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RD país de emigrantes más que de inmigrantes

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), publicada esta semana por el gobierno dominicano demuestra que se ha exagerado la inmigración haitiana, equivalente al 4.7 por ciento de la población, por lo que este es netamente un país de emigrantes, con más del 15 por ciento de los nacionales en el exterior.

Los resultados de esta rigurosa investigación deberán contribuir a establecer políticas inmigratorias eficientes y justas, incluyendo la regulación de los inmigrantes temporales y de los de ascendencia extranjera, especialmente de los haitianos sometidos a un régimen de ghetto o apartheid.

Base para política migratoria. En pleno Palacio Nacional y por boca del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se anunciaron los resultados de la ENI-2012, llamados a constituir una base importante para las políticas migratorias del país.

Allí estaban también representantes de la Unión Europea y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que auspiciaron la investigación, cuya muestra abarcó 63 mil viviendas y lugares visitados, con 20 mil 499 entrevistas completas entre el 31 de julio y el 30 de septiembre del 2011.

En la presentación, el director de la ONE, Pablo Tactuk, plantea que el estudio ha generado información, “a través de la cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país”.

La representante del UNFPA, Sonia Vásquez  dice  que sus resultados permitirán tomar decisiones que orienten las políticas públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo armónico al servicio del bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los habitantes  de esta parte de la isla”.

La encuesta revela estadísticas sobre las características y forma de vida de los inmigrantes, incluyendo condiciones de educación, salud, seguridad social, ubicación geográfica, documentación y empleo. Contrario a lo que se creía el 92.6 por ciento de los haitianos dice tener actas nacimiento, el 51.9 cédula de identidad y el 37.8 por ciento pasaportes emitidos en Haití.

De los datos se puede  interpretar que la inmigración haitiana tiene alta movilidad. El 22.8 por ciento dijo haber venido dos o más veces, el 32.3 por ciento planea regresar a su nación. Un alto 82.7 por ciento llegó después del año 2000, con 38.6 entre el 2010 y 2012 cuando el flujo se elevó tras el terremoto que destruyó su país. El 35.7 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.9 en la construcción, 16.5 en el comercio y 10.4 por ciento en otros servicios. Los datos deberán contribuir a establecer limitaciones a nuevos inmigrantes y a la regularización de los ya internados.

Los domínico-haitianos. La encuesta permite una aproximación a los descendientes de haitianos en el país, 209 mil 912, que no llegan a la mitad de los domínico-americanos en Estados Unidos. Arroja una dimensión del ghetto o apartheid que está generando ya el despojo de las actas de nacimiento a millares de ellos y otras discriminaciones como la negativa a emitirles cédulas de identidad. Los datos muestran las condiciones de pobreza, de educación y vida en general de los descendientes de haitianos, mejor que los nacidos en Haití, pero peor que la de los demás descendientes de extranjeros.

Debe tenerse en cuenta que el 25.6 por ciento de los descendientes de haitianos tienen actas de nacimiento del país de sus padres, y 23.5 por ciento tienen cédula dominicana, lo que implica que unos serían unos 109 mil los nacidos en el país con problemas de identificación.

Los resultados de esta encuesta deberían provocar una mayor racionalidad del debate sobre “el problema haitiano” a partir de datos de origen técnico confiable y ejecutado por personal especializado, que desmitifican una serie de presunciones subjetivas, en particular una mayor aceptación de ese 2.1 por ciento de  domínico-haitianos, un de las centenares de mezclas de nacionalidades aceptadas en el mundo. Para ellos tiene que haber políticas de inclusión, no de exclusión, puesto que se quedarán aquí para siempre y sus descendientes no pueden ser condenados al ostracismo en su propia tierra.

La cuantificación de los domínico-haitianos pone en situación más difícil la política de desnacionalización que ejecuta la Junta Central Electoral con efecto retroactivo, cuya denuncia se incrementa semana tras semana tanto en el país como en los ámbitos internacionales, y que según fuentes confiables podría generar restricciones de importaciones agrícolas en países de la Unión Europea.

Región de alta migración. La proporción de inmigrantes en la República Dominicana, 5.4 por ciento de la población nacional, y 7.9 por ciento si se incluyen sus descendientes en el país, está por encima del promedio mundial, que es de 3.1 por ciento, con 214 millones, y de la región latinoamericana y caribeña que es del 3.3 por ciento, según las cifras que maneja la representante del UNFPA.

La emigración dominicana es proporcionalmente de las más altas del mundo y del continente, sobrepasando el 15 por ciento de la población nacional, estimada en 9 millones 716 mil 940 personas. Sólo en Estados Unidos se han cuantificado sobre 900 mil, y más de un millón 400 mil incluyendo los descendientes,  según el censo federal del 2010. En Puerto Rico se estimaron en 68 mil residentes legales, pero se cree que los ilegales podrían ser otros tantos, para unos 140 mil, aunque allí se exagera hasta 300 mil. En Europa hay más de 200 mil dominicanos, sólo en España se estiman en 160 mil.

Decenas de miles de dominicanos están regados por el mundo, incluyendo a naciones tan lejanas como Australia y Japón. En Venezuela se llegaron a censar 50 mil, y en algunas islas del Caribe, como las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y San Martin) los inmigrantes dominicanos alcanzan hasta el 12 por ciento de la población.

Haití tiene alrededor del 20 por ciento de su población, en el exterior, más de 2 millones, en primer lugar en Estados Unidos, más los 458 mil registrados ahora aquí y decenas de miles en Canadá y Francia. En los últimos años se están extendiendo a Brasil, Perú, Venezuela y otras naciones sudamericanas.

El Caribe, por su proximidad a Norte América, es de las regiones de más alta migración del mundo. Sólo en Estados la población de origen puertorriqueño, 4.6 millones de personas, supera la de la isla, 3.7 millones, y los cubanos 1.7 millones, según el censo federal del 2010. Los de origen mexicano, 31 millones, representan el 28 por ciento de la población residente en México.-

524 mil 632 inmigrantes

Los resultados arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) causaron sorpresa general por las cifras tan exageradas que se han manejado en los últimos años sobre la inmigración extranjera, de hasta un millón y medio de haitianos.

Los residentes extranjeros son 524 mil 632, de los cuales 458 mil 233,  el 87 por ciento, nacieron en Haití. Los restantes 66 mil 399 proceden de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, China y otras naciones. 53.9 son jóvenes entre 20 y 34 años.

La segunda mayoría de inmigrantes es de nacidos en Estados Unidos, con 13 mil 514, de los cuales una parte deben ser descendientes de dominicanos. Los nacidos en España son 6 mil 720, siguiendo los 4 mil 416 de Puerto Rico, 4 mil 40 italianos, 3 mil 643 de China y 3 mil 599 franceses. De Venezuela, Cuba y Colombia han llegado 3 mil 434, 3 mil 145 y 2 mil 738 personas respectivamente.

Contando la población descendiente de extranjeros, nacida en el país, la encuesta totaliza 244 mil 151 personas, de los cuales 209 mil 912 son de origen haitiano y los restantes 34 mil 239 de otras nacionalidades.

Los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país totalizan 768 mil 783 personas, de los cuales los de origen haitiano son 668 mil 145, cifra que sigue muy por debajo de las cantidades que se manejan en el debate público sobre la inmigración proveniente del vecino país.

 

Leonel arroja leña al fuego nacional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso con que el expresidente Leonel Fernández trató de justificar el inmenso déficit fiscal en que terminó su Gobierno constituye una autoincriminación al revelar su desprecio por la Constitución de la República y todo el sistema normativo del manejo de las finanzas públicas.

La pieza fue inoportuna, ya que subestimó la inteligencia de los dominicanos y echó combustible sobre la indignación generada por el déficit estimado en 187 mil millones de pesos y el paquete fiscal que busca conjurarlo, contribuyendo a mantener un movimiento de protestas que afecta el inicio del Gobierno de Danilo Medina.

 Agita la indignación.  Si el doctor Leonel Fernández no subestimara la capacidad de razonar de la mayoría de los dominicanos se habría economizado el discurso que pronunció el martes 13, que solo operó como un balde de combustible sobre el fuego de la indignación nacional por el inmenso abuso de las finanzas públicas implicado en el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos con que entregó el Gobierno.

Fue un discurso inoportuno en momento en que el presidente Danilo Medina salía del país y que solo serviría para incentivar un movimiento de protestas sin precedentes y un rechazo generalizado en todos los sectores sociales que el Gobierno ha manejado con discreción esperando que baje la marea que ha afectado su arranque.

Es que resulta imposible justificar un gasto  que superó más de ocho veces los RD$22,500 millones que el Congreso Nacional le había autorizado como déficit en la Ley de Presupuesto aprobada para el año en curso, criticado por los analistas económicos y políticos, el empresariado y los más variados sectores sociales, además de la dispersa y condicionada oposición política, y cuando su propio ministro de Economía durante ocho años, Temístocles Montás, había proclamado al presentar el ajuste que “las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit”.

Ni un solo economista, articulista o analista independiente, ni tampoco algún  dirigente empresarial o social  había avalado el discurso hasta ayer sábado,  aunque el doctor Fernández había obtenido el apoyo del Comité Político de su partido,  parte del Comité Central y de 105 diputados, mientras indignados manifestantes acosaban “como cuerpo del delito” su Fundación Global. Los reclamos de sanción por el déficit se extendieron en el país y en ciudades de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de importantes medios de comunicación, resaltando la CNN que le ha dedicado horas, cuestionando los niveles de corrupción imperantes, citando el Foro Económico Mundial que le atribuye la peor evaluación entre 144 países.

Múltiples manipulaciones.  El discurso de Leonel Fernández estuvo fundado en múltiples manipulaciones de cifras y circunstancias, al extremo que  el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien lo fuera también en sus 12 años de Gobierno, hubo de precisar que no fueron 49 mil millones de pesos los que recibió esa institución este año para cubrir sus obligaciones financieras,  sino tan solo 11 mil millones, una diferencia de 38 mil millones. Aunque la Ley de Presupuesto le asignó 23 mil 783 millones de pesos.

   Pero la más grosera manipulación fue el tratar de equiparar el déficit fiscal incurrido por Fernández, sin prioridad, planificación ni transparencia y decidido por él solo, con los déficits fiscales de  Estados Unidos, Europa o Japón, que son planificados  y aprobados por el Congreso. Llegó al extremo de citar el riesgo del “abismo fiscal” que afrontaría el Gobierno norteamericano desde enero, justo cuando el presidente Obama negocia acuerdos con el Congreso, porque  él solo no puede pasarse con un dólar sin exponerse a un juicio político. En ningún país donde se respete el orden institucional se le ocurre a un Presidente pasarse ocho veces del déficit aprobado en una ley de presupuesto y menos porque necesite ganar una elección o sembrar para volver.

Por demás, Fernández pretende ignorar que los graves problemas económicos de España, Portugal, Grecia, Italia, son preponderantemente fruto de los déficits fiscales acumulados, los que en los últimos 6 años de su gobierno alcanzan 400 mil millones de pesos. Trató de justificar el déficit en la caída este año de las recaudaciones, cuando las mismas se han elevado en 15% en relación al año pasado, con un incremento de 42 mil millones de pesos, al pasar de 279 mil millones a unos 321 mil millones.  La reducción es en relación a un presupuesto que desde antes de su aprobación fue denunciado como sobrestimado en ese renglón y subestimado en el déficit del sector eléctrico, al que se destinó apenas US$270 millones, cuando en el 2011 pasó de US$900 millones y este año se proyecta en US$1,270 millones.

Leonel se auto incriminó.  El doctor Leonel Fernández se auto incriminó al admitir que incurrió en un déficit de 187 mil millones de pesos, cuando solo  tenía autorización legal para 22,500 millones. Como cuenta con la fidelidad del Ministerio Público y de las cortes judiciales,  se considera por encima de la Constitución y de todo el sistema legal que pauta la disposición y fiscalización de las finanzas públicas. Asume lo público como privado al plantear que “Cuando alguien compra ¨fiao¨ o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda”

Participación Ciudadana recordó que el artículo 236 de la Constitución  establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, y citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.

Entre las leyes que pudieron ser violadas PC señala las Orgánica del Presupuesto,  de Contabilidad Gubernamental, del Sistema de Administración Financiera del Estado, la de Planificación de la Inversión Pública, de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la de la Contraloría General, de Crédito Público y las de los ministerios de Hacienda y de Economía. Además la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la de Función Pública.

El argumento de que el déficit fue por la reducción del ingreso presupuestado (11 por ciento)  se cae cuando se cuantifica un incremento del gasto que según Bernardo Vega montaría a 144 mil millones de pesos, 43 por ciento más que en el 2011, y con 100 mil millones de pesos más de lo presupuestado más de la mitad en inversión para su gloria personal de inaugurar decenas de obras, muchas de las cuales todavía requieren recursos para ponerlas en operación, incluyendo emblemáticas como la segunda línea del Metro, el Merca Santo Domingo, o el Instituto Tecnológico Superior. Hasta agosto, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 145 por ciento de su presupuesto de todo el año, y el de la Presidencia 105 por ciento. La deuda pública se incrementó en 1,278.4 millones de dólares (7.3 por ciento) solo en el trimestre julio-septiembre pasado.

Con el agravante de la premeditación, ya que el doctor Fernández avisó en septiembre de 2011, en Nueva York, que se proponía gastar 40 mil millones de pesos para asegurar el triunfo electoral de su partido este año. Lo que no dijo es cuánto consumiría para volver a la presidencia en el 2016. Se ha documentado que el 60 por ciento del gasto excesivo ocurrió entre el 21 de mayo y el 16 de agosto. En el proceso quedó evidente que se desarrollaban dos campañas electorales del mismo partido de Gobierno.

Fue notable que Leonel Fernández no se refiriera a las acusaciones de malversación y corrupción.

Una penosa subestimación

Ya hace años el presidente Fernández había dicho que su oposición política carecía de capacidad para conceptualizar, pero con el tiempo parece haberlo extendido a la generalidad de los dominicanos, como puso de manifiesto en los siguientes aspectos:

1.- Pretendió justificar el paquete tributario en el consenso nacional de años  sobre la necesidad de una “reforma fiscal integral”, citando los reclamos del CONEP, cuando es precisamente por no reunir integralidad y por considerársele un nuevo parche fiscal, que el empresariado y todos los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) lo han rechazado.

2.- Equiparó el “pacto fiscal” dispuesto por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que, según la misma, debería lograrse por consenso en el desestimado CES, con la imposición al vapor de la mayoría congresual de su partido.

3.- Comparó la presión fiscal dominicana con la de los países desarrollados, donde el estado de bienestar ofrece servicios de calidad en agua potable, energía, educación, salud, pensiones y seguridad ciudadana que el Estado dominicano no ofrece y tienen  costo adicional para los usuarios. Citó el artículo 36 de la END tratando de justificar la celeridad del parche tributario, aunque el mismo indica que “en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria”.

4.- Citó muy parcialmente las recomendaciones del FMI del 13 de diciembre del 2011 que incluían “medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB”, equiparándolo con mayores tributos, cuando puede ser también por vía de la reducción del dispendio y la corrupción como reclama la sociedad.

Algunos datos de gestión económica

• Los ingresos fiscales crecieron de 128 mil a 321 mil millones de pesos entre el 2004 y 2012, un 151 por ciento.

• Del 2006 al 2012 los ingresos crecieron 69 por ciento pero el gasto 150 por ciento.

• La deuda pública total casi se duplica de US$13,322 millones en  2005 a US$25,890 millones en  2012.

• Las exportaciones crecieron 40 por ciento de 2004 al 2011, pero las importaciones se incrementaron en 121 por ciento.

• Entre el 2003 y 2007 se acumuló un déficit fiscal de 18,284 millones de pesos, con promedio anual de 3,657 millones; del 2008 al 2012 fue de 394, 861 millones de pesos, promedio anual de 78,861 millones de pesos.

• La deuda del Banco Central pasó de 85 mil 600 millones de pesos en  2004 a 267 mil millones de pesos en  2012, creciendo en 181 mil 600 millones de pesos, un 212 por ciento.

Fuentes: Fernando Alvarez Bogaert, HOY, 14 de  Noviembre. El último dato es de la Comisión Económica del PRD.

 

Una democracia muy costosa

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Los economistas y especialistas en administración deberían dedicar esfuerzos a calcular siquiera aproximadamente el costo que ha tenido para los dominicanos y dominicanas el último proceso electoral. Si lo hicieran se reafirmaría el criterio de que tenemos una democracia insoportablemente cara, además de frágil y primitiva.

En uno de sus informes de la observación del pasado proceso electoral, el movimiento cívico Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros de mediciones internacionales, sostuvo que las elecciones dominicanas son las más costosas de América Latina y de las más caras del mundo. Estimando los gastos de la organización electoral, desde el año anterior más el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, concluyó que los comicios salieron a razón de 30.4 dólares por elector.

Esa cifra es desproporcionadamente alta si se compara con los casos de Chile y Costa Rica, donde el costo es de 1.3 y 1.8 dólares por elector, o aún con los 2.3 dólares que le cuesta a cada brasileño. En México el diario El Universal publicó el 3 de julio que las elecciones presidenciales de este año salieron a 118 pesos mexicanos por elector, que a la tasa actual de 12.99 por dólar, equivalen a 9 dólares, menos de la tercera parte del costo dominicano. Si se quiere comparar con países más parecidos a la República Dominicana verifiquemos los 4.1 y 3.7 dólares por elector que cuestan las elecciones en El Salvador y Paraguay. No cabe duda que en este renglón negativo también lideramos, sino en el mundo como en la corrupción, por lo menos en América Latina.

Participación Ciudadana no incluyó en su cálculo el déficit de 700 millones de pesos en que incurrió una ostentosa Junta Central Electoral que regaló computadoras de última generación a los observadores internacionales. Aún así el costo real es mucho mayor si se suman los aportes privados a las campañas, de empresas y contribuyentes individuales, en dinero y especie, y el derivado del asalto político al Estado, en sus múltiples formas, de personal, dietas, vehículos, combustibles, pago clandestino de publicidad, en nominillas  y quién sabe cuántas marrullerías adicionales.

El otro costo, aún más descomunal, es el derivado del déficit fiscal, que en los comicios del 2008 y 2010 había sobrepasado los 50 mil millones de pesos, pero que en la primera mitad de este año por lo menos se duplicó. Sin contar con lo que ya había comenzado el año pasado.

Ese déficit fiscal ya lo han pagado los dominicanos en deficiencias de servicios. Y se seguirá pagando con nuevos gravámenes y ajustes de cinturones. Nunca sabremos por completo su soto total, ya que los gobernantes tienen un pacto de silencio sobre el particular, para proteger la buena fama del principal responsable de esa barbaridad, quien acaba de recibir en Canadá el título de Estadista del Año, entre otras razones por su “asombroso” manejo de la economía nacional, de parte de una fundación empresarial sostenida por agradecidas empresas con multimillonarios intereses en el país, como la Barrick Gold.

De cualquier forma, siempre habrá algunas “indiscreciones”, por lo que sabemos que el déficit del sector eléctrico estatal es de 1,800 millones de dólares, unos modestos 72 mil millones de pesos. También que a los hospitales de los pobres los dejaron tres y cuatro meses sin recibir su presupuesto,  que Salud Pública debe mil millones de pesos, que a Promese para medicinas populares les deben 600 millones de pesos, que la Procuraduría General le retuvieron 282 millones del subsidio a las cárceles, que a los contratistas del Metro les deben 500 millones de pesos y que la OPREP no tiene ni con que tapar las filtraciones de esa monumental obra.

¿Cuándo le pondremos límites a este primitivismo político, a esta burla a la ley de presupuesto, a estos despojos?  ¿Cuándo sancionaremos el delito político? ¿Cuándo dejaremos de ver como “normal” que quienes administren el Estado puedan disponer a su antojo del patrimonio nacional?

Son preguntas que laceran el alma de cualquiera y dejan un gran desafío a todos los que sueñan con una nación civilizada, democrática e insertada en la globalidad y la modernidad de que tanto nos hablan nuestros líderes políticos.-

 

Danilo abre vía hacia pacto fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.

En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las  propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.

Buen paso adelante.  Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la Ley de Austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de  los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.

El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Sector Público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.

Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”.  El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.

La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.

Ratificación de parcelas.  El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su Gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.

Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.

La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.

Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al Gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la Cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.

También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en  la ODC; Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR;  Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Etica y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales; Pedro Corporán, del PUN,  en el IDECOOP; José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional, y Miguel Mejía ministro sin cartera.

Ya viene el difícil pacto fiscal.  Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Pacto Fiscal que plantea el mandatario. De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y de Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto.

El Gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

Como punto de partida se espera que el Gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.

Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.

Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros,  subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la Policía.

Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una Ley de Austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.

Código de Pautas Éticas

Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y  corrupción que han llevado al país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.

El código contiene 18 compromisos éticos, comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuelan la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo, con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”. También  presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.

Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.

Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo al frente de la nueva Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes  en su esfuerzo por  desconocer la elección democrática de 1978.

 

Danilo en el discurso y el PLD en los decretos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso inaugural del presidente Danilo Medina constituye un esfuerzo  por poner sello propio a su gestión gubernamental, con importantes rectificaciones a la política de su antecesor y logró satisfacer a una ciudadanía que se aferra a las expectativas de cambios.

Pero los decretos que designan a los principales funcionarios expresan los compromisos que lo atan a su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, cuya matrícula dirigencial ha sido ratificada en los principales cargos gubernamentales aunque con intercambios de funciones.

Convocará pactos sociales.  El nuevo mandatario ratificó su planteamiento de un triple pacto con la sociedad, por la educación, la electricidad y fiscal, definiendo ampliamente el primero como “nuevo nombre de la libertad” y ratificando su compromiso de cumplir la ley que dispone el 4 por ciento del producto bruto para la educación preuniversitaria. Fue más parco en definir el pacto eléctrico pero lo declaró de “Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”.

Lo que definitivamente aplazó fue la identificación de las líneas maestras de su propuesta de Pacto Fiscal y, tal vez para no mencionar la soga delante del ahorcado, evadió toda referencia al grave déficit fiscal en que recibe el Gobierno y que lo obligará a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Medina subordinó el Pacto Fiscal a una próxima convocatoria a todos los sectores “para que juntos acordemos soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”. Planteó entonces “una reforma fiscal integral, que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En ese punto el nuevo presidente advirtió que no haría la convocatoria “sin antes dar ejemplos ante toda la sociedad”, lo que parece anunciar una batida al despilfarro y la malversación de recursos que caracterizó la pasada gestión y que llevó el país a los últimos escalones en las evaluaciones internacionales sobre transparencia y corrupción. “Garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos  firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva”, proclamó.

Logró impacto emocional. Un somero análisis cualitativo del discurso presidencial evidencia la presencia de múltiples elementos emocionales que sintonizaron con las expectativas nacionales  de cambios de paradigmas sociales, de transparencia, de seguridad pública e imperio de la ley, de sinceridad y sencillez, y en todo eso logró impactar el orador, alcanzando altos niveles de aprobación expresados en el liderazgo social y en las reacciones populares.

Más allá de toda consideración política, e incluso de las divisiones y lesiones dejadas por una elección con rasgos de imposición del poder, en diversos sectores se manifestó simpatía con los planteamientos. La gente parece aferrarse a la esperanza de que son posibles cambios, aún dentro de una misma comunidad dirigencial.

Obviamente hay muchos precavidos que conocen la distancia que hay entre el discurso y la acción política. Se recuerda el magnífico discurso con que el presidente Leonel Fernández retornó al poder hace 8 años, proclamando la sociedad del conocimiento y la hora de la escuela para luego empecinarse en relegar la inversión a que lo obligaba la ley y hasta su nueva Constitución. El discurso del 16 de agosto del 2008 está lleno de planteamientos éticos y de combate a la corrupción y el despilfarro y hasta prometió suprimir cargos innecesarios y reducir el gasto corriente en “por lo menos 20 por ciento”, pero la gestión gubernamental decidió lo contrario y  construir un metro y otras prioridades sacadas de una caja de sorpresas.

Un análisis cuantitativo del discurso hecho por el profesor de la materia Manuel Quiterio Cedeño indica que de 8,013 palabras del discurso, sin contar las protocolares, el 20.3 por ciento (1,627)  fueron de contenido motivacional. Le siguió el tema educación con 10.2 por ciento (814 palabras), salud con el 8 por ciento (648 palabras), casi lo mismo para la temática de la transparencia-ética-corrupción con 634 palabras, 6.4 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, 5.9 por ciento a mujer y género, mientras la seguridad pública y la energía alcanzaron cada una el 5.2 por ciento de las palabras.

Emerge el realismo político.  Así como fue claro el entusiasmo por el discurso, se manifestaron decepciones en las redes sociales y en los comentarios en los medios electrónicos por las designaciones del gabinete y los demás altos cargos, dos tercios de los cuales correspondieron al máximo liderazgo del PLD y los partidos aliados, una parte ratificados en sus mismas funciones y otros intercambiados.

Medina podía tener un mayor deseo de renovación, pero no puede ignorar los compromisos adquiridos con quienes le llevaron al poder, y con los que “se fajaron” en la campaña electoral, hasta apelando a prácticas de dudosa legitimidad para mantenerse en el poder. Tampoco podría abrirse temprano un frente interno dejando en la vagancia a gente acostumbrada al disfrute del poder, teniendo desde ya al nuevo caudillo Leonel Fernández a la expectativa de retornar al poder en la próxima elección.

Hubo algunas claras dicotomías entre el discurso y los decretos. Por ejemplo, el énfasis puesto en la igualdad de género, pero en los tres decretos emitidos hasta la noche del viernes, de un total de 67 funcionarios civiles designados, sólo 9 (el 13 por ciento) eran mujeres, seis repitientes. Los 19 oficiales militares y el jefe de la Policía escogidos para altos cargos eran todos hombres.

Otro ejemplo es que se anunció una “reforma integral de la Policía Nacional” bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía” y se ratifican los titulares de ambas entidades que no se han distinguido en la promoción de esa demanda general. Se anuncia una reestructuración de las relaciones exteriores y se ratifica al ministro que  ha encabezado el Ministerio en los últimos 8 años.

Aún el sector externo y el equipo técnico que dirigió la campaña y elaboró el programa de gobierno de Medina está poco representado en los altos cargos, aunque resaltan el coordinador Gustavo Montalvo y el joven empresario José Ramón Peralta, designados en los estratégicos ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia. También Rubén Bichara, administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas y el joven José del Castillo Saviñón al frente del Ministerio de Industria y Comercio.

Sería precipitado sacar conclusiones sobre el rumbo del nuevo gobierno y lo más indicado y justo parece ser dar oportunidad a que Medina pueda empezar a traducir su magnífico discurso en acciones de gobierno. Tal vez comience con el ejemplo que prometió dar antes de convocar a los diversos sectores para buscar el pacto fiscal. Y eso no podrá dilatar dadas las precariedades financieras heredadas y la necesidad de preparar el presupuesto para el 2013 y pedir la asistencia del FMI.

 Un discurso esperanzador

Desde sus primeros acordes, el discurso de casi hora y media con que Danilo Medina inició su período de gobierno fue un intento bien concebido para forjarse su propia ruta y poner sello propio con una gestión más plural y participativa, situándose “en el camino de la justicia, del amor, de la humildad, de la compasión y del equilibrio”, mientras imploraba a Dios para que “nunca me deje llevar por la soberbia, el odio, la frialdad, la insensibilidad, la vanidad, la arrogancia y la prepotencia”.

Medina dejó claro que realizará “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público” para privilegiar la educación y la salud, orientándose a un nuevo modelo de desarrollo “colocando a las personas en el centro de todas las políticas”, al extremo de no haber mencionado una sola obra física, centrando su atención en convocar a la sociedad para una acción colectiva contra la pobreza y las exclusiones sociales.

Reivindicó la herencia del fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, de quien se confesó discípulo y a quien proclamó como “paradigma de liderazgo ético y moral, luchador incansable por liberar a nuestra patria del atraso, la miseria y la desigualdad social”, haciendo a muchos recordar los valores que marcaron el peledeísmo antes de su ascenso al poder.

Medina fue reiterativo en responder los reclamos nacionales contra la corrupción al plantear “un país ético y transparente basado en la meritocracia y en el combate implacable y vigoroso a todas las formas de impunidad”, al definirse “implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios” y al reafirmarse como “intolerante con actos de deshonestidad o de despilfarro”, fortaleciendo la prevención, corrección y sanción. Luego se manifestó “decidido a ponerle fin a la impunidad”, luchando contra la criminalidad y la corrupción. Anunció que obligará a los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas” y casi al final proclamó  “no voy a negociar con los deshonestos”.

 

Quien puede lo más, puede lo menos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La suerte corrida por el proyecto de ley de regulación salarial del sector público viene a demostrar lo difícil que va a resultar reordenar el Estado dominicano y corregir las profundas desigualdades e irritantes privilegios que se han venido instrumentando en beneficio de una élite de altos funcionarios públicos, especialmente en los organismos autónomos y descentralizados.

En uno de sus últimos actos de gobierno, el día final de su mandato, el presidente Leonel Fernández acogió los alegatos de inconstitucionalidad que se han levantado desde organismos estatales contra un proyecto elaborado por el Ministerio de Administración y sometido al Congreso Nacional por el mismo titular del Poder Ejecutivo.

No estaba obligado el doctor Fernández a esa iniciativa. Debió dejar la decisión de promulgar u observar la ley al nuevo presidente Danilo Medina, cuyo equipo económico y legisladores allegados pusieron particular interés en la aprobación de la regulación salarial, partiendo de la necesidad de ganar legitimidad para reclamar a la población mayores contribuciones.

Es obvio que todavía los legisladores pueden ignorar las observaciones presidenciales a la ley que ya había sido aprobada por ambas cámaras, aunque se duda que demuestran tal firmeza, ya que dentro de ellos mismos hay fuertes corrientes que rechazan las regulaciones, no las del salario formal que en su caso hasta podría elevarse dentro de una política de equidad, sino en los complementos como gastos de representación, alimentación y vivienda, combustibles, pagos por asistir  a sesiones y comisiones, por Navidad y el Día de las Madres.

 Hay muchos salarios formales en el Estado que superan hasta seis y siete veces los 131 mil pesos que hasta ahora se paga al Presidente de la República, o que duplican y hasta triplican los 292 mil pesos que gana el presidente de España o los 257 mil de sus ministros. Pero algunos cuando se les agregan los pagos adicionales, incluso por asistir a reuniones de consejos en virtud del mismo cargo, llegan a superar el salario actual del presidente de los Estados Unidos, que es de 33 mil dólares, equivalentes a un millón 287 mil pesos mensuales.

Eso en un país donde el 70 por ciento de los asalariados perciben menos de 15 mil pesos mensuales, y de estos la mayoría menos de diez mil. Donde el sueldo mínimo del Estado apenas supera los cinco mil pesos mensuales. Los 450 mil pesos mensuales que propone la ley de regulación como tope máximo son casi 90 sueldos mínimos públicos y cerca de 50 veces el sueldo mínimo más alto del sector privado.

Así como hubo juristas que alegaron inconstitucionalidad en el proyecto de regulación, otros lo justificaron ampliamente. Hay en el debate cuestiones difíciles de entender como esa de que múltiples funcionarios tienen que ser mejor pagados que el jefe de la administración pública. Tampoco  se puede entender la devoción por el cumplimiento de las normas constitucionales que súbita y selectivamente se apodera de algunos. En España, Italia y Francia nuevos presidentes han dispuesto en las últimas semanas  reducciones salariales, de sueldos navideños, de financiamiento y uso de vehículos. Pero en la República Dominicana se cree imposible.

Hay una máxima popular que proclama que “quien puede lo más puede lo menos”. Y como el presidente Medina es quien está designando los altos funcionarios, incluyendo los titulares de la mayoría de los organismos autónomos y descentralizados, bien podría también fijarles el salario y limitarle los beneficios adicionales. El que no esté dispuesto a trabajar para el Estado por salarios por debajo de 450 mil pesos, que se los busque en el sector privado, donde esos niveles de emolumentos son bien escasos.  Si la justificación de los salarios sin límites es la responsabilidad y capacidad, hay que hacer justicia inmediata, por ejemplo, a los médicos de alta especialización que en el Estado ganan 30 o 40 mil pesos. Y si es porque es el precio de la honestidad, estamos perdidos con decenas de miles de policías y militares que ganan entre 5 y 20 mil pesos.

 

 

Los graves desafíos de Danilo medina

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo mandatario tendrá que imprimir su propio sello desde el discurso inaugural con planteamientos contundentes de austeridad y reducción del dispendio y la malversación para abrir perspectivas al establecimiento de pactos sociales por una reforma fiscal integral, calidad de la educación y la superación de la crisis energética.

Danilo: ser o no ser.  El primer desafío del economista Danilo Medina será mostrar suficiente audacia discursiva para dejar claro que no será un prisionero del liderazgo del presidente Leonel Fernández, cuyo comportamiento en la transición no ha dejado la menor duda que busca perpetuarse por encima de cualquier consideración partidaria o nacional.

Con la habilidad, astucia y paciencia que le condujeron a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego a la presidencia de la nación, Medina tiene el desafío de comenzar su Gobierno con sello y características propias buscando superar el desgaste y el cansancio de ocho años de gestión gubernamental y 12 de los últimos 16 años por parte del doctor Fernández, que redujeron la votación de su partido este año al 38 por ciento, habiendo dependido de aliados y un sector externo que aportaron un 13 por ciento que le otorgó el poder.

El primer problema a resolver es la conformación del equipo gubernamental con una renovación reclamada y esperada por la sociedad, dejando fuera a los funcionarios más cuestionados y desprestigiados del pasado, satisfaciendo su vigoroso sector externo y a peledeístas relegados, pero sin alienarse el apoyo de la nomenclatura partidista y sus aliados. No podrá ir tan lejos como desea la sociedad, pero tampoco quedar preso de quienes usufructuaron el poder político y generaron rechazo en los años recientes.

Fernández sale de la presidencia de la nación pero seguirá en la presidencia del PLD y con una fundación y múltiples asociados y beneficiarios  multimillonarios y contando con la fidelidad de sus legisladores y de los integrantes de las altas cortes y otros organismos estatales. Su programa de inauguración de obras, muchas sin terminar ni equipar, la abierta promoción de sus partidarios y su propio discurso reclamando agradecimiento, indican que padece el síndrome de abstinencia del mando con severas dificultades para pasar la descompresión del poder.

Una pesada herencia.  Ya el primero de agosto, al reiterar que cumplirá el programa que ofertó, Danilo Medina advirtió que “tal vez no pueda hacerlo con la celeridad que aspiraba, porque las condiciones van marcando el paso de las acciones del Gobierno”. Fue un reconocimiento de los límites que le impone un déficit fiscal que el economista Fernando Alvarez Bogaert cifró en 80,500 millones de pesos al 31 de julio y que se proyecta para 122 mil millones de pesos en todo el año.

El nuevo Gobierno tendrá serias dificultades para arrancar con las arcas vacías y  pocas posibilidades de financiamiento inmediato, lo que obligará a paralizar pagos e inversiones, que a su vez incrementarían una recesión en cierne. Altos empresarios aseguran que las ventas de productos de consumo han disminuido hasta un 25 por ciento en las últimas semanas. Muchos proyectos esperan las señales del nuevo Gobierno.

Danilo Medina tiene la desventaja de que no podrá cargarle el dado al Gobierno anterior, como es costumbre, y menos por un déficit fiscal que en parte fue generado para que él pudiera ganar la presidencia. Pero tampoco puede ocultar la situación, ya que si no advierte las limitaciones en poco tiempo se le atribuirán a su gestión. Por ejemplo, él no tendrá recursos para culminar y equipar decenas de obras que Fernández ha inaugurado en los últimos meses sin estar concluidas. A la vuelta de la esquina le podrían reclamar a él que no estén en servicio.

El discurso de juramentación tiene que ser contundente en trazar un rumbo de reformas que le den nuevo aliento al Gobierno y le atraigan respaldo y legitimidad popular, con un estilo político diferente, porque Medina no dispondrá de mucho tiempo antes que la herencia de déficits fiscal, comercial  y de cuenta corriente en la balanza de pagos se le empiece a pegar a su Gobierno.

En solo seis semanas tendría que armar su presupuesto para el 2013, cuando 40 centavos de cada peso irán al pago de deudas.

Los pactos anunciados.  El Presidente electo ha adelantado que planteará al menos tres pactos con la sociedad, fundamentales para emprender una nueva y novedosa gestión: fiscal, por la educación y por la energía. El primero será el que demandará mayor esfuerzo inmediato, y lo reclamará para cumplir los otros dos, el compromiso de destinar el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación y superar el eterno déficit energético. Debería  agregar otros cuatro pactos: por la seguridad, para la competitividad, para reducir la pobreza y combatir la corrupción.

Esta vez parece ineludible una auténtica reforma fiscal, que implica una reducción del galopante gasto corriente, una política de austeridad, verdadero combate a la corrupción, la malversación y el dispendio, racionalización y reorientación de la inversión y de las políticas sociales en orden a una reducción de la pobreza. No bastarán  promesas como las que llenaron el discurso inaugural de Fernández el 16 de agosto del 2004, que hasta incluyó “reducir el gasto del Estado en no menos del 20 por ciento”.

El equipo económico tendrá que abocarse de inmediato a concertar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento y mantener la confianza de los inversionistas, pero  para ello la primera condición pública y reiterada de ese organismo es una reducción considerable del déficit fiscal, eliminación de exenciones impositivas y elevación de la tarifa energética, elementos que podrían erosionar temprano la confianza en el Gobierno.

Para hacer viable esa carga sin perder en pocos meses el glamour, el nuevo Gobierno tendría que atender el clamor nacional contra el dispendio y la malversación, buscar novedosas compensaciones y atender los requerimientos de un nuevo modelo de desarrollo que potencie e incentive el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad, que desincentive las importaciones y promueva mayor equidad redistributiva del ingreso. Casi una revolución social.

Será duro sin pan ni circo.  El Gobierno de Medina necesitará prestigiarse ante lo mejor de la conciencia nacional y tendrá que ser ayudado, empezando por sus propios partidarios, que deben reconocer que no será posible prolongar el quinquenio de déficits y endeudamiento en el contexto nacional e internacional actual, sin que explote una bomba desestabilizadora. Ni habrá con qué mantener el ritmo de inversión sin un reordenamiento de las finanzas.

Existe el agravante de que el Gobierno no podrá proporcionar ni pan ni circo, los dos ingredientes que desde la antigüedad se citan como entretenimiento de las masas. No hay posibilidad inmediata de multiplicar el pan y menos cuando se están encareciendo los alimentos. Tampoco podrá montarse un circo, porque el blanco tendría que ser el líder del PLD y su claque beneficiaria de la corrupción y el dispendio, algo imposible por la fuerza que conservarán Fernández y sus fanáticos enviciados del poder.

El no tener un partido de oposición unificado para convertirlo en interlocutor y partícipe de los pactos, contrario a lo que algunos creen, podría ser un factor negativo que deje espacio a la reproducción de protestas sociales hasta con rasgos de anarquía. A Medina parece convenirle un reencuentro con el “PRD mayoritario” y no seguir incentivando al “PRD Institucional”, como lo ha hecho Fernández, cuya estrategia de retorno al poder partiría de que Danilo ni podrá reelegirse ni superar  su rendimiento, por lo que es fundamental dividir más profundamente  la alternativa de oposición.

Un circo de rentabilidad.  El gran circo que se puede esperar no será el de hacer pagar la corrupción siquiera a dos o tres grandes, ya que los peledeístas tienen un sentido demasiado fuerte de unidad –contrario a los perredeístas- y muy pocos estarían dispuestos a romper el consenso grupal. Tampoco podrá -ya lo ha descartado Medina- hacer una reducción masiva del desbordado empleo gubernamental.

La gran avenida para el encuentro con la sociedad está en una valiente eliminación de organismos infuncionales, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y la reformulación de otros como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios y la fusión de órganos múltiples como los del tránsito.

También tendría rentabilidad la supresión de cientos de viceministros y de generales, que sendos proyectos de leyes en vías de aprobación buscan limitar a seis y a 40 respectivamente, reduciendo a tres vicecónsules por consulado, y ministros y ministros consejeros en las embajadas, lo que se llevaría otros centenares.

Así mismo, la imposición de límites salariales, de beneficios complementarios  y de pensiones en todo el Estado, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados donde más se han desbordado, una política de reducción de gastos improductivos con auténtica austeridad y la supresión de nominillas, barrilitos y cofrecitos, permitirían a Danilo Medina comenzar de inmediato a cumplir su compromiso de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”.

Medidas para reducir el gasto público

Suprimir la CORDE, la CREEP y el IDSS

 Refundir los ministerios de la Mujer y de la Juventud

 Unificar los organismos de similar función, como los de tránsito

Aplicar la ley de regulación salarial a todo el Estado, que suprime pagos múltiples, tarjetas de crédito y limita gastos de representación

Imponer la Ley 379, que limita las pensiones a 8 salarios mínimos

 Limitar a 13 salarios anuales a todos los organismos del Estado y las bonificaciones de las entidades rentables a tres salarios

Suprimir los pagos adicionales por cumpleaños, para útiles escolares, seguros    internacionales, celulares, matrimonios y nacimiento de hijos

 Reducir al mínimo el presupuesto del Despacho de la Primera Dama y que ella trabaje con los ministerios y organismos de servicios

Limitar a tres los viceministros por cada ministerio.

Limitar a tres los vicecónsules por consulado

 Limitar a tres los ministros y ministros consejeros por embajada

 Limitar a tres los subdirectores de todos los organismos

Reducir a 20 los generales de las FF.AA. y a 10 en la PN

Refundir en uno solo todos los organismos de asistencia social

Prohibir las nominillas y toda donación en los organismos estatales

Suprimir los barrilitos y cofrecitos de los legisladores

Limitar el financiamiento de vehículos

 Prohibir la compra de jepetas y vehículos de lujo y alto consumo

 Limitar la cantidad de policías y militares asignados a funcionarios  y

 prohibirlos a empresarios, políticos y periodistas

 Prohibir por dos años mínimo la remodelación de oficinas

 Limitar la publicidad a lo fundamental y necesario

 Reducir y limitar la publicación de memorias y revistas de lujo

Eliminar los intermediarios en compras de bienes y servicios

 Publicar salarios y otros ingresos de todos los funcionarios

Medidas para combatir la corrupción

Hacer cumplir la Ley de Compras y Contrataciones

Publicar cada mes las erogaciones presupuestarias

Invertir la prueba del delito de enriquecimiento ilícito

Dar plena vigencia a la Ley de Libre Acceso a la Información

Aprobar una efectiva Ley de Declaración Jurada de Bienes

Sancionar todo reparto o malversación de recursos

 Investigar toda denuncia de malversación y corrupción e informar sus resultados

 Crear una unidad de recepción de denuncias anónimas de corrupción y que las investigue

 Mejorar los salarios del Ministerio Público y la Policía Nacional

Profunda reestructuración y reforma de la Policía Nacional

Sueños de un domingo de mayo

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Que tengamos elección presidencial este domingo 20 de mayo es un gran acontecimiento porque, aunque para muchos no diga nada, finalmente estamos abandonando la fecha fija del 16 de mayo que conmemoraba el día en que nuestro tirano mayor, Rafael Leónidas Trujillo Molina, ascendió al poder en 1930.

En este domingo de mayo que se vaticina lluvioso, yo acumulo sueños que quiero compartir a riesgo de aparecer como impertinente para algunos, o utópico y soñador para otros. Pero como escribió don Pedro Calderón de la Barca hace 377 años “La vida es un Sueño y los sueños, sueños son”, aquí les dejo algunos de cara al futuro:

1.- Que no tengamos que encerrarnos en jornadas de oración para que la elección sea pacífica, cuenten debidamente los votos, se respete la voluntad popular y el nuevo Presidente no tenga que pregonar que es “de todos los dominicanos y dominicanas”.

2.- Que no haya que acuartelar a un ejército de 55 mil soldados, por si acaso la Policía no es suficiente para mantener el orden y el imperio de la ley.

3.- Que nadie tenga que ir a los supermercados a abastecerse por temor a que las elecciones deriven en una guerra civil.

4.- Que los árbitros electorales no sean jueces y parte y nadie tema que sus decisiones puedan estar marcadas por la obediencia a quien los designó.

5.-Que el Presidente de la República honre la majestad del cargo y como en toda democracia no abuse del mismo ni de los recursos de todos para inclinar la balanza caravaneando por todo el país, e iniciando obras no presupuestadas cuando ya sale del poder a costa de enormes déficits fiscales que luego hay que pagar.

6.- Que los altos funcionarios de la nación que quieran hacer campaña electoral tomen licencia o renuncien a sus cargos para evitar la confusión entre los recursos públicos y los partidistas.

7.- Que no se abuse de la pobreza ni se denigre a los más desposeídos tratando de comprar sus votos con subsidios, repartos de alimentos, materiales de construcción y electrodomésticos, a costa del Estado.

8.-  Que a nadie se le ocurra establecer un tráfico de cédulas para ganar votos o impedir que los gane otro, como se está haciendo desde hace varios días en los habitáculos de la pobreza. Mucho menos que líderes políticos exhorten a la población a obtener una copia de su cédula para que la vendan  “y así devaluar ese mercado”.

9.-  Que no haya que dar a los legisladores cientos de millones de pesos para que celebren por adelantado el Día de las Madres buscando o comprando votos.

10.- Que no necesitemos  miles de ciudadanos responsables se constituyan en una red nacional para vigilar el cumplimiento de las normas democráticas, y mucho menos que vengan del extranjero, ni que los embajadores tengan que hablar con el Presidente de la nación sobre transparencia, institucionalidad y equidad.

11.- Que no haya tan apabullante invasión de propaganda ni que los medios de comunicación sean maquinarias de imposición sobre la conciencia ciudadana y que los periodistas no se constituyan en jueces implacables para condenar o presionar a los que disientan del discurso oficial.

Tengo muchos otros sueños, que algún día se realizarán, pero no caben en esta cama en el amanecer de este 20 de mayo. Como dijo el recién fallecido cantor José A. Labordeta: “También será posible que esa hermosa mañana/ ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver/ pero habrá que empujarla para que pueda ser”.

 

 

 

Los “Insatisfechos” decidirían elecciones

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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A cinco semanas de la elección presidencial prevalece la convicción de que la competencia está muy cerrada entre las candidaturas de los dos partidos mayoritarios, dejando un ínfimo espacio a las de los alternativos que una vez más podrían ser víctimas de la bipolarización que caracteriza los procesos electorales nacionales.

Entre analistas se baraja la hipótesis de que la clave para ganar la presidencia de la nación podría tenerla la pequeña franja crítica de la sociedad, sin compromiso e insatisfecha con el sistema partidista, y que se ubica  básicamente en la clase media y no será convencida por bandereos ni caravanas.

Cerrada competencia.  En los ambientes de los analistas sociales y entre los comentaristas más ponderados se afianza el criterio de que, a diferencia de lo ocurrido en las tres últimas elecciones presidenciales y las últimas cuatro congresuales y municipales, este mayo el resultado será bien estrecho, tanto como para generar temores, sobre todo si hay que ir a una segunda vuelta con diferencias pequeñas entre los dos punteros, y con el arbitraje electoral controlado por uno de ellos.

La percepción generalizada, incluyendo a estrategas de los dos partidos que protagonizan el proceso, es que en las últimas semanas se ha cerrado la competencia, lo que dramatiza progresivamente la campaña electoral y ya genera violencia como la registrada el pasado domingo en Moca.

Se percibe que por la dispersión del Partido Reformista Social Cristiano, cuya militancia se ha dividido en el apoyo a Danilo Medina e Hipólito Mejía, el resultado electoral será el más polarizado de la etapa democrática. Las encuestas indican que los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) acaparan hasta el 95 por ciento de las intenciones manifiestas de voto.

La dramática inequidad de la propaganda y del gasto de los partidos mayoritarios, especialmente del que gobierna, deja con poco aliento las candidaturas alternativas de Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Julián Serulle y Max Puig, aún tratándose de personalidades políticas de amplio crédito. Se estima que entre estos cuatro no recibirán más allá del cinco por ciento del financiamiento público, que en 80 por ciento va a los dos partidos dominantes más el reformista, aliado al PLD, y otro 15 por ciento a otros tantos aliados. Eso sin contar las recaudaciones privadas ni el uso de recursos estatales que también monopolizan los partidos dominantes.

La franja insatisfecha.  Los indecisos en esta campaña electoral parecen más reducidos de lo habitual, ya que la mayoría de las encuestas le otorgan hasta el 95 por ciento de las intenciones de voto a las dos candidaturas dominantes. Al referirse solo a los que dicen que votarán, las mediciones no están poniendo énfasis en dimensionar la proporción de abstencionistas, que promedia 28 por ciento en la etapa democrática nacional y subió al 29 en el 2008. Poco se diferencia en los que se muestran indecisos pero en actitud de sufragar.

Pero aún asumiendo que los indecisos sean un 5 por ciento, como algunos estiman, esa proporción pudiera ser suficiente para inclinar la balanza en una competencia cerrada. Para el sociólogo Wilfredo Lozano los indecisos integran la masa crítica de la sociedad dominicana, los insatisfechos con el sistema de partidos y su voracidad, corrupción y falta de respeto a la institucionalidad democrática, los jóvenes  desempleados y los frustrados por la falta de oportunidad para salir adelante y los horrorizados por el narcotráfico y la inseguridad creciente.

En esa franja tiende a predominar el rechazo a los que gobiernan, y de ella salió ahora el movimiento que resalta “los peligros de una dictadura constitucional” por la concentración sin precedente del poder en manos del PLD. Pero al mismo tiempo duda de las capacidades de un PRD donde predominan los intereses grupales y mezquindades sin precedentes, sobre el interés nacional y hasta el propiamente partidario, con tendencia a la garata anárquica. Hacia donde se incline esa franja podría irse la victoria electoral. Una parte optaría por las candidaturas alternativas, pero el miedo a la segunda vuelta y una extensión de la campaña en mes y medio, podría beneficiar a los partidos con posibilidades reales.

Apuros del PLD y del PRD.  Dentro de ese panorama de fuerte competencia, los estrategas de los partidos dominantes estarían afinando la puntería de su campaña para las cinco semanas restantes. Por de pronto, ya el caravaneo y el bandereo no serían fundamentales para ganar voto, porque los que se mueven en esas ondas parecen ya definidos.

Esos reductos primitivos de las campañas dominicanas ya solo pueden servir “de mantenimiento del dominio de las calles”, pero abusar de ellos se puede revertir por el cansancio de una campaña tan prolongada, por las molestias que ocasiona al transeúnte, sobre todo al de clase media que viaja en su propio vehículo y a quien los taponamientos causan costo en combustibles y trastorno en sus actividades. Una marcha de los candidatos del PLD la tarde del martes dislocó el tráfico vehicular en un amplio radio citadino, originando rechazos.

El PLD tiene que luchar por sacar de la agenda el tema de la corrupción, que como principal debilidad gubernamental, con toda la garantía de impunidad que conlleva, ha estado predominando y que se percibe como determinante de un reciente  retroceso en sus preferencias. Pero el sector gubernamental no reconoce el problema. Cada vez que el tema se está agotando, por sobreexplotación de sus contrincantes, ellos mismos lo reviven. Así fue a fines de marzo cuando el Comité Político asumió la defensa absoluta de su secretario de Organización Félix Bautista.

Se acaba de repetir el jueves cuando el Gobierno busca el auxilio de su par haitiano para un burdo intento de atribuir las documentadas denuncias contra Bautista a un supuesto interés por desestabilizar la nación vecina, con tanta torpeza que ponen hasta al Procurador General a avalar una acusación política originada en espionaje telefónico a un encargado de seguridad del principal candidato opositor.

Argumentaciones tan pobres solo sirven para reavivar las llamas de indignación por los niveles de corrupción que ya exportamos a Haití y Perú, vía financiamiento de Félix Bautista, y por el intercambio vía contratos del Gobierno haitiano. Si pudieran desmentir los documentos bastaría presentar certificación de dos bancos nacionales, incluyendo el del Estado, y uno haitiano, de que las cuentas denunciadas en facsímil no existen o han sido falseadas.

Por su parte el perredeísmo pretende que con solo resaltar la descomunal corrupción va a ganar las elecciones, sin dar expresiones contundentes de que un gobierno de ellos no proseguirá esa ruta, sin trabajar para disipar la convicción de la franja crítica de que “todos son iguales”. Tendrían que aterrizar muchas propuestas de forma convincente. Sobre ellos planea el criterio generalizado de que por dos o tres puntos no se le gana a quien tiene todo el poder. Al menos en este país donde “to e to y na e na”.

Las últimas encuestas

Por lo menos ocho encuestas han sido publicadas en las dos primeras semanas del mes en curso, cinco de las cuales han favorecido al candidato opositor y las tres restantes al gobiernista, lo que fundamenta la percepción de que Hipólito Mejía ha tenido un repunte en relación a la vertiginosa caída que registró en los dos primeros meses del año, cuando perdió la ventaja de 14 puntos de la Gallup-HOY de agosto.

La mayoría de esas encuestas son por encargo de los mismos partidos, lo que relativiza sus resultados, pero como quiera influyen en la opinión pública. A Mejía le favoreció que la única de las ocho que está auspiciada por un periódico, al que no se le supone inclinación a su favor, le registró una mejoría considerable. La Greenberg para el Diario Libre publicada al comenzar el mes tuvo un registro de 49 a 46 por ciento a favor del opositor. La anterior, en marzo, marcó un punto de ventaja (47 a 46 por ciento) para Medina, dentro del margen de error, pero con alza de 4 puntos para Mejía.

La prueba de que las diferencias se han acortado se encuentra en los resultados de las encuestas propias de los partidos, por ejemplo la del Centro Económico del Cibao y la de Ana María Acevedo para el PRD. Hasta diciembre, ambas otorgaban a su candidatura ventajas de entre 14 y 18 puntos. Ahora entre 7 y 8 puntos. La primera 51.6 a 44 y la otra 51.8 a 44.7. La norteamericana JZ Analytics, que en noviembre favorecía a Hipólito 56 a 40, marcó ahora 49 a 45 por ciento para una diferencia de solo 5 puntos.

Lo mismo se puede establecer con los resultados de la encuesta ASISA que trabaja para la candidatura de Medina, la que en noviembre le otorgaba 16 puntos de ventaja, y en diciembre 13, (53 a 40 por ciento) pero este mes la redujo a la mitad por 52.8 a 45. Esos 7.8 puntos de diferencia son similares, a la inversa, de las dos del PRD.

Llamó la atención el resultado tan amplio a favor de Mejía (51.4 a 39.7 por ciento) arrojado este mes por una encuestadora bien acreditada hasta a nivel presidencial en Estados Unidos, pero sin tradición en el país, la Bendixen y Amandi, y más con el desafío que lanzó su director, sosteniendo que las otras “están engañando”.

 

Las Propuestas de los Candidatos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Grupo de Comunicaciones Corripio (GCC) inicia este martes 17 de abril una serie de programas televisivos con los seis candidatos que buscan la Presidencia de la República en las elecciones generales del 20 de mayo próximo, prosiguiendo una tradición que iniciamos en Teleantillas en 1996 y que desde entonces ha permitido debatir en vivo y directo las diversas propuestas programáticas.

Entre el martes y el viernes de esta semana se debatirán las propuestas de los candidatos Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Julián Serulle y Max Puig, en horario de 7.30 a 9.00 de la mañana. Para el martes 24 y el miércoles 25 se ha programado la presentación de los dos candidatos que encabezan las encuestas, Danilo Medina e Hipólito Mejía, estos de 8.00 a 10.00 de la noche.

Un panel de ejecutivos de los periódicos Hoy, El Día y El Nacional, de los canales de Teleantillas y Telesistema Dominicano, y de la radioemisora La Nota Diferente cuestionará a los candidatos sobre sus propuestas económico-sociales e institucionales. Aunque serán transmitidos al menos por tres canales de televisión, no se trata de un espectáculo, sino de un escenario adecuado para ayudar a los electores a conocer las diversas propuestas programáticas.

La presentación en días sucesivos le resta el impacto que tienen los debates frente a frente que el GCC, en alianza con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, intentó realizar pero que tropezó con la desconfianza y el poco interés de los equipos designados al efecto por los candidatos de los dos partidos mayoritarios.

Luego de tres meses de gestión pareció obvio que no se daban las condiciones para el debate frente a frente. Aunque los candidatos que encabezan las encuestas proclamaron una y otra vez que estaban dispuestos al debate, referían a sendas comisiones de tres miembros de sus respectivos equipos. Pero estos dilataron o eludieron responder los requerimientos de los organizadores para formalizar acuerdos básicos. Desde enero habíamos propuesto las fechas del 17 y 24 de abril.

No es la primera vez que resulta imposible materializar la modalidad del debate frente a frente, que por cierto resulta poco productivo  con múltiples  candidatos y poco democrático si se limita a los que representan los dos partidos dominantes. Si el objetivo final es que los electores conozcan los diversos planteamientos programáticos, la modalidad a implementar por el GCC puede ser más efectiva, aunque obviamente menos espectacular. Cada candidato tendrá 90 o 120 minutos para exponer.

Las Propuestas de los Candidatos inició en Teleantillas en 1996, cuando José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández y Jacinto Peynado comparecieron durante cinco semanas en programas sucesivos de una hora  para responder sobre sus planteamientos. En el 2000 los candidatos Danilo Medina e Hipólito Mejía comparecieron en días sucesivos durante cuatro semanas consecutivas, del 1 al 22 de marzo. Joaquín Balaguer eludió participar. También por Teleantillas y hasta entonces con la conducción de Juan Bolívar Díaz.

A partir del 2004 Las Propuestas de los Candidatos se amplió a todo el grupo Corripio, y se agregó a Huchi Lora en la conducción,  con transmisión simultánea por Teleantillas, Telesistema y Coral 39, los periódicos Hoy, El Día y El Nacional, y dos radioemisoras. En la primera ocasión participaron los candidatos Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Eduardo Estrella, cada uno en dos fechas seguidas entre el 27 de abril y el 7 de mayo. La última vez, del 7 al 18 de abril del 2008, participaron en dos rondas los  candidatos Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y Amable Aristy Castro. Y en una Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Pedro Candelier y Trajano Santana.