relación a los que predominaban cuando se contrató con la Barrick. Pero a continuación añadió que ese impuesto “operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas (PUN) de 28.75 por ciento”, lo que vendría a ser lo mismo.

La diferencia parece ser que la oferta de la empresa incluye cobrar intereses, es decir que solo garantizaría un préstamo.

Las ventajas de Barrick

   Es obvio que el Gobierno trata de arrinconar a la Barick Gold para obtener mucho mayores recursos que los pactados en un contrato excesivamente generoso que contiene un rosario de exenciones impositivas y condiciona el pago del impuesto sobre la renta y de participación en las utilidades a que la empresa recupere la inversión y obtenga rentabilidad mayor del 10 por ciento.

Pero como la Barrick tiene  contratos de operaciones mineras en múltiples países tratará a toda costa de evadir “concesiones forzadas” que puedan replicarse en otras partes.

Un exceso de presión puede generar un clima de perturbación grande que implique más de lo que la empresa pueda conceder y se convierta en un boomerang si al final lo logrado no se corresponde con el escándalo. Eso es relevante porque para el Gobierno no es un trillo seguro la imposición por ley del impuesto al precio tope, que con- llevaría el riesgo de que la empresa apele al arbitraje internacional.

El mismo contrato en su acápite 16.5 prevé que cualquier disputa entre las partes será “irrevocablemente” resuelta y “de manera definitiva” mediante el “Arbitraje bajo las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional”, estableciendo que la decisión será “final y definitiva”. Al extremo de especificar que “Los árbitros no tendrán poderes de un amigable componedor o la autoridad para decidir el caso basado en el principio de equidad, sino que deberán basar su decisión en la Ley que rige este Acuerdo”.

El acápite 8 es redundante en plantear exenciones impositivas en beneficio de la empresa minera, excepto el 25 por ciento de la renta,  la participación del 28.75 por ciento de las utilidades netas de las operaciones, y el 3.2 por ciento del retorno neto de fundición que es lo que empieza a pagar desde la primera exportación. Indica que “serán los únicos gravámenes, tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y aranceles de cualquier tipo, incluyendo contribuciones municipales los cuales deberá pagar”.

El 8.3% le viene como anillo al dedo, al establecer que “no se pagará ningún impuesto mínimo”, que “no realizará pagos de anticipos de Impuesto sobre la Renta u otros impuestos, como tampoco impuestos por importaciones. Indica que a excepción de los impuestos relacionados con la nómina “no estará sujeta a otros tributos, incluyendo nuevos impuestos, tasas, contribuciones, derechos aranceles, tarifas, entre otros”.

Más complaciente no podía ser el contrato negociado por el Gobierno del líder del partido en el poder  y aprobado por casi los mismos congresistas que ahora buscan modificarlo cuando apenas comienzan las exportaciones. Esta semana circuló en Internet el discurso del presidente Leonel Fernández cuando visitó la mina en febrero del 2012 y ponderó el contrato definiéndolo como “modélico a nivel internacional”.

 

Justificada preocupación sobre la libre expresión

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La rapidez con que 180 comunicadores sociales se manifestaron contra el cierre del semanario Clave y de Clave Digital revela las crecientes preocupaciones por las presiones que cada vez con más frecuencia se vienen manifestando contra el ejercicio del periodismo investigativo y crítico, tendiendo a reducir su espacio libertario.

A nadie debe quedar dudas de que la desaparición de esos dos importantes medios no fue determinada por dificultades económicas, por las que pasan muchos otros, sino que son fruto de años de presiones para reducir las denuncias de la corrupción y la falta de transparencia, del narcotráfico y el recurrente autoritarismo.

Periodismo comprometido.  El hecho objetivo de que el cierre de los dos medios coincidiera con denuncias de presiones y amenazas hasta contra la integridad física de su director Fausto Rosario, revela que la decisión fue fruto de algo más que las dificultades económicas por las que atravesaba que, por cierto, son comunes a muchas otras empresas de la comunicación.

Las precariedades institucionales dominicanas han determinado que en las últimas décadas grupos económicos hayan optado por mantener medios de comunicación propios, como instrumentos para su autodefensa, para promover sus propios intereses y en algunos casos también para contribuir al fortalecimiento integral de la nación.

Cuando el Grupo Abrisa, encabezado por Abraham Hazoury se asoció con los emprendedores periodistas que durante un año habían sostenido el fenómeno del periodismo de Internet que fuera Clave Digital, sabía que no estaba haciendo una inversión rentable. Menos cuando comenzó a editar el semanario Clave y tampoco cuando adquirió una rotativa y comenzó a levantar un edificio para convertirlo en diario.

El contenido investigativo y peleador por las mejores causas del extraordinario grupo de periodistas y articulistas que levantaron Clave Digital constituyó a ese medio en un referente en su género. Fue su impacto lo que determinó el interés de los inversionistas que tal vez no previeron el nivel de dificultades que  les generaría. Sus investigaciones y denuncias sobre los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional entre 2003 y 2004 y el seguimiento a sus procesos judiciales, las denuncias de corrupción y de la delincuencia en sus múltiples expresiones y el compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática generaron muchos enemigos abiertos y solapados.

Propietarios y directivos de los dos medios tuvieron que enfrentar más de una veintena de demandas judiciales aventureras, que en su mayor parte ni siquiera fueron aceptadas por los tribunales y otras llevaron muchos meses de comparecencias y diligencias judiciales, restando energías y generando temores. El objetivo era intimidar, sobre todo a  inversionistas con muchos negocios que perder. Todos los observadores del proceso dominicano saben que a consecuencia de ello en los últimos dos años esos medios fueron reduciendo su “atrevimiento”, se le escaseó la publicidad y disminuyó el entusiasmo de sus propietarios, conllevando reducción de personal.

Atrevida publicación

Si el cierre hubiese sido determinado por lo económico, sólo habría afectado el semanario impreso, que era lo más costoso, dejando el periódico digital original, o la empresa hubiese sido vendida, ya que ha trascendido que le interesaba a más de un inversionista, o su razón social hubiese sido ofertada a los periodistas fundadores para que preservaran Clave Digital.

El análisis de las circunstancias indica que la abrupta clausura fue determinada por la esencia de la edición 229 del pasado 29 de julio, que fue la publicación, con despliegue gráfico en primera página, del interrogatorio de autoridades investigativas a la joven Ruth Sánchez Vargas, novia del hijo del español Arturo del Tiempo, quien tenía grandes inversiones en el país, como la famosa torre Atiemar y sólidos nexos con autoridades civiles y policiales, pero tuvo la “mala fortuna” de ser  atrapado en Valencia con un cargamento de 1,120 kilos de cocaína. Otro similar había sido interceptado en el puerto dominicano de Boca Chica en noviembre pasado, dirigido al mismo destino y por la misma exportadora, pero aquí no hubo consecuencias, aunque en el primer momento se dijo que “habían peces gordos involucrados”. Obviamente tenían muchos pesos y euros.

El agravante del reportaje es que la joven interrogada confirmó lo que era un secreto a voces que los del Tiempo tenían “una estrecha relación” con el jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, cuando ya se había publicado que entre los adquirientes de los apartamentos de la lujosa torre Atiemar, valorados entre uno y dos millones de dólares, figura su homónimo padre, quien también fuera comandante de la misma institución en los años setenta.

Tremenda coincidencia.  El editorial de la última edición del semanario publicada el jueves 5 explica el cierre en razones económicas, pero en su página dos un recuadro recoge las denuncias sobre la inseguridad de su director. Versiones extraoficiales aducen que las presiones a sus propietarios fueron graves.

Lo que sella el carácter del cierre de los Clave es que coincidió con confidencias de que la vida de su director estaba en peligro. Se le recomendó hasta irse del país cuando le confiaron que el intento de asesinato del médico Sergio Rafael Rojas Soriano baleado el martes 3 cuando caminaba en el perímetro del parque botánico “había sido un error” porque lo confundieron con él. Coincidencialmente Fausto Rosario también acostumbraba caminar, aunque dentro del parque, aproximadamente a la misma hora. Para colmo, la contextura física, la cabeza y el pelo de ambos guardan similitud. La misma versión fue confiada también a un veterano reportero de un diario, quien la transmitió oportunamente a través del autor de este trabajo.

No es fácil establecer la veracidad de la versión ni la fuente de origen en caso de que realmente se intentara matar a Rosario Adames. Los nexos de oficiales policiales y militares y personajes civiles con el narcotráfico y el crimen y las rivalidades y temores en el seno de los organismos de seguridad sugieren variadas hipótesis que fueron analizadas por Fausto, y sus colegas Fernando Hasbún, Jean Michel Caroit y Juan Bolívar Díaz, primero junto a otro núcleo de comunicadores y más tarde con el presidente Leonel Fernández en una reunión la noche del miércoles 4, que se extendió de 10.30 a 12.30 de la noche.

El mandatario respondió en cuestión de minutos una llamada telefónica pidiendo la cita y escuchó con atención intercambiando múltiples preocupaciones sobre la seguridad ciudadana. En la segunda mitad del encuentro hizo comparecer al propio Jefe de la Policía Nacional, a quien comprometió en la seguridad personal del periodista. El oficial coincidió en algunas de las hipótesis, dando “plenas seguridades” de que es consciente de que un crimen como ese “sería una locura” que lo afectaría a él y al Gobierno. También empeñó su esfuerzo en esclarecer el asesinato del doctor Rojas Soriano, lo que hasta ayer sábado seguía en el misterio, ya que no le robaron y hasta ahora no se explican las causas.

Justificada preocupación

La  preocupación y alerta que expresan periodistas y articulistas de gran diversidad de medios incluyendo directivos, se pueden dimensionar por el hecho de que en tres horas del jueves 180 de ellos firmaron una declaración que se transmitió por medios electrónicos para hacerla pública la tarde del jueves 5. Decenas más se adhirieron después de distribuida.

No sólo se deplora la desaparición de dos de los medios informativos que más han contribuido en los últimos años al periodismo de investigación y que deja en el desempleo a 102 personas, y la inseguridad que  afecta a Fausto Rosario, sino que también “se llama la atención de la opinión pública y las instituciones sociales, especialmente de las que agrupan a los comunicadores y medios de comunicación, para que rechacen con vigor todo género de presiones sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones”.

Las preocupaciones son mayores por una serie de acontecimientos de los últimos meses que han implicado el intento de  asesinato del abogado y comentarista televisivo Jordi Veras, amenazas contra periodistas como Marino Zapete, agresiones al equipo investigativo de Nuria Piera, la reciente aventurera intimación de alguacil contra los anunciantes de los programas de Alicia Ortega por un alto funcionario, así como cierre de programas y medios electrónicos y amenazas a los periodistas de provincia.

Se generaliza la convicción de que de lo que se trata es de reducir el contenido investigativo y las denuncias de la desbordada corrupción, la falta de transparencia, del narcotráfico y la delincuencia que incluso han alcanzado relevantemente a los organismos de seguridad del Estado, como ha quedado de manifiesto en los últimos dos años.

A nadie debe quedar dudas de que las presiones y acciones manifiestas impactan sobre la mayoría de los comunicadores, medios y propietarios tendiendo a reducir las dimensiones libertarias que han tenido en las últimas décadas.-

 

 

Defensa de libertad de expresión

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Una serie de acontecimientos están dando señales de que es necesario que los verdaderos comunicadores dominicanos y todas las instituciones y personas preocupadas por los derechos fundamentales aúnen voluntades para defender la libertad de expresión y difusión del pensamiento, una de las reivindicaciones que más firmemente se ha mantenido en el medio siglo que casi media desde la liquidación de la tiranía de Trujillo.

En la segunda mitad de la década de los sesenta y en los setenta cuando las libertades fueron reducidas hasta el grado de que no se respetaba ni el derecho a la vida, a la asociación y sindicalización, y cuando había cientos de presos políticos y miles de exiliados, la libertad de expresión y difusión del pensamiento pudo ser mantenida, no sin un alto costo en vidas y seguridad de los comunicadores.

Por encima de importantes diferencias, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, la Asociación Dominicana de Diarios, la Asociación Dominicana de Radiodifusores y múltiples instituciones sociales, coincidieron en diversos grados en la defensa del ejercicio comunicacional. Hubo prolongados períodos de confrontación y múltiples actos de valentía que marcaron la diferencia entre la autocracia y la tiranía cuando las bandas civiles y militares del balaguerismo imponían el terror.

A partir del 1978, cuando empezó el más prolongado período de ejercicio democrático en la historia del país, con sus altas y bajas, hemos tenido a orgullo proclamar que ejercemos una libertad de expresión y difusión relativamente vigorosa.

Sería injusto sostener que el actual Gobierno ha conspirado contra esa libertad, madre del Estado de derecho. Pero una serie de hechos dejan sombras y obligan a pedir rectificaciones y a fortalecer la unidad –dentro de la diversidad- en la defensa de ese patrimonio, clara herencia de décadas de luchas por establecer una sociedad democrática.

La intimación del director del Instituto Agrario Dominicano, Héctor Rodríguez Pimentel, contra el acreditado programa televisivo El Informe de Alicia Ortega y la denuncia de amenazas contra la vida del indoblegable periodista Marino Zapete son las últimas expresiones de lo que parece ser un programa para reducir las dimensiones del periodismo más preocupado por la corrupción y la descomposición social.

Pero en los últimos meses hemos contactado cierres administrativos de emisoras y canales televisivos, iniciativas judiciales temerarias contra comunicadores, así como campañas de denuestos que se traducen en presión sobre quienes investigan y denuncian anomalías políticas, económicas y sociales.

El retiro de la intimación contra el programa de Alicia Ortega es una rectificación parcial, pero no anula la gravedad de esta iniciativa, por carecer de precedente en la historia del periodismo dominicano y porque deja una espada de Damocles sobre la fuente de sustentación económica de la industria de la comunicación social, que es la publicidad.

Es significativo que el Gobierno del presidente Leonel Fernández, un profesor de comunicación social, haya pretendido desentenderse de la grave intimación contra los anunciantes de uno de los programas televisivos de mayor reputación. Los cuestionamientos formulados a Rodríguez Pimentel no se refieren a su vida privada, sino a sus funciones gubernamentales, y han sido compartidos hasta por el procurador adjunto director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. No se puede olvidar que el doctor Otoniel Bonilla lo calificó de “corrupto patológico”.

Para los que gobiernan debería ser más que suficiente el haber incorporado a miles de comunicadores a la nómina pública, en una política encaminada a comprar adhesiones y silencios de comunicadores y de medios. Pero aparentemente también se quiere acallar las voces que persisten en denunciar la corrupción y reclamar y rendición de cuentas.

Las circunstancias obligan a una solidaridad militante con las víctimas de la intolerancia y a incrementar la vigilancia y la firmeza en la defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. –