Por Juan Bolívar Díaz

            La inversión del gobierno con miras a garantizarse nuevamente el apoyo reformista en una eventual segunda vuelta en los comicios presidenciales del próximo año y la ganancia transitoria de un nuevo golpe a su principal opositor no justifican el deterioro de su imagen tanto dentro como fuera del país que ha implicado su incursión en la Liga Municipal Dominicana (LMD).

            La provisional victoria en el largo enfrentamiento con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha conllevado un costo demasiado alto, manifiesto en autoritarismo, abuso de recursos del Estado y atropello a la institucionalidad democrática.

            Toda la sociedad dominicana perdió en el enfrentamiento de la última semana, pero la situación podría tornarse más crítica, especialmente para el gobierno, si las instancias judiciales pronuncian la ilegalidad de la actuación gubernamental que violentó el reglamento de la LMD auspiciando a la fuerza una asamblea general paralela.

Inesperada actuación

            El manejo del gobierno en el desenlace de la crisis de la LMD sorprendió a la generalidad de los observadores. Se esperaba algo similar a lo de la Cámara de Diputados en Agosto pasado, cuando a base de incentivos y abiertas compras de conciencias se logró despojar al PRD de unos 9 diputados, aprovechando una rebelión interna protagonizada por Héctor Peguero Méndez, derrotado en la votación perredeista para nominar a la presidencia del organismo.

            Esta vez no hubo rebelión en el PRD y el gobierno dejó de guardar las apariencias para irrumpir con todo el poder del Estado en el escenario mismo del enfrentamiento. Se apeló a la convocatoria de una asamblea paralela por parte del secretario de Interior y Policía y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Ramón Blanco Fernández, al uso de la fuerza pública y a la imposición abierta.

La Policía Nacional fue utilizada primero para impedir que las legítimas autoridades de la LMD, por lo menos hasta el 26 de enero a las 10 de la mañana, penetraran a su local y ejercieran sus funciones, para obstruir la asamblea general convocada allí debidamente y para reprimir a los opositores a esos mecanismos de fuerza, sin consideración por jerarquías, ni siquiera del nivel del Síndico del Distrito Nacional o de presidente del Senado.

Más allá de una fanfarronada de un dirigente perredeista de segundo nivel, quien habló de movilizar 300 mil compañeros, no se ha conocido la más mínima justificación para el radical cerco policial tendido en torno a la LMD el sábado 23. Si era para mantener el orden público, porqué impedir que entraran allí autoridades del nivel del secretario general del organismo, o del síndico distrital y el presidente del Senado.

Para todo el que quiso ver y oír quedó claro que lo que se trataba era impedir a toda costa la celebración de la Asamblea de municipios legitimamente convocada

mientras se auspiciaba una paralela en San Pedro de Macorís. Si alguna duda quedó, al principio, se disipó el miércoles 27 cuando el secretario de Interior y Policía posesionó al senador Amable Aristy Castro, auspiciado por el gobierno, como nuevo secretario general de la LMD. Misión cumplida: de inmediato fue retirado el cerco policial, cuando era entonces que debieron instaurarlo si hubiese estado motivado en una preocupación de órden público, o de temor a que los perredeístas provocaran un desorden.

¿Compra insuficiente?

            El que el PLD y su gobierno decidieran pagar un costo tan alto en arrebato y abuso del poder, marchitando en el país y el exterior la imagen del presidente Fernández y que rechazara la propuesta de aplazar la asamblea para ponerla en manos de un grupo de personalidades, parece indicar que no estaban seguros de haber logrado el apoyo suficiente para imponer su candidato por las vías normales, como ocurrió en la Cámara de Diputados.

            Hasta la semana anterior, precisamente hasta el jueves 21 de enero, la alianza PLD-PRSC jugó a la asamblea legítimamente convocada por el Comité Ejecutivo de la LMD, en su sesión del 28 de octubre pasado. Según el acta 42/98 esa sesión aprobó el reglamento interno que regiría en la Asamblea General e integró una Comisión Organizadora, presidida por el secretario de Interior y Policía, en su calidad de presidente ex-oficio del organismo.

            A pesar de que ese día fracasó una maniobra oficialista para imponer una comisión organizadora favorable a sus intereses, pese al ensayo que implicó el haber llenado de policías hasta los pasillos del edificio de la Liga, el proceso siguió adelante. El subsecretario de Interior y Policía presidió sesiones de la Comisión Organizadora, en representación del titular de la cartera. Así consta por lo menos en la del 18 de diciembre, debidamente firmada, que forma parte de uno de los expedientes judiciales del caso.

            Por parte de los perredeistas se sentía una mayor confianza que en agosto pasado en cuanto a que los incentivos no habían logrado privarle de la mayoría. De hecho, esta vez apenas 3 regidores fueron denunciados públicamente como tránsfugas. Y la alianza gubernamental requería por lo menos de diez.

            Estaba de por medio el conflicto por las credenciales en los ocho municipios donde se habían celebrado doble escogencia de delegados: Nizao, Oviedo, Las Terrenas, Villa Jaragua, Los Llanos, Pimentel, Bánica y Ramón Santana. Precisamente en la última escala de la pobreza nacional.

            De haber tenido confianza en la victoria, no se hubiese justificado el rechazo a la proposición del PRD de una aplazamiento por un máximo de 10 días, con renuncia de Julio Maríñez a la secretaría general, y poniendo toda la organización de la Asamblea en una comisión de 5 notables escogidos de consenso. A no ser que el gobierno tenga temor de aparecer transigente o concertador o que su plan sea precisamente una escalada de golpes institucionales.

El mayor riesgo

            El asunto despierta muchas preocupaciones, más ahora cuando corresponderá a las instancias judiciales decidir si hubo abuso de poder, actuaciones ilegales y hasta inconstitucionales en la irrupción del gobierno con todo y fuerza pública para avasallar la autonomía municipal.

            No dará mucho trabajo establecer que es el Comité Ejecutivo de la LMD a quien corresponde convocar las asamgbleas y congresos municipales. Lo indica muy claro la letra c del artículo 35 del Reglamente del organismo. Tan claro como que otorga la presidencia ex-oficio de esos organismos máximos al secretario de Interior y Policía. Es claro que los derechos a convocar y presidir son diferentes.

            Pero además está la convocatoria de la asamblea misma, reconocida hasta cinco días antes de su celebración. Y están las circulares números 001-91 y 001-95 con las constancias de que el comité ejecutivo fue quien convocó también las dos anteriores asambleas generales de municipios, celebradas los 26 de enero de 1992 y 1995.

            Ningún juez con sentido de la equidad convalidará la ocupación policial o militar de un organismo público para evitar que sus legítimas autoridades ejerzan sus funciones, sin que mediara el más mínimo asomo de violencia o desorden. Es obvio que en esa actuación el gobierno se voló preceptos constitucionales que van desde el respeto a las autoridades legítimamente electas y a la dignidad de las personas, hasta el libre tránsito, y eso incluyó a síndicos, secretario general de la LMD y casi la mitad de los senadores.

            Es cierto que para la tradición autoritaria nada de eso cuenta, que muchos solo creen que autoridad es la policía y que un uniformado tiene más autoridad que el presidente de un poder del Estado que no sea el Ejecutivo, pero no podrá ser así para una justicia que, como la actual, se enorgullece de sus esfuerzos por ejercer la independencia y autonomía que le confieren la Constitución y las leyes.

            Por más pugnacidad que se atribuya a sectores del gobierno, se sabe que hay otros que miden un poco más las consecuencias de sus actos y deben haber llamado la atención sobre los riesgos que implica el caso en manos de la justicia. No digamos la Suprema Corte, sino de cualquier otro nivel. El caso de la Junta Central Electoral demostró por partida doble que no es descabellado que un juez ejerza hoy día sus funciones.

Grave incertidumbre

            El zarpazo del Poder Ejecutivo a la autonomía municipal y la violencia sobre los mecanismos democráticos y los derechos individuales y poliíticos, los enfrentamientos entre autoridades ejecutivas y legislativas, la vocación para la imposición y la intransigencia han dejado graves signos de incertidumbre en el país.

            Las violentas imágenes de esos enfrentamientos y los cercos policiales y militares de la LMD y el Congreso, acompañado hasta de vuelos de helicópteros militares, sin que hubiese la más mínima alteración del orden público, trascendieron nuestras fronteras y se proyectaron en la televisión universal, afectando la imagen de un país que vive hoy del turismo y de las zonas francas y que precisa de importantes montos de inversión extranjera.

            Esas ejecutorias mostraron a un gobierno sumamente contradictorio, cuyo presidente regresaba de Europa y que quería acercarse a la Internacional Socialista, pero que se veía denunciado como antidemocrático por el presidente para América Latina de la organización socialdemócrata, Rubén Berríos, testigo de los acontecimientos nacionales.

            Las incertidumbres nacionales son muchas y graves. No faltaba el anuncio del dirigente reformista Johnny Jones para que muchos temieran que la ofensiva contra la institucionalidad podría abarcar a la Junta Central Electoral. Esa voación por el uso de la fuerza se proyecta ominosamente hasta mayo del 2000. Con un razonamiento lógico pero simple: si todo eso se hizo en una disputa por la secretaría general de la LMD qué no ocurrirá cuando esté en juego todo el Poder Ejecutivo.

            Tal vez por eso fue que la embajadora norteamericana se apresuró el lunes a iniciar el mes de febrero con una visita al tribunal electoral.

            Falta ver si la sociedad dominicana tendrá capacidad y valor civil para moderar las extremas vocaciones para el arrebato y la imposición antidemocrática. Hay quienes temen que no todavía no la tiene y que sólo reacciona cuando las crisis llegan al nivel de explosión. Sobre todo si está de por medio el ejercicio de la presidencia de la nación.