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Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

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Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

Se teme resultado electoral aplastante

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Entre analistas y observadores políticos predomina la percepción de que la alianza que encarna el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encamina a una barrida electoral similar a la que protagonizó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuando gobernaba en el 2002 y que repercutió en retroceso democrático.

El abuso de los recursos del Estado y un manifiesto empeño por acaparar todo el poder político por parte de un Gobierno cada vez más indiferente a los reclamos de la sociedad,  sumado a la debilidad de la oposición, generarían un deterioro de la precaria institucionalidad democrática nacional.

¿Cambios previsibles?

En otros escenarios electorales a una semana de la votación se pueden producir  cambios que alteren los vaticinios de las encuestas y los analistas, pero el panorama político dominicano luce estático y lo conservador domina hasta en el otrora combativo PRD, tanto que hay quienes creen que ni un grave escándalo gubernamental invertiría la tendencia. Como el partido blanco ha estado más concentrado en luchas internas que en el escenario nacional, evolucionando hacia posiciones más conservadoras, tratando de disputar los ámbitos del liderazgo del presidente Fernández, ha hecho poca oposición y no ha podido capitalizar los grandes escándalos que han sacudido al Gobierno en los últimos años, como los del narcotráfico y la corrupción. Por ejemplo, la denuncia periodística de corrupción en el Ministerio de Salud Pública del mes pasado ha sido ignorada tanto por el Gobierno como por los líderes perredeístas.

El partido blanco tampoco ha podido documentar suficientemente los excesos gubernamentales en la campaña electoral y la mayoría de las denuncias han salido de los medios informativos.

Por ejemplo, un reportaje de Teleantillas dio cuenta de que la candidata oficialista a alcaldesa de Santo Domingo Norte tiene 20 camiones recolectores de basura y dos repartidores de agua operando a su nombre en las calles, pero sus opositores ni siquiera han averiguado si esos equipos son gubernamentales o de alguna empresa privada y en qué condición son utilizados en la campaña electoral.

La ineficiencia ha acompañado las pocas denuncias efectistas del partido blanco, como las referentes a la participación de casi todos los altos funcionarios del Gobierno en la campaña electoral, pero no ha sido capaz, por ejemplo, de ejecutar una iniciativa jurídica amparándose en el numeral 18 del artículo 173 de la Ley Electoral, que sanciona con multa y hasta 2 años de prisión correccional a “los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”.

La ofensiva final

Por otro lado, los oficialistas han apabullado con la propaganda en los medios de comunicación, calles y  carreteras, demostrando que le sobran recursos.

Aunque ya el jueves su jefe de campaña, Francisco Javier García, se atribuyó la victoria en las 31 provincias y el DN, el uso masivo de recursos pareciera indicar que no están seguros. En esta última semana de campaña y hasta la votación del día 16,  las dos coaliciones dominantes desarrollarán su ofensiva final.

La del Gobierno es claro que estará fundada en su abundancia de recursos, con distribución masiva de alimentos, dinero   y bienes diversos en esa inmensa franja poblacional que integra la mitad del electorado, mientras el propio presidente Fernández proseguirá “juramentando” opositores e imponiendo su jerarquía y poder en las poblaciones más pobres, como hizo el pasado jueves en Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Monte Plata.

El PRD ha sido pobre hasta en propaganda, muy por debajo de la peledeísta, como si le faltaran recursos financieros.

Podrían haberlos ahorrado para la ofensiva final, incluso para competir en distribución y en incentivos para las horas antes y durante la votación, práctica que se ha afianzado en los últimos procesos comiciales.

Pero en ese terreno es bien difícil competir con los que usufructúan el poder.

Algunas candidaturas perredeístas pudieran beneficiarse del voto consciente al momento de la decisión. Especialmente la de Milagros Ortiz Bosch para la senaduría del DN, porque ella encarna al mismo tiempo el legado ideológico, popular y de ética política de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Una derrota de la doctora Ortiz Bosch en el DN, donde en los noventa llegó a obtener más del 60 por ciento de los sufragios, sería demostrativa del descalabro del perredeísmo histórico. Golpearía también a los que buscan reivindicar el predominio de los valores ideológicos y la honorabilidad de por vida en la política.

Peligroso derrotero

En diversos sectores, incluyendo empresariales y sociales, se teme del empeño peledeísta por acaparar todo el poder político, abusando de los recursos del Estado en detrimento de la institucionalidad democrática y convirtiendo la elección legislativa y municipal en un torneo del presidente de la República.

La preocupación es mayor cuando se conoce de un déficit fiscal de 18 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, con incremento del gasto del 40 por ciento en contraste con el de los ingresos fiscales de apenas 6 por ciento y con un endeudamiento que está llegando a límites de insostenibilidad, lo que remite a nuevas reformas tributarias en un Gobierno que no conoce de austeridad y que  fundamenta su popularidad en el reparto del patrimonio público y en los subsidios.

Una barrida que acerque a los gobernantes a los dos tercios del Congreso repercutiría en el equilibrio democrático, sobre todo si ello implica el control absoluto del Consejo Nacional de la Magistratura y las posibilidades de imponer el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales y los órganos electorales, con un Presidente que considera que a un mandatario de amplio apoyo no se le debería impedir la continuidad.

Las preocupaciones crecen en la medida en que el presidente Fernández parece superar el modelo balaguerista de gobernar a espaldas de la sociedad, con escasa transparencia, como queda evidente en la construcción de la segunda línea del Metro capitalino y en la venta al Gobierno venezolano de la mitad de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo.

Ya supera a Balaguer en comportarse como “ciego y sordo”, pues no ofrece ruedas de prensa, con lo que rehúye responder sobre cuestionamientos, inquietudes y hasta graves denuncias, como las de corrupción y narcotráfico que han marchitado la imagen del Gobierno.

Todas esas y otras razones hubiesen desgastado a cualquier gobierno después de diez años en que han persistido los graves problemas energéticos y la escasa inversión en educación, salud y vivienda, pero para ello se precisa de una oposición que ofrezca una alternativa real o que por lo menos cree ilusiones de que la representa, y eso está ausente en las perspectivas actuales de la nación.

¿Todo está consumado?

Aunque ninguna de las encuestadoras acreditadas ha hecho una medición de las preferencias electorales a nivel nacional, cada vez es más generalizada la percepción de que la coalición de 15 partidos que encarna el PLD se encamina a una barrida en los comicios del próximo domingo.

Dos son los factores que determinan ese estado subjetivo de opinión: el despliegue sin precedente de los recursos del Estado en la campaña oficialista y la manifiesta incapacidad del dividido PRD para responder el desafío y crear siquiera una ilusión de alternativa real que catalice las insatisfacciones que genera la actual gestión gubernativa.

Sólo dos de las encuestadoras con tradición de crédito en el país han realizado investigaciones sobre preferencias en el actual proceso electoral, con resultados contradictorios y limitados al Distrito Nacional y las dos mayores provincias. Son los casos de la Penn and Shoen Bertland y el Centro de Investigación Económica del Cibao. Otras que trabajan para los partidos también arrojan resultados muy diversos y de estas han predominado las del oficialismo.

Pero más allá de la fiabilidad de las encuestas, factores subjetivos prevalecientes inclinan la balanza de un solo lado, aun para analistas tan acuciosos como Rosario Espinal y César Pérez, que  dan por hecho una holgada victoria de las candidaturas de la alianza peledeísta.

A ello contribuye la recolección de grupos políticos que el poder le ha permitido al presidente Leonel Fernández ir conformando desde el 2004, hasta constituir la mayor coalición electoral de la historia nacional, que ya en el 2008 sumó una docena. Esta vez tienen la adición del Partido Reformista Social Cristiano, que hace 4 años fue aliado al PRD y obtuvo el 10.96 por ciento del sufragio. Por menos de ese porcentaje se decidió la votación en 20 de las 31 provincias y en el Distrito Nacional. En las presidenciales del 2008 el 8 por ciento aportado por sus aliados le permitió al presidente Fernández reelegirse en primera vuelta con el 53 por ciento del total.