En 16 años de Gobierno el PLD ha resuelto poco

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

Al cumplir 16 años de Gobierno, con un interregno de 4, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido como mayor mérito la estabilidad y el crecimiento económico, basado en enorme endeudamiento, mal redistribuido y con gran corrupción, pero arroja un apreciable legado en infraestructuras viales, hospitalarias y escolares.

Sin embargo, no ha tenido éxito en reducir significativamente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, de la salud o del transporte y seguridad vial, con fracaso en los servicios de electricidad, agua potable y seguridad ciudadana, mientras concentra el poder y debilita la institucionalidad democrática.

Grandes logros del PLD. El PLD ha gobernado el país en cuatro quintas partes de las dos décadas desde el final del Gobierno de Joaquín Balaguer en 1996, excepto el cuatrienio 2000-04, y su mayor éxito, reconocido por todos, ha sido la estabilidad económica, con crecimiento promedio de 6 por ciento del PIB, superior al regional.
Fue austero y mejoró la administración y la institucionalidad democrática en su primer período cuando no tenía mayoría congresual ni controlaba la justicia, pero involucionó esos logros desde el 2004.

Al cumplir 16 años de Gobierno el próximo 16 de agosto, incluyendo los últimos 12, a los peledeístas se les acredita un gran mejoramiento de la red de carreteras, elevados y túneles viales, con visible mejoramiento urbanístico, y muy especialmente la construcción y mejoramiento de unas 25 mil aulas, mérito de la lucha social y del presidente Danilo Medina, ya que su antecesor, Leonel Fernández, se negó sistemáticamente a cumplir la Ley de Educación de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para el sector.

Hay avances en la inversión estatal en viviendas, con proyectos modelos como el de los 1,800 apartamentos de La Nueva Barquita y 560 de Boca de Cachón, en Jimaní, y en múltiples pequeños proyectos en toda la geografía nacional, pero muy lejos de cubrir el creciente déficit estimado entre 25 y 30 mil por año, cuando el Censo del 2010-12 lo estimó en un millón de viviendas, 45 por ciento por construir y la mayoría para mejorar. En el último cuatrienio se incentiva la construcción privada, como el proyecto de Ciudad Juan Bosch a punto de concluir las primeras mil, de 25 mil viviendas proyectadas, que se suman a cientos de torres de apartamentos en Santo Domingo y Santiago para sectores de altos ingresos, como efecto del crecimiento económico.

Mérito económico relativizado. El mérito del crecimiento y la estabilidad económica es relativo, pues ha descansado en enormes déficits fiscales que el experto José Rijo ha computado: 427 mil millones de pesos entre 2004 y 2012, y 372 mil en el período 2013-16, incluyendo 112 mil que proyecta para este año. Eso implica un total de 799 mil millones de pesos, en 12 años, 17 mil 755 millones de dólares, a una tasa de 45 pesos.

Los déficits de la gestión peledeísta han determinado un endeudamiento estatal consolidado que ya pasa de los 36 mil millones de dólares, 24 mil del Gobierno central, y que ha despertado la alerta del empresariado, sus centros analísticos como el CREES, y reiteradas advertencias de insostenibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que en marzo la estimó en 48.5 por ciento del PIB, proyectándola al 49.5 para fin de este año.

El desmesurado incremento del gasto corriente, con la duplicación de la nómina pública en los últimos 12 años, la escasa austeridad y altos niveles de dispendio y corrupción, han sido relacionados con los déficits. José Rijo documenta que el gasto en 2016, que los subsidios pasaron de 52 mil a 156 mil millones de pesos, y los intereses de la deuda de 17 mil a 103 mil millones de pesos, todo en el mismo período.

Se acusa escasa inversión en promover la producción, la productividad y la competitividad, con estancamiento de las exportaciones y pérdidas en el intercambio con Estados Unidos y los países centroamericanos. El turismo y las remesas mantienen en pie la economía nacional.

Los servicios fundamentales. Se acredita al último Gobierno del PLD receptividad ante la demanda nacional de mayor inversión en educación, en principio demasiado concentrada en la construcción de aulas, pero solventando su grave déficit, y extendiendo la tanda educativa con alimentación a los estudiantes. Tomará su tiempo transformar la formación de los maestros y los currículos que empujan la calidad de una educación que se deterioró durante décadas.

La salud pública es otro grave déficit de los gobiernos peledeístas y ahí tampoco ha faltado inversión, igual en infraestructura física, con la exageración de haber emprendido al mismo tiempo la remodelación de unos 56 hospitales, sin suficientes recursos, por lo que la mayoría sigue en proceso, con precariedad de servicios y pérdidas de inversión después de hasta 6 y 7 años de iniciadas.

Las tasas de muertes maternas e infantiles, epidemias como el dengue, los alarmantes niveles de embarazos de adolescentes, y la baja proporción de inversión en salubridad dejan el país en los últimos escalones en las mediciones continentales.

El agua potable sigue sin llegar en tubería a la mitad de las viviendas, y una parte de los afortunados, no la reciben permanentemente. Mientras se ha permitido el deterioro de las cuencas de los ríos para subsidiar la industria pública y privada de la construcción.

La seguridad ciudadana sigue en picada, con dificultades para reformar a fondo los organismos de seguridad y las políticas preventivas de la delincuencia, y aunque la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la criminalidad general aumenta y la población demanda una mayor inversión y eficiencia para contenerla.

Grave des-institucionalización. Entre los peores resultados de la gestión peledeísta está el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, utilizando su control del Congreso, y con dos reformas constitucionales han afianzado un control total e instrumentalización de todos los organismos de la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

La justicia, que en su primer período registró gran mejoría, ha sido partidarizada e inhabilitada para perseguir la corrupción, y el nuevo Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral utilizados para desarticulizar el sistema partidario, junto con el abuso de los recursos del poder, violentando o ignorando la propia Constitución y múltiples leyes, como las de control presupuestario, la de función pública, la de recapitalización del Banco Central, la de salarios públicos y las de transparencia. Y con repartos del Estado ha comprado lealtad o silencio en sectores empresariales, sindicales, sociales y comunicativos.

La posición que ocupa el país en las evaluaciones internacionales, como las de Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, justifican los recientes llamados del liderazgo empresarial y social para luchar por el rescate de la institucionalidad democrática.

Una de las peores iniquidades

 

 

Por Juan Bolívar Díazo2

Una de las peores iniquidades, de las tantas que se registran en el país, es que todavía no se disponga de agua potable en la mitad de las viviendas, lo que en los últimos meses se ha agravado alarmantemente a causa de la prolongada sequía y del descuido del gobierno en financiar el mantenimiento, reparación y ampliación de los sistemas de acueductos en las ciudades.

Nadie puede ignorar que la actual sequía tiene ya ribetes de gravedad, incluso para generar alarma, pues los expertos vaticinan que se podría extender por los tres o cuatro meses que quedan del período regular de lluvias para causar estragos hasta el año próximo, no solo en el consumo humano, sino también en la producción vegetal y animal, ya sometida a racionamiento, con registro de pérdidas considerables, especialmente en la región sur-suroeste.

La sequía del último año está secando las presas y dejando a altas proporciones de personas sin agua para el consumo doméstico, mientras una minoría de la población recibe y desperdicia gran parte del agua disponible en los acueductos o extraída del subsuelo. Con el absurdo de que a estos el agua les sale varias veces más barata que a gran parte de los que tienen que comprarla por camiones, tanques o latas. En todo su esplendor la cultura de la latita de la que escribimos en el semanario Firme hace exactamente 40 años.

Pero aún con pocas lluvias la situación no sería tan irritante si el 54 por ciento del agua que se coloca en los acueductos no se estuviera perdiendo a causa del desperdicio y las averías, como sostiene el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montás, quien además denuncia que los privilegiados que disponen de agua dentro de sus viviendas pagan sumas irrisorias por el servicio, muchas veces menores que por la electricidad y hasta que por recogida de desperdicios.

El gobierno ha esperado demasiado para disponer medidas de emergencia, que todavía son tímidas, pero que han comenzado develando los absurdos de la gestión pública. Es que una alta proporción de los sistemas de agua, campos de pozos, plantas de tratamiento y hasta acueductos, están fuera de servicio por falta de mantenimiento.

Eso lo han reclamado públicamente no sólo el director de la CAASD, sino también el del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y el del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. La CAASD pidió para este año 4 mil millones de pesos, y sólo le asignaron 2 mil 500, lo que le ha imposibilitado invertir en mantenimiento. Montás dijo que tiene un déficit en sus niveles de distribución de 85 millones de galones por día. Pero al mismo tiempo está solicitando recursos para reparaciones que lo reducirían a solo 20 millones. Muchas de las bombas y plantas eléctricas que mueven campos de pozos requieren reparaciones o sustituciones. Con el agravante de que la precariedad que también afecta el servicio energético contribuye a reducir el suministro de agua.

Hace meses que el gobierno debió declarar una emergencia, como se ha hecho en Puerto Rico y Cuba, y suplir todos los fondos que requiere el mantenimiento y reparación de las fuentes acuíferas y los acueductos. Al igual que debe priorizar el pago de la energía que suplen las empresas generadoras.

El racionamiento de agua debe incluir no sólo a los lavadores “informales” de vehículos, como se ha informado, que en su mayoría usan latas de agua, sino también a las empresas formales que la gastan con mangueras y en grandes proporciones, y se debe prohibir el regado de jardines y llenado de piscinas hasta que se conjure el agravamiento de la iniquidad del suministro de agua. La experiencia aconseja también mayor inversión en pequeñas presas y reservorios de agua.

 

 

Tremendo reflejo de la pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
TREMENDO

Más allá de las responsabilidades que una comisión gubernamental ha atribuido al personal médico y administrativo del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, sobre la muerte de once niños allí el pasado fin de semana, la dramática realidad es que ese centro de salud es un reflejo de la enorme pobreza nacional, sostenida por erráticas políticas de gasto, dispendio y corrupción administrativa.

La crisis del hospital infantil, que se repite en la mayoría de los centros de salud pública, es consecuencia también del incumplimiento de la Ley General de Salud y de la Ley de Seguridad Social, ambas con 13 años de vigencia, en aspectos tan fundamentales como la creación de los centros de atención primaria que descentralizarían y desalojarían los hospitales, y la integración de una red única de centros de salud estatales, para lo cual deberían ser fusionados los del ministerio con los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

HOY se encargó de poner en perspectiva la mortalidad en el Reid Cabral, revelando que en los últimos siete años han fallecido allí cinco mil 763 menores, un promedio de 2.2 por día, en su mayoría por causas que pueden ser evitadas, según lo planteó esta semana la representación en el país del Sistema de las Naciones Unidas. Este periódico también estableció que los once muertos del anterior fin de semana no son una novedad, y que del 20 al 22 de junio fueron una docena. A esa frecuencia contribuye la drástica reducción de la atención médica en los hospitales públicos desde el medio día del viernes hasta la mañana del lunes.

La ocurrencia que ha escandalizado no puede sorprender en un país que aparece sistemáticamente entre los de más altas tasas de mortalidad materno infantil del continente, y entre los que menor proporción de sus ingresos destina al sector salud, 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto este año y 1.7 para el próximo, deslindando lo destinado a aguas potables, que se encuentra en el mismo capítulo presupuestario.

La situación del hospital infantil había sido denunciada el mes pasado por su personal médico, que pidió lo declararan en estado de emergencia. Por la falta de mantenimiento de equipos e instalaciones, escasez de suministros de medicamentos y materiales, así como por deudas acumuladas de hasta 80 millones de pesos. Calamidad es el calificativo para denominar al mayor hospital infantil del país, donde con mucha frecuencia no se dispone de agua corriente a partir de la tarde y que sufre apagones compensados por plantas que a menudo adolecen de mantenimiento y de combustible.

Lo mismo ocurre en el hospital infantil Arturo Grullón de Santiago, cuyos servicios fueron precarios durante las dos semanas anteriores, a causa de una huelga del personal de enfermería. El paro fue solucionado el miércoles después que las autoridades de Salud se comprometieron a designar diez enfermeras adicionales, a instalar nuevos tomógrafos y ventiladores, a reparar rayos equis y otros equipos, a pagar los atrasos de 30 meses en incentivos a su personal de enfermería y abonar a deuda con los suplidores para garantizarle los materiales fundamentales.

Salvo un puñado de hospitales entregados a fundaciones que los operan en beneficio de clases medias y cobran por la mayoría de sus servicios, la red pública hospitalaria está afectada por las mismas calamidades, con salarios miserables para médicos y enfermeras, y con abundante personal administrativo en aras del clientelismo político. En esta pregonada sociedad del conocimiento, todavía los hospitales públicos no disponen de sistema informático. La situación se agravó desde que el año pasado el Gobierno anunció la supresión de la cuota de recuperación, sin incrementar los subsidios presupuestales, lo que en el Reid Cabral implica un millón y medio de pesos mensuales.

No, las lamentables muertes no pueden sorprender, aunque por suerte hayan escandalizado. Habrá que esperar que no se queden en el superficial informe de la comisión investigadora y originen cambios fundamentales.