Por Juan Bolívar Díaz

            La máxima prioridad política nacional debería ser, entrado ya el sexto mes del año, la superación de todos los escollos que han trabado el proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, lo que podría generar una crisis política en torno a los comicios presidenciales del año 2000.

Todos los sectores preocupados por la democracia dominicana deberían apoyar, ayudar y patrocinar un fortalecimiento de la Junta Central Electoral (JCE) para que cumpla a plenitud su función, y en ningún caso tratar de suplantarla como ha ocurrido recientemente en el diálogo tripartito que tiene por sede el Palacio Nacional.

Más allá de las debilidades de la JCE, las reales y las que le han atribuido los intereses políticos, todos los sectores, desde el gobierno y el Senado hasta los partidos, han tenido responsabilidad en los preocupantes retrasos que registra la cedulación, hasta el punto de que hay quienes están convencidos de que no concluirá antes de las elecciones.

Grave retraso

Las cifras conocidas indican que apenas el 40 por ciento de los ciudadanos en edad de obtener su cédula de identidad, han formalizado su solicitud, incluyendo los 300 mil que se estima lo harían por primera vez, y para quienes el proceso es más lento por implicar una revisión de los documentos originales del registro civil. Para los 4 millones 130 mil que estaban inscritos para los comicios de mayo de 1998, se trata de un simple cambio de tarjeta o carnet.

Hasta la semana pasada, los documentos entregados o en proceso sumaban poco menos de un millón 800 mil por lo que faltaban aún 2 millones 700 mil aproximadamente, de acuerdo a los estimados. Como elementos de aliento se anunció que la JCE puso a disposición de la ciudadanía cientos de miles de carnés cuya entrega había sido diferida. También que a partir del 1 de junio en los centros de cedulación de los principales núcleos urbanos del país volvía a trabajarse en línea con el servidor central de la JCE, lo que permitiría volver a entregar los carnés de renovación al ser solicitados.

Los técnicos de la JCE informaban que habían estabilizado el servidor central del centro de cómputos lo que les permitía llevar de inmediato la emisión diaria a 12 mil, punto donde se encontraba entre febrero y marzo, con perspectivas de elevarla a 15 mil en cuestión de días, dependiendo ahora de que la ciudadanía acuda a los centros de cedulación.

Entre los objetivos de los recursos adicionales solicitados por la JCE se cuenta el de elevar aún más la capacidad técnica para elevar la cedulación diaria a mayores promedios y para responder con rapidez a las solicitudes ciudadanas, de manera que se restablezca la confianza en la eficiencia y todos acudan a buscar el nuevo documento.

Pero aún si se mantuviera la producción diaria de 15 mil cédulas, con la cooperación ciudadana, la JCE podría completar la cedulación en los 200 días que restan del año en curso. En ese período podrían entregarse 3 millones de cédulas, 300 mil más de las que todavía faltan por solicitar.

Libres de pecado?

Los primeros que tienen que restablecer la confianza en que la cedulación es posible son los líderes de los partidos políticos. En consecuencia se impone que dejen de estar discutiendo si en mayo del 2000 se votará con uno o con dos documentos diferentes, lo que de por sí abre las puertas a conflictos. Lo que debería consumir las energías de los dirigentes políticos es qué hacer para ayudar al fortalecimiento de la JCE.

Para ello deberían convencerse todos de que el considerable retraso se debe a múltiples factores derivados de la crisis en que fue sumida la JCE desde que en agosto el Senado, bajo control perredeista, eligió los actuales jueces electorales, sin consultar a los demás partidos políticos, en medio de la crisis de arrebatos y enfrentamientos que se desató tras conocerse los resultados de los comicios congresionales y municipales de 1998.

Ni el gobierno central ni los partidos políticos ni el Senado escapan de las responsabilidades. Y ni siquiera la empresa suministradora de la tecnología comprada por la JCE, la que, aunque entregó los equipos, aparentemente no hizo todos los esfuerzos por facilitar a tiempo los programas, temerosa de verse involucrada en la crisis política que afectaba al organismo electoral.

            Mucho de ha dicho que una falta de efectividad gerencial por parte de los nuevos jueces electorales vino a complicar la situación. Hay quienes atribuyen a ese factor la mayor responsabilidad del retraso, pretendiendo quitar peso a la crisis derivada del enfrentamiento entre los partidos, a la reducción del presupuesto de la JCE y a los retrasos puestos en práctica por el gobierno a fines del año pasado y principios de este en la entrega de las asignaciones presupuestarias mensuales.

Será difícil establecer ahora la medida de las deficiencias gerenciales de la JCE, como las de cualquier otro organismo estatal. De que la debe haber pocos tienen dudas. Pero deficiencia hay también en el máximo liderazgo nacional. El que lo dude solo tiene que considerar que el diálogo tripartito que se verifica en el Palacio Nacional se inició el 3 de marzo. Tres meses después y a dos de haberse acordado la ampliación del número de jueces electorales, todavía no han sido electos los dos agregados.

            Fue apenas el miércoles pasado cuando los partidos parecieron ponerse finalmente de acuerdo en torno a los dos nuevos jueces electorales. Lo que se espera sea ejecutado esta semana por el Senado que deberá designarlos.

La institucionalidad

Con tanta lentitud para ejecutar acuerdos, se entiende menos que los líderes de los partidos y el presidente de la República, con todo y los mediadores del diálogo, hayan pretendido asumir funciones que la ley electoral vigente acuerda a la JCE. Tal es el caso de la decisión de llevar candidatos a los cargos administrativos del organismo electoral y de designar asesores técnicos electorales ante el diálogo.

Ambas cuestiones fueron objetadas la semana pasada por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, el cual recordó que la designación del director de elecciones, director de cómputos, director nacional del registro del Estado Civil y del director de la cédula es parte de las atribuciones administrativas de la JCE señaladas en la letra b del artículo 6 de la Ley Electoral, aunque en “previa consulta con los partidos políticos”.

Ni el diálogo tripartito ni la Comisión de Seguimiento instituida por el mismo están llamado a sustituir a la JCE en ninguna de sus funciones, so pensa de debilitar el marco institucional. Hay quienes temen que en tal sentido pudiera retornarse a 1986, cuando una comisión de notables fue sobrepuesta al tribunal de elecciones. Aunque parece ser que las circunstancias son bien diferentes.

La decisión de traspasar al diálogo tripartito funciones administrativas de la JCE ha caído como pedrada entre los jueces electorales que, sin embargo, no han querido escandalizar o no se han sentido con suficiente fuerzas como para enfrentar a todos los responsables de la misma.

Lo correspondiente es que el Senado acabe de designar los nuevos jueces y que luego sea en el escenario de la Junta donde se propongan y discutan los candidatos a los principales cargos administrativos. Debe dejarse a los jueces la iniciativa de proponer, pues sobre ellos debe recaer la responsabilidad gerencial. Los partidos, desde luego, tienen facultad para objetar si lo consideran válido.

Hay quienes han señalado como parte de las deficiencias gerenciales de la JCE que aún no hayan presentado los candidatos a ocupar los cargos administrativos y que todavía no hayan reestructurado la docena de juntas electorales municipales que están incompletas.

Sin embargo, la realidad es que la JCE ha estado esperando la superación de la crisis, y la plena integración de los partidos para proponerse tareas tan delicadas que requieren la consulta previa. Fue lo que dijo en su comunicado del 24 de febrero pasado cuando recordó que los titulares de los principales puestos administrativos son provisionales hasta que se cumpla el requisito legal de la consulta a los partidos reconocidos. Se debe suponer que la consulta es a todos, no sólo a los tres mayoritarios que participan en el diálogo en el Palacio Nacional.

Más que cenizas

            La reacción gubernamental y de otros sectores políticos ante el reclamo de la JCE de 92 millones de pesos adicionales para mejorar las perspectivas de concluir a tiempo la cedulación parece indicar que aún quedan algo más que cenizas del fuego que abrazó al organismo durante más de 8 meses.

Sólo la persistencia de los prejuicios y recelos explican que el presidente Leonel Fernández no haya atendido la solicitud de audiencia formulada por la JCE y reclamada publicamente, o que no haya encargado a funcionarios del área financiera analizar la solicitud de fondos para determinar su grado de pertinencia.

Debe asumirse que la Comisión de Seguimiento habrá analizado la solicitud, copia de la cual le fue entregada por la JCE. Allanar el camino entre el organismo y el gobierno y disminuir las suspicacias entre los partidos es de las tareas que corresponderían a la comisión integrada por Monseñor Agripino Núñez Collado, el reverendo evangélico Manuel Estrella, el olímpico José Joaquín Puello y el empresario José Miguel Bonnetti.                       Las auditorías al proceso de cedulación y al padrón electoral que realizan Participación Ciudadana y los técnicos del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos está llamada a arrojar muchas luces sobre la real situación de la JCE y las perspectivas de superación de sus limitaciones. Mientras se conocen sus resultados para, fin del mes, vendría bien completar la JCE y acabar de apagar los rastros del fuego que la ha consumido.-