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Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ El País13 A

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

No fue Balaguer quien se burló de Peña

by Juan Bolívar Diaz Santana | 6 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

José francisco peña gómez
Una crónica periodística atribuyó a Monseñor Agripino Núñez Collado haber dicho, durante un homenaje que se le rindió en Santiago a fines de noviembre, que el presidente Joaquín Balaguer se burló de José Francisco Peña Gómez cuando buscando salida a la crisis derivada del fraude electoral de 1994 le propuso dividir el período de gobierno a dos años para cada uno, y que el líder perredeísta había aceptado. Me causó pena leer que el auditorio, que incluía al presidente Danilo Medina, rió de la anécdota.

Tal vez se esté citando erróneamente el testimonio del exrector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien sin duda fue un testigo excepcional de aquellas tensas negociaciones, porque aunque en verdad, el caudillo reformista intentó burlarse de su interlocutor con aquella absurda propuesta, no lo logró, ya que Peña la rechazó.

A las 5 de la madrugada del 10 de agosto de 1994, cuando me preparaba para enfrentarme a la teleaudiencia de Uno+Uno, por Teleantillas, recibí una llamada de Peña Gómez, que a esa hora quería hacerme una confidencia. Pasé por su casa apresuradamente para enterarme de la propuesta que le había formulado el caudillo reformista la noche anterior en la reunión que sostuvieron en la Biblioteca Nacional. Tuve la impresión de que más que por informarme, él buscaba escuchar mi opinión, como periodista y a la vez dirigente de Participación Ciudadana, que defendíamos la institucionalidad democrática.

Tras escuchar la propuesta de que Balaguer gobernaría los primeros dos años y Peña la mitad siguiente del período, le pregunté cuál había sido su respuesta y respondió que pidió tiempo para pensarlo y concertaron una nueva reunión a las 11 de esa mañana donde él respondería. Contó que había discutido la propuesta hasta entrada esa madrugada con los dirigentes de su partido y aliados, y estaban divididos. Él amaneció ponderándolo.

Como pidió mi opinión, con la franqueza que me caracteriza, comencé preguntándole a quién creía él que la Asamblea Nacional investiría presidente, para decirle que ese era el “dardo de los partos” de Balaguer, que era un absurdo tan carente de base institucional que nadie defendería, que los Vincho y otros balagueristas lo objetarían ante la Suprema Corte y que sería declarado inconstitucional, dejándolo en ridículo.

Gracias a la oposición radical de su asesor, el historiador Hugo Tolentino, y de Fafa Taveras, y a las reservas expresadas por Hatuey de Camps, según pude constatar luego, Peña Gómez rechazó la burla de Balaguer cuando volvieron a reunirse esa mañana. Acordaron en cambio una reforma constitucional para convocar nuevas elecciones en 18 meses, prohibir la reelección consecutiva, establecer el Consejo Nacional de la Magistratura y la doble nacionalidad, todo lo cual anunciaron en un acto a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, con respaldo del Partido de la Liberación Dominicana, a través de un discurso allí mismo de su secretario general Lidio Cadet.

Quienes sí se burlaron de Peña Gómez fueron los que a las 9 de la noche del mismo día lo pusieron a firmar un “Pacto por la Democracia”, que incluía varias cláusulas no contempladas en el acuerdo de la tarde, como el establecimiento del 50 por ciento de los votos para ser presidente y los colegios electorales cerrados.

En mi libro “Trauma Electoral”, con doble edición en 1996, recojo todos los detalles de aquellas negociaciones. Incluyendo que Peña Gómez no quería ir al acto nocturno del Palacio pero Agripino le rogó que asistiera, y que cuando advirtió las diferencias con lo pactado con Balaguer, le dijeron que ese texto estaba escrito antes del acuerdo y que sería enmendado. Con 40 horas sin dormir, allí sí que Peña Gómez se dejó burlar. Y luego en la reforma constitucional, cuando en vez de 18 meses los peledeístas le regalaron 24 al rey de las farsas electorales para ellos ganar méritos y tiempo con miras al poder que lograrían en 1996, partiendo del 12 por ciento que obtuvieron en 1994.

Cuando a las 6 de la tarde de parte de Monseñor Núñez invitaron a Participación Ciudadana a asistir a la firma del pacto a las 9 de la noche en el Palacio, a unanimidad decidimos que no nos prestaríamos a esa burla, ya que conocíamos el texto que alteraba el acuerdo anunciado por radio y televisión a las 5 de la tarde.

Otro tigueraje político con la Ley de Partidos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
08_03_2015 HOY_DOMINGO_080315_ El País12 A

Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retiraron el proyecto de Ley de Partidos que habían aprobado en primera lectura no solo por el rechazo generalizado al tigueraje político, sino también porque su aprobación fue claramente inconstitucional, como le advirtió la Oficina Técnica de Revisión de la cámara baja.

El simple retiro sigue negando la aprobación de una ley objeto de múltiples consensos en los últimos 16 años, incluyendo uno reciente, y ratifica la imposición peledeísta que también evade el proyecto de ley del régimen electoral sometido por la Junta Central Electoral (JCE) tras una amplia consulta y asesoramiento internacional.

Consensos durante 16 años. La aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría oficialista y sus aliados del Partido Reformista se correspondió con el tigueraje político que auspicia el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, cuya última expresión había sido la reciente sanción del Código Penal, violando los procedimientos internos, la categoría de ley orgánica que requiere dos tercios de los votos, y sin votar las observaciones que le hizo el Poder Ejecutivo.

El proyecto aprobado con el rechazo de la oposición política desconoció un consenso a que habían llegado recientemente con otros partidos bajo la mediación eclesiástica y numerosos acuerdos al respecto logrados desde que se empezó a discutir esa ley en 1998, precisamente bajo hegemonía del PLD, en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en 1998-99, durante su primer período de Gobierno, ratificado en el Gobierno perredeísta por el Consejo Nacional para Reforma del Estado.

El propósito de una ley de partidos consensuada también formó parte del pacto suscrito en 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el entonces candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y fue firmado también por el presidente Danilo Medina con la misma mediación de monseñor Agripino Núñez en la Universidad Católica Madre y Maestra. El proyecto, con diversas modificaciones, ha sido presentado al Congreso en una decena de legislaturas después de ser engavetado por el presidente Leonel Fernández en 1999. También los perredeístas evadieron su aprobación durante el período 1998-2006 cuando tuvieron mayoría en ambas cámaras legislativas durante 8 años, como ahora los peledeístas

Nuevo tigueraje político. En septiembre pasado, cuando una comisión multipartidista había alcanzado otro consenso para la ley, el PLD presentó un texto que lo disminuye y desde entonces la presidencia de la cámara trataba de imponerlo, apelando incluso a incentivos económicos, según denuncia de opositores y confidencia de un senador peledeísta opuesto a la maniobra.

El martes 3, iniciando la primera legislatura del año, tras un informe de comisión, incentivada por “el mago” Abel Martínez, y pese al rechazo de la mayoría de los diputados perredeístas y del Partido Revolucionario Moderno, los peledeístas dieron la primera aprobación. Como no disponían de las dos terceras partes de los votos, y contra lo que todo el mundo decía antes, decidieron que no es una ley orgánica y la dieron por aprobada con mayoría simple.

Para la aprobación, la mayoría peledeísta desestimó la advertencia de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa de la propia cámara, que en un documento fundamentado había concluido: “Dado que la pieza legislativa propone la regulación del derecho fundamental a la asociación política por medio de los partidos y agrupaciones políticas, además de que la figura de los partidos políticos fue constitucionalizada, este proyecto de ley es de naturaleza orgánica y por tal motivo, el pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar dicha iniciativa con el voto de las dos terceras partes de los presentes, acorde como lo exige el artículo 112 antes citado”.

La Ley de Partidos es orgánica, de acuerdo al artículo constitucional citado, no solo por regular el derecho fundamental a la libre asociación y por ser un mandato expreso del artículo 216 de la Constitución, sino porque también se refiere al régimen electoral y regula el derecho ciudadano a ser postulado a cargos de elección popular, aunque estas dos últimas causales no aparecen en la opinión de la Oficina Técnica.

La necesaria transparencia. Hasta algunos legisladores peledeístas han favorecido el proyecto de Ley de Partidos consensuado, como el senador José Rafael Vargas, quien consideró esta semana que debe suponerse que “nadie pierde garantizando la transparencia”. Se refería a la supresión de artículos o frases del proyecto de ley que se refieren a la licitud del financiamiento, que disponen identificar sus fuentes y sancionan los abusos del patrimonio público, lo cual ha sido el mayor motivo de confrontación.

Instituciones sociales como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han participado, desde el “Diálogo Nacional” auspiciado por el PLD en 1997-98, en las discusiones y consensos sobre la Ley de Partidos y encabezan los reclamos de transparencia, equidad y sanciones de los delitos electorales, lo que ratificaron esta semana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y otras instituciones empresariales y religiosas también han insistido recientemente en una legislación que contenga el derroche de recursos proveniente del patrimonio público y de fuentes ilícitas, incluyendo el narcotráfico.

Es relevante que los peledeístas hayan burlado el consenso nacional en momentos en que la opinión pública está impactada por las denuncias del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que él y otros de sus colegas financiaron con por lo menos 200 millones de pesos las actividades políticas del expresidente Leonel Fernández entre 2001 y 2004, lo que tras varias semanas no ha sido negado por el presidente del partido morado.

También llama la atención la cínica actitud del vocero peledeísta en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, responsabilizando a “sectores insanos”, políticos y sociales, por el retiro del proyecto, aduciendo que la sociedad civil es “enemiga del PLD” y llegando al extremo de proclamar que “la democracia, la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos han sufrido una estocada mortal por la actitud asumida ante el proyecto por el Partido Revolucionario Moderno y sus líderes”.

Vale advertir, finalmente, que el proyecto ahora retirado adolece de múltiples carencias de los reclamos para adecentar la actividad política, controlar los períodos de campañas electorales, el monopolio de medios de comunicación, la manipulación de encuestas y la equidad. Niega la cuota mínima femenina en los cargos de los partidos, y su régimen de sanciones es tan benévolo que no desincentiva los delitos electorales. Aún en fraudes y abuso del patrimonio público, algunas multas serían de 20 salarios mínimos oficiales, (actualmente de 5,117 pesos), que apenas pasarían de los 100 mil pesos, luego de que sea cosa definitivamente sancionada por los tribunales en largo proceso, menos de lo que requeriría un abogado de tercera categoría para iniciar una defensa. Las suspensiones del financiamiento público son de 6 meses y las condenas de cárcel, cuando proceda, de 6 meses a dos años.

Ante la ley de partidos: un PLD autosuficiente

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
PLD

El proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas sometido al CongresoNacional por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desconoce los diversos consensos establecidos en los últimos 16 años con las demás organizaciones políticas y la sociedad civil para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

Resalta la progresiva derechización del partido que fundó el profesor Juan Bosch desde una perspectiva de izquierda revolucionaria, que ahora se aferra a visiones autoritarias, rechaza la sociedad civil y se niega a transparentar el financiamiento de la política.

Una dilatada respuesta

Para muchos fue una sorpresa que después de 16 años de consensos sobre una ley de partidos políticos, cuando ya había resignación a que el congreso bajo control del PLD no la aprobaría, se presentara una propuesta que niega aspectos fundamentales de la legislación. El primer consenso sobre la ley de partidos se logró en 1999 por iniciativa de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado creada por el primer presidente peledeísta Leonel Fernández. La iniciativa se originó en el Diálogo Nacional que este mandatario auspició durante varias semanas en 1998.

El primer borrador de ley de partidos fue entregado al presidente Fernández en 1999, pero concluyó su período el año siguiente sin enviarlo al Congreso Nacional, En su elaboración participaron entidades del Estado, representantes de los diversos partidos y de entidades variadas de la sociedad civil. A partir del 2000, el nuevo gobierno, entonces del Partido Revolucionario Dominicano, volvió a auspiciar consenso sobre el proyecto, esta vez a través del Consejo Nacional para Reforma del Estado. Cuando se repitió la indiferencia presidencial, diversos legisladores llevaron el proyecto al Congreso, donde sería introducido una decena de veces desde entonces.

Todavía en el 2005 tras retomar el poder un año antes, el PLD volvió a convocar a las fuerzas sociales para concertar sobre reformas democráticas sociales e institucionales. Tras la firma del pacto entre el presidente Fernández y Miguel Vargas en el 2009 para viabilizar la aprobación de la actual Constitución, el mandatario se comprometió a aprobar de inmediato la ley de partidos, lo que sigue sin ocurrir cinco años y medio después.

El último compromiso lo asumió el presidente Danilo Medina el 30 de marzo del 2012, cuando firmó un pacto de campaña electoral con los también candidatos presidenciales Hipólito Mejía, Max Puig y Eduardo Estrella. Fue todo un acontecimiento en la Universidad Católica Madre y Maestra, con su rector Agripino Núñez, el presidente de la JCE Roberto Rosario como testigos. Entre otros aspectos el pacto consignaba la aprobación “este mismo año” de los proyectos de leyes de partido y orgánica del régimen electoral, que el año anterior había presentado la JCE. Ninguna de las dos leyes ha sido aprobada.

Rechazos fundamentados

El proyecto del PLD ha sido calificado de regresivo, con rechazo absoluto y fundamentado por numerosas instituciones y analistas sociales, resaltando en primer lugar la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las dos instituciones sociales fueron partícipes relevantes desde el inicio de las múltiples concertaciones sobre las reformas electorales y se han mantenido coherentes. Igual Milagros Ortiz Bosch, quien fue la vocera de la posición del PRM, pero el partido de donde proviene tampoco aprobó la ley aunque mantuvo mayoría durante dos períodos legislativos, entre 1996 y 2006. Tuvieron tanta fuerza que en el 2002 reunieron dos tercios de los votos congresuales para reformar la Constitución y posibilitar la repostulación del entonces presidente Hipólito Mejía.

Las críticas a la propuesta de los peledeístas se concentran en que reniegan de los aspectos fundamentales de los consensos en que fueron protagonistas, como la institución de las elecciones primarias para escoger candidaturas por el voto universal de los militantes y simpatizantes. Al respecto la única diferencia que persistía era si las primarias debían ser simultáneas y en la cuota de candidaturas a ser atribuidas a dirigentes notables y aliados, que giraba entre 15 y 25 por ciento y la JCE propuso en 20.

Otro de los consensos básicos es que la ley debe forzar un control y transparencia del financiamiento de las campañas electorales, para abaratar el alto costo de la democracia dominicana, garantizando mayor equidad y evitando el uso de los recursos del Estado y del financiamiento de otras fuentes ilícitas, como el narcotráfico, aspectos reducidos en el anteproyecto del PLD, que incluso elimina la previsión de la JCE de prohibir los actos de inauguración de obras públicas durante los últimos seis meses de la campaña electoral.

También se critica que el PLD suprimiera la cuota femenina del 33 por ciento en la dirección de los partidos, manteniéndola en las candidaturas, cuando estas deben nutrirse de una mayor participación de la mujer en las actividades políticas. Igual la reducción, del 25 al 10 por ciento, de la proporción del financiamiento público que los partidos deben destinar a la educación de sus miembros, anulándolo en los años de elecciones, cuando reciben el doble. Y plantean que el subsidio sea decidido cada año por el Congreso, lo que se traduciría en aumentos.

Retroceso y burla

Finjus y PC han llamado al PLD a retomar la consulta y el consenso que planteó en años anteriores. La primera plantea que la propuesta peledeísta incluye cambios que “desnaturalizarían la función de los partidos políticos y de ser aprobados, significarían un importante retroceso en las reformas que se han introducido al nuevo diseño institucional de la política en el país, y lo peor, no toman en consideración las aspiraciones y la conciencia democrática que ha ido ganando terreno en todos los sectores claves de la nación”. Agrega que desvirtúa la naturaleza de una ley de partidos.

El documento de la Finjus deja explícita una veintena de rechazos a las formulaciones del PLD y llama a todos los sectores sociales comprometidos con el fortalecimiento de la democracia a seguir insistiendo en “una ley de partidos que contribuya al ejercicio de la democracia interna y la promoción efectiva de valores como la transparencia y la lealtad constitucional en todo nuestro sistema democrático”.

El también extenso documento de Participación Ciudadana rechaza 24 planteamientos de la propuesta del PLD, partiendo de la defensa del proyecto introducido en el 2011 por la JCE, el cual considera fruto del largo proceso de discusión que involucró “no sólo a los partidos y órganos estatales, sino también a instituciones de la sociedad civil”.

PC expresa su temor de que el partido gobernante aplique su mayoría congresual en “una imposición que no se corresponde con los avances democráticos de las últimas décadas”, lo que “sería una enorme burla a las expectativas de tantos años” e invita a la sociedad dominicana a reivindicar la consulta y el consenso como mecanismos de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

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PROYECTO

PLD más autosuficiente

La dilación en responder los reclamos de la ley de partidos y la ruptura de consensos en los que participó, claramente manifiesto en su propuesta, revelan a un PLD cada vez más autosuficiente, que cree poder imponerse sobre el conjunto de la sociedad, por el control que mantiene de los órganos del Estado, sin suficiente consideración de que en la última elección presidencial sus electores propios se redujeron en 200 mil.
Su posición cada vez más derechista y autoritaria queda de manifiesto en varios de los planteamientos del proyecto de la JCE que propone eliminar, señalados en el análisis comparativo de PC, como “Respetar el desarrollo, la integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil”. También cuando suprime “el reconocimiento de los derechos de las minorías”.

Otra expresión de autosuficiencia se encuentra en la supresión de la definición de los partidos, cuando dice que deben influir “expresando la voluntad ciudadana para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad”. También al suprimir el párrafo que estipula que los partidos “deben contribuir con la formación de los y las ciudadanas en materia de ética ciudadana, educación cívica y manejo de las funciones públicas”.

La propuesta peledeísta es tan prepotente que parece destinada a producir un largo debate para llegar a las próximas elecciones sin la ley de partidos y sin la nueva ley orgánica electoral, ambas fruto de la contratación por la JCE de una misión técnica de la Organización de Estados Americanos que también consultó a los partidos y organizaciones sociales. De hecho, ya hace tiempo que está en marcha una desbordada campaña interna por las candidaturas para el 2016, que entre los peledeístas ya conlleva una enorme inversión que sólo se explica en desvíos de fondos públicos y tráfico de influencia.

 

Urgente concertación política

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La crisis en la gerencia del sistema informático  de la Junta Central Electoral (JCE) que se ha extendido a la importante Junta Electoral de Santiago, y la irrupción de narcotraficantes en la extensa y costosa campaña electoral dominicana, más la urgencia de adecuar la legislación y los nuevos órganos electorales al marco constitucional instituido en enero del 2010, están demandando una urgente concertación del liderazgo político.

 Las expresiones de Monseñor Agripino Núñez Collado al término de la última reunión entre los secretarios generales y delegados electorales de los dos partidos mayoritarios, indican un fracaso en los intentos de concertar una solución al conflicto originado en la dimisión del administrador general del Sistema Informático de la JCE, Miguel Angel García, complicada con la cancelación de un miembro de la Junta Electoral de Santiago, lo que por solidaridad generó la renuncia de otro. La recusación del presidente de la misma complica aún más la situación.

 La ausencia de concierto político en torno al arbitraje electoral pone en riesgo los avances que se habían logrado en los últimos años. Tanto la gerencia de informática como la Junta Electoral de Santiago habían sido determinadas por consenso y no se advierte una razón válida para que ahora se rompa.

 Las objeciones al ingeniero Franklin Frías como administrador del centro de cómputos de la JCE, válidas o no, han sido generalizadas desde hace una década, sólo que alternándose los actores. Si en el 2001 fueron justificadas y aceptadas cuando provenían del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, entonces en la oposición, lo mismo debe ocurrir ahora cuando la impugnación proviene de todos los partidos que no forman parte del gobierno.

 No se puede ignorar que ahora hay agravantes. A García lo hicieron saltar de la  gerencia general creada para subordinar a Frías. Y saltó cuando no encontró respuesta del presidente de la JCE a sus interrogantes después que su subordinado dirigió una circular a todo el personal en la que se autoproclamó jefe máximo del organismo. Todo lo dejó documentado García al publicar su dimisión.

 Hay que restablecer el consenso partidista en torno a la JCE. Poner a Frías sobre el mismo sólo sirve para incentivar desconfianzas e incertidumbres. La concertación es más urgente porque sin ella no será posible aprobar el proyecto de reformas electorales  elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que por constituir una ley orgánica requiere dos tercios de los votos de las cámaras legislativas que nadie tiene.

 El concierto es preciso también para que la urgente institución del Tribunal Superior Electoral no eche combustibles sobre el fuego. Lo mismo para la aprobación de los reglamentos operativos del mismo, que tomarían tiempo. Ya empiezan a acumularse expedientes en el proceso electoral por ausencia del órgano contencioso, lo que no hubiese ocurrido de haberse observado el mandato transitorio de la Constitución que mantenía los antiguos jueces hasta la constitución de los nuevos órganos electorales.

 La ocurrencia de un acusado de narcotráfico patrocinando un grupo de apoyo a la candidatura presidencial del principal partido opositor y la documentación de que había financiado la candidatura del actual presidente de la nación, es otro motivo para la urgente concertación, sin la cual será imposible la oportuna aprobación de los proyectos de leyes de Partidos Políticos y de reformas electorales que contemplan medidas para limitar el financiamiento y reducir los costos de las campañas.

 El sistema político debe dejarse de hipocresías y aceptar la urgencia de regulaciones. La ciudadanía consciente sabe que el multimillonario financiamiento de nuestras descomunales compañas proviene en gran proporción de fuentes ilegítimas: del robo público, del tráfico de influencias, del dinero mal habido, de la inversión que busca rentabilidad y del abuso de los recursos del Estado. Hay que poner límites, pero ya!

 

Frenan la precipitada campaña reeleccionista

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El desbordamiento de los pujos continuistas quedó frenado esta semana por una serie de declaraciones de personalidades, incluyendo al vicepresidente Rafael Alburquerque, al presidente del Senado, Reinaldo Pared,  y especialmente al senador Félix Bautista, considerado como uno de los hombres de más confianza del presidente Leonel Fernández.

El frenazo habría sido determinado por el creciente descontento que dentro  y fuera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estaba generando la campaña reeleccionista con desprecio de la nueva Constitución y en medio de tensiones con el sector empresarial por los esfuerzos gubernamentales para solventar un elevado déficit fiscal.

Significativas declaraciones.  La primera señal de freno pudo haber sido la destitución de Héctor Rodríguez Pimentel de la dirección del Instituto Agrario Dominicano el 19 de agosto. Pero tanto éste como el secretario sin cartera Freddy Pérez persistieron en su ofensiva continuista proclamando que ni siquiera es necesaria la reforma de la Constitución para que el presidente Fernández pueda optar por un tercer período consecutivo.

El martes coincidieron en el telediario de Teleantillas el ingeniero Pérez y el vicepresidente Rafael Alburquerque, un político que toma la medida de cada oración que va a pronunciar. Expresó contundentemente en el sentido de que “es totalmente extemporáneo hablar de candidaturas en estos momentos”, que lo importante es dedicarse a resolver problemas, y que el Presidente “no está en estos momentos pensando en la repostulación”.

El mismo martes, el precandidato presidencial peledeísta  Danilo Medina evadió referirse concretamente a la promoción de la reelección, considerándola “hipotética”, pero sí dijo que está “construyendo un proyecto presidencial, dentro y fuera del PLD, concitando respaldo de mucha gente que nunca antes había hecho política”. Y advirtió que no busca confrontación con nadie porque quiere ser el candidato de todos.

El miércoles tocó al secretario general del partido morado y presidente del Senado referirse a la campaña pro reelección, indicando que ese tema no se ha tratado en el Comité Político, y que es extemporáneo. “Lo más importante en lo queda hasta el 2012 es que nos esforcemos en una buena labor de Gobierno”. Y admitió que el continuismo podría generar tensiones dentro de su partido, aunque descartó que provoque una división.

El mismo día, el dirigente José Tomás Pérez sostuvo que será el candidato presidencial del PLD en el 2012 “en caso de que el Presidente no motorice una reforma constitucional que le permita una nueva repostulación”. Antes, e incluso en su propaganda política, había condicionado su postulación a que el doctor Fernández no se lance, pero esta semana reconoció que el texto actual lo impide.

Al menos un frenazo.  La tajante declaración de Bautista, a quien se vinculaba con la campaña continuista, por lo menos pareció un frenazo al desbordamiento de los dos últimos meses y que tuvo aliento del propio Presidente Fernández cuando el 3 de julio dijo a los reporteros que la continuidad de un mandatario al frente de su país “es un tema de soberanía nacional”, ya que la decisión “en última instancia la tiene el pueblo”.

Ningún observador de la política nacional cree que Bautista formuló tal declaración sin consultar a su jefe político y administrativo. E incluso algunos creen que fue inducida por el propio mandatario, hasta quien habrían llegado señales de que  la campaña, al menos por el momento, no “estaba cayendo bien” en importantes sectores de poder y que precipitaba tensiones en su propio partido. Coincidencialmente se producían reuniones de entidades empresariales con precandidatos a la presidencia como Miguel Vargas, Hipólito Mejía y Danilo Medina.

Los días por venir permitirán comprobar si se frenó o no el desbordamiento  continuista que la semana anterior llegó a incluir reuniones abiertas en salones del propio Palacio Nacional. En lo que coinciden diversos analistas es que por el momento ha sufrido un tropiezo. Para algunos ya el Presidente se habría convencido de las graves dificultades que enfrentaría, moviéndose en el “terreno movedizo” que, valiéndose de su propia experiencia, le advirtió el miércoles, el ex presidente Hipólito Mejía, cuando en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio contó cómo los tumba polvo y vividores de la política son capaces de convencer a cualquiera de embarcarse en un proyecto absurdo.

Aunque cuenta con la participación de una amplia gama de grupos remanentes del otrora dominante Partido Reformista, ahora aliados del presidente Fernández, el proyecto reeleccionista podría incluso provocar desprendimientos en su “Bloque Progresista” que lo ha respaldado en las cuatro últimas elecciones. El 2 de agosto se informó que uno de los partidos que lo integran, la Fuerza Nacional Progresista, había decidido iniciar la promoción nacional de la candidatura presidencial del diputado Pelegrín Castillo, quien ha tomado distancia del continuismo, pese a que su padre, Vincho Castillo, lo favoreció.

Circunstancias desfavorables.  La crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno por el desbordamiento del gasto en la pasada campaña electoral, y las tensiones que generan los esfuerzos por elevar los ingresos no parecen ser el ambiente adecuado para embarcarse en un proyecto continuista que demandaría cada vez más recursos y produciría incertidumbres institucionales que podrían desestabilizar la economía nacional.

Esas tensiones llegaron esta semana al punto de que una veintena de asociaciones empresariales, que incluyó a todos los sectores industriales, denunciaron la decisión del Gobierno de cobrar el ITBIS a las importaciones en las aduanas para adelantarse unos RD$2,000 millones  en lo que resta del año. Amenazaron con recurrir ante la justicia para invalidar una acción administrativa violatoria de la ley de Competitividad y  “que provocaría un daño inminente a nuestra institucionalidad y pone en riesgo la seguridad jurídica, la producción y la generación de empleo en el país”. El Gobierno lograría luego que los grandes empresarios aceptaran la medida para contribuir a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos negociadores esperan en Washington las respuestas que no pudieron obtener aquí en más de dos semanas de conversaciones sobre el tope al déficit fiscal.

Para algunos lo del adelanto del ITBIS es apenas un “tente en pies”, convencidos de que se requerirán otros gravámenes para tapar el hueco y afrontar la inminente confección del presupuesto para el 2011, que según la nueva Constitución debe llegar al Congreso el 1 de octubre, en apenas un mes. Se duda que pueda contar, como el de este año, con un financiamiento externo de RD$116,000  millones, extendido a RD$120,000 millones, unos US$3,200 millones.

Como si eso no fuera suficiente, esta semana afloraron tensiones entre partido y Gobierno por designaciones de dirigentes que quedaron desbancados por las elecciones de mayo pasado, mientras el Presidente es asediado por peledeístas y aliados que reclaman “pago a sus sacrificios”. Una serie de decretos emitidos a cuentagotas durante dos semanas, algunos revocados y otros retenidos, y la lentitud en posesionar a nuevos funcionarios, parecían indicar por lo menos desconcierto.

La tapa al pomo

El panorama pareció despejase el miércoles cuando se produjo la segunda declaración al respecto, en sólo una semana, del siempre cauto rector de la Universidad Católica Madre y Maestra y reiterado mediador monseñor Agripino Núñez Collado. Y más aún cuando se destapó el flamante senador Félix Bautista, considerado en los últimos tiempos como “el político y funcionario más cercano al presidente Fernández”.

Núñez Collado había dicho el día 18 que la nueva Constitución es “un valladar a la reelección presidencial”. Ahora dijo que no se puede meter presos a los que promueven el continuismo, pero sostuvo contundentemente que para ello sería imprescindible una modificación de la Constitución. “Y no cabe en mi cabeza pensar o ver al Presidente solicitando que su Constitución sea acomodada para que él pueda, precisamente, violarla o hacer una nueva Constitución”, añadió.

También aludió al pacto del presidente Fernández con el ahora presidente del Partido Revolucionario Dominicano Miguel Vargas Maldonado, que viabilizó la aprobación de la nueva carta magna y que eliminó la prescripción anterior de una sola repostulación “y nunca más”, cambiándola por la prohibición de la reelección consecutiva,

El influyente Monseñor podría estar expresando el desconcierto y hasta disgusto que se advierten en círculos eclesiásticos y empresariales, en los que él se mueve como pez en el agua, con la campaña continuista que se desbordó en las semanas anteriores. Pero la declaración más sorprendente fue la emitida el mismo miércoles 25 por Félix Bautista al estrenarse en el Senado. “Yo no creo que el presidente Fernández vaya a modificar la Constitución que él auspició. Pienso que si lo hace sería una gran mancha que quedaría en su gestión”, sostuvo el hasta hace una semana poderoso supervisor de las obras del Estado.