Por Juan Bolívar Díaz

      La querella presentada ante la justicia contra el ex-presidente Joaquín Balaguer y 8 altos funcionarios de su régimen por el licenciado Rafael Flores Estrella, bajo cargos de estafa al Estado y manejo irregular e inconstitucional de dos cuentas especiales, debería contribuir, por lo menos, a esclarecer lo que se conoce como el “escándalo Hidro Quebec- Sofati”, que envolvió unos 24 millones de dólares.

      La demanda impactó los ambientes políticos y repercutió rápidamente en el exterior, al caer la última semana de septiembre, aunque la generalidad de los analistas estiman que el actual gobierno no tiene fuerza suficiente para contribuir decisivamente al esclarecimiento de ese y otros escándalos de los que se acusa a los reformistas en los últimos diez años.

      De cualquier forma, la demanda debería dilucidarse, al margen del interés de las actuales autoridades, más preocupadas por la gobernabilidad inmediata y por echar las bases del futuro nacional que por sancionar la corrupción del pasado régimen, dado que han manifestado reiteradamente que respetarán la independiencia del Poder Judicial, y dejarán que este actúe bajo cualquier circunstancia.

Golpe de sorpresa

      El ex-secretario de la Presidencia, Rafael Flores Estrella, uno de los funcionarios del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco condenado por uso irregular de fondos públicos,

tenía bien guardada su ofensiva. Se presentó al despacho del Procurador General de la República el pasado viernes 27 de septiembre, con un voluminoso expediente que incluye un legajo de 26 documentos, con los cuales dice sustentar sus acusaciones.

      Los cargos son de robo, estafa, desfaco contra el Estado y asociación de malhechores. El expediente central es el contrato firmado en 1990 con la firma italo canadiense Hidro Quebec- Sofati para rehabilitación de redes de la Corporación Dominicana de Electricidad por un monto de 24 millones de dólares.

      El contrato, otorgado sin concurso, causó tanto escándalo que el gobierno tuvo que dejarlo sin efecto, pero la firma se negó a devolver los 4 millones de dólares que se le habían adelantado, y una parte de los 20 millones restantes depositados a su nombre en un banco norteamericano, de la que ya había dispuesto.

      El asunto se debatió durante semanas hasta que se perdió en la atención pública. El Presidente Balaguer negoció personalmente una solución con el eontonces embajador canadiense concurrente en Santo Domingo John Graham, sin que se informara el resultado de manera oficial. Luego su consultor jurídico dijo que la empresa devolvería el dinero, y más nunca se volvió a hablar del asunto, ignorándose si lo hizo ni en qué proporción. En los corrillos políticos se afirmaba que la empresa no podría devolver toda la suma, ya que una parte había sido pagada en comisiones.

      Flores Estrella se querella, además de Balaguer, contra el entonces vicepresidente Carlos Morales Troncoso; el secretario de la Presidencia Rafael Bello Andino, reiteradas veces señalado como el negociador del contrato; contra el entonces administrador de la Corporación de Electricidad, José Antonio Guzmán Alvarez; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Pedro Romero Confesor; así como contra los también funcionarios Héctor Pérez Reyes, Roberto Martínez Villanueva, Emilio Gómez Buret y Juan José Arteaga. La querella involucra a cinco funcionarios de la empresa Hidro Quebec.

      Para Balaguer, Flores Estrella se reservó una acusación particular: el manejo irregular e inconstitucional de dos cuentas especiales, en una de las cuales había dispuesto entre 1986 y 1996 de más de 700 millones de dólares (unos 9 mil 800 millones de pesos) provenientes de recaudaciones consulares, y de la otra unos 576 millones de pesos, originados en contratos especiales con la Falconbridge y la Compañía Dominicana de Teléfonos. Lo de irregular e inconstitucional lo deriva del hecho de que los fondos de esas cuentas no fueron autorizados por el Congreso Nacional ni incorporados a la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos.

Recorre el mundo

      El Listín Diario “dió el palo”con la noticia en su edición del sábado 28, en una exclusiva que causó sensación en el país y que recorrió el mundo rápidamente. Apenas conocida en el exterior cuando repercutió a través de las agencias informativas internacionales, comenzaron a recibirse llamadas en los medios nacionales de agencias, corresponsales y servicios especiales de radio y televisión.

      Las emisiones de Radiotelevisión Española, de la BBC de Londres y de noticiarios de radio y televisión de Nueva York y Miami, recogieron con despliegue la noticia de la demanda. Cuando llamaban a Santo Domingo la pregunta clave era si el actual gobierno, al que se presume con una deuda política con el doctor Joaquín Balaguer, dará curso a la demanda. Otros inquerían si a la edad del doctor Balaguer podría ser procesado por los tribunales dominicanos.

     En los medios reformistas la querella fue tomada con mucha cautela y hasta el lunes en la mañana parecía predominar la línea de restarle importancia ignorándola, aunque el presidente del partido Donald Reid Cabral había declarado que sería objeto de consideración en los organismos partidarios correspondientes.

Una dulce venganza

      Para Flores Estrella la querella contra Balaguer y sus más cercanos colaboradores es una dulce venganza, ya que irónicamente él fue sometido a la justicia en 1987 y condenado un año después precisamente bajo cargos de manejo irregular de fondos provenientes de una cuenta especial de la Presidencia de la República. En principio se le acusó de haberse apropiado de 85 mil dólares dispuestos para un viaje que el presidente Jorge Blanco haría al exterior y que fue suspendido. El demostró que estaba en licencia del cargo cuando el dinero fue o debió ser devuelto.

      El acusador de ahora no olvida que “pasé un año, 7 meses, 14 días y 32 minutos preso por el manejo, alegadamente irregular, de una cuenta especial para gastos presidenciales que figuraba en el presupuesto de gastos públicos con el número 0722, en la que en 4 años se erogaron unos 15 millones de pesos”.

      Flores Estrella acusa ahora a Balaguer, a quien entonces responsabilizó de su prisión, de haber manejado 700 millones de dólares y 576 millones de pesos, por recaudaciones amparadas en contratos que no pasaron por el Congreso Nacional, ni figuraron en el presupuesto, sin conocimiento de la Tesorería Nacional y sin fiscalización de la Cámara de Cuentas.

      El antiguo funcionario de Jorge Blanco está consciente de que aunque fuere condenado, Balaguer no irá a la cárcel, debido a su edad. Pero entiende que ha presentado “mucho más documentos y pruebas” que las que obraron en su contra. Y se muestra dispuesto a llevar adelante el proceso contra todos los obstáculos, convencido de que las actuales autoridades tienen que darle curso.

      Aunque fue condenado, Flores Estrella siempre defendió su gestión pública “con gallardía”. La frase “los papeles de Flores” se generalizó en aquellos meses, aludiendo al legajo de documentos con que defendió el manejo de la cuenta especial de la presidencia. Cuando fue excarcelado, bajo un decreto de indulto del presidente Balaguer, dijo que aceptaba su libertad como un acto de justicia, pero no el indulto. El líder del PLD, profesor Juan Bosch se contó entre quienes lo defendieron publicamente, y durante la campaña electoral de 1990 aceptó que Flores hiciera proselitismo en su favor.

Incómoda situación

      La demanda de Flores Estrella no deja de crear una situación incómoda al gobierno del PLD, ya que puede abrir una caja de pandora de donde salgan numerosas querellas contra Balaguer y los suyos, aliados electorales de 1996, a quienes en parte se debe la constitución del actual régimen.

      El Presidente Fernández, tal como recordó el lunes el vicepresidente Jaime David Fernández, ha prometido no inmiscuirse en los asuntos judiciales, con lo que puede excusarse frente a la ocurrencia, diciendo simplemente que corresponde a la justicia decidir si procede al juicio o no. Habrá que ver si los reformistas, acostumbrados a manipular los mecanismos judiciales, aceptan como buena y válida tal argumentación.

      Para quien resulta particularmente incómoda la querella es para el actual Procurador General de la República, doctor Abel Rodríguez del Orbe, ya que él fue parte del comité moralizador de finales del régimen de Jorge Blanco y luego abogado representante del Estado en el proceso contra el ex-presidente, caracterizándose por la vehemencia con que reclamó sanción a la corrupción y los manejos irregulares de los fondos públicos.Y es a él a quien corresponde calificar el expediente y decidir si le da curso a un juzgado de primera instancia.

      Hasta el proceso contra Jorge Blanco se creía que correspondía a la Suprema Corte enjuiciar a un ex-presidente de la República por supuestos delitos cometidos en ejercicio de sus funciones. Pero aquel fue enjuiciado en primera instancia, por decisión de la procuraduría, ratificada por casi la misma Suprema Corte de ahora, lo que estableció jurisprudencia al respecto.

Algo debe aclararse

      Es obvio que Flores Estrella no ha acusado a Balaguer de desfalcar los fondos públicos. Pero sí claramente de manejo “medalaganario” de ellos, de pasar por encima del presupuesto y de contratar al margen del Congreso Nacional, lo que está a la vista de todo el mundo y se le criticó sistematicamente.

      En cuanto al escándalo Hidro Quebec-Sofati lo menos que se puede esperar del Procurador General es que recabe información objetiva del destino de los 24 millones de dólares. Si fueron reintegrados al patrimonio público. Y en caso contrario, quiénes resultan responsables de su malversación. Algunos de los grandes desafueros cometidos contra el interés nacional en la última década deben ser esclarecidos, y uno de ellos fue el del contrato con el consorcio italo-canadiense.  

      Si bien al PLD y su gobierno se le puede entender que no desaten una persecución propia contra los responsables de innumerables irregularidades y desfalcos, no se justificaría que se conviertan en ocultadores y protectores de los responsables, ante iniciativas de terceros, como en el caso de Flores Estrella. Al fin y al cabo, los peledeistas pasaron casi todos los años de sus 23 cumplidos denunciando la corrupción. Por lo menos la de sus antiguos compañeros perredeistas.-