Otro tigueraje político con la Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz
08_03_2015 HOY_DOMINGO_080315_ El País12 A

Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retiraron el proyecto de Ley de Partidos que habían aprobado en primera lectura no solo por el rechazo generalizado al tigueraje político, sino también porque su aprobación fue claramente inconstitucional, como le advirtió la Oficina Técnica de Revisión de la cámara baja.

El simple retiro sigue negando la aprobación de una ley objeto de múltiples consensos en los últimos 16 años, incluyendo uno reciente, y ratifica la imposición peledeísta que también evade el proyecto de ley del régimen electoral sometido por la Junta Central Electoral (JCE) tras una amplia consulta y asesoramiento internacional.

Consensos durante 16 años. La aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría oficialista y sus aliados del Partido Reformista se correspondió con el tigueraje político que auspicia el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, cuya última expresión había sido la reciente sanción del Código Penal, violando los procedimientos internos, la categoría de ley orgánica que requiere dos tercios de los votos, y sin votar las observaciones que le hizo el Poder Ejecutivo.

El proyecto aprobado con el rechazo de la oposición política desconoció un consenso a que habían llegado recientemente con otros partidos bajo la mediación eclesiástica y numerosos acuerdos al respecto logrados desde que se empezó a discutir esa ley en 1998, precisamente bajo hegemonía del PLD, en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en 1998-99, durante su primer período de Gobierno, ratificado en el Gobierno perredeísta por el Consejo Nacional para Reforma del Estado.

El propósito de una ley de partidos consensuada también formó parte del pacto suscrito en 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el entonces candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y fue firmado también por el presidente Danilo Medina con la misma mediación de monseñor Agripino Núñez en la Universidad Católica Madre y Maestra. El proyecto, con diversas modificaciones, ha sido presentado al Congreso en una decena de legislaturas después de ser engavetado por el presidente Leonel Fernández en 1999. También los perredeístas evadieron su aprobación durante el período 1998-2006 cuando tuvieron mayoría en ambas cámaras legislativas durante 8 años, como ahora los peledeístas

Nuevo tigueraje político. En septiembre pasado, cuando una comisión multipartidista había alcanzado otro consenso para la ley, el PLD presentó un texto que lo disminuye y desde entonces la presidencia de la cámara trataba de imponerlo, apelando incluso a incentivos económicos, según denuncia de opositores y confidencia de un senador peledeísta opuesto a la maniobra.

El martes 3, iniciando la primera legislatura del año, tras un informe de comisión, incentivada por “el mago” Abel Martínez, y pese al rechazo de la mayoría de los diputados perredeístas y del Partido Revolucionario Moderno, los peledeístas dieron la primera aprobación. Como no disponían de las dos terceras partes de los votos, y contra lo que todo el mundo decía antes, decidieron que no es una ley orgánica y la dieron por aprobada con mayoría simple.

Para la aprobación, la mayoría peledeísta desestimó la advertencia de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa de la propia cámara, que en un documento fundamentado había concluido: “Dado que la pieza legislativa propone la regulación del derecho fundamental a la asociación política por medio de los partidos y agrupaciones políticas, además de que la figura de los partidos políticos fue constitucionalizada, este proyecto de ley es de naturaleza orgánica y por tal motivo, el pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar dicha iniciativa con el voto de las dos terceras partes de los presentes, acorde como lo exige el artículo 112 antes citado”.

La Ley de Partidos es orgánica, de acuerdo al artículo constitucional citado, no solo por regular el derecho fundamental a la libre asociación y por ser un mandato expreso del artículo 216 de la Constitución, sino porque también se refiere al régimen electoral y regula el derecho ciudadano a ser postulado a cargos de elección popular, aunque estas dos últimas causales no aparecen en la opinión de la Oficina Técnica.

La necesaria transparencia. Hasta algunos legisladores peledeístas han favorecido el proyecto de Ley de Partidos consensuado, como el senador José Rafael Vargas, quien consideró esta semana que debe suponerse que “nadie pierde garantizando la transparencia”. Se refería a la supresión de artículos o frases del proyecto de ley que se refieren a la licitud del financiamiento, que disponen identificar sus fuentes y sancionan los abusos del patrimonio público, lo cual ha sido el mayor motivo de confrontación.

Instituciones sociales como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han participado, desde el “Diálogo Nacional” auspiciado por el PLD en 1997-98, en las discusiones y consensos sobre la Ley de Partidos y encabezan los reclamos de transparencia, equidad y sanciones de los delitos electorales, lo que ratificaron esta semana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y otras instituciones empresariales y religiosas también han insistido recientemente en una legislación que contenga el derroche de recursos proveniente del patrimonio público y de fuentes ilícitas, incluyendo el narcotráfico.

Es relevante que los peledeístas hayan burlado el consenso nacional en momentos en que la opinión pública está impactada por las denuncias del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que él y otros de sus colegas financiaron con por lo menos 200 millones de pesos las actividades políticas del expresidente Leonel Fernández entre 2001 y 2004, lo que tras varias semanas no ha sido negado por el presidente del partido morado.

También llama la atención la cínica actitud del vocero peledeísta en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, responsabilizando a “sectores insanos”, políticos y sociales, por el retiro del proyecto, aduciendo que la sociedad civil es “enemiga del PLD” y llegando al extremo de proclamar que “la democracia, la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos han sufrido una estocada mortal por la actitud asumida ante el proyecto por el Partido Revolucionario Moderno y sus líderes”.

Vale advertir, finalmente, que el proyecto ahora retirado adolece de múltiples carencias de los reclamos para adecentar la actividad política, controlar los períodos de campañas electorales, el monopolio de medios de comunicación, la manipulación de encuestas y la equidad. Niega la cuota mínima femenina en los cargos de los partidos, y su régimen de sanciones es tan benévolo que no desincentiva los delitos electorales. Aún en fraudes y abuso del patrimonio público, algunas multas serían de 20 salarios mínimos oficiales, (actualmente de 5,117 pesos), que apenas pasarían de los 100 mil pesos, luego de que sea cosa definitivamente sancionada por los tribunales en largo proceso, menos de lo que requeriría un abogado de tercera categoría para iniciar una defensa. Las suspensiones del financiamiento público son de 6 meses y las condenas de cárcel, cuando proceda, de 6 meses a dos años.

Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD

Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ El País13 A

Aunque el horno peledeísta tiende a calentarse con una soterrada lucha entre quienes promueven la reelección de Danilo Medina y los que auspician la candidatura de Leonel Fernández, un cierto “empate técnico” y el temor a romper el consenso grupal los conduce a un pacto de alternabilidad. Los danilistas confían en que el incremento del rechazo al retorno de Fernández al poder y su mejor correlación de fuerzas en el CP permitan abrir espacio a la reforma constitucional para viabilizar la reelección, con la desventaja de que Medina no se decide a una lucha frontal para detener la repostulación del expresidente.

En el amagar y no dar. La lucha por el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la candidatura presidencial para el año próximo se incrementa soterradamente entre el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero ambos parecen mantener una posición de amagar y no dar, conscientes de la importancia de la unidad para preservar el poder que han acumulado en las dos últimas décadas y especialmente en las últimas cinco elecciones con tres gobiernos consecutivos.

Aunque sectores de oposición esperan que la lucha entre los peledeístas se desmadre como ha ocurrido tradicionalmente en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una de las prendas con que el profesor Juan Bosch adornó su último partido es un sentimiento grupal que le dificulta romper el consenso, y ese es uno de los legados al que no han renunciado pese al abandono de los principios fundamentales del boschismo.

Hay hostilidades entre danilistas y leonelistas, pero siguen cuidándose las formas y el presidente Medina sigue sin dar señales de que aspirará a una nueva postulación, consciente de las dificultades de reformar la constitución, lo que es imposible sin un acuerdo con Fernández, quien a su vez impulsa el lanzamiento oficial de su precandidatura, aunque hay quienes creen que esperaría una no objeción del mandatario.

En su último discurso, en un almuerzo con dirigentes peledeístas de la región sur, celebrado en Baní el 21 de diciembre pasado, Leonel proclamó que “el gran desafío del PLD es preservar la unidad para seguir obteniendo triunfos electorales”. Con los niveles de rechazo que le registran las encuestas para él sería un suicidio una ruptura con el poder que representa Medina y lo mismo para éste culminar su período de gobierno sin una fractura en el partido.

Ofensiva reeleccionista. Pero con o sin respaldo del presidente Medina, entre sus seguidores crece la expectativa de abrir campo a la reforma constitucional, convenciendo a la mayoría de los dirigentes peledeístas de los riesgos de perder el poder si desaprovechan los niveles de apoyo que sigue teniendo Danilo, con hasta 70 por ciento de la población favoreciendo su repostulación en las encuestas, para irse con una candidatura de Leonel, quien afronta un alto nivel de rechazo, también en las encuestas, aunque sigue siendo un fuerte contendiente.

Se dice que cada vez son más los dirigentes que se inclinan por el “camino seguro”, incluyendo una mayoría del CP que es donde tendría que decidirse si se auspicia una nueva reforma constitucional. De sus actuales 35 miembros, los danilistas contarían con el “voto duró de una veintena”, y en cambio los leonelistas no pasarían de la decena, mientras los demás oscilarían. “Pero todos quieren seguir en el poder”.

En este sector la estrategia busca ganar tiempo para ver si Danilo se decide, impulsado por el incremento de las “dificultades de Leonel”, incluyendo la posibilidad de que le caiga un rayo procedente del exterior, con otros escándalos internacionales como el de los aviones Tucanos destapado en septiembre por el periódico Wall Street Journal. Se cita una investigación sobre venta de tecnologías para el metro, investigaciones sobre tráfico de drogas, derivaciones del caso Quirino en manos de autoridades norteamericanas y suspensión de visas a allegados del expresidente. Esperan también mayores consecuencias de los pesados expedientes contra las “alcancías de Leonel”, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, aún reconociendo que la agradecida Suprema Corte de Justicia dictará no ha lugar para procesamiento.

Los más decididos. Entre los más abiertos promotores de la repostulación figuran el director del Indotel, Gedeón Santos, quien ha formado equipo y oficina, y los miembros de la CP Felucho Jiménez y Ramón Ventura Camejo. Este ha pedido públicamente la convocatoria de ese organismo para que se discuta la reforma constitucional. También la han favorecido ministros como el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el asesor presidencial, no peledeísta. Tony Isa Conde.

Se afirma que “la Otán”, como se denomina al grupo más tradicional del PLD, encabezado por Euclides Gutiérrez, Monchy Fadul y Francisco Javier, se inclinaría por Danilo, si éste da una señal. Se cuenta con que si se decide en el CP los legisladores tendrían que acatarlo, pero ahí comienzan los riesgos de fractura, porque Leonel cuenta con apoyo de la mitad de los senadores y de los diputados. Y leonelistas creen que, según el artículo 19 de sus estatutos, el CP es sólo el “órgano ejecutivo del Comité Central”, por lo que una decisión de esa naturaleza tendría que decidirse en el organismo superior.

Aún consiguiendo la unanimidad de votos de los peledeístas y sus aliados, habría que buscar unos 7 en los dos sectores en que se ha dividido el perredeísmo, lo que no parece imposible, por votación o ausentismo. En la elección del 2010 ellos acumularon 102 diputados, de los que han perdido a Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, y 31 senadores, por lo que ahora totalizan 131 votos, que suben a 141 si logran los diputados y el senador del Partido Reformista. La asamblea para una reforma constitucional la integran 190 diputados y 32 senadores, totalizando 222 votos. Dos terceras partes son 148, en el caso de que asistan todos.

Pacto de alternabilidad. Hay quienes creen que la vocación de poder del peledeísmo terminará imponiendo un pacto de alternabilidad entre Danilo y Leonel, partiendo de que ningún partido amenaza su predominio, como camino más seguro para mantener la unidad y para que el actual mandatario pueda concluir su período sin mayores confrontaciones internas y sin tener que apelar a modificar la Constitución que ellos mismos aprobaron en el 2010.

Se ve al presidente Medina empeñado en mantener su alta aprobación, con temor a los conflictos, pretendiendo ganar el partido con canastos de tres, sin arruga, y sin dar codazos bajo el aro para coger los rebotes y rematar. Por eso los leonelistas se plantean salir adelante oficializando la precandidatura de su líder, quien no es ningún improvisado y tiene la gratitud de gran proporción de su partido por el poder y la prosperidad acumulada.

Con Leonel Fernández proclamado precandidato y en campaña, las maniobras en su contra serán más difíciles y los temores a la división forzarían el pacto de alternabilidad, en el que Danilo recibiría una gran cuota de legisladores que le obligue a apoyar sin reservas la campaña del partido y le garantice la vuelta al poder en el 2020, por la popularidad en que terminaría. Desde luego, contando con la dispersión de la oposición y salvo errores u omisiones. Al fin de cuenta Fernández ha planteado que reinarán hasta el 2044.

La decisión de Leonel

Nadie duda que Leonel tiene una firme decisión de buscar la candidatura presidencial, aunque mantiene suficiente racionalidad para advertir sus dificultades. Pero él cuenta con que la oposición no amenaza al PLD para deshacer el argumento de que tienen que irse con Medina por ser el más seguro en la coyuntura. Le favorece la lucha interna que comienza en el nuevo Partido Revolucionario Moderno, entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, por la candidatura presidencial. Plantean que ganaría Hipólito, al que ven como presa más fácil por sus presuntas debilidades y las capacidades de Fernández.

Los leonelistas no parecen resignados a dejarse vencer por los danilistas, razón por la cual adelantan gestiones y amarres, ayudados por la indecisión del mandatario y por la convicción general de no lanzarse contra alguien que puede volver a ser candidato presidencial y presidente de la nación. Esto incluye a peledeístas y sectores externos, aún de los que temen lo que significaría un Leonel reivindicado por los votos después del desastre fiscal en que dejó el país y los destapes de la gran corrupción y dispendio de su gobierno.

Expresión de que los leonelistas no están durmiendo podría ser la manipulación que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de las observaciones presidenciales al Código Penal, que modificó e hizo aprobar al vapor, enviándola directamente al Presidente, quien promulgó una ley cuya modificación no pasó por el Senado. Se consultó previamente al mandatario, pero fue una iniciativa que le impusieron en desconocimiento de sus planteamientos sobre el aborto terapéutico y por violación.

En círculos políticos se preguntaban esta semana si la inasistencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño al acto protocolar de saludos de año nuevo, pretextando “compromisos familiares”, no sería un mensaje de su esposo Leonel Fernández, de que hay que tomarlos en cuenta para que no se ponga difícil la jugada.

 

Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD

Por Juan Bolívar Díaz
jj

No hay explicación racional para que no pasara por el Senado, como dispone la Constitución y la práctica tradicional, la aprobación de las observaciones presidenciales que procuran establecer excepciones en la penalización del aborto, dejando esa legislación en riesgo de ser declarada inconstitucional.

Tal como han sostenido expertos constitucionalistas, diversas organizaciones y algunos legisladores, la Cámara de Diputados violó preceptos constitucionales y reglamentarios para despachar atropelladamente el Código Penal reformado con una chapucería legislativa, a sabiendas de que poderosos sectores objetarán la ley.

Atropello legislativo. Como por arte de magia, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se sacó de la manga un proyecto de modificación a las observaciones presidenciales y lo hizo aprobar atropelladamente para luego enviarlo al Poder Ejecutivo, desconociendo la facultad del Senado, y para colmo el presidente Danilo Medina lo promulgó horas después.

No se ha entendido el objeto de tanta prisa y poca ponderación, sobre todo ante una legislación tan polémica que de antemano algunos sectores ya habían amenazado con procurar su anulación ante el Tribunal Constitucional.

El debate hubiese permitido una mayor votación porque la confusión y el procedimiento fue rechazado hasta por legisladoras tan partidarias de la despenalización parcial del aborto, como Guadalupe Valdez y Minou Tavárez Mirabal, que no aprobaron el proyecto.

Tal como señaló la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el presidente de la Cámara incurrió en varias violaciones a su reglamento interno: pasó por encima de la Comisión de Justicia, a la que se había encomendado el estudio de las observaciones presidenciales, no permitió el debate de su propuesta, ignoró la disposición que le manda dejar la conducción de la sesión en manos de la vicepresidencia cuando se conozca un proyecto propio, y ante las objeciones no consultó al plenario.

Se adiciona el hecho de que Martínez ignoró por completo el proyecto que en la sesión anterior había sometido la diputada Guadalupe Valdez para convertir en ley las observaciones presidenciales al Código Penal, violentando su derecho como legisladora. Lo mismo que ocurrió con otros que pretendían se les permitiera referirse al asunto.

Una acogida parcial. En realidad, lo aprobado el martes 16 por los diputados fue sólo una parte de las observaciones del Poder Ejecutivo. Lo que se sometió a votación no fueron las observaciones formuladas, sino un proyecto que las modifica, acogiéndolas parcialmente. Abel Martínez obvió la obligación de someter a votación separada si se acogían las observaciones y en cambio presentó y sometió a votación su propio proyecto, sobre el que algunos votaron no, pese a que eran partidarios de acoger las observaciones.

Es clarísimo que el Presidente pidió exceptuar de sanciones penales el aborto en tres circunstancias: cuando peligra la vida de la madre, en caso de violación o incesto y cuando el feto en formación tiene “malformaciones incompatibles con la vida”. Sólo se aprobó la primera. Las otras dos excepciones fueron remitidas a una “ley especial”, sin siquiera plazo para ser presentada o aprobada, lo que modifica las observaciones presidenciales.

Martínez no reveló el origen de su proyecto, ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo a altos funcionarios del gobierno. Lo aprobado reenvía el debate probablemente a “las calendas griegas”, como planteó la Alianza por la Democracia, que sostiene que en este caso pasó igual que con la ley 169-14 “donde los acuerdos de aposento y el temor primaron sobre el interés de la nación y lo verdaderamente justo”. En este caso la ley ha sido vulnerada ya que seis meses después a la gran mayoría de los desnacionalizados no se les han devuelto sus documentos.

De dos tercios a la mitad. En la misma aprobación de la Cámara Baja hubo una irregularidad que puede ser objeto de inconstitucionalidad. Ha habido divergencias en cuanto a si el Código Penal puede ser considerado una ley orgánica. Pero el hecho incontrovertible es que para la aprobación del proyecto que luego observó el Presidente, se estableció los dos tercios.

El artículo 112 de la Constitución establece que “Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales”… Y precisa que para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras”. Se considera que el derecho a la vida de la madre o del feto, es fundamental.

Copias del “Protocolo de Votación” de las sesiones del 1 de abril y el 18 de noviembre, en las que se aprobó el código indican arriba “Tipo de mayoría” 2/3 Presentes”, mientras la del martes 16 de diciembre indica “1/2 presentes+”. Eso significa que una mayoría simple modificó cuatro artículos de un código para el cual se había requerido dos terceras partes. En la sesión de abril 126 votaron a favor, 7 se abstuvieron y ninguno en contra. La de noviembre 132 a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. En la de diciembre 93 aprobaron, 66 en contra y 12 no votaron. Como se puede observar en las dos primeras sesiones la aprobación superó el 90 por ciento y en la última el 58 por ciento.

Se volaron el Senado. También ha habido divergencias en cuanto a si la modificación al código penal introducida por la Cámara de Diputados tenía que pasar por el Senado. El primero en considerar que era innecesario fue el presidente de la Cámara, lo que aceptó el Ejecutivo.

La única forma en que se podría prescindir del Senado, es si los diputados hubiesen rechazado las observaciones presidenciales, porque en ese caso estaban ratificando lo ya aprobado por los senadores y porque la desestimación de cualquiera de las dos cámaras liquida las sugerencias presidenciales. Es lo que ha predominado en la práctica legislativa.

Pero aún si los diputados hubiesen acogido las tres propuestas presidenciales de excepciones a la penalización del aborto, tenían que remitirlas al Senado para que lo hiciera también. Con más razón cuando a su vez se modificaron las observaciones. En pocas palabras: se ha convertido en ley un texto sólo de los diputados, diferente al aprobado por los senadores, que trata de exceptuar la penalización del aborto si es para salvar la vida de la madre, y que dispone una ley especial para las otras dos causales.

El experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez lo fundamenta: “la observación presidencial, si es acogida, tiene como consecuencia la incorporación de nuevos contenidos a la ley. Nuevos contenidos que, por serlo, no han sido conocidos ni sancionados por la otra cámara. En un sistema bicameral no puede haber ninguna disposición legal que no haya sido debidamente sancionada por las dos cámaras. Está en la índole del bicameralismo que el contenido de la legislación a la que los ciudadanos y los órganos del poder público deben obediencia sea el resultado de un proceso de deliberación que debe producirse en ambos hemiciclos respecto de su contenido total”.

Rodríguez cita los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo se ejerce por dos cámaras, y que corresponde al Congreso Nacional (ambas cámaras) “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.